NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA FISCAL. REQUISITOS CUANDO NO SE ENCUENTRA A QUIEN SE DEBE NOTIFICAR.
REVISIÓN FISCAL 84/98. GUSTAVO PALMA REYES.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Son parcialmente fundados los agravios antes transcritos.
En primer lugar, la autoridad recurrente sostiene la improcedencia del juicio de nulidad por considerar que la demanda se interpuso fuera del término legal, al señalar que la notificación de la resolución impugnada se llevó a cabo en términos de los artículos 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación, ya que según se advierte del acta correspondiente practicada el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete en ella se establecieron datos suficientes de constancia de notificación, como lo son la fecha y hora en que se llevó a cabo, el nombre de la persona con que se entendió y la firma de éste, siendo que por su parte la ley no prevé como requisito el que se asiente constancia en autos de haberse requerido la presencia del interesado o de su representante, y por ende al así establecerlo la Sala a quo se extralimitó en sus facultades al pretender que se cumplan más requisitos para la notificación de los que prevé la codificación fiscal federal.
Tal argumento es infundado, teniendo en cuenta que el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación previene que cuando la notificación se haga de manera personal y el notificador no encuentre al interesado, le dejará citatorio en el domicilio, bien para que espere a una hora fija del día hábil siguiente o para que acuda a notificarse dentro del plazo de seis días a las oficinas de las autoridades fiscales respectivas, que "tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, el citatorio será siempre para la espera antes señalada y, si la persona citada o su representante legal no esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio, o en su defecto con un vecino ...".
Ahora bien, es cierto que dicho numeral no impone textualmente la obligación al notificador de asentar razón en autos de tales circunstancias previstas por la ley; sin embargo, la única forma de acreditar que el notificador cumplió con los requisitos que establece el referido numeral 137 del cuerpo legal invocado, es precisamente mediante la razón que en las actas correspondientes asiente de haber actuado conforme a los extremos exigidos en el procedimiento de la notificación, ya que de no ser así se dejaría en estado de indefensión al particular al no poder comprobar la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado al resolver los juicios de amparo directo números 102/90, 391/90, 190/94, así como al resolver la revisión fiscal 2/98, que dice: "-El artículo 137 del Código Fiscal de la Federación no establece literalmente la obligación para el notificador de que, cuando la notificación se efectúe personalmente, y no encuentre a quien debe notificar, el referido notificador levante un acta circunstanciada en la que asiente que se constituyó en el domicilio respectivo; que requirió por la presencia de la persona a notificar, y que por no encontrarse presente le dejó citatorio en el domicilio para que espere a una hora fija del día hábil siguiente. Tampoco establece literalmente que el actuario deba hacer constar que se constituyó nuevamente en el domicilio; que requirió por la presencia de la persona citada o su representante legal, y que como no lo esperaron en la hora y día fijados en el citatorio, la diligencia la practicó con quien se encontraba en el domicilio o en su defecto con un vecino. Pero la obligación de asentar en actas circunstanciadas los hechos relativos se deriva del mismo artículo 137, ya que es necesario que existan constancias que demuestren fehacientemente cómo se practicó todo el procedimiento de la notificación. De otra manera se dejaría al particular en estado de indefensión, al no poder combatir hechos imprecisos, ni ofrecer las pruebas conducentes para demostrar que la notificación se hizo en forma contraria a lo dispuesto por la ley.".
En tal virtud, si en la especie el notificador omitió asentar en las actas correspondientes al citatorio y a la notificación, haber requerido la presencia del interesado o de su representante legal, fue correcto que la Sala a quo tuviera por ilegal la diligencia de notificación respectiva, y por ende tener al promovente del juicio de nulidad sabedor de la resolución impugnada en la fecha en que éste lo indicó.
No obstante, le asiste razón a la recurrente en su argumento relativo a que, contrario a lo considerado por la Sala Regional del Golfo Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla sí era competente para emitir la resolución impugnada, ya que por una parte las administraciones locales, entre ellas la de Puebla, fueron creadas por el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de acuerdo a sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y tres, y que por otra parte su competencia, a excepción de veinte administraciones que en él se precisan, no quedó condicionada a que el secretario de Hacienda emitiera un acuerdo expreso de iniciación de sus actividades, ya que si bien el artículo 6o., fracción XXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece que el secretario del ramo tiene entre otras facultades la de señalar el inicio de actividades de las unidades administrativas, no se lo impone como una obligación, siendo que además se refiere a unidades de nueva creación, pudiendo ejercer esa facultad cuando se requiere tal y como ocurrió en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de marzo de mil novecientos noventa y tres que en lo conducente previene que en las modificaciones al reglamento interior se establece la creación de las veinte administraciones locales, que de conformidad con el artículo décimo segundo transitorio del Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones del reglamento, para iniciar sus actividades requieren la expedición de un nuevo acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y que al no estar contemplada la de Puebla en esas veinte, legalmente inició sus actividades el uno de febrero de mil novecientos noventa y tres en que entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero referido.
Para así considerarlo, cabe señalar que en el Diario Oficial de la Federación, publicado el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y tres, consta el Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a virtud del cual se originan las administraciones locales, entre ellas las de auditoría fiscal, tal como lo determina el artículo 111, fracción IV, el cual incluso en su inciso b), en forma expresa establece: "Compete a las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, ejercer las facultades siguientes: ... IV. Ordenar y practicar visitas domiciliarias ...". Asimismo, en el apartado F se estableció lo siguiente: "F. El número y nombre de las administraciones locales es el que enseguida se señala, y la sede es la ciudad que corresponda al nombre de cada una, incluso en el caso de las del Distrito Federal que tendrán por sede el propio Distrito Federal. 1. De Mexicali; 2. De Tijuana; 3. De Ensenada; 4. De La Paz; 5. De Hermosillo; 6. De Ciudad Obregón; 7. De Nogales; 8. De Culiacán; 9. De Los Mochis; 10. De Mazatlán; 11. De Chihuahua; 12. De Ciudad Juárez; 13. De Saltillo; 14. De Piedras Negras; 15. De Torreón; 16. De Durango; 17. De Zacatecas; 18. De Monterrey; 19. De Guadalupe; 20. De San Pedro Garza García; 21. De Tampico; 22. De Ciudad Victoria; 23. De Reynosa; 24. De Nuevo Laredo; 25. De Matamoros; 26. De Guadalajara; 27. De Guadalajara Sur; 28. De Zapopan; 29. De Ciudad Guzmán; 30. De Puerto Vallarta; 31. De Colima; 32. De Tepic; 33. De Aguascalientes; 34. De Puebla; 35. De Tlaxcala; 36. De Acapulco; 37. De Iguala; 38. De Cuernavaca; 39. De Jalapa; 40. De Veracruz; 41. De Córdoba; 42. De Tuxpan; 43. De Coatzacoalcos; 44. De Oaxaca; 45. De Villahermosa; 46. De Tuxtla Gutiérrez; 47. De Tapachula; 48. De Campeche; 49. De Mérida; 50. De Cancún; 51. De Chetumal; 52. De Celaya; 53. De Irapuato; 54. De León; 55. De Querétaro; 56. De Pachuca; 57. De Morelia; 58. De Uruapan; 59. De San Luis Potosí; 60. De Toluca; 61. De Naucalpan; 62. Del Norte del Distrito Federal; 63. Del Centro del Distrito Federal; 64. Del Sur del Distrito Federal; 65. Del Oriente del Distrito Federal.".
Igualmente debe precisarse que el artículo primero transitorio indica que el decreto de referencia entraría en vigor el uno de febrero de mil novecientos noventa y tres. Asimismo, el artículo décimo segundo transitorio, establece: "Décimo segundo. En tanto el secretario de Hacienda y Crédito Público expide los acuerdos en los que se señale la fecha de inicio de actividades de las administraciones locales que a continuación se señalan, será competente en la circunscripción territorial que les corresponda, la administración local cuya sede se encuentre establecida en la ciudad donde se encontraba la sede de la Administración Fiscal Federal, que en los términos del acuerdo por el que se señala el número, nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente hasta el 31 de enero de 1993, era competente en relación con dicha circunscripción territorial. Las administraciones locales a que se refiere el párrafo anterior son las siguientes: 1. De Ensenada; 2. De Nogales; 3. De Los Mochis; 4. De Mazatlán; 5. De Piedras Negras; 6. De Guadalupe; 7. De San Pedro Garza García; 8. De Ciudad Victoria; 9. De Nuevo Laredo; 10. De Matamoros; 11. De Guadalajara Sur; 12. De Zapopan; 13. De Ciudad Guzmán; 14. De Puerto Vallarta; 15. De Iguala; 16. De Córdoba; 17. De Tapachula; 18. De Chetumal; 19. De Irapuato; 20. De Uruapan.".
De la transcripción anterior, se desprende en primer término, que en el artículo 111, apartado B, de la ley en cita, claramente se establece la competencia de las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, en general, para ejercer las facultades que ahí se precisan; con la circunstancia de que de las sesenta y cinco administraciones creadas para el país antes mencionadas, sólo veinte de ellas quedaron supeditadas a la emisión posterior, por parte del secretario del ramo, del acuerdo que indicará específicamente la fecha de inicio de sus actividades; ya que respecto a las otras cuarenta y cinco restantes administraciones, entre las cuales se encuentra la "de Puebla", al determinarse su competencia en el apartado B en comento y señalarse como entrada en vigor del decreto que las originó, el uno de febrero de mil novecientos noventa y tres, es obvio como lo sostiene la autoridad recurrente, que las cuarenta y cinco antes creadas, entre ellas, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla, a partir de esa fecha ya podían ejercer sus facultades, por haber quedado excluidas de las diversas nuevas veinte administraciones locales que efectivamente sí quedaron constreñidas, supeditadas o en espera de la emisión del acuerdo por parte del secretario del ramo, en el cual se determinaría el inicio de sus actividades.
Asimismo, debe indicarse que de las transcripciones de los preceptos legales anteriores, se advierte que le asiste la razón a la autoridad recurrente, toda vez que en el invocado decreto de veinticinco de enero de mil novecientos noventa y tres, no se indicó que para aquellas administraciones locales, entre las que se encuentra la de Puebla, se requiriera acuerdo de inicio de actividades. En cambio, conforme al contenido del artículo décimo segundo transitorio, por cuanto hace a las veinte administraciones cuyos nombres específicamente se señalan, en forma expresa se determinó que respecto a ellas, sí se requería el acuerdo de inicio de actividades; circunstancia que por cierto ya aconteció, al ser emitido el diverso decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de marzo de mil novecientos noventa y tres, en cuyo párrafo segundo de su considerando, textualmente señala lo siguiente: "Que en las modificaciones al reglamento interior se establece la creación de veinte nuevas administraciones locales, las cuales de conformidad con el artículo décimo segundo transitorio del Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", para iniciar sus actividades requieren "la expedición de un acuerdo del secretario de Hacienda y Crédito Público".
Bajo este tenor, es fácil concluir que de las sesenta y cinco administraciones locales creadas por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y tres; cuarenta y cinco de ellas, entre las cuales se encuentra la de Puebla, iniciaron sus actividades a partir del día uno de febrero de mil novecientos noventa y tres, fecha en la cual podrían ya ejercer las facultades de su competencia; excepto, las veinte administraciones locales a que se contrae el artículo décimo segundo transitorio en comento, entre las cuales no se encuentra la de Puebla y, las cuales quedaron expresamente sujetas a que el secretario del ramo emitiera el acuerdo de inicio de actividades, el que como ya se vio, fue emitido.
Es conveniente señalar que este Tribunal Colegiado sostuvo el mismo criterio al resolver el recurso de revisión fiscal 38/98, e incluso la autoridad recurrente en sus agravios transcribe parte del texto de esta ejecutoria en apoyo de sus argumentos.
En los términos antes precisados, lo que procede en la especie es revocar la sentencia que se revisa, para el único efecto de que la Sala Regional del Golfo Centro del Tribunal Fiscal de la Federación con residencia en esta ciudad de Puebla, reponga el procedimiento en el juicio de nulidad número 925/98, y dicte un nuevo fallo, en el que partiendo de la base de que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla, tiene legal competencia para emitir la resolución impugnada en el juicio de nulidad, se aboque a los restantes conceptos de anulación planteados en su demanda por Gustavo Palma Reyes; lo anterior, con fundamento en los artículos 237, del Código Fiscal de la Federación, y 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, de aplicación supletoria en materia fiscal, en términos del numeral 104, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la jurisprudencia número 130, de este Tribunal Colegiado, publicada en las páginas ciento diez y ciento once, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 41, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y uno, que dice: "REVISIÓN DE CARÁCTER FISCAL, REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.-Antes de la última reforma del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, contra las sentencias pronunciadas por las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, las autoridades demandadas podían recurrir mediante el recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondía a la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación y a su vez en contra de este fallo procedía el amparo o, en su caso, la revisión fiscal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por tal razón, no se justificaba el reenvío por la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, quien podía abocarse en forma directa al análisis de los conceptos de anulación omitidos por la Sala inferior, reasumiendo jurisdicción y resolviendo lo que en derecho correspondiera, pues contra la sentencia que ésta pronunciara el particular podía impugnarla mediante el juicio de amparo directo; o bien la autoridad podía impugnarla mediante el recurso de revisión fiscal ante el Máximo Tribunal de la Nación. Pero al haberse reformado el invocado artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, se facultó a los Tribunales Colegiados de Circuito para que revisaran las resoluciones que pronuncien las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación en los juicios contencioso-administrativos, razón por la cual de reasumir éstos jurisdicción respecto de las cuestiones omitidas por la Sala inferior, resolviendo de manera directa argumentos de defensa planteados por las autoridades demandadas, dejarían al particular sin oportunidad de impugnar esa ejecutoria. Por consiguiente, debe concluirse que en los casos en que la Sala Fiscal no estudie todos los puntos controvertidos, en su sentencia, se surte la hipótesis contemplada en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo que dispone que si en la revisión de una sentencia se advierte que se violaron las reglas fundamentales o se hubiera incurrido en alguna omisión que hubiera dejado sin defensa a las partes y que influya en la sentencia que deba dictarse en definitiva, se revocará la recurrida y se mandará reponer el procedimiento."
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 104 fracción I-B de la Constitución General de la República, 248 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 37 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se revoca la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.-Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de nulidad número 925/98, promovido ante la Sala Regional del Golfo Centro del Tribunal Fiscal de la Federación con residencia en esta ciudad de Puebla, por Gustavo Palma Reyes, en contra de la resolución contenida en el oficio número 324-A-VI-7-3-C-21065, de ocho de abril de mil novecientos noventa y siete, emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal Número Treinta y Cuatro de Puebla, por medio de la cual se le determinó a cargo del quejoso una multa por la cantidad de cinco mil pesos, por omitir expedir comprobantes fiscales.
Notifíquese por lista a la parte actora y mediante oficio a la autoridad demandada, al cual se acompañará testimonio de esta resolución; también remítase testimonio a la Sala a quo, devolviéndole los autos, y en su oportunidad archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Antonio Meza Alarcón, Gustavo Calvillo Rangel y Carlos Loranca Muñoz; siendo ponente el segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5546-8e8cc7f7/notificaciones-personales-en-materia-fiscal-requisitos-cuando-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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