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Modo: Corpus Pro

QUEJA. AQUELLA QUE BUSCA EL PUNTUAL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, PUEDE PROMOVERSE EN UNA SOLA OCASIÓN POR CADA UNO DE LOS SUPUESTOS DE SU PROCEDENCIA (ARTÍCULO 239-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 138/2003-SS. · Registro digital (IUS): 18535
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y SEGUNDO DEL NOVENO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, , Pág. 788.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 138/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y SEGUNDO DEL NOVENO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: CONSTANZA TORT SAN ROMÁN.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Los antecedentes y consideraciones del criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativa 300/2002 en ejecutoria pronunciada en sesión correspondiente al once de septiembre de dos mil tres, fueron, en lo conducente, los siguientes:

1. La persona moral denominada Herrera Motors, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió juicio de nulidad en la vía contenciosa administrativa ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con el objeto de controvertir las resoluciones emitidas por la Administración Local de Recaudación de San Luis Potosí, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, contenidas en los oficios 322-SAT-R6-L59-0-02846 y 02947, de catorce de marzo de dos mil.

2. Con motivo de lo anterior, se formó el juicio de nulidad 561/00-05-02-9 del índice de la Segunda Sala Regional del Centro, del referido tribunal administrativo.

3. Dicho juicio fue instruido por todas sus etapas y concluyó con sentencia de diez de enero de dos mil uno, en la que se declaró la nulidad de las resoluciones impugnadas para el efecto de que la autoridad tributaria demandada las dejara insubsistentes y, en su lugar, emitiera otras, pero siguiendo los lineamientos de la sentencia de la Sala Fiscal. La sentencia fue confirmada por ejecutoria de dieciséis de agosto de dos mil uno, dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver un recurso de revisión fiscal.

4. En virtud del incumplimiento por parte de la autoridad tributaria vencida en juicio, provocada por la omisión para acatar el fallo anulatorio, Herrera Motors, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió "queja por omisión" en términos del artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación.

5. Con motivo de la sola interposición de la queja, la Sala Fiscal otorgó a la autoridad tributaria un plazo de veinte días improrrogables para acatar la ejecutoria.

6. En cumplimiento a esa determinación, la Administración Local de Recaudación de San Luis Potosí emitió la nueva resolución de cinco de abril de dos mil dos, contenida en el oficio 322-SAT-24-0-03935.

7. Inconforme con dicha resolución, Herrera Motors, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante, promovió juicio de amparo indirecto señalando como responsable a la Administración Local de Recaudación de San Luis Potosí, y como acto reclamado, en esencia, el incumplimiento de la responsable a la sentencia de diez de enero de dos mil uno, emitida por la Segunda Sala Regional del Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

8. Con motivo de lo anterior, se formó el expediente principal del amparo indirecto 335/2002 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, mismo que, seguido por todas sus etapas, concluyó con sentencia de dieciocho de junio de dos mil en la que se concedió a la parte quejosa la protección federal solicitada.

9. Inconforme con la sentencia del Juez de Distrito antes descrita, la autoridad tributaria responsable interpuso recurso de revisión argumentando en los agravios, entre otras cosas, que el acto reclamado no resultaba ser impugnable a través del juicio de garantías, sino mediante la queja regulada por el Código Fiscal, lo que debería acarrear la improcedencia del juicio constitucional por efectos del principio de definitividad. Esto dio lugar a la formación del toca AR. administrativa 300/2002 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en el cual se dictó la sentencia de once de septiembre de dos mil dos, cuyas consideraciones, en la parte que interesa, son las siguientes:

"... CUARTO. Los agravios son infundados, por las razones que enseguida se expresan. En ellos la autoridad responsable, básicamente, aduce que contrario a lo que estableció el Juez Tercero de Distrito en el Estado, sí se actualiza en el caso concreto la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, toda vez que, en contra de los actos reclamados, previo a promover el juicio de amparo, el quejoso debió interponer el recurso de queja previsto en el artículo 239-B, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Federación. Al analizar la referida causal de improcedencia, el Juez Tercero de Distrito en el Estado estableció que no se actualizaba, en virtud de que de las constancias de autos se advertía que, con antelación, el quejoso ya había hecho valer el referido recurso de queja en contra del incumplimiento total del fallo emitido por la Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mediante el cual anuló la resolución del administrador Local de Recaudación Fiscal y le ordenó emitir una nueva resolución en la que resolviera la solicitud de devolución de las cantidades indebidamente enteradas por la quejosa, circunstancia por la cual el quejoso ya no se encontraba en la posibilidad legal de acudir en queja ante la Sala Regional del Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, impugnando el indebido cumplimiento del fallo anulatorio, por el administrador responsable, dado que en el propio precepto que regula el recurso de queja se establece la limitante de que éste procede por una sola vez. Estima el quejoso que esa única vez a que alude el artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, se refiere al mismo hecho que provocó el recurso; explica que si el quejoso ya ocurrió en queja por el incumplimiento de la sentencia, ya no puede tramitar otra queja por ese mismo hecho, sino que lo procedente para reclamar la resistencia de la autoridad responsable sería el juicio de amparo; sin embargo, que si el particular incurrió en queja por el incumplimiento de la autoridad a una sentencia dictada por el Tribunal Fiscal, y aquélla emite un oficio en cumplimiento a dicha sentencia y el quejoso estima que el cumplimiento es defectuoso, éste puede ocurrir de nueva cuenta en queja, pero ahora por defecto en el cumplimiento de la sentencia. Este tribunal considera que no asiste razón al recurrente, pues se estima correcta la interpretación que sostuvo el Juez Tercero de Distrito en el Estado, acerca de que el recurso de queja previsto en el artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, se interpondrá a (sic) una sola ocasión, independientemente del motivo por el que se haga. En efecto, el artículo 239-B, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, textualmente establece lo siguiente: ‘Artículo 239-B. ... ’ (se transcribe el texto de dicho precepto). No debe perderse de vista que el primer párrafo del artículo transcrito es en el que, esencialmente, se establece la procedencia del recurso de queja, cuando no se cumpla una sentencia, ya sea firme o interlocutoria, mediante la cual se hubiese otorgado la suspensión definitiva. Entonces, al ser precisamente en esta parte del artículo, en la que el legislador ubicó la expresión ‘por una sola vez’, no cabe la posibilidad de dudar que dicha limitante se refiere a la procedencia del recurso, independientemente de las causas por las que procede. Se llega a la conclusión apuntada, dado que la siguiente parte del artículo ya se refiere, de manera específica, a las causas (incumplimiento, exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia anulatoria o repetición de la resolución anulada), condiciones y procedimiento que han de seguirse para la tramitación del recurso; de ahí que no puede sostenerse, como lo hace el quejoso, que exista la posibilidad de interponer dos veces el recurso de queja, atendiendo a los casos o motivos que la originen. La tesis aislada que enseguida se transcribirá sirve de apoyo a las consideraciones apuntadas, pues de ella puede inferirse que, como excepción a la regla general de que la queja procede en una sola ocasión, se señala el caso en que al haberse tramitado ésta se haya dejado sin materia, lo que necesariamente implica que no se resolvió en el fondo el recurso, quedando las cosas como si el mismo no se hubiera interpuesto; a contrario sensu, si se resuelve el fondo de la queja es evidente que un segundo intento o una segunda interposición del recurso sería improcedente. Tesis aislada I.2o.A.23 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil cuarenta, del Tomo XI, del mes de enero de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son los siguientes: ‘QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 239-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PROCEDENCIA DE LA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, en los casos de incumplimiento de sentencia firme, la parte afectada podrá ocurrir en queja, por una sola vez, ante la Sala del tribunal que dictó la sentencia, en los siguientes casos: a) en contra de la resolución que repita indebidamente la resolución anulada o que incurra en exceso o en defecto, cuando dicha resolución se dicte en cumplimiento de una sentencia, y b) cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia, para lo cual deberá haber transcurrido el plazo previsto en la ley. La interpretación correcta del citado precepto conduce a considerar que si habiéndose intentado por primera vez el recurso de queja, éste se declara sin materia, queda el recurrente en aptitud de promover otra vez el citado medio de defensa, porque no habiéndose resuelto en el fondo el primer recurso, las cosas quedan como si éste no se hubiera interpuesto.’. En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los agravios, y al no estar en ninguno de los supuestos del artículo 76 bis, conforme al cual procediera suplir su deficiencia, debe confirmarse la sentencia recurrida y otorgar a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. ... "

CUARTO. Por otra parte, los antecedentes y las consideraciones del criterio del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión 363/2003-5o. administrativa en ejecutoria pronunciada en sesión correspondiente al catorce de agosto de dos mil tres, fueron, en lo conducente, los siguientes:

I. La persona moral denominada Automotores Reynosa, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió juicio de nulidad en la vía contenciosa administrativa ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para controvertir la resolución administrativa dictada por la Administración Local de Recaudación de Reynosa, Tamaulipas, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, contenida en oficio 322-SAT-R3-L23-III-28049907 147296, de veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

II. Con motivo de lo anterior, se formó el juicio de nulidad 2470/99-03-01-4 del índice de la Primera Sala Regional del Noreste del referido tribunal administrativo.

III. Dicho juicio fue instruido por todas sus etapas y concluyó con sentencia de treinta de noviembre de dos mil, en la que se declaró la nulidad del acto administrativo impugnado para el efecto de que la autoridad tributaria demandada dejara insubsistente la resolución controvertida y, en su lugar, emitiera otra siguiendo los lineamientos de la Sala Fiscal descritos en la sentencia. Vale destacar que dicho fallo definitivo del tribunal administrativo fue confirmado por ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, dictada con motivo del recurso de revisión fiscal interpuesto por la parte demandada.

IV. Ante el incumplimiento por omisión de la sentencia, Automotores Reynosa, Sociedad Anónima de Capital Variable, ante la Sala Fiscal, promovió queja en términos del artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, contra la autoridad tributaria.

V. Con motivo de la interposición de la queja, se otorgó a la autoridad tributaria un plazo de veinte días improrrogables para acatar la ejecutoria de la Sala Fiscal.

VI. En cumplimiento a esa determinación, la Administración Local de Recaudación de Reynosa, Tamaulipas, emitió la nueva resolución de dieciocho de octubre de dos mil dos, contenida en el oficio 322-SAT-28-III-006200.

VII. Inconforme con dicha resolución, Automotores Reynosa, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante, promovió juicio de amparo indirecto señalando como responsable a la Administración Local de Recaudación de Reynosa, Tamaulipas, y como acto reclamado, en esencia, el incumplimiento de la responsable a la sentencia de treinta de noviembre de dos mil, emitida por la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

VIII. Con motivo de lo anterior, se formó el expediente principal del amparo indirecto 560/2002 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado Tamaulipas, con residencia en Reynosa, mismo que, seguido por sus etapas, concluyó con sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil tres, en la que se sobreseyó en el juicio por una parte y por otra se concedió a la quejosa la protección federal solicitada.

IX. Inconforme con la sentencia del Juez de Distrito antes descrita, la autoridad responsable, administrador Local de Recaudación de Reynosa, interpuso recurso de revisión, expresando como agravio que el acto reclamado no podía ser motivo de análisis en amparo indirecto por ser materia de queja en términos del artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación y, por ello, el juicio constitucional debió ser sobreseído por improcedente a causa del principio de definitividad. Esto dio lugar a la formación del toca AR. 363/2003-5o. administrativa del índice del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en el cual se dictó la sentencia de catorce de agosto de dos mil tres, cuyas consideraciones, en la parte que interesa, son las siguientes:

"SÉPTIMO. ... la quejosa debió acudir ante el propio Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a impugnar la ejecución de la sentencia emitida por dicho órgano jurisdiccional, si estimó que ésta se cumplió deficientemente por parte de la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo, ya que actualmente los juicios que se ventilan ante dicho Tribunal son de los que la doctrina denomina subjetivos o de plena jurisdicción. Tribunales de plena jurisdicción, también conocidos con el nombre de ‘contencioso subjetivo’, ya que la tutela de los derechos subjetivos de los particulares es su función principal, mientras que los de anulación u objetivos protegen una situación jurídica objetiva: la ley. Se ha considerado por los estudiosos de la materia que los tribunales de plena jurisdicción deben reunir los poderes de anulación, constitución, condenación y ejecución, poderes que pueden definirse en los siguientes términos: Poder de anulación. Al igual que los tribunales de anulación, los de plena jurisdicción tienen la facultad de declarar (por ello se dice que sus sentencias pueden ser declarativas) la nulidad o validez del acto de autoridad que se somete a su potestad; determinando, en forma lisa y llana, que la pretensión del actor es fundada o infundada. Este poder es el único de que gozan los tribunales de anulación, pudiendo emitir sólo sentencias declarativas en las que sostengan la validez o nulidad del acto administrativo impugnado. Poder de constitución. Las sentencias constitutivas son aquellas que modifican el acto administrativo impugnado, produciendo con ello efectos jurídico-materiales. Ésta es una de las notas características de los tribunales de plena jurisdicción: la facultad para modificar las resoluciones que se someten a su conocimiento; actualizándose con ello la justicia pronta y completa ordenada por el texto constitucional. Poder de condenación. Las sentencias de condena vinculan a la autoridad o autoridades demandadas a una conducta de dar, hacer o no hacer; poder que sólo tienen los tribunales de plena jurisdicción. Respecto de los poderes de constitución y condenación con que cuenta el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, resulta conveniente reproducir la tesis número I.4o.A.370 A, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, legible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 1885, registro 185,026, cuyo epígrafe y texto dicen: ‘TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SENTENCIAS QUE DECLARAN Y RECONOCEN DERECHOS SUBJETIVOS. De la interpretación de los artículos 237 y 239 del Código Fiscal de la Federación, se desprende que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dicta en definitiva dos tipos de resoluciones: a) Objetiva o de mera anulación, cuyo fin es evaluar la legalidad de un acto administrativo y resolver sobre su validez o nulidad; y, b) Subjetiva o de plena jurisdicción, en la que se contiene como materia de la decisión la conducta de una autoridad administrativa a efecto de declarar la nulidad de la resolución y, consecuentemente, condenarla al cumplimiento de una obligación preterida o indebidamente no reconocida en favor del administrado (derecho subjetivo en litigio). Ahora bien, la facultad concedida al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para hacer la declaratoria y reconocimiento de derechos subjetivos implica una plena jurisdicción, pero no puede significar una sustitución en las facultades que son propias e inherentes de la autoridad administrativa demandada, ya que la facultad conferida actualmente al tribunal establece que, previa la declaratoria de nulidad, deberá pronunciarse sobre la existencia del derecho subjetivo y formular la condena, indicando la manera y términos en que se vincula al demandado a un dar, hacer o no hacer, de tal suerte que se restablezca el equilibrio jurídico violado, pero en ningún momento puede asumir y llevar a cabo per se una obligación de hacer que es exclusiva de alguna de las partes. De tal suerte que para este supuesto deben seguirse las reglas que al efecto regula el Código Federal de Procedimientos Civiles en sus artículos 222, 352 y 420 al 426, de aplicación supletoria al juicio contencioso administrativo, pudiendo ser contenido de la condena determinada o determinable, según sea el caso, la pretensión deducida y el esclarecimiento conceptual de lo que corresponde llevar a cabo a las partes.’. Poder de ejecución. Completando las facultades o poderes antes mencionados, se encuentra el de apremio o de ejecución con que están dotados los tribunales de plena jurisdicción, que los inviste del imperio suficiente para constreñir a las partes litigantes al cumplimiento de la sentencia que emitan. En torno al poder de ejecución que es el que interesa en el caso justiciable, cabe precisar que si bien es cierto el otrora Tribunal Fiscal de la Federación nació sin facultades para ejecutar sus propias determinaciones, no menos verdadero es que mediante las reformas y adiciones legales correspondientes se le ha ido dotando de dicha prerrogativa. Ciertamente, en la exposición de motivos de la Ley de Justicia Fiscal del veintisiete de agosto de mil novecientos treinta y seis, en torno al cumplimiento de los fallos, se dijo que una vez dictados por el tribunal administrativo, su ejecución quedaba a cargo de la autoridad demandada; y que para evitar los inconvenientes observados en la ejecución de la sentencia de amparo se estableció que si el fallo declaraba la nulidad, indicaría de manera concreta en qué sentido debería dictar su nueva resolución la autoridad fiscal. Para reforzar esta idea, de que la ejecución de las sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación quedaba exclusivamente a cargo de las autoridades demandadas, en la aludida exposición de motivos se aclaró enfáticamente que el órgano jurisdiccional no estaría dotado de competencia para pronunciar mandamiento dirigido a obtener la ejecución de sus fallos, por lo que la negativa de los agentes del fisco para obedecerlos debería de combatirse, como la de cualquier otra autoridad que se obstina en no hacer lo que legalmente se le obliga, a través del juicio de amparo, en el que no se discutirían las cuestiones ya definidas en el juicio contencioso administrativo, sino exclusivamente la posibilidad material o jurídica de la ejecución. En tales condiciones, se atribuyó a los juicios que se ventilaron ante el Tribunal Fiscal la naturaleza de procesos de anulación o de ilegitimidad y no de plena jurisdicción, como puede verse en las siguientes tesis: Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXVI. Página 220. Registro 329,162: ‘TRIBUNAL FISCAL, CARECE DE IMPERIO PARA EJECUTAR SUS DECISIONES. Si bien es cierto que el Tribunal Fiscal de la Federación ejercita funciones jurisdiccionales, al resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, también es verdad que carece de imperio para hacer respetar sus decisiones, según se establece expresamente en la exposición de motivos de la Ley de Justicia Fiscal de 27 de agosto de 1936. Ahora bien, como el imperio es uno de los atributos de la jurisdicción, es forzoso concluir que el Tribunal Fiscal de la Federación no tiene plena jurisdicción.’. Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 78, Tercera Parte. Página 33. Registro 238,399: ‘JUICIO DE NULIDAD FISCAL. NATURALEZA. El juicio ante el Tribunal Fiscal, aun cuando en algunos casos de su competencia, parece consistir en un contencioso de plena jurisdicción, en realidad consagra un contencioso de anulación o de ilegitimidad. Algunas de las características del contencioso de anulación son: a) mediante este juicio se impugna una decisión ejecutoria, es decir, un acto administrativo que emana de un órgano del Estado en uso de su poder de imperio; b) protege el derecho objetivo; c) la sentencia que se pronuncia es declarativa, no constitutiva.’. De igual manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el sentido de que el juicio de amparo resultaba procedente para exigir el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Fiscal, ya que -dijo- el incumplimiento por parte de la autoridad demandada no puede impugnarse por medio de ningún recurso o procedimiento que de modo expreso prevea el Código Fiscal, como puede verse en la siguiente jurisprudencia: Sexta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúmen LIV, Tercera Parte. Página 48. Registro 801,649: ‘TRIBUNAL FISCAL. EL AMPARO ES PROCEDENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE SUS SENTENCIAS. Las sentencias del Tribunal Fiscal son, en términos generales, de carácter declarativo. En consecuencia, no motivan por sí mismas, en forma inmediata, la ejecución forzosa. Por lo cual, y atendiendo a que dicho órgano carece de la facultad de imperio, pues no puede emplear medios coercitivos para proveer al cumplimiento de sus fallos, resulta indispensable que ante otro tribunal se desenvuelva al proceso cuya culminación sea convertir una sentencia meramente declarativa, en un mandamiento idóneo, por sí mismo, para motivar de modo directo la ejecución. Si las resoluciones de aquel tribunal son definitivas y poseen la fuerza de la cosa juzgada, y si, por tanto, crean una obligación a cargo de un órgano administrativo, la cual obligación es correlativa del derecho de un particular, no puede negarse que cuando se desobedece, o se deja de cumplir, el fallo de la Sala Fiscal, se incurre en una violación de garantías, puesto que se priva a un individuo del derecho que surge de una sentencia firme, pronunciada por autoridad competente, y esta privación se realiza sin que el órgano administrativo actúe con arreglo a la ley, y sin que la negativa, la omisión o la resistencia estén, de ninguna manera, legalmente fundadas y motivadas. Es claro, por ende, que el cumplimiento de la sentencia que pronunció el tribunal contencioso administrativo da lugar a la interposición del juicio de amparo, ya que tal incumplimiento importa la infracción de los artículos 14 y 16 de la Carta Federal, y el mismo no puede impugnarse por medio de ningún recurso, o procedimiento que de modo expreso prevea el Código Fiscal.’. Sin embargo, en la reforma al Código Fiscal de la Federación publicada el cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se creó el artículo 239 Ter, en el que se estableció la queja para impugnar la repetición de un acto o resolución anulados y el exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de nulidad. Más tarde, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, el aludido precepto se adicionó con el inciso b) en el cual se estableció como supuesto de procedencia la omisión total en el cumplimiento de la sentencia y se cambió su denominación de 239 Ter por la de 239-B. Por último, mediante reforma publicada en el medio de difusión oficial, el treinta y uno de diciembre de dos mil, se estableció el actual artículo 239-B, al que se adicionó un supuesto más de procedencia, a saber: el desacato a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio de nulidad. A partir de que se estableció el aludido medio de impugnación, los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación estimaron que su interposición resulta indispensable antes de acudir al juicio de garantías, según se aprecia de las siguientes tesis: Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990. Página 248. Registro 224,654: ‘QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 239 TER DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR NO AGOTARLA. De acuerdo con lo establecido por el artículo 239 Ter del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del día quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, en los casos de incumplimiento de sentencia firme pronunciada por alguna de las Salas Regionales del Tribunal Fiscal de la Federación, excepto cuando se trate de actos negativos de la autoridad administrativa, la parte afectada debe interponer el recurso de queja ante la misma Sala que instruyó en primera instancia el juicio en que se dictó la sentencia, razón por la cual si dicho recurso no se agotó, el juicio de amparo es improcedente; en la inteligencia de que no importa que la sentencia cuyo incumplimiento se atribuye a las responsables se hubiera dictado antes de que se reglamentara el recurso, porque el Código Fiscal no contiene disposición alguna en el sentido de que en esa hipótesis no procede ese mismo recurso.’. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1990. Página 631. Registro 225,226: ‘QUEJA, RECURSO DE, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 239 TER DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO ES OPTATIVO. La expresión «podrá» contenida en el artículo 239 Ter del Código Fiscal de la Federación, no tiene el efecto de considerar potestativa la interposición del recurso de queja que dicho numeral prevé ante el Tribunal Fiscal en los casos de cumplimiento defectuoso de sus propias sentencias, ya que si atendemos a lo expresado por el Larousse de la Conjugación respecto al verbo «poder» encontramos que el término «podrá» pertenece al tiempo futuro de modo indicativo, tercera persona del singular y no al modo potestativo; por lo que, la expresión de cuenta, debe interpretarse en el sentido de que el agraviado queda facultado para interponer el medio de defensa que otorga el precisado artículo 239 Ter del ordenamiento en comento.’. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1990. Página 686. Registro 225,358: ‘TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. INCUMPLIMIENTO DE SUS SENTENCIAS. DEBE AGOTARSE LA QUEJA PREVISTA EN SU CÓDIGO ANTES DEL JUICIO DE AMPARO. Si bien el artículo 239 Ter del Código Fiscal de la Federación, emplea el tiempo verbal «podrá», éste no significa que la interposición del recurso de queja respectivo sea potestativo para el afectado, hasta el extremo de que sin agotarlo previamente puede interponer el juicio de amparo, en virtud de que esta posibilidad no se encuentra prevista de manera expresa en el citado precepto legal.’. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo II, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1988. Página 457. Registro 230,436: ‘RECURSO DE QUEJA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 239 TER DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PROCEDENCIA DEL, POR INCUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL FEDERAL. El artículo 239 Ter del Código Fiscal de la Federación, establece el recurso de queja contra el exceso o defecto en la ejecución de una sentencia. Con este medio de defensa, se puede modificar, revocar o nulificar el acuerdo impugnado, concediendo la suspensión de los actos susceptibles de paralizarse con los mismos requisitos que establece la Ley de Amparo. El diverso numeral 239 Ter de la misma legislación fiscal, otorga un plazo de cuatro meses para que se acate una sentencia en la que se decreta la nulidad. Ahora bien, el argumento de que cuando inició su vigencia el citado artículo 239 Ter, 15 de enero de 1988, estuviera corriendo el término antes señalado y por ello el recurso de queja que prevé el mismo, no resultaba aplicable, es inexacto, ya que dicho término no constituye ningún procedimiento, trámite o recurso que esté pendiente de resolución, sino que únicamente debe tomarse como un plazo final previsto en la ley para el cumplimiento de tales resoluciones, es decir, se constriñ

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18535-e3621563/queja-aquella-que-busca-el-puntual-cumplimiento-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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