REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LAS SENTENCIAS QUE DECLARAN LA NULIDAD DE UNA RESOLUCIÓN DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR CUANDO PARA SU PROCEDENCIA SE PRETENDE ACREDITAR, COMO REQUISITO DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA, QUE LA FINALIDAD DE DICHA DEPENDENCIA ES SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES.
REVISIÓN FISCAL 86/2009. **********
CONSIDERANDO:
CUARTO. Procedencia. El recurso de revisión que interpone el director general de lo contencioso y de recursos de la Procuraduría Federal del Consumidor es improcedente, por las razones siguientes:
El recurso de revisión fiscal que prevé el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo es un medio excepcional de defensa al que sólo pueden acceder las autoridades demandadas en el juicio de nulidad y esa excepcionalidad radica en que únicamente puede ser interpuesto por la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de las autoridades demandadas; en que sólo es procedente en los casos específicos que señala ese precepto y, además, en el carácter definitivo e inatacable de la resolución que en ese recurso se dicte, conforme lo ordena el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por las propias particularidades de este recurso y la disposición expresa del citado precepto constitucional, relativa a que su trámite debe seguirse conforme a las reglas de la Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 45/2001, que aparece publicada en la página 427, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ha determinado que los Tribunales Colegiados están obligados a estudiar la procedencia de este medio de impugnación, con independencia de la causa que esgrima la autoridad responsable, porque, sostuvo el Alto Tribunal, en su tramitación deben aplicarse las reglas que disponen el artículo 90, primer párrafo, en relación con el 73, in fine, de la Ley de Amparo, que son propias para el recurso de revisión en el juicio de garantías y que determinan la característica de su procedencia de ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, como se advierte del rubro y texto de la indicada tesis, que son del tenor siguiente:
"REVISIÓN FISCAL. SU PROCEDENCIA DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA AUTORIDAD INCONFORME PRECISE O NO LA O LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 248 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE CONSIDERE QUE SE ACTUALIZAN EN EL CASO. Si se toma en consideración, por un lado, que conforme a lo dispuesto en el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las reglas establecidas en la Ley de Amparo para el trámite del recurso de revisión en amparo indirecto son aplicables al de la revisión prevista en el diverso 248 del Código Fiscal de la Federación en todo lo que no sea incompatible con su naturaleza y, por otro, que el examen oficioso de la procedencia de aquel recurso, en términos de lo dispuesto en los artículos 90, primer párrafo, en relación con el 73, in fine, de la citada ley, no lo es, resulta inconcuso que es válido que dicho estudio se haga en la revisión fiscal, pues el mencionado numeral 248 no condiciona el análisis de su procedencia, al hecho de que la autoridad recurrente señale específicamente la hipótesis que considere aplicable; sin embargo, debe destacarse que dicho estudio no puede hacerse de oficio en la hipótesis prevista en la fracción II del precepto citado, pues en este caso el legislador obliga a la autoridad recurrente a razonar la importancia y trascendencia del asunto, para efectos de la admisión del recurso."
Criterio de interpretación que resulta aplicable al caso porque el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación que se interpreta, es de similar contenido al artículo 63 antes mencionado y en ambos preceptos rige la regla de que el trámite del recurso de revisión fiscal debe hacerse en función de las normas propias del juicio de amparo.
Ahora, los supuestos en que procede el recurso de revisión fiscal según lo determina el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, son los siguientes:
1. Cuando el asunto sea de una cuantía que exceda de tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente al momento de la emisión de la resolución o sentencia (fracción I).
El indicado precepto señala que en el caso de contribuciones que deban determinarse o cubrirse por periodos inferiores a doce meses, para determinar la cuantía del asunto se considerará el monto que resulte de dividir el importe de la contribución entre el número de meses comprendidos en el periodo que corresponda y multiplicar el cociente por doce.
2. Cuando la cuantía sea inferior a la señalada en el supuesto anterior, el recurso será procedente siempre y cuando el asunto sea de importancia y trascendencia (fracción II).
En este supuesto destaca que el propio precepto ordena que en estos casos el recurrente está obligado a razonar esa importancia y trascendencia "... para efectos de la admisión del recurso", lo que como se verá, interesa en este medio de defensa, porque la autoridad sustenta su procedencia en esta hipótesis normativa.
3. Como tercer supuesto, el artículo dispone que cuando el asunto sea una resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales (fracción III).
4. Como cuarto supuesto de procedencia se prevé para aquellos casos en los que se hubiera impugnado en el juicio contencioso administrativo una resolución dictada en materia de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (fracción IV).
5. Cuando sea una resolución dictada en materia de comercio exterior (fracción V).
6. También procede el recurso en los casos en los que se impugne una resolución en materia de aportaciones de seguridad social, cuando el asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados; de conceptos que integren la base de cotización, sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo o sobre cualquier aspecto relacionado con pensiones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (fracción VI).
7. Cuando sea una resolución en la cual se declare el derecho a la indemnización o se condene al Servicio de Administración Tributaria, en términos del artículo 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria (fracción VII).
8. Se resuelva sobre la condenación en costas o indemnización previstas en el artículo 6o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (fracción VIII).
9. Sea una resolución dictada con motivo de las reclamaciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado (fracción IX).
En el caso, la actora en el juicio contencioso **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó la nulidad del oficio número 1004048 dictado dentro del expediente PFC.IRA.B.3/40-2007, expedido por la subdelegada en Irapuato de la Procuraduría Federal del Consumidor de la Delegación Guanajuato, de fecha siete de septiembre de dos mil siete, por la cual se le impuso una multa administrativa por la cantidad de diez mil pesos, por infracción a la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Lo anterior revela que la resolución impugnada en el juicio de nulidad no fue emitida por alguna dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales; tampoco se sustenta en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; no se refiere a la materia de comercio exterior, ni se relaciona con aportaciones de seguridad social en las que se involucre la determinación de los sujetos obligados, los conceptos que integren la base de cotización, el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo o sobre cualquier aspecto relacionado con pensiones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; no se trata de una resolución en la cual se declare el derecho a la indemnización o se condene al Servicio de Administración Tributaria en términos del artículo 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; tampoco se resolvió sobre la condenación en costas o indemnización previstas en el artículo 6o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ni es una resolución dictada con motivo de las reclamaciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
Por tanto, en el caso no se actualizan los supuestos de procedencia previstos en las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 63 de la citada legislación.
Asimismo, el monto de la multa impuesta a la actora no excede de tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, porque el salario mínimo que se encontraba vigente cuando se emitió la sentencia impugnada (dos de diciembre de dos mil ocho), asciende a cincuenta y dos pesos con cincuenta y nueve centavos, que multiplicado por tres mil quinientas veces, da como resultado la cantidad de ciento ochenta y cuatro mil sesenta y cinco pesos, que es superior a los diez mil pesos con los que fue sancionada la accionante, lo que también descarta la hipótesis prevista en la fracción I del precepto en estudio.
Queda por analizar el supuesto previsto en la fracción II del artículo 63 de Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es la que precisamente cita la autoridad recurrente en el escrito por el que interpone el recurso, pero como se adelantó, en esa hipótesis el legislador expresamente marginó el estudio oficioso de la procedencia del recurso, en tanto que los Tribunales Colegiados deben analizar en cada caso concreto si el asunto es importante o trascendente, pues le impuso a la autoridad recurrente la carga de razonar las circunstancias excepcionales por las que el asunto en particular tiene estas características de importancia o trascendencia, como se puede advertir del texto del precepto, que en lo que interesa dispone:
"Artículo 63. ...
"I...
"II. Sea de importancia y trascendencia cuando la cuantía sea inferior a la señalada en la fracción primera, o de cuantía indeterminada, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso."
Según la expresión destacada en la fracción transcrita, el requisito para que proceda el recurso de revisión fiscal, sustentado en el hecho de que el asunto es importante y trascendente, radica en que la autoridad responsable realice una exposición razonada de las causas por las que considera que la cuestión debatida en el juicio de nulidad se distingue del común de los asuntos del mismo tipo, para que así el tribunal revisor pueda constatar que realmente es excepcional y que por eso se justifica su importancia y trascendencia, porque si no existe la argumentación de la recurrente en este sentido, entonces no puede ponderarse la actualización de la hipótesis de procedencia, en tanto que el Tribunal Colegiado que le corresponda conocer del asunto no puede realizar un estudio oficioso sobre este aspecto, tal como se consideró en la última parte del criterio jurisprudencial transcrito.
En el escrito que presentó el director general de lo contencioso y de recursos de la Procuraduría Federal del Consumidor, se afirma que el presente recurso de revisión fiscal es procedente porque el asunto que se decidió en el juicio de nulidad es importante y trascendente, por las siguientes razones:
a) La declaración de nulidad lisa y llana de la resolución que impuso una sanción por infracción a la Ley Federal de Protección al Consumidor, afecta gravemente los intereses de la sociedad consumidora, puesto que a ella le preocupa que los proveedores cumplan con la máxima transparencia y honestidad referida en la ley, por lo que con tal determinación se involucra el bienestar del orden social de la población.
b) Que en atención a que uno de los principios básicos por los que se creó la Ley Federal de Protección al Consumidor, consiste en poner remedio a aquellas prácticas que de manera frecuente, lesionan los intereses del consumidor y de no admitir el recurso, se impediría contribuir de manera eficaz a la defensa de los consumidores.
c) Se afectan los intereses de la Procuraduría Federal del Consumidor, pues de sustentarse el precedente contenido en la resolución que se recurre, daría lugar a la violación constante a los objetivos que se ha trazado la actual administración para hacer más justa la vida colectiva y hacer efectivas las normas tutelares en favor de la mayoría.
d) Es un asunto de trascendencia porque la determinación de la Sala Fiscal en el sentido de que el plazo de quince días que tenía la procuraduría para dictar la resolución correspondiente, comenzó a contar a partir del día siguiente en que la autoridad demandada declaró precluído el plazo para ofrecer pruebas, con lo que deja a la Procuraduría Federal del Consumidor en total estado de indefensión, con la consecuente afectación de los derechos de la población consumidora, pues a dicha institución le corresponde tutelar a quienes requieren de la protección de la autoridad frente a prácticas abusivas y reiteradas de proveedores que atentan contra la economía del consumidor.
e) Que se trata de un asunto que no constituye un caso común a los que conoce el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que no sólo causa perjuicio grave a la institución que representa, sino al interés general.
Los anteriores argumentos son infundados porque el presente asunto no es importante y tampoco trascendente.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió los conceptos de importancia y trascendencia que tradicionalmente ha exigido el Código Fiscal de la Federación para fijar la procedencia del recurso de revisión fiscal, precisamente cuando ese Alto Tribunal era el competente para conocer de ese medio de defensa, y que son aplicables al caso concreto, pues el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que rige la procedencia del presente recurso, exige la misma condición para ese efecto.
Indicó que la importancia del asunto hace referencia al tema en sí mismo considerado, mientras que la trascendencia mira a la gravedad o importancia de sus consecuencias.
De ahí que la importancia puede quedar desligada de la trascendencia porque sus consecuencias no sean graves, pero sí muy importantes.
Entonces, lo que interesa para la procedencia del recurso de revisión fiscal, según el Alto Tribunal, es que para que el asunto sea importante se esgriman razones que no podrían formularse en la mayoría, ni menos en la totalidad de los asuntos, pues de hacerlo, se trataría de un asunto común y corriente, no importante, pues para que sea trascendente la resolución que se pronuncie debe conllevar resultados de índole grave en su aplicación y ejecución.
Los conceptos jurídicos antes indicados se encuentran insertos en la tesis de jurisprudencia 333 que puede consultarse en la página 353, Tomo III, Materia Administrativa, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"REVISIÓN FISCAL ANTE LA SUPREMA CORTE. IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL ASUNTO PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. En los artículos 240, 242 y 244 del Código Fiscal de la Federación se emplean reiteradamente las expresiones ‘importancia y trascendencia’, referidas a los requisitos que deben satisfacer los asuntos cuyas sentencias pueden ser recurridas, respectivamente, las de las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación ante el Pleno del mismo, y las que éste pronuncie en tales recursos, ante la Suprema Corte de Justicia, mediante la revisión fiscal. Pero si las expresiones son las mismas, existe la diferencia de que la calificación de la importancia y trascendencia del asunto, cuando el recurso se interpone ante el Pleno del Tribunal Fiscal, queda al sólo criterio de la autoridad legitimada para hacerlo valer, sin que el tribunal ad quem tenga facultad legal para examinar si se da la importancia y trascendencia del asunto, a efecto de admitir o rechazar el recurso, pues en todo caso deberá admitirlo si se satisfacen los demás requisitos legales. En cambio, cuando se trate de la revisión fiscal, la Suprema Corte de Justicia sí puede y debe examinar, previamente al estudio del fondo del negocio, si se ha justificado su importancia y trascendencia y en caso de que a su juicio dichos requisitos no estuvieren satisfechos, desechará el recurso (artículo 244), con la salvedad de que si el valor del negocio es de quinientos mil pesos o más, se considerará que tienen las características requeridas para ser objeto del recurso (artículo 242). Así pues, corresponde a la Suprema Corte, concretamente a esta Segunda Sala, determinar en cada revisión fiscal si el asunto que la motiva es de importancia y trascendencia, teniendo en cuenta las razones expuestas al respecto por las autoridades que interpusieron la revisión. Para ello es preciso, ante todo, dilucidar la acepción gramatical y legal de las referidas expresiones, a falta de texto positivo que precise el alcance. Gramaticalmente, las excepciones que conviene registrar, tomadas de la última edición del diccionario de la Real Academia Española (edición XVIII, año de 1956), son las siguientes: ‘Importancia. Calidad de lo que importa, de lo que es muy conveniente o interesante o de mucha entidad o consecuencia’. ‘Trascendencia. Resultado, consecuencia de índole grave o muy importante’. Como se ve, los dos vocablos expresan ideas, aunque semejantes, diferentes, lo que se concilia con el texto legal, el cual incurriría en redundancia si empleara dos términos del todo sinónimos. Llevadas ambas acepciones al campo de lo legal, la importancia hace referencia al asunto en sí mismo considerado, mientras que la trascendencia mira a la gravedad o importancia de la consecuencia del asunto. De este modo, la importancia del asunto puede quedar en sí misma desligada de la trascendencia del mismo, porque sus consecuencias no sean graves o muy importantes. La ley exige la concurrencia de los dos requisitos (unidos entre sí por la conjunción copulativa ‘y’ no separados por la disyuntiva), en virtud de lo cual la autoridad recurrente deberá razonar uno y otro y la Suprema Corte examinarlos por separado, en la inteligencia de que si faltare uno de ellos sería superfluo investigar la presencia del otro. En la exposición de motivos del vigente Código Fiscal de la Federación, sobre el problema, se dice: ‘se considera que la solución propuesta limita de manera muy efectiva el número de negocios que puedan someterse al más Alto Tribunal, puesto que la capacidad de decisión del Tribunal Fiscal en Pleno no excede de 300 asuntos por año. De este número, los casos en que habrá de interponerse el recurso ante la Suprema Corte de Justicia seguramente serán en cantidad reducida y ello aliviará de manera importante la situación que ha venido registrándose y que en parte ha contribuido al rezago porque atraviesa la propia Suprema Corte de Justicia’. Del párrafo que se acaba de transcribir se infiere que la procedencia del recurso de revisión fiscal ante la Corte debe entenderse como excepcional, de suerte que los casos de que conozca la Suprema Corte de Justicia serán ‘en cantidad reducida’ respecto al total de los que lleguen al conocimiento del Tribunal Fiscal en Pleno. Lo excepcional de la procedencia de la revisión fiscal se sustenta, a su vez, en la importancia y trascendencia de cada caso, lo que en otros términos significa que un asunto es excepcional precisamente por ser importante y trascendente. La determinación de cuándo se está en presencia de un asunto excepcional por su importancia y trascendencia, puede hacerse por exclusión, estableciéndose que se encontrarán en esa situación aquellos negocios en que su importancia y trascendencia se puedan justificar mediante razones que no podrían formularse en la mayoría, ni menos en la totalidad de los asuntos, pues en ese caso se trataría de un asunto común y corriente y no de importancia y trascendencia, en el sentido que se establece en la ley. Las consideraciones anteriores, traducidas en forma breve, implican que se estará en presencia de un asunto de ‘importancia y trascendencia’ cuando se expresen razones que demuestren que se reúnen los dos requisitos, o sea que se trata de un asunto excepcional (lo que se advertirá cuando los argumentos no puedan convenir a la mayoría o a la totalidad de asuntos), debido a su importancia por su gran entidad o consecuencia y, además, a que la resolución que se pronuncie trascenderá en resultados de índole grave."
Las razones que expone la autoridad inconforme no son suficientes para denotar la importancia y trascendencia del presente asunto, es decir, no justifican que los elementos propios y específicos que concurren en él y lo individualizan, sean de tal naturaleza que lo distingan de los demás de su especie y le den su característica de excepcional por diferenciarse del común de los asuntos del mismo tipo y menos que sus consecuencias sean graves.
Lo anterior se considera, pues el argumento respecto a que la Procuraduría Federal del Consumidor se creó con la finalidad de salvaguardar los derechos de los consumidores, para evitar mediante la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales de la Ley Federal de Protección al Consumidor, las prácticas desleales o abusivas que lesionan los intereses de aquéllos, no es un dato que permita afirmar que el asunto reviste importancia y trascendencia para la interposición del recurso de revisión.
En efecto, apelar a las funciones propias que se le encomiendan al organismo público recurrente, desde luego que comprendería a todos los actos que desarrolla en la ejecución de esa encomienda y ello implicaría estimar que cualquier asunto que precisamente verse con su actividad debe ser considerado de importancia.
Entonces, la importancia no se sustentaría en el propio asunto, porque no dependería de sus propias particularidades que lo distinguen de los demás, sino de las funciones que desarrolla la autoridad y éstas invariablemente rigen en cualquiera de los actos que desempeña.
Por tanto, de considerarse válido el argumento de procedencia que esgrime el recurrente, se tendría que declarar que el recurso de revisión fiscal procede por el solo hecho de que la resolución que se combata en el juicio de nulidad provenga de una dependencia de la Procuraduría Federal del Consumidor y es patente que ello está desligado de las propias particularidades del asunto concreto.
Además, constituiría un motivo de procedencia de índole general que no prevé la ley.
Tampoco puede estimarse que la decisión de la Sala Fiscal conlleve resultados graves, ante el evento de que represente un precedente sobre el tema de la caducidad de las facultades del organismo demandado, pues esa particularidad pueden tenerla todas las decisiones que emita la Sala Fiscal y no por eso se estiman graves, en tanto que son la consecuencia misma de su actividad jurisdiccional, pues ese aspecto fue al que apeló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis de jurisprudencia 544 publicada en la página 394, Tomo III, Materia Administrativa del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyos conceptos jurídicos son aplicables al presente caso, con independencia de que se interprete un precepto diferente, porque precisamente se refiere a la posibilidad de que la decisión que se recurre constituya un precedente y de ello se haga depender la procedencia del recurso de revisión fiscal, como se aprecia de su rubro y texto, que son del tenor siguiente:
"REVISIÓN FISCAL. IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL ASUNTO. NO LAS CONSTITUYE SENTENCIA ADVERSA DEL TRIBUNAL EN PLENO PORQUE ESTABLEZCA PRECEDENTE.-No se justifica la trascendencia del asunto en la revisión fiscal ante la Suprema Corte porque la autoridad recurrente exprese que la resolución que se dicte se reflejará en consecuencias de índole grave y muy importante en numerosos casos posteriores, puesto que el precedente constituido por una resolución plenaria implicaría que las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación emitan sentencias en el futuro en las que se sustente el sentido del fallo impugnado, y, por lo tanto, nulificarían las respectivas resoluciones administrativas; ya que no existe disposición legal alguna que obligue a las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación a fundar sus fallos en resoluciones dictadas por el Pleno en casos similares; y, aunque no hay inconveniente para ello, las Salas tienen facultad para resolver los diversos negocios de su competencia de acuerdo con su propio criterio, el cual podrá coincidir o no, con los precedentes sustentados por el Pleno."
Por otra parte, es inexacto que la resolución que se impugna deba considerarse como excepcional, porque el criterio que sostuvo la Sala al declarar la nulidad del acto impugnado por incompetencia de la autoridad, no constituye un caso común, ya que contrariamente a lo que se afirma, se trata de un tema respecto del cual, dada la frecuencia con la que se presenta ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se emiten diversas sentencias, que han dado lugar a varias tesis sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las cuales se invocan en la resolución impugnada.
En esa tesitura, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la naturaleza de las funciones de la recurrente y el tema de fondo sobre el que se emitió la sentencia por parte de la Sala Fiscal, no satisfacen el requisito de importancia, sino que debe atenderse a las características de cada asunto que lo hagan excepcional; por tanto, si bien dicha ley es de interés social y orden público, ello no vuelve por sí a todos los asuntos en los que se aplique tal ley o se refieran a la Procuraduría Federal del Consumidor en importantes, puesto que la misma razón habría en mayor o menor medida en los casos de esas y otras materias para considerarlos así, es decir, tan importante es la cuestión de protección al consumidor, la forestal, ambiental, de aguas, fiscal, migratoria, minera, entre otras; de ahí que no basta el tipo de materia sobre la que verse el asunto para que se considere que reúne la característica de importante, sino que debe guardar particularidades tales que así lo determinen y eso es lo que corresponde demostrar con argumentos suficientes a la autoridad que intenta el recurso de revisión.
En tales circunstancias, es inconcuso que el recurso de revisión fiscal que interpone la autoridad recurrente no es procedente y, por consiguiente, queda firme la sentencia recurrida.
Similar criterio sustentó este Tribunal Colegiado, al resolver los recursos de revisión fiscal 124/2006, 220/2006, 386/2008 y 53/2009, fallados por unanimidad de votos.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 184, 188 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.-Es improcedente el recurso de revisión fiscal interpuesto por el director general de lo contencioso y de recursos de la Procuraduría Federal del Consumidor; en consecuencia, queda firme la sentencia pronunciada por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el dos de diciembre de dos mil ocho, en el juicio de nulidad 2536/07-10-01-7, promovido por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable.
Notifíquese, anótese lo conducente en el libro de registro correspondiente; con testimonio de esta ejecutoria vuelvan los autos respectivos a su lugar de origen y en su oportunidad archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Ariel Alberto Rojas Caballero y Víctor Manuel Estrada Jungo, así como por el licenciado José Juan Múzquiz Gómez, secretario en funciones de Magistrado de Circuito, en términos de la fracción XXII del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, habiendo sido presidente y ponente el primero de los nombrados.
Conforme a lo previsto en los artículos 8, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el diverso 47 del reglamento de la misma; 2, fracciones XXI y XXIII y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21887-3a19313e/revision-fiscal-es-improcedente-dicho-recurso-contra-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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