FIRMA AUTÓGRAFA. TRATÁNDOSE DE ACTOS O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS LA ANULACIÓN POR CARECER DE AQUÉLLA PUEDE SER CON O SIN DETERMINACIÓN DE EFECTOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 19/2004-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO (ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO); NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: CONSTANZA TORT SAN ROMÁN.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, que es materia de esta contradicción de tesis, se contiene en las siguientes ejecutorias:
• Revisión fiscal 15/2003, promovida por el secretario de Hacienda y Crédito Público, resuelta por unanimidad de votos en sesión de cinco de junio de dos mil tres.
• Revisión fiscal 17/2003, promovida por el secretario de Hacienda y Crédito Público, por el presidente del Servicio de Administración Tributaria y otras autoridades, resuelta por unanimidad de votos en sesión de cinco de junio de dos mil tres.
• Revisión fiscal 19/2003, promovida por el secretario de Hacienda y Crédito Público, por el presidente del Servicio de Administración Tributaria y otras autoridades demandadas en el juicio de nulidad 1082/02-04-01-5, resuelta por unanimidad de votos en sesión de cuatro de julio de dos mil tres.
• Revisión fiscal 23/2003, promovida por el secretario de Hacienda y Crédito Público y otra autoridad, resuelta por unanimidad de votos en sesión de doce de junio de dos mil tres.
A continuación, se transcriben las ejecutorias antes listadas, únicamente en las partes que interesan:
Revisión fiscal 15/2003.
"CUARTO. Son inatendibles en parte, inoperantes en otra, e infundados en una más los agravios. En efecto, aduce la autoridad recurrente, entre otras cuestiones, que el hecho de que se diera a conocer la resolución en copia certificada, no le causa perjuicio al contribuyente, porque ello indica que se tuvo el original a la vista al momento de realizar la certificación, que en tal virtud las copias certificadas acreditan la fiel y exacta originalidad de la resolución a notificar, o sea, que se tiene plena certeza de que los originales fueron pasados ante la honestidad y cuidado de quien como autoridad pública tiene fe para certificar que dichas hojas son copia fiel y exacta del documento; que ello se apoya en el numeral 68 del Código Fiscal de la Federación, que señala que los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales, salvo prueba en contrario. Asimismo, aduce que al contestar la demanda ofreció el original de la resolución determinante del crédito con la firma autógrafa del subadministrador de la Aduana de Chihuahua, que es la prueba idónea para acreditar que se tuvo a la vista al momento de emitir la certificación de las copias de la misma, que la circunstancia de que se haya notificado la resolución mediante copia certificada no afecta la validez de la resolución determinante, porque la misma fue emitida reuniendo todos los requisitos necesarios para crear válidamente efectos jurídicos en la esfera del contribuyente, que la autoridad recaudadora cumplió cabalmente con lo previsto por el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, y que no se desvirtúa la presunción de legalidad de la cual gozan los actos de autoridad materia del juicio al tenor del artículo 68 del Código Fiscal de la Federación. El argumento de que las copias certificadas acreditan la fiel y exacta originalidad de la resolución a notificar, o sea, que se tiene plena certeza de que los originales fueron pasados ante la honestidad y cuidado de quien como autoridad pública, tiene fe para certificar que dichas hojas son copia fiel y exacta del documento, resulta inatendible en parte e inoperante en otra, en virtud de que si bien la demandada en su contestación adujo, aunque en forma somera, que de la copia certificada se desprende la presunción legal de que existe el original con la firma autógrafa de la autoridad que emitió el acto, a partir del cual se obtuvieron las copias simples, lo cierto es que esa cuestión no fue abordada por la Sala Fiscal en la resolución recurrida, pues no se pronunció sobre si es correcto o no que de la copia certificada del documento se desprenda la presunción legal de que existe el original con la firma autógrafa, por lo que los agravios en los que la recurrente aduce que la copia certificada acredita la fiel y exacta originalidad de la resolución a notificar y que se tiene la certeza de que los originales fueron pasados ante la honestidad y cuidado de quien como autoridad pública tiene fe para certificar que dichas hojas son copia fiel y exacta del documento original resultan inoperantes, porque sobre tal cuestión no se pronunció la Sala Fiscal, y por otro lado, la autoridad inconforme no combate tal omisión, por lo que además, tales agravios devienen inoperantes por deficientes. Ahora bien, la circunstancia de que la demandada hubiere exhibido en el juicio el original del oficio número 326-SAT-A14-VII-0478, de fecha treinta de enero de dos mil dos, en que se contiene la resolución determinante del crédito con firma autógrafa, no es razón fundada para considerar cumplido el requisito a que se refiere el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, como bien lo estimó la Sala Fiscal, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 16/90, reiteró el criterio de que para que un cobro fiscal pueda considerarse un mandamiento de autoridad competente en términos del artículo 16 de la Constitución Federal, debe constar en un documento público debidamente fundado que, en los términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es el expedido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, cuya calidad de tal se demuestra por la existencia regular sobre los documentos, de los sellos, firmas y otros signos exteriores que en su caso prevengan las leyes; que, por ende, la firma que en dichos documentos estampe la autoridad, debe ser siempre auténtica, ya que es el signo gráfico con el que se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, de tal manera que carece de valor una copia facsimilar sin la firma auténtica del original del documento en que la autoridad impone un crédito a cargo del causante, por no constar en mandamiento debidamente fundado y motivado; que las cuestiones formales deben constar en el acto de molestia, entendiéndose por ello no un original que obra en los archivos de la autoridad, sino el que se entrega al gobernado, lo que se explica en función del principio de seguridad jurídica, pues de esta forma, aquél quedará en aptitud de conocer no sólo los motivos, sino también el origen de aquello que se le hace saber, por lo que siendo la firma autógrafa un requisito de la índole mencionada que por su naturaleza autentifica tanto el acto mismo como a quien lo emitió, el principio de mérito vuelve imperativo que conste en el texto que se comunica y no en otro, por más que el primero sea una reproducción del que sí cuenta con dicha exigencia, pero que el sujeto desconoce al momento de la notificación. Los anteriores argumentos resultan aplicables al caso, puesto que no se hizo entrega de la resolución determinante del crédito al contribuyente, con firma autógrafa, lo que se tradujo en una violación a los artículos 16 de la Constitución Federal y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, como lo estimó la autoridad recurrida. De la aludida contradicción de tesis, surgió la jurisprudencia número 2a./J. 2/92, visible en la página 15, Número 56, agosto de 1992, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, y es del tenor literal siguiente: ‘FIRMA FACSIMILAR. DOCUMENTOS PARA LA NOTIFICACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido reiteradamente el criterio de que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, para que un mandamiento de autoridad esté fundado y motivado, debe constar en el documento la firma autógrafa del servidor público que lo expida y no un facsímil, por consiguiente, tratándose de un cobro fiscal, el documento que se entregue al causante para efectos de notificación debe contener la firma autógrafa, ya que ésta es un signo gráfico que da validez a los actos de autoridad, razón por la cual debe estimarse que no es válida la firma facsimilar que ostente el referido mandamiento de autoridad.’. Así las cosas, es correcta la determinación de la Sala Fiscal, en el sentido de que la violación aludida no es sólo una violación formal propia de la notificación, sino que es una violación inherente a la resolución, ya que en tales condiciones dicho documento no cumple con el requisito del artículo 16 de la Constitución Federal, en el sentido de que todo acto de autoridad debe ostentar la firma de quien lo emite, lo cual resulta violatorio, además, de lo dispuesto por el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, lo que trae consigo la nulidad lisa y llana de la resolución por no cumplir con los requisitos esenciales previstos en los citados preceptos legales, en términos de la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, por ende, es infundado lo argumentado en el sentido de que el fallo debió fundarse en la fracción II de este último dispositivo legal y que se deben dejar a salvo las facultades de la autoridad para proceder a notificar de nueva cuenta la resolución combatida, esta vez en original con firmas autógrafas. Apoya lo anterior el criterio sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.9o.A.10 A, visible en la página 1724, Tomo XIII, enero de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: ‘FIRMA FACSIMILAR, DEBE DECLARARSE LA NULIDAD LISA Y LLANA DEL DOCUMENTO QUE CONTENGA LA. La falta de firma autógrafa por parte del funcionario emisor del oficio donde se determina un crédito fiscal al contribuyente, da lugar a declarar la nulidad lisa y llana en términos de lo que disponen los artículos 238, fracción IV, y 239, fracción II del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que al carecer de firma estampada de puño y letra de la autoridad que requiere el pago, es claro que se violenta lo dispuesto por el artículo 38 del mismo código tributario, en relación con el numeral 16 de la Constitución Federal, pues es un acto de molestia que no cumple con los requisitos establecidos en dicho numeral.’. Asimismo, es pertinente citar por las razones que informa la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en la tesis VIII.2o. J/24, visible en la página 455, Tomo IX, febrero de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que comparte este tribunal, y que es del tenor literal siguiente: ‘SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO LA VIOLACIÓN ADUCIDA IMPLICA UN ESTUDIO DE FONDO, LA NULIDAD SERÁ LISA Y LLANA, EN CAMBIO, CUANDO SE TRATA DE VICIOS FORMALES, LA NULIDAD SERÁ PARA EFECTOS. En términos de lo dispuesto por los artículos 238 y 239 del Código Fiscal de la Federación, las sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación pueden declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado o para efectos. La nulidad lisa y llana, que se deriva de las fracciones I y IV del artículo 238 invocado, se actualiza cuando existe incompetencia de la autoridad, que puede suscitarse tanto en la resolución impugnada como en el procedimiento del que deriva; y cuando los hechos que motivaron el acto no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien, se dictó en contravención de las disposiciones aplicables o dejó de aplicar las debidas. En ambos casos, implica, en principio, que la Sala Fiscal realizó el examen de fondo de la controversia. En cambio, las hipótesis previstas en las fracciones II, III y V del precepto legal de que se trata, conllevan a determinar la nulidad para efectos, al establecer vicios formales que contrarían el principio de legalidad, pero mientras que la fracción II se refiere a la omisión de formalidades en la resolución administrativa impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación y motivación en su caso, la fracción III contempla los vicios en el procedimiento del cual derivó dicha resolución, vicios que bien pueden implicar también la omisión de formalidades establecidas en las leyes, violatorias de las garantías de legalidad, pero que se actualizaron en el procedimiento, es decir, en los antecedentes o presupuestos de la resolución impugnada. En el caso de la fracción V, que se refiere a lo que la doctrina reconoce como «desvío de poder», la sentencia tendrá dos pronunciamientos, por una parte implica el reconocimiento de validez del proveído sancionado y por otra supone la anulación del proveído sólo en cuanto a la cuantificación de la multa que fue realizada con abuso de poder, por lo que la autoridad puede imponer un nuevo proveído imponiendo una nueva sanción. Así, de actualizarse los supuestos previstos en las fracciones I y IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, que implica el estudio de fondo del asunto, la nulidad debe declararse en forma lisa y llana, lo que impide cualquier actuación posterior de la autoridad; en cambio, si se trata de los casos contenidos en las fracciones II y III y en su caso V del artículo en comento, que contemplan violaciones de carácter formal, la nulidad debe ser para efectos, la cual no impide que la autoridad pueda ejercer nuevamente sus facultades, subsanando las irregularidades y dentro del término que para el ejercicio de dichas facultades establece la ley.’. En el anterior orden de ideas, ante lo inatendible, inoperante e infundado de los agravios, lo procedente es confirmar la resolución impugnada, y declarar la nulidad lisa y llana."
Revisión fiscal 17/2003.
"CUARTO. Son inoperantes por una parte e infundados en otra los agravios. En efecto, aduce la autoridad recurrente, entre otras cuestiones, que el hecho de que se diera a conocer la resolución en copia certificada, no le causa perjuicio al contribuyente, porque ello indica que se tuvo el original a la vista al momento de realizar la certificación, que en tal virtud las copias certificadas acreditan la fiel y exacta originalidad de la resolución a notificar, o sea, que se tiene plena certeza de que los originales fueron pasados ante la honestidad y cuidado de quien como autoridad pública tiene fe para certificar que dichas hojas son copia fiel y exacta del documento; que ello se apoya en el numeral 68 del Código Fiscal de la Federación, que señala que los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales, salvo prueba en contrario. Asimismo, aduce que al contestar la demanda ofreció el original de la resolución determinante del crédito con la firma autógrafa del subadministrador de la Aduana de Ciudad Juárez, que es la prueba idónea para acreditar que se tuvo a la vista al momento de emitir la certificación de las copias de la misma, que la circunstancia de que se haya notificado la resolución mediante copia certificada, no afecta la validez de la resolución determinante porque la misma fue emitida reuniendo todos los requisitos necesarios para crear válidamente efectos jurídicos en la esfera del contribuyente que la autoridad recaudadora cumplió cabalmente con lo previsto por el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación y que no se desvirtúa la presunción de legalidad de la cual gozan los actos de autoridad materia del juicio al tenor del artículo 68 del Código Fiscal de la Federación. El argumento de que las copias certificadas acreditan la fiel y exacta originalidad de la resolución a notificar, o sea, que se tiene plena certeza de que los originales fueron pasados ante la honestidad y cuidado de quien como autoridad pública tiene fe para certificar que dichas hojas son copia fiel y exacta del documento, resulta inoperante, en virtud de que si bien la demandada en su contestación adujo, aunque en forma somera, que de la copia certificada se desprende la presunción legal de que existe el original con la firma autógrafa de la autoridad que emitió el acto a partir del cual se obtuvieron las copias simples, lo cierto es que esa cuestión no fue abordada por la Sala Fiscal en la resolución recurrida, pues no se pronunció sobre si es correcto o no, que de la copia certificada del documento se desprenda la presunción legal de que existe el original con la firma autógrafa, por lo que los agravios en los que la recurrente aduce que la copia certificada acredita la fiel y exacta originalidad de la resolución a notificar y que se tiene la certeza de que los originales fueron pasados ante la honestidad y cuidado de quien como autoridad pública tiene fe para certificar que dichas hojas son copia fiel y exacta del documento original, resultan inoperantes, porque sobre tal cuestión no se pronunció la Sala Fiscal y, por otro lado, la autoridad recurrente no combate tal omisión. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis jurisprudencial XVII.2o. J/3, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado de este Circuito, que comparte este tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de 2000, página 1194, que expresa: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO COMBATEN CONSIDERACIONES NO EXPRESADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA. Si en los conceptos de violación se hacen valer argumentos en relación a consideraciones o razonamientos que no fueron expresados o abordados en la sentencia reclamada para resolver en la manera en que se hizo en la misma, deben entonces desestimarse tales conceptos por inoperantes, puesto que con ellos no se desvirtúa la legalidad de la referida sentencia, a menos de que se esté en alguna de las hipótesis del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en cuyo caso deberá suplirse la deficiencia de la queja.’. Ahora bien, la circunstancia de que la demandada hubiere exhibido en el juicio el original del oficio número 326-SAT-A16-VII-07606, de fecha veinticinco de abril de dos mil dos, en que se contiene la resolución determinante del crédito con firma autógrafa, no es razón fundada para considerar cumplido el requisito a que se refiere el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, como bien lo estimó la Sala Fiscal, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 16/90, reiteró el criterio de que para que un cobro fiscal pueda considerarse un mandamiento de autoridad competente en términos del artículo 16 de la Constitución Federal, debe constar en un documento público debidamente fundado que, en los términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es el expedido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, cuya calidad de tal se demuestra por la existencia regular sobre los documentos, de los sellos, firmas y otros signos exteriores que en su caso prevengan las leyes; que, por ende, la firma que a dichos documentos estampe la autoridad, debe ser siempre auténtica, ya que es el signo gráfico con el que se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, de tal manera que carece de valor una copia facsimilar sin la firma auténtica del original del documento en que la autoridad impone un crédito a cargo del causante, por no constar en mandamiento debidamente fundado y motivado; que las cuestiones formales deben constar en el acto de molestia, entendiéndose por ello, no un original que obra en los archivos de la autoridad, sino el que se entrega al gobernado, lo que se explica en función del principio de seguridad jurídica, pues de esta forma, aquél quedará en aptitud de conocer no sólo los motivos, sino también el origen de aquello que se le hace saber, por lo que siendo la firma autógrafa un requisito de la índole mencionada que por su naturaleza autentifica tanto el acto mismo como a quien lo emitió; el principio de mérito, vuelve imperativo que conste en el texto que se comunica y no en otro, por más que el primero sea una reproducción del que sí cuenta con dicha exigencia, pero que el sujeto desconoce al momento de la notificación. Los anteriores argumentos resultan aplicables al caso, puesto que no se hizo entrega de la resolución determinante del crédito al contribuyente con firma autógrafa, lo que se tradujo en una violación a los artículos 16 de la Constitución Federal y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, como lo estimó la autoridad recurrida. De la aludida contradicción de tesis, surgió la jurisprudencia número 2a./J. 2/92, visible en la página 15, Número 56, agosto de 1992, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, y es del tenor literal siguiente: ‘FIRMA FACSIMILAR. DOCUMENTOS PARA LA NOTIFICACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido reiteradamente el criterio de que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, para que un mandamiento de autoridad esté fundado y motivado, debe constar en el documento la firma autógrafa del servidor público que lo expida y no un facsímil, por consiguiente, tratándose de un cobro fiscal, el documento que se entregue al causante para efectos de notificación debe contener la firma autógrafa, ya que ésta es un signo gráfico que da validez a los actos de autoridad, razón por la cual debe estimarse que no es válida la firma facsimilar que ostente el referido mandamiento de autoridad.’. Así las cosas, es correcta la determinación de la Sala Fiscal, en el sentido de que la violación aludida no es sólo una violación formal propia de la notificación, sino que es una violación inherente a la resolución, ya que en tales condiciones dicho documento no cumple con el requisito del artículo 16 de la Constitución Federal, en el sentido de que todo acto de autoridad debe ostentar la firma de quien lo emite, lo cual resulta violatorio, además, de lo dispuesto por el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, lo que trae consigo la nulidad lisa y llana de la resolución, por no cumplir con los requisitos esenciales previstos en los citados preceptos legales, en términos de la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, por ende, es infundado lo argumentado en el sentido de que el fallo debió fundarse en la fracción II de este último dispositivo legal y que se deben dejar a salvo las facultades de la autoridad para proceder a notificar de nueva cuenta la resolución combatida, esta vez en original con firmas autógrafas. Apoya lo anterior el criterio sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.9o.A.10 A, visible en la página 1724, Tomo XIII, enero de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: ‘FIRMA FACSIMILAR, DEBE DECLARARSE LA NULIDAD LISA Y LLANA DEL DOCUMENTO QUE CONTENGA LA. La falta de firma autógrafa por parte del funcionario emisor del oficio donde se determina un crédito fiscal al contribuyente, da lugar a declarar la nulidad lisa y llana en términos de lo que disponen los artículos 238, fracción IV y 239, fracción II del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que al carecer de firma estampada de puño y letra de la autoridad que requiere el pago, es claro que se violenta lo dispuesto por el artículo 38 del mismo código tributario, en relación con el numeral 16 de la Constitución Federal, pues es un acto de molestia que no cumple con los requisitos establecidos en dicho numeral.’. Asimismo, es pertinente citar por las razones que informa la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en la tesis VIII.2o. J/24, visible en la página 455, Tomo IX, febrero de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que comparte este tribunal, y que es del tenor literal siguiente: ‘SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO LA VIOLACIÓN ADUCIDA IMPLICA UN ESTUDIO DE FONDO, LA NULIDAD SERÁ LISA Y LLANA, EN CAMBIO, CUANDO SE TRATA DE VICIOS FORMALES, LA NULIDAD SERÁ PARA EFECTOS. En términos de lo dispuesto por los artículos 238 y 239 del Código Fiscal de la Federación, las sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación pueden declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado o para efectos. La nulidad lisa y llana, que se deriva de las fracciones I y IV del artículo 238 invocado, se actualiza cuando existe incompetencia de la autoridad, que puede suscitarse tanto en la resolución impugnada como en el procedimiento del que deriva; y cuando los hechos que motivaron el acto no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien, se dictó en contravención de las disposiciones aplicables o dejó de aplicar las debidas. En ambos casos, implica, en principio, que la Sala Fiscal realizó el examen de fondo de la controversia. En cambio, las hipótesis previstas en las fracciones II, III y V del precepto legal de que se trata, conllevan a determinar la nulidad para efectos, al establecer vicios formales que contrarían el principio de legalidad, pero mientras que la fracción II se refiere a la omisión de formalidades en la resolución administrativa impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación y motivación en su caso, la fracción III contempla los vicios en el procedimiento del cual derivó dicha resolución, vicios que bien pueden implicar también la omisión de formalidades establecidas en las leyes, violatorias de las garantías de legalidad, pero que se actualizaron en el procedimiento, es decir, en los antecedentes o presupuestos de la resolución impugnada. En el caso de la fracción V, que se refiere a lo que la doctrina reconoce como «desvío de poder», la sentencia tendrá dos pronunciamientos, por una parte implica el reconocimiento de validez del proveído sancionado y por otra supone la anulación del proveído sólo en cuanto a la cuantificación de la multa que fue realizada con abuso de poder, por lo que la autoridad puede imponer un nuevo proveído imponiendo una nueva sanción. Así, de actualizarse los supuestos previstos en las fracciones I y IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, que implica el estudio de fondo del asunto, la nulidad debe declararse en forma lisa y llana, lo que impide cualquier actuación posterior de la autoridad; en cambio, si se trata de los casos contenidos en las fracciones II y III y en su caso V del artículo en comento, que contemplan violaciones de carácter formal, la nulidad debe ser para efectos, la cual no impide que la autoridad pueda ejercer nuevamente sus facultades, subsanando las irregularidades y dentro del término que para el ejercicio de dichas facultades establece la ley.’. En el anterior orden de ideas, ante lo inoperante e infundado de los agravios, lo procedente es confirmar la resolución impugnada y declarar la nulidad lisa y llana."
Revisión fiscal 19/2003.
"CUARTO. Son inoperantes en parte e infundados en otra los agravios hechos valer. La autoridad recurrente argumenta sustancialmente que la aseveración en el sentido de que la autoridad recaudadora dio a conocer la resolución en copia certificada, no le causa perjuicio alguno al contribuyente, toda vez que al dar a conocer el acto de esa forma, es claro que se presupone la existencia del original, lo que se apoya en el numeral 68 del Código Fiscal de la Federación, que señala que los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales, salvo prueba en contrario, además de que es de explorado derecho que la autoridad cuando da a conocer copia certificada de un original, indica que tuvo a la vista el original al momento de realizar la certificación correspondiente, y en tal virtud las copias certificadas fungen para acreditar la fiel y exacta originalidad de la resolución a notificar, es decir, se tiene plena certeza de que los originales fueron pasados ante la honestidad y cuidado de quien, como autoridad pública, tiene fe para certificar que dichas hojas son copia fiel y exacta tomadas del documento original, el cual tuvo a la vista y expiden para usos oficiales exclusivamente, asimismo, al realizar la contestación a la demanda de nulidad se ofreció y exhibió como prueba, el original del oficio número 326-SAT-A17-2477, de fecha ocho de noviembre de dos mil uno, en el que consta la firma autógrafa del administrador de la Aduana de Ojinaga, por lo que se aprecia que por un error del personal de la Administración Local de Recaudación, que es la competente para llevar a cabo la notificación y cobro de los créditos fiscales determinados por la Aduana de Ojinaga, entregó copia certificada de la resolución determinante al momento de practicar su notificación, lo que origina un vicio de procedimiento de naturaleza formal, sin que ello afecte la validez de la resolución, debido a que la misma fue emitida apegada a derecho, reuniendo todos y cada uno de los elementos necesarios para ser susceptible de crear, válidamente, efectos jurídicos en la esfera del contribuyente. El anterior agravio es inoperante, en razón de que mediante el mismo se pretenden combatir consideraciones que no fueron abordadas por la Sala Fiscal al pronunciar la sentencia que se impugna. Se afirma lo anterior, ya que si bien es cierto del análisis de la sentencia recurrida, se advierte que la autoridad demandada, ahora inconforme, al dar contestación en el juicio de nulidad, expuso que el hecho de haber notificado en copia certificada, forzosamente presume la existencia de un original con firmas autógrafas, no menos ciert
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18652-8e8566dd/firma-autografa-tratandose-de-actos-o-resoluciones-administrativas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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