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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN FISCAL. SU PROCEDENCIA CUANDO EL ASUNTO VERSA SOBRE LA DETERMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN PARA EFECTOS DE CALCULAR EL MONTO DE LAS PENSIONES QUE ESTABLECE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ARTÍCULOS 248, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 63, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006).

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 20/2008. · Registro digital (IUS): 21242
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, , Pág. 922.

REVISIÓN FISCAL 20/2008.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Previamente al estudio de fondo del asunto, este tribunal procede al análisis de los requisitos de procedibilidad del recurso de revisión interpuesto por la ********** en representación de las autoridades demandadas.

Para justificar la procedencia del medio de impugnación en análisis, la autoridad recurrente expresó lo siguiente:

"El recurso de revisión deberá admitirse en términos de la fracción VI (sic) del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, puesto que el asunto versa sobre una pensión que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"En efecto, en el juicio de nulidad se demandó al instituto el oficio número ********** de fecha **********, emitido por el **********"

Según se observa de la transcripción que antecede, la autoridad recurrente estimó que se actualiza el supuesto de procedencia que prevé la fracción VI (V ¿sic?) del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que a la letra dice:

"Artículo 63. Las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento y las sentencias definitivas que dicten, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, Sección o Sala Regional a que corresponda, mediante escrito que se presente ante la responsable, dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación respectiva, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos:

"I. En el caso de contribuciones que deban determinarse o cubrirse por periodos inferiores a doce meses, para determinar la cuantía del asunto se considerará el monto que resulte de dividir el importe de la contribución entre el número de meses comprendidos en el periodo que corresponda y multiplicar el cociente por doce.

"II. Sea de importancia y trascendencia cuando la cuantía sea inferior a la señalada en la fracción primera, o de cuantía indeterminada, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso.

"III. Sea una resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria o por autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales y siempre que el asunto se refiera a:

"a) Interpretación de leyes o reglamentos en forma tácita o expresa.

"b) La determinación del alcance de los elementos esenciales de las contribuciones.

"c) Competencia de la autoridad que haya dictado u ordenado la resolución impugnada o tramitado el procedimiento del que deriva o al ejercicio de las facultades de comprobación.

"d) Violaciones procesales durante el juicio que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo.

"e) Violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias.

"f) Las que afecten el interés fiscal de la Federación.

"III (Sic). Sea una resolución dictada en materia de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

"IV. Sea una resolución dictada en materia de comercio exterior.

"V. Sea una resolución en materia de aportaciones de seguridad social, cuando el asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo o sobre cualquier aspecto relacionado con pensiones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

"En los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, el recurso sólo podrá ser interpuesto por el Servicio de Administración Tributaria.

"Con el escrito de expresión de agravios, el recurrente deberá exhibir una copia del mismo para el expediente y una para cada una de las partes que hubiesen intervenido en el juicio contencioso administrativo, a las que se les deberá emplazar para que, dentro del término de quince días, comparezcan ante el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión a defender sus derechos.

"En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del plazo de quince días contados a partir de la fecha en la que se le notifique la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; en este caso la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste.

"Este recurso de revisión deberá tramitarse en los términos previstos en la Ley de Amparo en cuanto a la regulación del recurso de revisión."

No obstante, la ley en la que sustentó la procedencia del recurso y, por consecuencia, el artículo 63 de la misma, en el que se apoyó, no resultan aplicables al caso, habida cuenta que no estaba vigente en la época en la que inició el juicio de donde emerge la resolución reclamada.

Los artículos transitorios de la legislación citada por el promovente del presente medio de impugnación, establecen lo que sigue:

"Primero. La presente ley entrará en vigor en toda la República el día 1o. de enero del 2006.

"Segundo. A partir de la entrada en vigor de esta ley se derogan el título VI del Código Fiscal de la Federación y los artículos que comprenden del 197 al 263 del citado ordenamiento legal, por lo que las leyes que remitan a esos preceptos se entenderán referidos a los correspondientes de esta Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"Tercero. Quedan sin efectos las disposiciones legales, que contravengan o se opongan a lo preceptuado en esta ley.

"Cuarto. Los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al momento de entrar en vigor la presente ley, se tramitarán hasta su total resolución conforme a las disposiciones legales vigentes en el momento de presentación de la demanda."

Como se advierte, conforme al artículo cuarto transitorio transcrito, los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al momento de entrar en vigor la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se tramitarán hasta su total resolución conforme a las disposiciones legales vigentes en el momento de la presentación de la demanda.

Lo que hace concluir, que la indicada ley sólo rige a aquellos asuntos que surjan a partir de la vigencia de la misma (primero de enero de dos mil seis), no así a los que hayan iniciado con antelación, los cuales serán regulados por las disposiciones vigentes en el momento de su iniciación, independientemente de la fecha en que se haya dictado la sentencia recurrida o en que se haya presentado el recurso, pues conforme a lo dispuesto por el legislador en el aludido artículo transitorio cuarto, para determinar el ordenamiento jurídico aplicable para continuar la tramitación del juicio hasta su total resolución, es decir, hasta que la sentencia respectiva cause estado, se debe atender a la fecha en que se presentó la demanda y a que el juicio se encuentre en trámite, lo que incluye la sustanciación y resolución del recurso de revisión fiscal, por ser una instancia prevista en el propio capítulo VI del código tributario federal y en virtud de que el juicio contencioso administrativo se encuentra sub júdice y no puede estimarse totalmente resuelto sino hasta que quede firme la sentencia que se dicte en definitiva en el mismo, una vez agotadas las instancias legales procedentes.

El criterio anterior responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador para que establezca mecanismos que resguarden el respeto a la garantía de seguridad jurídica, la cual se manifiesta como la posibilidad de que los administrados tengan certeza de que su situación jurídica se resolverá hasta su total conclusión, conforme al procedimiento regulado en el título VI del Código Fiscal de la Federación, si la demanda de nulidad fue presentada hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, o bien de acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, si ello ocurrió con posterioridad a esa fecha.

Dicha garantía de seguridad jurídica se encuentra prevista en el artículo 17 constitucional, segundo párrafo, en cuanto dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes; a manera de ejemplo, cabe citar el órgano que debe conocer del procedimiento (competencia); los plazos y la forma en que se deben realizar las actuaciones; los medios permitidos para que se acrediten las pretensiones de las partes (pruebas); quiénes son las personas que pueden demandar, quiénes pueden ser demandadas y, en ambos casos, quiénes se hallan facultados para interponer recursos (legitimación); el procedimiento que el legislador fijó para el caso concreto (vía), etcétera.

En ese contexto, dichas condiciones que se establecen previendo los posibles conflictos que puedan suscitarse, son mecanismos que sirven para preservar la seguridad jurídica de los sujetos implicados en la tutela jurisdiccional, de tal modo que el solicitante sabrá cuándo y ante quién debe ejercer su derecho, los requisitos que ha de reunir para hacerlo, los plazos para ofrecer y desahogar sus pruebas, etcétera. De la misma manera, la parte demandada conocerá cuándo y cómo contestar la demanda, ofrecer y desahogar sus pruebas, entre otras cuestiones, ya que esas condiciones pueden variar dependiendo de cada uno de los procedimientos regulados en las leyes adjetivas.

Por tanto, es posible afirmar que los diversos procedimientos previstos por el legislador para el cumplimiento del derecho de acceder a la justicia, existen con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica de los gobernados y, en esa medida, se estima que la interpretación relativa a considerar que la sustanciación y resolución del recurso de revisión fiscal se hallan incluidas dentro de lo establecido en el artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (en los términos apuntados con antelación), es congruente con la finalidad de preservar el respeto de aquella garantía.

En ese orden de ideas, al tenor del precepto citado en último término, los recursos de revisión fiscal interpuestos en contra de sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los juicios contenciosos administrativos iniciados antes del primero de enero de dos mil seis, deberán ser analizados a la luz del título VI del Código Fiscal de la Federación.

En el presente, las constancias de autos, primordialmente, la relativa a la demanda, revela que fue presentada ante la **********, el **********; entonces, conforme a dicha data, evidentemente que no le resulta aplicable al juicio que le dio origen de antecedentes, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sino el Código Fiscal de la Federación, por ser el vigente en esa época.

En ese orden de ideas y tomando en consideración que la procedencia del recurso es de orden público y, por ende, de estudio oficioso, conviene analizar dicha cuestión a la luz de la ley aplicable al caso, es decir, en los términos del Código Fiscal de la Federación, concretamente, del artículo 248 de esta legislación que previene los supuestos en los que procede el recurso de revisión.

Resulta ilustrativa, por su contenido, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo la clave 2a./J. 45/2001, está publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, octubre de 2001, página 427, que dice:

"REVISIÓN FISCAL. SU PROCEDENCIA DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA AUTORIDAD INCONFORME PRECISE O NO LA O LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 248 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE CONSIDERE QUE SE ACTUALIZAN EN EL CASO. Si se toma en consideración, por un lado, que conforme a lo dispuesto en el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las reglas establecidas en la Ley de Amparo para el trámite del recurso de revisión en amparo indirecto son aplicables al de la revisión prevista en el diverso 248 del Código Fiscal de la Federación en todo lo que no sea incompatible con su naturaleza y, por otro, que el examen oficioso de la procedencia de aquel recurso, en términos de lo dispuesto en los artículos 90, primer párrafo, en relación con el 73, in fine, de la citada ley, no lo es, resulta inconcuso que es válido que dicho estudio se haga en la revisión fiscal, pues el mencionado numeral 248 no condiciona el análisis de su procedencia, al hecho de que la autoridad recurrente señale específicamente la hipótesis que considere aplicable; sin embargo, debe destacarse que dicho estudio no puede hacerse de oficio en la hipótesis prevista en la fracción II del precepto citado, pues en este caso el legislador obliga a la autoridad recurrente a razonar la importancia y trascendencia del asunto, para efectos de la admisión del recurso."

Así las cosas, el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, señala:

"Artículo 248. Las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la Sala Regional respectiva, mediante escrito que presente ante ésta dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos su notificación, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos:

"...

"V. Sea una resolución en materia de aportaciones de seguridad social, cuando el asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo."

Ahora bien, la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la República ya interpretó la prealudida fracción, en la jurisprudencia que bajo la clave 2a./J. 25/2003, se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de 2003, página 198, del siguiente contenido:

"REVISIÓN FISCAL. NO PROCEDE CUANDO EL ASUNTO VERSA SOBRE LA DETERMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN, PARA EFECTOS DE CALCULAR EL MONTO DE LAS PENSIONES QUE ESTABLECE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. De conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, la procedencia del recurso de revisión está condicionada a que la materia de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo se refiera a aportaciones de seguridad social, siempre y cuando el asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo; por tanto, si la parte actora demanda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el otorgamiento o modificación de una pensión, y en la sentencia respectiva se dilucida sobre el sueldo base de cotización y/o los conceptos que lo integran para efectos del cálculo del monto de la pensión, es evidente que el asunto no se refiere a las aportaciones de seguridad social que obligatoriamente deben enterar las dependencias o entidades de la administración pública, en términos de la ley que rige dicho instituto, pues aunque se incluyan determinados conceptos en el sueldo base del trabajador, tal decisión no se vincula con un asunto cuya materia sean aquellas aportaciones, sino con otro cuya materia es el monto de la pensión exigida por un sujeto beneficiado con los servicios de seguridad social, por lo que dicho recurso de revisión es improcedente."

Como se advierte, el Máximo Tribunal del país determinó que la procedencia de la revisión fiscal en términos de la fracción V del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación está condicionada, en primer lugar, a que la materia de la sentencia dictada en el contencioso administrativo se refiera a las aportaciones de seguridad social, que son las que deben enterar los sujetos obligados en términos de ley y, en segundo lugar, a que el asunto donde se cuestionan precisamente esas aportaciones verse sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo.

Que de acuerdo con lo anterior, si en un juicio contencioso administrativo la parte actora demanda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el otorgamiento o rectificación del monto de una pensión y en la sentencia respectiva se dilucida sobre el sueldo base de cotización y/o los conceptos que lo integran, de ello se sigue que el asunto no se refiere a las aportaciones de seguridad social que deben enterar a dicho instituto las dependencias o entidades de la administración pública, conforme a la ley que rige dicho instituto, porque si bien la fracción V del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación establece la procedencia de la revisión fiscal cuando la materia de la sentencia recurrida se refiera a aportaciones de seguridad social siempre y cuando esté a discusión, entre otros temas, la determinación de conceptos que integren la base de cotización, lo cierto es que tratándose del monto de una pensión, la decisión de la Sala que incluya determinados conceptos en el sueldo básico del trabajador, en modo alguno implica que la determinación de esos conceptos se realice en un asunto cuya materia sean las aportaciones de seguridad social que las dependencias o entidades de la administración pública están obligadas a enterar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

En el caso a estudio, de la demanda se advierte que ********** sustentó la nulidad de la resolución contenida en el oficio **********, de **********, en los siguientes hechos:

a) Que prestó sus servicios por más de veintiséis años en la dependencia federal, causando baja con la categoría **********, e incorporada al régimen de **********, ante quien aportó el 8% de cuota fija sobre su sueldo básico o tabular, y la dependencia donde laboró aportó el 17.75% sobre la misma base.

b) Que con fecha ********** le fue notificada la concesión de pensión por edad y tiempo de servicio, por haber cotizado más de veintiséis años al instituto citado, la cual inició desde el ********** .

c) Que en dicha pensión se le asignó una cuota diaria de $74.29 pesos a partir del día **********, pues determinaron que su sueldo diario promedio era de tal cantidad, no obstante que actualmente el funcionario que ocupa su cargo obtiene ingresos superiores a tal pensión, por lo que su cuota diaria a partir del **********, actualizada, sería de ciento veintiocho pesos, por lo que se le debía asignar la pensión autorizada por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, pues acreditaba la cantidad promedio del sueldo básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de baja, en términos de los artículos 15, 57 y 64 de la citada legislación, por lo que se le debía pagar la cantidad que resultare mayor, conforme a los incrementos de sueldos o al de los aumentos inflacionarios, a la luz de lo establecido en el artículo 57 de la legislación en consulta.

d) Que el **********, solicitó a la demandada incrementara la pensión en términos del numeral 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y el **********, se le notificó la resolución controvertida, en la cual no se pronunció sobre si procedía o no tal solicitud, omitiendo realizar los cálculos inflacionarios pertinentes o de homologación conforme a los incrementos de los trabajadores en activo.

Ahora bien, en la sentencia recurrida a cuyo tenor literal se remite este cuerpo colegiado en obsequio al principio de economía procesal, por ya obrar transcrita en el considerando cuarto de esta ejecutoria, se dilucidó sobre los conceptos que integran el sueldo base y si los mismos deben considerarse para el cálculo de la pensión por jubilación, teniendo en cuenta que la parte actora demandó del **********, la rectificación o incremento del monto de su pensión.

De lo anterior se sigue que el presente asunto no se refiere a las aportaciones de seguridad social que deben enterar a dicho instituto las dependencias o entidades de la administración pública ni, por ende, encuadra en la fracción V del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, por lo que la revisión en este supuesto resulta improcedente, en los términos de la jurisprudencia transcrita.

En mérito a lo expuesto, lo conducente es desechar, por improcedente, el recurso de revisión interpuesto.

Sólo cabe precisar que del análisis comparativo de los artículos 248, fracción V, del Código Fiscal de la Federación y 63, fracción V (que no VI), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se desprende que entre un texto jurídico y otro hay la diferencia de que en el primero no se hizo alusión a que el asunto verse "... sobre cualquier aspecto relacionado con pensiones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ...", como sí lo contempla el segundo; de manera que esa diferencia jurídica es lo que hace aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 25/2003 en cita, desde luego al margen de que ésta no interpreta al segundo precepto legal.

En ese sentido, se concluye que la revisión fiscal sólo es procedente en aquellos casos en que el asunto verse sobre la determinación de los conceptos que integran el salario base de cotización, para efectos de calcular el monto de las pensiones que establece la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuando el juicio respectivo se rija conforme a las reglas previstas por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en términos de su artículo 63, fracción V, en relación con sus transitorios primero, segundo y tercero; en cambio, dicho medio ordinario de impugnación no procederá cuando el juicio de origen se tramite de acuerdo a las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de conformidad a lo dispuesto por su artículo 248, fracción V, a la interpretación que el Máximo Tribunal de la República realizó de dicho precepto en la tesis antes identificada y a lo preceptuado por el numeral cuarto transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

No es obstáculo a lo anterior, que por acuerdo de presidencia de dieciocho de febrero del año en curso, se haya admitido a trámite el presente recurso de revisión, debido a que ese tipo de autos no causan estado, porque corresponden a un examen preliminar del asunto, ni obliga al Pleno del tribunal, el cual conserva en todo momento sus facultades decisorias para desechar los recursos que sean improcedentes, como acontece en la especie.

Por compartir el criterio, es de citarse la jurisprudencia número 981, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, Tomo VI, Materia Común, página 674, del tenor siguiente:

"RECURSO ADMITIDO POR AUTO DE PRESIDENCIA. EL PLENO PUEDE DESECHARLO, SI ADVIERTE QUE ES IMPROCEDENTE.-No es obstáculo para desechar el recurso, la admisión del mismo por el Presidente de este Tribunal, ya que dicha admisión no es definitiva, ni causa estado, pues deriva de un examen preliminar, en consecuencia, este Tribunal está facultado para analizar la procedencia del recurso y desecharlo cuando advierta su improcedencia."

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-Se desecha, por improcedente, el recurso de revisión interpuesto por **********, derivado del juicio de nulidad **********, promovido por **********.

Notifíquese; publíquese; anótese en el libro de registro; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Víctorino Rojas Rivera, Raúl Murillo Delgado y Hugo Sahuer Hernández, habiendo sido relator el segundo de los nombrados.

Conforme a lo previsto en los artículos 8, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21242-7e73a9e6/revision-fiscal-su-procedencia-cuando-el-asunto-versa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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