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Modo: Corpus Pro

VISITAS DE INSPECCION, SE PUEDEN ENTENDER CON QUIEN SE ENCUENTRE AL FRENTE DE LA NEGOCIACION.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1097/92. · Registro digital (IUS): 54
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ALICIA HERNANDEZ DE GOMEZ Y OTRAS.
Localización: Octava Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Agosto de 1993, , Pág. 87.

AMPARO EN REVISION 1097/92. ALICIA HERNANDEZ DE GOMEZ Y OTRAS.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-En sus conceptos de violación referentes a la constitucionalidad del reglamento impugnado, la quejosa alega que como la Asamblea de Representantes no tiene facultades legislativas, no puede dictar el reglamento de que se trata, sin ley a reglamentar.

El concepto de violación es infundado. De acuerdo con el nuevo texto vigente en el artículo 73, fracción VI de la Constitución Federal, el Congreso de la Unión tiene facultades para legislar en todo lo relativo al Departamento del Distrito Federal, sujetándose a ciertas bases.

Esas facultades legislativas lo son tanto desde el punto de vista formal (por emanar de un órgano de carácter legislativo) como desde el punto de vista material (por tratarse de disposiciones de observancia general).

Pero ello no quiere decir que el texto vigente de esa fracción no otorgue también ciertas facultades de carácter legislativo a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la que conforme a la base 3a. de la fracción constitucional citada, está integrada por representantes electos, y conforme al inciso A) de dicha base 3a., tiene facultades para dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno que rijan en el Distrito Federal, en materia de educación, salud, asistencia social, distribución de alimentos, establecimientos mercantiles, espectáculos, seguridad, etc., siempre sin contravenir lo dispuesto por las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Unión para el Distrito Federal, que tengan por objeto atender las necesidades que se manifiesten entre los habitantes del propio Distrito Federal en las diversas materias que en el precepto se señalan.

De ello se sigue que la Constitución, en su texto vigente, otorgó a la Asamblea de Representantes la facultad de dictar disposiciones de observancia general, es decir, una facultad materialmente legislativa a los que llamó reglamentos, aunque estos deben distinguirse, por su naturaleza especial, de los reglamentos que el artículo 89, fracción I, de la propia Constitución autoriza al presidente de la República para expedir, a fin de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de leyes del Congreso, de aplicación federal o local, puesto que no hace distingo al respecto. La diferencia, consiste, pues, en que al no ser la Asamblea la encargada de aplicar la ley, que es la que justifica la facultad reglamentaria del Ejecutivo, sus funciones se acercan mas a las legislativas que a las administrativas. Se está en presencia de un órgano legislativo sui géneris en la medida que puede expedir normas generales con las únicas limitaciones, al dictar sus reglamentos, de que se refiere a las materias señaladas en la Constitución y de que no contravengan las leyes emanadas del Congreso destinadas al Distrito Federal. Lo anterior, sin prejuzgar sobre la validez constitucional de los llamados reglamentos autónomos que expide el Ejecutivo.

Luego no es exacto que la Asamblea no tuviese facultades para expedir el Reglamento para el Funcionamiento de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, porque para ello tuviese que existir previamente una ley del Congreso en esa materia, como si fuese un reglamento basado en el artículo 89, fracción I, constitucional, pues la materia a reglamentar está comprendida en el inciso A) de la base 3a. de la fracción VI del artículo 73 constitucional, que incluye expresamente la reglamentación de establecimientos mercantiles y espectáculos públicos en el Distrito Federal.

En segundo lugar se dice en los conceptos de violación que el reglamento impugnado viola el artículo 92 constitucional, al no estar refrendado por el Secretario de Estado correspondiente.

El argumento es infundado, pues el artículo 92 señala que todos los reglamentos del presidente de la República expedidos con fundamento en el artículo 91, fracción I, deberán estar firmados por el Secretario de Estado o por el Jefe del Departamento Administrativo a que el asunto corresponda. Pero ese precepto no es aplicable a los reglamentos expedidos por la Asamblea de Representantes, en uso de sus propias facultades constitucionales. Por lo demás, la promulgación de que también hace mención la quejosa, sólo procede tratándose de leyes del Congreso de la Unión.

Por último, se dice en los conceptos de violación enderezados contra el artículo 137, fracciones II y VII, que este precepto es inconstitucional, porque permite entender la visita con cualquier persona que en el momento se encuentre en el establecimiento, en vez de entenderla con el propietario, administrador o legítimo representante. Y consecuentemente la copia del acta levantada se entrega a la persona con quien se entendió la diligencia.

El argumento es infundado. Debe precisarse que el artículo 137, fracción II, del reglamento impugnado no autoriza que las inspecciones se entiendan con cualquier persona, pues claramente se establece que:

ARTICULO 137. Las inspecciones se sujetarán a la siguientes bases: .II. El inspector deber identificarse ante el titular de la licencia o permiso correspondiente, propietario, administrador del establecimiento, o su representante, encargado del establecimiento en su caso, con la credencial vigente que para tal efecto expida la Delegación, y entregar copia legible de la orden de inspección.

De la anterior transcripción se advierte que el inspector deberá identificarse ante el titular de la licencia o permiso correspondiente, propietario, administrador del establecimiento, o su representante, o encargado del establecimiento en su caso, lo cual sí evita que la inspección pueda realizarse con "cualquier persona", ya que establece a las personas con las cuales el inspector deberá identificarse.

Esas personas que señala el artículo citado distintas del propietario o de su representante legal, no son otras que los llamados auxiliares del comercio, esto es, los dependientes, que el artículo 309, segundo párrafo, del Código de Comercio define como...los que desempeñan constantemente alguna o algunas gestiones propias del tráfico, en nombre y por cuenta del propietario de éste.

Por otra parte, el dependiente del comerciante (entiéndase empleados, obreros, trabajadores, etc. de un empresario) el encargo que se les otorga no es específico sino general, aunque limitado a las funciones que le sean propias. Y en virtud de dicho encargo, el comerciante les atribuye una representación que puede ser amplísima o bien restringida a las funciones que son propias de cada una de las respectivas categorías, y que siempre ejercen a nombre del principal, o empresario de quien dependen.

Por tanto, es necesario, para que las visitas sean eficaces y satisfagan su objetivo, que se entiendan con quien se encuentre al frente de la negociación.

SEPTIMO.-Por cuanto hace a los actos de aplicación del reglamento impugnado, es de reservarse la competencia del Quinto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa, que conoció inicialmente del negocio .

La orden de visita que se reclama como primer acto de aplicación, es impugnada con base en que no consta en mandamiento escrito ni, por ende, está fundada y motivada, a más de que no se notificó a la quejosa; el acta de inspección derivada de esa orden es impugnada con base en que no fue elaborada en forma circunstanciada, en que no se le permitió designar los testigos de asistencia y en que no se le dejó copia, y que por todo ello la orden de clausura, la suspensión de labores y la cancelación de la licencia de funcionamiento que también se reclaman, carecen también de la debida fundamentación y motivación.

Esos conceptos de violación apuntan a vicios propios de los actos de aplicación reclamados, que pueden ser considerados independientemente de que el Reglamento haya sido encontrado ajustado a la Constitución, y respecto de tales actos resulta competente para conocer un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, conforme a los artículos 85, fracción II y 92 de la Ley de Amparo y 44, fracción III y 45 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 91 y relativos, de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-En la materia de la competencia de esta Sala, se modifica la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio a que este toca se refiere, respecto de las autoridades y por los actos que reclamaron Alicia Hernández de Gómez, María de Lourdes Bravo Vargas, Belinda Isela Abud Ramírez y Fausto Sotelo Sánchez.

TERCERO.-La Justicia de la Unión no Ampara ni protege a Andrea González Trejo contra la expedición y publicación del Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal.

CUARTO.-Se deja a salvo la competencia del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en términos del último considerando de este fallo.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse al Tribunal Colegiado que se mencionó los autos del juicio y de su toca y, en su oportunidad, archívese el toca del índice de esta Sala.

Así por unanimidad de cinco votos, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo ponente el Ministro José Manuel Villagordoa Lozano.

Firman el señor presidente de la Sala y el Ministro ponente con la secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/54-309b81fe/visitas-de-inspeccion-se-pueden-entender-con-quien · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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