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Modo: Corpus Pro

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EN MATERIA AGRARIA. PARA SU PROCEDENCIA NO SE REQUIERE DE JUSTO TÍTULO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 96/2004-SS. · Registro digital (IUS): 18659
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, , Pág. 811.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 96/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: CONSTANZA TORT SAN ROMÁN.

CONSIDERANDO:

CUARTO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, resulta conveniente realizar una breve referencia a los antecedentes de los asuntos en los que los Tribunales Colegiados sostuvieron los criterios en aparente contradicción.

El criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 103/2004, contiene las siguientes consideraciones.

"En función de tales agravios, dado que la autoridad responsable sostiene que la resolución impugnada se encuentra ajustada a derecho, que este tribunal advierte la existencia de violaciones en el procedimiento que trascendieron al resultado del fallo y que, con fundamento en el artículo 227 de la Ley de Amparo debe suplir la deficiencia de la queja, conviene precisar que la litis en este juicio de amparo se constriñe a determinar: si en el procedimiento seguido por el tribunal agrario se cometieron violaciones procedimentales que trascendieron al resultado del fallo; y si la sentencia en estudio, al concluir que el quejoso no probó su pretensión de prescripción positiva, está debidamente fundada y motivada y se ajustó a derecho en cuanto a la valoración de pruebas y suplencia de la queja deficiente. Ya que en este caso se dilucidan derechos relativos a la prescripción positiva, iniciaremos este estudio con el análisis de esta institución jurídica y de su naturaleza en materia agraria, para posteriormente, a la luz de tal naturaleza analizar si en este caso se cometieron violaciones al procedimiento que hayan trascendido al fallo, ya que el estudio de las mismas es preferente. Finalmente se abordará lo relativo a la fundamentación y motivación de la sentencia impugnada. La usucapión o prescripción positiva (también llamada prescripción adquisitiva) es una institución jurídica añeja, nacida desde el derecho romano arcaico, cuya finalidad es proteger cierto tipo de posesión ya que permite que, bajo ciertas condiciones conditio usucapiendi, y transcurrido un plazo de tiempo, la posesión pueda transformarse en propiedad. Para algunos autores la posesión se compone de dos elementos: el corpus (poder de hecho sobre la cosa) y el animus domini (voluntad de poseer como dueño), en tanto que para otros, encabezados por Ihering, la posesión llevaba implícito el animus, por lo que era el mero poder de hecho sobre algo ‘un puro hecho que no puede alegar a su favor más que a sí mismo.’. Al margen de que se considere que el animus domini está o no implícito en la posesión, para la prescripción positiva es un elemento de gran trascendencia a tal grado que, como veremos más adelante, se le señala expresamente como condición, independientemente de la posesión misma. Desde 1928 nuestro Código Civil Federal parece haber adoptado la posición que considera que la posesión lleva implícito el animus (con la salvedad establecida en su artículo 793), al señalar en su artículo 790: ‘Es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, salvo lo dispuesto en el artículo 793. Posee un derecho el que goza de él.’. El artículo 793 se refiere a una hipótesis también contemplada desde el derecho romano. Y es que éste, al igual que nuestro derecho, diferenciaba la posesión jurídicamente protegida de la que no gozaba de tal protección. Uno de los casos sin protección era la posesión del alieno nomine possidere, es decir, aquel que no tiene posesión propia sino sólo el ejercicio de la posesión de otro, aquel que reconoce como poseedor a otro y desempeña simplemente el papel de un representante que quiere tener la cosa no para sí, sino para el propietario. En efecto, recogiendo tal figura el artículo 793 del Código Civil Federal dispone: (se transcribe). A mayor abundancia, el artículo 791 del código citado, establece: (se transcribe). Nuestro derecho protege a la posesión en diversas formas, una de ellas es precisamente la prescripción positiva. Así, en el Código Civil Federal se establece: ‘Artículo 1135. Prescripción es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley.’. ‘Artículo 1136. La adquisición de bienes en virtud de la posesión, se llama prescripción positiva. ...’. ‘Artículo 1152. Los bienes inmuebles se prescriben: I. En cinco años, cuando se poseen en concepto de propietario, con buena fe, pacífica, continua y públicamente ...’. Debido a que es el Código Civil referido el que especifica algunas de las características que definen a la prescripción positiva y a que este ordenamiento es supletorio de la Ley Agraria (según el artículo 2o. de ésta), es importante tomar en cuenta que este código establece: ‘Artículo 806. Es poseedor de buena fe el que entra en la posesión en virtud de un título suficiente para darle derecho de poseer. También es el que ignora los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. Es poseedor de mala fe el que entra a la posesión sin título alguno para poseer; lo mismo que el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. Entiéndese por título la causa generadora de la posesión.’. Asimismo, conviene tener presente que el Código Civil Federal establece como presunciones relativas a la posesión: ‘Artículo 798. La posesión da al que la tiene, la presunción de propietario para todos los efectos legales. El que posee en virtud de un derecho personal, o de un derecho real distinto de la propiedad, no se presume propietario; pero si es poseedor de buena fe tiene a su favor la presunción de haber obtenido la posesión del dueño de la cosa o derecho poseído.’. ‘Artículo 807. La buena fe se presume siempre; al que afirme la mala fe del poseedor le corresponde probarla.’. La figura jurídica de la prescripción positiva fue asumida por la materia agraria, en el artículo 48 de la Ley Agraria, que señala: (se transcribe). En el caso en estudio, la autoridad responsable afirma que el quejoso tiene la posesión de la parcela en controversia por más de cinco años, en forma pacífica, continua y pública y que no se trata de un caso de asentamientos humanos, ni de bosques o selvas. Así, el único aspecto en controversia es si el quejoso tiene tal posesión en concepto de titular de derechos de ejidatario. Para la autoridad responsable, el quejoso no logró acreditar tal calidad, ya que cuando el demandado Héctor Velasco Cid se allanó, afirmó que: ‘... se la transmitió por no poderla tener en posesión ni trabajarla ...’, la responsable considera que tal afirmación se robustece con el testimonio de uno de los colindantes (Odón Molina Palacios) quien: ‘... alude a una transmisión al actor Carlos Valenzuela López, por lo que al no apoyarse en otro elemento de prueba conducente, no resulta verosímil tal allanamiento ...’. Así, la autoridad responsable concluye: ‘... por la transmisión del demandado al actor, no se configura la hipótesis del artículo 48, en forma específica, en cuanto a que la posesión debe ser en concepto de titular de derechos de ejidatario ...’ y agrega que la posesión del quejoso es derivada: ‘... ya que obtuvo y tiene la posesión de la parcela 895 de la que pretende prescripción, mediante una enajenación ...’. Como se ve, nos encontramos por una parte, ante un problema en el supuesto de hecho, ya que el tribunal responsable asume que la transmisión referida por el demandado y por el comisariado ejidal es una enajenación. Además, en la especie también se nos presenta un problema de interpretación normativa, en el que la dificultad se encuentra en definir el alcance de la expresión ‘en concepto de titular de derechos de ejidatario’. Para la autoridad responsable, tal expresión excluye la posibilidad de que la causa generadora de la posesión haya sido una enajenación. Respecto del primer problema, sólo contamos con las dos declaraciones ya referidas en el expediente 402/2003 (del demandado y de uno de los colindantes) que concuerdan en afirmar que el demandado transmitió la parcela al quejoso. Cabe destacar que la autoridad responsable no formula argumentos que expliciten la razón por la que equipara tal ‘transmisión’ a una enajenación. Por otra parte, nos referiremos ahora al problema de interpretación normativa que implica definir en la especie el alcance de la expresión ‘en concepto de titular de derechos de ejidatario’, lo que nos lleva al análisis de dos elementos: la causa generadora de la posesión y el animus domini. La causa generadora de la posesión es aquel supuesto que genere el derecho a poseer. Ihering afirma que en la mayoría de los derechos, la confusión del hecho generador con el derecho mismo está excluida por la diversidad misma de los nombres que el lenguaje les da (por ejemplo: contrato y crédito; testamento y derecho de suceder) pero que, en el caso de la posesión se designó bajo el mismo nombre lo que era posesión como estado de hecho causa facti y como derecho jus possessionis, jura possessionis. La causa generadora o causa facti es la situación, motivo o hecho jurídico que originó la posesión, en primer lugar. Tal causa puede abarcar una gran cantidad de posibilidades, desde aquella que se funda en la convicción de la existencia de un acto traslativo de dominio (compraventa, cesión, donación, etc.) hasta creencias que asumen que un bien inmueble se halla vacante y que es lícita su apropiación. Desde la perspectiva de la causa facti resulta irrelevante si la creencia o convicción es correcta o fundada, su único sentido es conocer las condiciones por las que alguien entró a poseer. En efecto, la causa facti es un hecho y no un derecho. Ihering señala que afirmar lo contrario nos llevaría a confundir un hecho generador del derecho con su efecto. Y es que la posesión puede engendrar muchas consecuencias jurídicas y puede también ser ya no la causa, sino la manifestación de determinadas situaciones jurídicas. Dentro de este abanico de posibilidades tenemos los casos de posesión originada en un acto traslativo de dominio, fundado en un título perfecto. Como se ve, es éste un caso en el que propiedad y posesión son sinónimos. Bajo este supuesto la propiedad se manifiesta en toda su realidad, en todo su alcance, precisamente bajo la forma de posesión, por lo cual ésta goza de la mayor protección jurídica posible. Sin embargo, la posesión inherente a la propiedad no es la única protegida jurídicamente. Así, podríamos representar tal relación con dos círculos secantes, cada uno de ellos con campos de aplicación independientes (uno de ellos lo representaría la posesión que no deriva de la propiedad; el otro muy pequeño y excepcional, sería la propiedad que no tiene posesión), y un campo en el que se superponen (que sería el caso en el que propiedad y posesión son idénticos). El ámbito de la prescripción positiva nos lleva al círculo en el que la posesión no es inherente a la propiedad pero que, precisamente a través de esta figura, puede llegar a serlo. Ahora bien, como dijimos antes, bajo la figura de la prescripción positiva se protege a la posesión que se generó en una causa que permita ubicarla como posesión originaria, a diferencia de la posesión derivada. Y la diferencia entre posesión originaria y posesión derivada se haya (sic) precisamente en el llamado animus domini. Por esa razón, la causa facti reviste gran relevancia, ya que a través de ella se puede determinar si el que posee lo hace como dueño, requisito indispensable para la procedencia de la prescripción positiva. Además, la causa generadora de la posesión, que según comentamos antes, en términos del Código Civil es sinónimo de título, también resulta muy importante dado que permite establecer cuando estamos ante un caso de posesión de buena fe. Esta característica es relevante porque las condiciones para obtener la prescripción positiva resultan más favorables cuando se trata del poseedor de buena fe (en términos del Código Civil, aquel que entra en la posesión en virtud de un título suficiente para darle derecho de poseer o que ignora los vicios de su título que le impiden poseer con derecho). De esta manera, en el caso en estudio es necesario definir cuál es la causa generadora de la posesión del quejoso, lo que nos lleva a resolver qué significa poseer en concepto de titular de derechos de ejidatario. Este órgano colegiado considera que la solución se encuentra al equiparar esta expresión con el llamado animus domini o voluntad de poseer como dueño que, como señalamos antes, fue un elemento considerado desde el origen de la usucapión. Así, este tribunal llega a la convicción de que si la Ley Agraria recogió, bajo una denominación análoga, la figura del animus domini, fue porque el legislador tenía una intención similar a la planteada en el derecho civil: excluir de la protección del derecho agrario a la posesión del alieno nomine possidere (como dijimos antes, aquel que no tiene posesión propia sino sólo el ejercicio de la posesión de otro al que reconoce como poseedor y del que desempeña el papel de representante). Ahora bien, conviene recordar que el derecho civil, a través del artículo 798 del Código Civil Federal ya citado, establece que: ‘La posesión da al que la tiene, la presunción de propietario para todos los efectos legales. ...’. No debe perderse de vista que, aunque la Ley Agraria se apoye en algunas figuras jurídicas de carácter civil (como en el caso, es la usucapión) su naturaleza social le imprime un carácter mucho más protector. Así, al discutirse en la Cámara de Senadores el dictamen para aprobar a la ahora Ley Agraria se destacaba: ‘... el propósito de fondo, el propósito central de este esfuerzo nacional es producir justicia a los campesinos ...’; ‘... existe injusticia, hay pobreza, esto reclama cambios o de otra manera se cancelarían las posibilidades de los campesinos de aspirar a mejores niveles de vida, quedando sin alternativas de progreso y en completa indefensión ...’. Así, si tomamos en cuenta el carácter protector de la Ley Agraria, es posible afirmar por mayoría de razón que si en el derecho civil la posesión da al que la tiene, la presunción de propietario para todos los efectos legales, el derecho agrario dada su naturaleza protectora, con mayor razón permite una presunción análoga, es decir, permite que el poseedor goce de la presunción de ser titular de derechos de ejidatario, siempre que no estemos ante un caso de posesión del alieno nomine possidere. Ello sin perder de vista que, además, como señalamos antes, el artículo 2o. de la Ley Agraria establece que, en lo no previsto en la misma, se aplicará supletoriamente la legislación federal -como el caso del Código Civil Federal-. En algunos casos en los que se ha tratado el tema de la posesión, este tribunal ha considerado que la posesión tutelada por el artículo 14 constitucional es la que deriva de algún título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer. Sin embargo, tomando en cuenta las razones antes expuestas, una nueva reflexión sobre el tema nos lleva a sostener que para que proceda la prescripción positiva establecida en el artículo 48 de la Ley Agraria no es necesario título traslativo de dominio y que basta con que el interesado acredite el origen de su posesión (causa generadora), siempre que en relación con ella exista el ánimo de conducirse como titular de derechos de ejidatario. Así este tribunal comparte el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el cual en la tesis VI.3o.A.117 A determinó: ‘USUCAPIÓN EN MATERIA AGRARIA. PARA SU PROCEDENCIA NO SE REQUIERE DE «JUSTO TÍTULO». El artículo 48 de la Ley Agraria no exige un «justo título» o «título objetivamente válido» para usucapir, toda vez que en el derecho agrario únicamente se prevé que la posesión necesaria para prescribir debe ser en concepto de titular de derechos. Por lo mismo, la legislación agraria adopta un sistema objetivo sobre la materia de la posesión, pero si bien no demanda la existencia del justo título, sí es necesario que el interesado pruebe el origen de la posesión, no como acto traslativo de dominio, sino como hecho jurídico que produce consecuencias de derecho, para conocer la fecha cierta a partir de la cual ha de computarse el término legal de la prescripción, pero a condición de que el poseedor se comporte como propietario, esto es, que se conduzca ostensiblemente y de manera objetiva, susceptible de apreciarse por los sentidos, mediante actos que revelen que el poseedor es el dominador de la cosa, el señor de ella, el que manda en la misma, como dueño en sentido económico, para hacer suya la cosa desde el punto de vista de los hechos. Al margen de lo anterior, de llegar a exigirse el «justo título», tal situación tornaría en impracticable o carente de utilidad la figura de la usucapión, en razón de que es absurdo pedir la exhibición de un título perfecto para que la posesión sea apta para prescribir, pues de contarse con él, no sólo resultaría innecesario, sino que sería improcedente recurrir a la prescripción para consolidar el dominio, al partirse de la base, en esta hipótesis, de que la propiedad se ha obtenido válidamente conforme a derecho y, en consecuencia, ya no se requiere poseer durante cierto tiempo para adquirir el dominio que por virtud del título se ha transmitido legalmente.’. En la especie, de la propia resolución impugnada, se desprende que la causa generadora de la posesión del quejoso fue una transmisión (para la autoridad responsable una enajenación). Sin embargo, este tribunal considera que la omisión producida por el tribunal agrario al no haber recabado elementos que permitieran establecer de qué tipo de transmisión se trata, implicó una violación al procedimiento. En efecto, en el procedimiento en estudio no se recabaron elementos que permitieran acreditar si el quejoso tenía el animus domini -en calidad de titular de derechos de ejidatario- o si nos encontramos ante un caso de posesión del alieno nomine possidere. La autoridad responsable se limita a asumir que la ‘transmisión’ es una ‘enajenación’, que se trata de posesión derivada y que ello no es compatible con la figura jurídica en análisis. Conviene tener presente que en el artículo 187 de la Ley Agraria establece: ‘Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. Sin embargo, el tribunal podrá, si considerare que alguna de las pruebas ofrecidas es esencial para el conocimiento de la verdad y la resolución del asunto, girar oficios a las autoridades para que expidan documentos, oportuna y previamente solicitados por las partes; apremiar a las partes o a terceros, para que exhiban los que tengan en su poder; para que comparezcan como testigos, los terceros señalados por las partes, si bajo protesta de decir verdad manifiestan no poder presentarlos.’. Como se ve, la autoridad responsable tenía la posibilidad de reunir más elementos que le permitieran establecer con claridad si en el caso del quejoso se reúnen los requisitos señalados por el artículo 48 de la Ley Agraria. Para ello posiblemente hubiera bastado con solicitar al quejoso que acreditara la causa generadora de su posesión, y con pedir al demandado y al colindante Odón Molina Palacios que aclararan a qué se referían al señalar que se trataba de una ‘transmisión’. Por otra parte, este tribunal considera que la omisión del periodo de alegatos y de composición amigable no implica una violación procedimental que trascienda al fallo. Dado que en este caso se ha actualizado una violación procedimental que trasciende al fallo, que implica la conveniencia de conceder el amparo a fin de reponer el procedimiento, resulta innecesario el análisis del concepto de violación relativo a la falta de motivación y fundamentación de la sentencia impugnada y la inconformidad del quejoso con la valoración de pruebas. Así, en función de las razones aducidas, este órgano jurisdiccional llega a la convicción de que en la especie se han acreditado las violaciones explicadas antes, por lo que las consideraciones previas son suficientes para definir el presente fallo en el siguiente sentido: que la responsable deje sin efectos el acto reclamado; que reponga el procedimiento a fin de que cite al quejoso, al demandado, al comisariado ejidal de Atlacomulco y sus barrios y a los dos colindantes Odón Molina y Tomás Rubio con la finalidad de establecer la forma y el carácter como inició la posesión del quejoso; que de ser necesario recabe mayores elementos con esa misma finalidad; y que emita una nueva resolución, debidamente fundada y motivada, en el que valore adecuadamente todos los elementos a fin de determinar si en el caso planteado por el quejoso se actualiza la hipótesis establecida en el artículo 48 de la Ley Agraria."

Para mejor comprensión de lo anterior, conviene relatar brevemente sus antecedentes.

• Ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, el actor solicitó la prescripción de derechos a título de ejidatario, de una determinada parcela ejidal respecto de la que ejerce la posesión.

• El demandado se allanó a las pretensiones del actor, señalando que él mismo le transmitió la parcela, porque no podía tenerla en posesión ni trabajarla.

• El comisariado ejidal expresó su conformidad con la pretensión del actor, y los colindantes manifestaron que éste tenía la posesión de la parcela en forma pacífica.

• El Tribunal Unitario Agrario determinó que el quejoso no probó su pretensión, ya que la parcela en cuestión le fue transmitida mediante enajenación, de forma que no se configura la hipótesis del artículo 48 de la Ley Agraria, en cuanto a que la posesión debe ser en concepto de titular de derechos de ejidatario, considerando que -en razón de la enajenación- la posesión del actor es derivada y no originaria.

En contra de lo anterior, el quejoso interpuso demanda de amparo directo, y el Tribunal Colegiado resolvió -en lo que interesa- en los siguientes términos.

Destacó que el único aspecto en controversia consistía en determinar un hecho relativo a si el quejoso tiene la posesión en concepto de titular de derechos de ejidatario.

• Determinó que la causa generadora de la posesión es la situación, motivo o hecho jurídico que originó la posesión, lo que puede abarcar una gran cantidad de posibilidades, desde aquella que se funda en la convicción de la existencia de un acto traslativo de derechos, hasta creencias que asumen que un bien inmueble se halla vacante y que por ello es lícita su apropiación, y resulta irrelevante si la creencia o convicción es o no fundada, pues su único sentido es conocer las condiciones por las que alguien entró a poseer, porque la causa facti es un hecho y no un derecho, y el afirmar lo contrario llevaría a confundir un hecho generador del derecho con su efecto, ya que la posesión puede engendrar consecuencias jurídicas, pero también la manifestación de determinadas situaciones jurídicas.

• La figura de la prescripción adquisitiva parte de que la posesión no es inherente a la propiedad pero que, precisamente a través del tiempo puede llegar a serlo, de forma que para ello se protege a la posesión que se generó en una causa que permita ubicarla como posesión originaria, a diferencia de la posesión derivada, y la distinción entre ellas radica en el llamado animus domini o "ánimo de dueño"; por ello la causa facti reviste gran relevancia, ya que a través de ella se puede determinar si el que posee lo hace como titular de derechos, requisito insalvable para la procedencia de la prescripción adquisitiva, la que no se actualiza cuando se posee en nombre de otro.

• Además, la causa generadora de la posesión es relevante porque las condiciones para obtener la prescripción positiva resultan más favorables cuando se trata del poseedor de buena fe.

• En los términos expuestos, para que proceda la prescripción positiva, establecida en el artículo 48 de la Ley Agraria, no es necesario título traslativo de dominio y basta con que el interesado acredite el origen de su posesión (causa generadora), siempre que exista el ánimo de conducirse como titular de derechos de ejidatario.

• El Tribunal Colegiado concluye que en el juicio agrario no se recabaron elementos que permitieran acreditar si el quejoso tenía el animus domini -la posesión en calidad de titular de derechos de ejidatario- o si es un caso de posesión del alieno nomine possidere, pues el tribunal agrario se limitó a asumir que la "transmisión" fue producto de una "enajenación", y que por ello se trata de posesión derivada, la que no es compatible con la figura jurídica en análisis.

• En razón de lo anterior, al considerar el Tribunal Federal que en el caso se actualizó una violación procedimental que trascendió al fallo, concedió el amparo para el efecto de que se repusiera el procedimiento, a fin de que se recabaran los medios probatorios que fueran necesarios para acreditar el ánimo con el que se ejerció la posesión.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 255/2002, en la parte que interesa sostuvo lo que a continuación se transcribe.

"Ahora bien, como los promoventes del amparo debaten en sus conceptos de violación la improcedencia que la Magistrada advirtió de la acción de usucapión, para una mejor comprensión del asunto, debe acudirse a los principios que rigen la prescripción adquisitiva en materia agraria. El primer párrafo del artículo 48 de la Ley Agraria vigente preceptúa al respecto (se transcribe). En tanto que los artículos 790, 791, 798, 806, 807 y 826 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, por mandamiento de su artículo 2o., señalan (se transcriben). Al tenor de ese marco legal, para que opere la prescripción positiva es indispensable la satisfacción de ciertos presupuestos básicos, a saber: A. Que se posean las tierras en concepto de titular de derechos de ejidatario; B. Que la posesión sea respecto de tierras ejidales, siempre y cuando no se trate de aquellas destinadas al asentamiento humano ni de bosques o selvas; y, C. Que esa posesión sea de manera pacífica, continua y pública durante un periodo de cinco años si es de buena fe, o de diez si es de mala fe. Así, en congruencia con tales condiciones legales, no toda posesión es apta para prescribir, pues para que prospere la manifestación de que se adquirió la posesión y se disfruta en concepto o con el carácter de propietario, es menester revelar la causa generadora de la misma, para que el juzgador esté en condiciones de determinar si la posesión es en concepto de propietario, originaria o derivada, de buena o mala fe y a partir de qué momento se contará el plazo para usucapir. En esa medida, no tiene la posesión originaria quien posee a nombre de otro, o sea, por alguno de los conceptos que por su definición y naturaleza, excluyen el ánimo de poseer para sí y, por consecuencia, ‘en concepto de propietario’. Luego, el artículo 48 de la Ley Agraria establece que la posesión necesaria para prescribir debe ser en concepto de titular de derechos de ejidatario, y ese precepto debe relacionarse inmediatamente con el artículo 806 del Código Civil Federal, según el cual, se precisa de título suficiente para entrar a poseer. Bajo estas condiciones, la imprescindible conexión que se actualiza entre los requisitos internos y los elementos formales de la prescripción adquisitiva, se pone de manifiesto con sólo advertir la equivalencia que en cierto modo admite el término ‘en concepto de titular de derechos de ejidatario’, que emplea el artículo 48 de la Ley Agraria, y la diversa noción ‘a título de dueño’. Así, si bien la Ley Agraria exige que la posesión sea en ‘concepto’, tal expresión sólo puede significar que se posea la cosa a título de dueño, lo que quiere decir, en su acepción directa ‘causa o motivo’. El legislador alude, por tanto, a la ‘causa’ de la posesión, cuando enuncia la fórmula ‘en concepto de titular de derechos de ejidatario’, y contempla un título exento de precariedad. Por consiguiente, se reitera, el poseedor derivado, el precarista o el mero detentador, es evidente que no poseen en concepto de propietario y para ellos la usucapión no se realiza nunca, cualquiera que sea el lapso que dure la posesión. Lo anterior se confirma con lo dispuesto por el artículo 826 del Código Civil Federal, piedra angular del régimen de la prescripción adquisitiva, el cual contiene una regla que no acepta diversidad de interpretaciones: ‘Sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída, puede producir la prescripción.’. De esta suerte, conviene subrayar que el artículo 48 de la Ley Agraria no exige un ‘justo título’ o ‘título objetivamente válido’ para usucapir, toda vez que en el derecho agrario únicamente se prevé que la posesión necesaria para prescribir debe ser en concepto de titular de derechos y, por lo mismo, la legislación agraria adopta un sistema objetivo sobre la materia de la posesión, pero si bien no demanda la existencia del justo título, sí es necesario que el interesado pruebe el origen de la posesión, no como acto traslativo de dominio, sino como hecho jurídico que produce consecuencias de derecho, para conocer la fecha cierta a partir de la cual ha de computarse el término legal de la prescripción, pero a condición de que el poseedor se comporte como propietario, esto es, que se conduzca ostensiblemente y de manera objetiva, susceptible de apreciarse por los sentidos, mediante actos que revelen que el poseedor es el dominador de la cosa, el señor de ella, el que manda en la misma, como due

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18659-ca0cda7c/prescripcion-adquisitiva-en-materia-agraria-para-su-procedencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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