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Modo: Corpus Pro

DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. PROCEDE CUANDO LA SOLICITUD RESPECTIVA SE REALIZA CON MOTIVO DE LA RESPUESTA A UNA CONSULTA FISCAL EMITIDA EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE DETERMINÓ QUE UNA NORMA NO ES APLICABLE POR EXISTIR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE DECLARA SU INCONSTITUCIONALIDAD, PERO SÓLO RESPECTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE TAL CONSULTA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 52/2004-SS. · Registro digital (IUS): 18945
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, , Pág. 581.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 52/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: CONSTANZA TORT SAN ROMÁN.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Los recursos de revisión fiscal que motivaron las sentencias en las que se sostienen los criterios denunciados como contradictorios, tienen los siguientes antecedentes.

1. Recurso de revisión fiscal RF. 186/2002, resuelto por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

1. Un trabajador del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, obtuvo de su patrón un préstamo personal y se le efectuaron las retenciones debidas, en términos del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

2. Posteriormente a las retenciones, el trabajador formuló consulta fiscal en la que cuestionó la aplicabilidad en su perjuicio del referido artículo 78-A, planteamiento en razón de que sobrevino la integración de la jurisprudencia del Alto Tribunal que declaró la inconstitucionalidad de dicho precepto. La consulta fue respondida en sentido negativo, reconociendo la aplicabilidad del susodicho numeral.

3. Inconforme, el trabajador promovió juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual fue resuelto declarando la nulidad de la respuesta a la consulta fiscal, bajo la consideración de que no estuvo debidamente fundada y motivada, ya que aplicó una disposición normativa declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el efecto de la sentencia anulatoria consistió en obligar a la autoridad demandada a emitir otra respuesta en el sentido de que el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta no resulta aplicable al particular.

4. En virtud de lo anterior, se emitió nueva respuesta a la consulta fiscal en el sentido obligado, con base en la cual el particular solicitó la devolución de todas las cantidades que en el pasado le fueron retenidas por aplicación del artículo en cita, petición que fue denegada por la autoridad hacendaria.

5. En contra de lo anterior, el trabajador promovió nuevo juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la Sala que conoció del asunto resolvió declarando la nulidad de la negativa de devolución.

6. En contra de lo anterior, la autoridad hacendaria interpuso recurso de revisión fiscal, y al resolverlo, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo que si en un juicio tramitado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se declaró la nulidad de la respuesta a una consulta fiscal que determina la aplicabilidad del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en razón de haber sido declarado inconstitucional por el Alto Tribunal, constriñendo a la autoridad a emitir nueva respuesta en el sentido de no aplicación de la referida norma en perjuicio del particular en cuestión y la sentencia se cumple en sus términos, procede la devolución de las cantidades pagadas al fisco en acatamiento de la disposición, pues se considera que existió pago de lo indebido en términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación.

Lo anterior, en razón de que los efectos de la sentencia de nulidad que determina la no aplicabilidad al actor, de una norma que ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no son sólo los de anular el acto en el que se declaró que la norma sí le era aplicable a quien realiza la consulta fiscal, sino los de fijar sus derechos condenando a la autoridad demandada a su restablecimiento, pues en algunos casos la reparación de la violación no se colma con la simple declaración de nulidad, ya que se requiere de un nuevo pronunciamiento para no dejar incierta la seguridad jurídica del particular.

2. Recurso de revisión fiscal RF. 3087/2003, resuelto por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

1. Un trabajador del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, obtuvo de su patrón un préstamo personal y se le efectuaron las retenciones obligadas por el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

2. El trabajador formuló consulta al fisco federal, solicitando la confirmación de su criterio en el sentido de que la norma en cita no le es aplicable al haber sido declarada inconstitucional por jurisprudencia del Alto Tribunal, y la autoridad hacendaria respondió en el sentido de no confirmar tal criterio, determinando la aplicabilidad del susodicho numeral.

3. Inconforme, el particular promovió juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual se resolvió en el sentido de declarar la nulidad de la respuesta a la consulta, para el efecto de que la autoridad demandada emitiera otra en la que confirmara el criterio de que no debe aplicarse al actor el artículo 78-A referido, por el ejercicio fiscal que motivó la consulta, según lo indica el artículo 36 bis del Código Fiscal de la Federación.

4. En contra de la sentencia anterior, el accionante interpuso amparo directo y la autoridad fiscal promovió recurso de revisión fiscal, asuntos que fueron del conocimiento del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual resolvió en el sentido de conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la Sala dejara insubsistente la sentencia impugnada y emitiera otra en la que no introdujera un elemento diferente a la litis (consistente en la aplicación del artículo 36 bis del Código Fiscal de la Federación) y, por otro lado, declaró infundado el recurso de revisión interpuesto por la autoridad.

5. En cumplimiento de lo anterior, la Sala respectiva emitió nueva sentencia en el sentido de declarar la nulidad de la resolución administrativa para el efecto de que la autoridad hacendaria emitiera otra en la que únicamente se confirmara el criterio de no aplicación del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

6. En acatamiento a lo anterior, se emitió nueva respuesta a la consulta fiscal, en el sentido de que la norma de referencia no aplica al trabajador respecto de los ingresos derivados de los préstamos que obtuvo de su patrón.

7. Con base en tal respuesta, el particular solicitó la devolución de las cantidades que le habían sido retenidas en los términos de la disposición legal aludida, solicitud respecto de la cual se produjo negativa ficta, la que se combatió en juicio contencioso administrativo, donde se declaró su nulidad.

8. En contra de la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la autoridad hacendaria interpuso recurso de revisión fiscal, el que fue resuelto por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el sentido de que la sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el oficio de respuesta dictado en su cumplimiento, únicamente tuvieron por alcance determinar la inaplicabilidad del artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación con el actor, lo que no implica la procedencia de la devolución de las cantidades que en su momento fueron retenidas y enteradas por su patrón al fisco federal, en cumplimiento de dicha disposición. Lo anterior, en razón de que la litis y la resolución del juicio de nulidad se limitaron a analizar y pronunciarse respecto de la ilegalidad de la respuesta a la consulta fiscal, y a determinar que tal respuesta debe ser en el sentido de que la norma en cita, no le obliga a quien realiza la consulta por haber sido declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, constriñendo a la autoridad a resolver en ese sentido, sin abarcar otras cuestiones.

Agrega el Tribunal Colegiado que los efectos de la sentencia de nulidad son meramente declarativos y que benefician al actor únicamente respecto del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, que en el caso es la respuesta a la consulta fiscal, sin que pueda extenderse la protección a la disposición misma, pues ésta no ha sido declarada inconstitucional, específicamente en lo que a tal actor concierne.

De la misma forma, el tribunal destacado refiere que hay cosa juzgada únicamente en lo que se refiere a la respuesta que debe darse a la consulta, y que sus efectos no llegan al extremo de que el actor del juicio de nulidad, a través de una jurisprudencia que declaró inconstitucional la norma, pueda obtener la devolución de impuestos, pues para eso habría sido necesario que hubiera reclamado la inconstitucionalidad de tal norma en amparo indirecto y además que hubiera obtenido una sentencia protectora, pues de otra forma se violentaría el principio de relatividad que rige al juicio de garantías, ya que los particulares podrían obtener fallos de nulidad que hicieran las veces de ejecutorias de amparo, a través de la formulación de consultas fiscales.

En razón de lo expuesto, el Tribunal Colegiado concluyó que la negativa a realizar la devolución de impuestos es correcta, puesto que la sentencia de nulidad no tiene tal efecto, además de que la autoridad administrativa no está obligada a acatar la jurisprudencia (como lo ha determinado esta Segunda Sala) y al no haber sido declarada inconstitucional la norma por un órgano jurisdiccional federal, específicamente en lo que se refiere a quien solicita la devolución, no se actualiza el pago de lo indebido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación.

Recurso de revisión fiscal RF. 2017/2002, resuelto por el mismo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

1. La persona moral denominada Geo Oaxaca, Sociedad Anónima de Capital Variable, realizó una consulta fiscal en la que solicitó la confirmación del criterio de que para determinar el monto de las utilidades de la empresa, en cumplimento a lo ordenado por el artículo 123, apartado A, fracción IX, inciso e), constitucional, debería tomarse como base la renta gravable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y no conforme al artículo 14 del mismo ordenamiento, que fue declarado inconstitucional por jurisprudencia del Alto Tribunal.

2. La consulta no fue resuelta en el término de ley y la negativa ficta fue combatida en juicio contencioso administrativo, donde se declaró su nulidad para el efecto de que se emitiera nueva respuesta en la que se confirmara el criterio de que la base del cálculo de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, debía determinarse conforme al procedimiento previsto en el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

3. En contra de lo anterior, la autoridad hacendaria interpuso recurso de revisión fiscal, y al resolverlo el Tribunal Colegiado sostuvo que no asiste la razón a la recurrente, en cuanto alega que al resolver la Sala en el sentido de declarar la nulidad de la resolución que se impugna, porque se fundó en un precepto declarado inconstitucional, está resolviendo sobre cuestiones que no son de su competencia, pues en cumplimiento de la obligación que tiene de acatar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, la Sala se limita a determinar que un determinado acto no está debidamente fundado y motivado, en tanto que se apoya en una norma declarada inconstitucional, lo cual constituye un mero análisis de legalidad.

Por otro lado, le concede la razón en lo referente a que por ser autoridad administrativa, no está obligada a acatar la jurisprudencia al fundar y motivar sus resoluciones, pues no existe disposición legal que así lo establezca, y en tal tenor, la nulidad debió declararse en los términos previstos por el artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, dentro de los que no se prevé, como causa de anulación, el haber fundado la autoridad su resolución en un precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la inconstitucionalidad de una norma debe hacerse valer en los plazos que establecen los artículos 21 y 22, fracción I, de la Ley de Amparo.

De igual forma, resuelve que para justificar que la jurisprudencia le era aplicable, el actor debió probar que se encontraba dentro de los supuestos a que se refiere la fracción XII, tercer párrafo, del artículo 73 de la misma ley, lo que no aconteció, y también determina que le asiste la razón al recurrente cuando alega que la Sala no tomó en cuenta que la jurisprudencia de la Suprema Corte no le es obligatoria y que, en cambio, sí debía acatar el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, que establece la aplicación estricta de las normas a los particulares, como es el caso del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

También sostiene que la decisión que beneficia al actor en el juicio de nulidad es de naturaleza meramente declarativa, y que sólo tiene el efecto de establecer una situación jurídica concreta, sin que ello signifique que la autoridad, al cumplir con los lineamientos de la sentencia, no esté en aptitud legal de fundar la resolución en el precepto tachado de inconstitucional, hasta en tanto no exista la declaratoria correspondiente respecto de la persona que ha obtenido la protección constitucional en relación con ese precepto, situación que no se logra por la vía contenciosa administrativa, pues de lo contrario se nulificarían los principios de instancia de parte agraviada y relatividad que rigen al juicio de amparo.

De la misma manera determina que para que un particular pueda verse beneficiado por una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que se le deje de aplicar una norma declarada inconstitucional, es requisito que promueva amparo indirecto en el que la combata, pues no basta apoyarse en la sentencia de nulidad que analiza la respuesta a una consulta fiscal, más aún, cuando la consulta realizada a las autoridades fiscales respecto de una situación real y concreta, constituye acto de aplicación de los artículos en que se funde, de forma que tales artículos pudieron ser reclamados en amparo indirecto, y sólo de concederse éste, con base en la jurisprudencia que declara su inconstitucionalidad, se le dejaría de aplicar el precepto, recalcando que tal efecto no puede obtenerse mediante una sentencia de nulidad.

Por último, establece que la obligación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de acatar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se limita a determinar si un acto de autoridad se encuentra debidamente fundado y motivado por encontrarse apoyado en una ley declarada inconstitucional, pero no puede llegar al extremo de obligar a calcular la base gravable sobre la cual ha de determinarse la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas en un precepto distinto (10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta) al declarado inconstitucional (14 del mismo ordenamiento), pues de ser así, se le estaría dando a la resolución de nulidad un alcance que no puede tener y se propiciaría una práctica que permitiría a los particulares obtener fallos que hicieran las veces de sentencias dictadas en juicio constitucional, sin necesidad de acudir a los Tribunales de la Federación.

QUINTO. Antes de analizar si en el caso existe la contradicción de tesis denunciada, es necesario mencionar que el artículo 197-A de la Ley de Amparo pareciera instituir que la contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, sólo es jurídicamente posible respecto de criterios provenientes de asuntos fallados en juicios de amparo y en sus instancias integrantes, excluyendo los pronunciamientos efectuados en otra clase de juicios distintos al de garantías.

De ser así, esta situación provocaría que en el presente caso, sin efectuar mayor examen, se tuviera que estimar improcedente la denuncia de contradicción de tesis, pues las sentencias que aquí se someten a análisis provienen de la resolución de recursos de revisión fiscal, en términos de los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 248 del Código Fiscal de la Federación.

Para ilustrar esta aseveración, conviene insertar el texto del numeral 197-A antes referido:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

Incluso, durante la Octava Época la Segunda Sala llegó a sustentar el criterio consistente en que sólo en asuntos de amparo (recursos de revisión, queja o reclamación, o bien, en amparo directo) era posible la contradicción de tesis, excluyendo que ésta pudiera presentarse en ejecutorias emanadas de procedimientos de otra naturaleza, como por ejemplo ocurre con la revisión fiscal.

Dicho criterio es el contenido en la tesis 2a./J. 10, Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, página 197, julio a diciembre de 1989, de rubro y texto siguientes:

"REVISIÓN FISCAL, LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE CARECE DE FACULTADES PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS EN. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de facultades legales para resolver cuál de las tesis que motivan la denuncia es la que debe prevalecer. En efecto, el artículo 107; fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución General de la República establece: ‘Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Sala que corresponda, a fin de que decida cuál tesis debe prevalecer’. Por su parte, el artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo preceptúa: ‘Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días’. De una correcta interpretación de las hipótesis jurídicas con anterioridad transcritas, se desprende que las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tratándose de contradicción de tesis pronunciadas por Tribunales Colegiados, únicamente se encuentran facultadas para resolver cuál debe prevalecer, cuando tales tesis hayan sido emitidas en juicios de amparo. Por otra parte, no existe precepto alguno que justifique la intervención de la Suprema Corte en juicios de nulidad fiscal para el efecto precisado. En el caso, las tesis que motivaron la denuncia fueron sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Sexto del Primer Circuito en Materia Administrativa en las revisiones fiscales número 333/88 y 296/88, respectivamente, y no en juicios de amparo y, por ello, esta Sala no puede legalmente emitir criterio alguno respecto de la contradicción a que este expediente se refiere."

No obstante, la actual integración de esta Segunda Sala ha abandonado el anterior criterio y actualmente reconoce la posibilidad de que exista contradicción de tesis en asuntos distintos al juicio de amparo, como puede ocurrir entre ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito provenientes de la resolución de recursos de revisión fiscal, cuya nota distintiva es que constituyen una última instancia jurisdiccional; lo que debe ser así estimado si se atiende a la teleología de estos mecanismos procesales que se caracterizan por tender a determinar la regencia de criterio entre posturas judiciales contrapuestas o antagónicas, provenientes de distintos órganos jurisdiccionales terminales, en la inteligencia de que esos criterios pueden ser aplicables para resolver un punto jurídico determinado, a más de que con la sentencia que resuelve el fondo de una contradicción de tesis se establece un criterio que regirá con carácter jurisprudencial, produciendo un estado de certidumbre y seguridad jurídica.

A propósito de lo anterior, resulta aplicable la tesis aislada de esta Segunda Sala número 2a. XVIII/2000, que aparece publicada en la página 379 del Tomo XI, marzo de dos mil, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente:

"REVISIÓN FISCAL. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS QUE SE SUSCITE EN ASUNTOS DE ESTA NATURALEZA (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 10, DE LA ANTERIOR INTEGRACIÓN DE LA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia, en la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 10, sostuvo el criterio de que carece de facultades para resolver cuál de las tesis que motivan la denuncia de contradicción es la que debe prevalecer, tratándose de las pronunciadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver recursos de revisión fiscal; sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse el criterio anterior, toda vez que las resoluciones que emiten los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos de esa naturaleza, generan pronunciamientos que se encuentran en íntima conexión con los temas y problemas que, en su caso, se presentan en el juicio de garantías, concretamente en el amparo directo y, además, la principal característica de los criterios que son materia de contradicción de tesis, es la de que son emitidos por un tribunal terminal, y es inobjetable que en estos supuestos los Tribunales Colegiados de Circuito actúan como órganos terminales, lo que deriva de los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Federal de la República y 248, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación."

De igual forma aplica la tesis 2a./J. 65/2003, Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, agosto de 2003, página 330, con el rubro y texto que a continuación se transcriben.

"REVISIÓN FISCAL. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS QUE SE SUSCITE EN ASUNTOS DE ESA NATURALEZA. Toda vez que las resoluciones que emiten los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia de revisión fiscal, generan pronunciamientos que se encuentran en íntima conexión con los temas y problemas que, en su caso, se presentan en el juicio de garantías, concretamente en el amparo directo y, además, la principal característica de los criterios que son materia de contradicción de tesis, es la de que son emitidos por un tribunal terminal, y en estos supuestos los Tribunales Colegiados de Circuito actúan como órganos terminales, de conformidad con lo previsto por los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 248, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, es indudable que la Segunda Sala está facultada para resolver la contradicción que se suscita en asuntos de aquella naturaleza."

Por identidad de razones, resulta aplicable la tesis P. LXXXVI/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, junio de 2000, página 22, del siguiente tenor:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS CRITERIOS OPUESTOS EMITIDOS POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDEN PROVENIR NO SÓLO DE LOS JUICIOS DE AMPARO EN REVISIÓN, SINO DE CUALQUIER OTRO RECURSO O PROCEDIMIENTO DE LOS QUE LES CORRESPONDA CONOCER EN ATENCIÓN A SU COMPETENCIA O ATRIBUCIONES. La circunstancia de que una contradicción de tesis tenga su origen, por un lado, en un criterio jurisprudencial sustentado en una sentencia dictada por una Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de una contradicción de tesis y, por el otro, en un criterio aislado emitido en una sentencia dictada por otra Sala, en un juicio de amparo en revisión, no es obstáculo para que este Tribunal Pleno conozca de la contradicción, ya que ante la divergencia de criterios sobre un tema, cuya aplicabilidad puede presentarse en la mayoría de los asuntos, se hace indispensable resolver tal discrepancia a fin de lograr uniformidad y, en consecuencia, la seguridad jurídica en cuanto al criterio que ha de prevalecer en lo subsecuente, ya que debe establecerse el verdadero sentido y alcance de la norma cuya interpretación motivó la denuncia. Además, si bien es cierto que el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y el diverso 197 de la Ley de Amparo contemplan la contradicción de tesis emitidas en juicios de amparo, también lo es que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocen no sólo de juicios de amparo en revisión, sino que en atención a la competencia y atribuciones de las que actualmente gozan, también conocen de otros procedimientos y recursos en cuyas resoluciones puede presentarse, de la misma forma que en los juicios de amparo en revisión, divergencia de criterios, en relación con un tema determinado, los cuales deben ser analizados a efecto de preservar la unidad en la interpretación de las normas que integran el orden jurídico nacional, de suerte tal que, de aceptar que únicamente los criterios emitidos en juicios de amparo en revisión pueden ser susceptibles de configurar la contradicción de tesis, provocaría que el propósito de dicha institución no cumpliera realmente su finalidad, pues quedarían excluidos de conformarla, los fallos dictados en los restantes procedimientos y recursos, aun cuando en los mismos exista divergencia de criterios sobre un mismo punto de derecho. En estas condiciones, debe considerarse que, para que se genere la contradicción de tesis basta que en dos o más resoluciones dictadas por las Salas de este Alto Tribunal se trate el mismo punto o tema jurídico, de la interpretación de iguales o similares preceptos legales, con oposición de criterios."

Asimismo, resulta aplicable, por analogía, el criterio inmerso en la jurisprudencia 2a./J. 12/93, de la anterior integración de la Segunda Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 75, Octava Época, correspondiente a marzo de 1994, página 17, que dice lo siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS, EL PROCEDIMIENTO PARA DIRIMIRLA ES APLICABLE CUANDO UNA DE ELLAS SE HA SUSTENTADO EN AMPARO Y LA OTRA EN REVISIÓN FISCAL. El régimen que establecen los artículos 197 y 197-A de la Ley de Amparo, para decidir cuál es el criterio que en lo futuro ha de prevalecer, no sólo debe aplicarse al caso de contradicción entre dos tesis sustentadas en juicios constitucionales, sino también cuando una de las tesis se ha emitido al resolver uno de amparo, y la otra, al fallar un recurso de revisión fiscal. En efecto, debe tomarse en cuenta la íntima conexión que en ciertas hipótesis puede presentarse entre los temas que propone el recurso de revisión fiscal y los problemas planteados en el juicio de garantías."

La aclaración anterior se estima indispensable, en virtud de que las ejecutorias que serán materia de análisis en esta sentencia provienen de revisiones fiscales.

Hechas las acotaciones anteriores, a continuación se procederá a determinar si en el caso existe contradicción de tesis.

SEXTO. No existe contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Quinto y Séptimo, ambos en Materia Administrativa en el Primer Circuito, al resolver las revisiones fiscales RF. 186/2002 y RF. 2017/2002, respectivamente, pues en las sentencias respectivas no se estudia la misma cuestión jurídica esencial, ni se parte del análisis de los mismos elementos, aun cuando ambos asuntos tratan de los efectos de las sentencias dictadas en juicio de nulidad, en las que se determina que una norma no debe aplicarse a un caso o persona determinados, por existir jurisprudencia del Alto Tribunal que declara su inconstitucionalidad y ordenan a la autoridad hacendaria a pronunciarse en ese sentido.

En efecto, en la revisión fiscal RF. 186/2002, se analiza la cuestión relativa a si la respuesta a una consulta fiscal -dictada en cumplimiento a una sentencia de nulidad- en la que se confirma el criterio de quien realiza la consulta, en el sentido de que el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta no le aplica (por haberse declarado inconstitucional por jurisprude

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18945-ab49c829/devolucion-de-impuestos-procede-cuando-la-solicitud-respectiva · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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