POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA. SUS INTEGRANTES CARECEN DE COMPETENCIA PARA LLEVAR A CABO LA VERIFICACIÓN DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA Y ASEGURARLAS PARA PONERLAS A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD ADUANERA.
REVISIÓN FISCAL 94/2009. SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Resultan infundados los anteriores agravios.
Así se determina, porque del fallo reclamado se observa que la Sala Fiscal declaró la nulidad de la resolución impugnada:
I. Porque del acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera de cuatro de marzo de dos mil ocho, se advertía en el capítulo de antecedentes, inciso A), que con fecha dieciséis de febrero de dos mil siete, los suboficiales ********** y **********, con expedientes números ********** y **********, adscritos a la Dirección General de Operaciones Especiales de la Coordinación de Fuerzas Federales de Apoyo, pertenecientes a la Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, decomisaron y pusieron a disposición de la sección aduanera de Morelia, Michoacán, del Servicio de Administración Tributaria, la mercancía de procedencia extranjera consistente en cuarenta y cuatro bultos de ropa, amparada con la carta porte número **********; y que el aludido oficio de dieciséis de agosto de dos mil siete se había emitido por autoridades que no fundaron debidamente su competencia material por dos razones:
a) Porque en el aludido oficio los suboficiales ya indicados, fundaron su competencia en los artículos 4, fracciones I, II, IV, V y VII, de la Ley de la Policía Federal Preventiva; 14, fracciones VIII y XII y 135, fracciones I, XI, XIV, XV y XVI, del Reglamento de la Policía Federal Preventiva, y que de ninguna de esas disposiciones se hacía referencia al cargo de suboficial, ya que en el artículo 4 se establecen las atribuciones de la Policía Federal Preventiva en forma general; en el numeral 14 se señalan las facultades de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención de la Policía Federal Preventiva, también en forma general, y en el precepto 135 se indican, en general, los deberes del personal de la institución.
b) Porque ninguno de aquellos preceptos les otorga competencia a los suboficiales para verificar mercancía de procedencia extranjera, que a su juicio carecía de documentación que acreditara su legal estancia en territorio nacional, localizada en la paquetería ya indicada.
Esa determinación de la Sala Fiscal es legal porque, contra lo que argumenta la parte recurrente en el primero de los motivos de disenso que esgrime, esas consideraciones no contravienen lo que estatuye el artículo 51, fracción I, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo; tampoco el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni el numeral 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, toda vez que el procedimiento administrativo en materia aduanera tuvo su origen en el cuestionado oficio de dieciséis de agosto de dos mil siete, signado por los suboficiales ya indicados, quienes aparte de que no fundaron debidamente su competencia material para llevar a cabo la diligencia de aseguramiento de la mercancía ya descrita, carecían de competencia para llevar a cabo la verificación de mercancía de procedencia extranjera, misma que, a su juicio, carecía de la documentación que acreditara su legal estancia en el territorio nacional y la cual se encontraba en la negociación de mensajería y paquetería mencionada.
En efecto, para arribar a esa consideración es pertinente dejar precisado, como se corroborará a lo largo de esta ejecutoria, que la visita domiciliaria y la verificación aduanera son actividades a través de las cuales la autoridad hacendaria ejerce sus facultades de comprobación, con la diferencia específica de que la verificación aduanera se dirige hacia los papeles y las posesiones del pasajero revisado, como puede ser la mercancía que traslada y la documentación que acredita la internación legal de la misma al país, en tanto que la visita domiciliaria tiene por objeto -según derecho jurisprudencial nacional- comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados, han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales; comprobar la comisión de los delitos fiscales y proporcionar información a otras autoridades fiscales, así como verificar el cumplimiento de obligaciones en materia de la expedición de comprobantes fiscales.
Lo anterior encuentra apoyo, en lo que interesa, en la jurisprudencia 2a./J. 174/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 280, Tomo XXVIII, diciembre de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente:
"ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES. LA SUSTENTADA EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, RESPETA LA GARANTÍA DE FUNDAMENTACIÓN, POR LO QUE ES INNECESARIO QUE CITE, ADEMÁS, LA FRACCIÓN II DE DICHO PRECEPTO. El artículo 42, fracción V, del Código Fiscal de la Federación establece que las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, podrán practicar visitas domiciliarias a fin de verificar el cumplimiento de obligaciones en materia de la expedición de comprobantes fiscales. Ahora bien, debe estimarse que la facultad de verificar el cumplimiento de dichas obligaciones lleva inmersa la de revisar la documentación de la que se desprenda si éstas se han cumplido o no y, por tanto, la de requerir dicha documentación, así como los datos e informes necesarios a la persona con quien se entienda la diligencia, a fin de poder llevar a cabo el objeto de la visita, sin que la norma de que se trata pueda interpretarse en el sentido de que sólo faculta a la autoridad para realizar la visita en el domicilio del particular, pero que no tiene el alcance de permitirle que requiera a éste los datos, informes y documentos necesarios para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales objeto de dicha visita y que, por ende, para ese efecto la autoridad deba invocar normas diversas, pues la finalidad de las visitas domiciliarias en materia fiscal no es en sí la intromisión en el domicilio de los particulares, sino la revisión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. En esa medida, tratándose de órdenes de visita domiciliaria tendientes a verificar el cumplimiento de obligaciones en materia de expedición de comprobantes fiscales, basta invocar la fracción V del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, para considerar que se fundaron debidamente las facultades de la autoridad no sólo para introducirse en el domicilio del gobernado, sino también para realizar la verificación de que se trata, requiriendo al visitado los datos, informes o documentos relacionados con dichas obligaciones; siendo innecesario que citen, además, la fracción II de dicho precepto, máxime si se sustentaron en el artículo 45 del mismo ordenamiento legal."
El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en la fecha en que acontecieron los hechos, es decir, el dieciséis de agosto de dos mil siete -que fue la data en la que los policías federales preventivos aseguraron las pacas de ropa- señalaba:
"(Reformado primer párrafo, D.O.F. 3 de septiembre de 1993)
"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
"(Reformado, D.O.F. 8 de marzo de 1999)
"No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado.
"(Reformado [N. de E. Adicionado], D.O.F. 3 de septiembre de 1993)
"La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del Juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.
"(Reformado [N. de E. Adicionado], D.O.F. 3 de septiembre de 1993)
"En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.
"(Reformado [N. de E. Adicionado], D.O.F. 3 de septiembre de 1993)
"Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.
"(Reformado [N. de E. Adicionado], D.O.F. 3 de septiembre de 1993)
"En casos de urgencia o flagrancia, el Juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.
"(Reformado [N. de E. Adicionado], D.O.F. 3 de septiembre de 1993)
"Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.
"(Reformado [N. de E. Adicionado], D.O.F. 3 de septiembre de 1993)
"En toda orden de cateo, sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, una acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.
"(Adicionado, D.O.F. 3 de julio de 1996)
"Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente, por escrito, deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.
"(Adicionado, D.O.F. 3 de julio de 1996)
"Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.
"La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones (sic) fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescriptas (sic) para los cateos.
"(Adicionado, D.O.F. 3 de febrero de 1983)
"La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley.
"(Adicionado, D.O.F. 3 de febrero de 1983)
"En tiempo de paz ningún miembro del ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente."
En la exposición de motivos de la reforma del tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, del párrafo tercero del referido artículo, se expuso lo siguiente:
"Cámara de origen: Diputados. Exposición de motivos. México, D.F., a 2 de julio de 1993. Iniciativa de diputados (diversos grupos parlamentarios)
"Nota: (Este proceso cuenta con dos iniciativas de 2 y 8 de julio de 1993)
"Artículos 16, 20 y 119
"El presidente:
"De acuerdo con el orden del día anunciado a esta asamblea, tiene ahora la palabra el diputado Guillermo Pacheco Pulido, para presentar a la asamblea, una iniciativa de reformas a los artículos 16, 20 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes de los diversos grupos parlamentarios que integran la LV Legislatura de esta Cámara de Diputados.
"El Diputado Guillermo Pacheco Pulido:
"Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados:
"Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.
"Quienes suscriben, diputados federales a la LV Legislatura del Congreso de la Unión, de diversos grupos parlamentarios, en el uso de la facultad que nos otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa que reforma los artículos 16, 20 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo las siguientes:
"Consideraciones
"La LV Legislatura, ha venido asumiendo una serie de debates fundamentales para la nación, sobre la reforma del Estado mexicano. En este contexto, el Poder Legislativo ha buscado expresar en el ámbito del derecho, las bases que doten de permanencia y seguridad a la dinámica de cambio que vive la sociedad mexicana, para encontrar en justicia y libertad mejores fórmulas de convivencia.
"Al tratar la reforma del Estado mexicano, se han abarcado temas torales como la democracia, el respeto de los derechos humanos, las relaciones iglesias-Estado, el campo, la educación, entre otras. En este orden de ideas, los suscritos sostenemos que un ámbito como el de la justicia penal, no debe quedar exento de este debate, ya que en este campo del derecho en el que se busca el justo equilibrio entre los principios de seguridad y libertad, entre la observancia de la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales del ser humanos se plasma la aspiración de un pueblo para asegurar la paz y la tranquilidad por el camino de la libertad.
"Es por ello que resulta necesario, en beneficio de la propia sociedad, adecuar las normas constitucionales, siempre con vistas a la protección de los derechos humanos, garantías individuales, administración rápida y expedita de la justicia, tanto en las etapas de investigación como durante el procedimiento judicial.
"La iniciativa que se propone para reformar los artículo 16, 20 y 119 de nuestra Carta Magna tiene estos objetivos.
"Nuestro sistema penal, se desarrolla con base a las garantías que consagra la Constitución. El Ministerio Público y el Juez no pueden ni deben ir más allá de lo que el marco jurídico les permite; asimismo, el particular puede realizar todo aquellos que afecte a terceros: este es el marco de civilidad que buscamos consolidar con esta iniciativa.
"Las reformas que se proponen buscan, con mejorar técnica legislativa, otorgar mayor claridad al artículo 16, dado que este precepto en la actualidad se compone de cuatro párrafos. Con la reforma propuesta dicho artículo contará con nueve párrafos.
"El primer párrafo conserva lo preceptuado en el inicio del citado texto constitucional.
"El segundo, regularía lo correspondiente a la orden judicial de aprehensión, precisando los elementos de fondo que deben de cumplirse para que la autoridad judicial pueda girar dicha orden.
"El tercer párrafo, de aprobarse esta iniciativa, contempla lo referente a la detención cuando se trate de delito flagrante, la cual puede realizarse por cualquier persona, quien deberá sin demora ponerlo a disposición de la autoridad inmediata y ésta, en su caso, con la misma prontitud a la del Ministerio Público.
"En lo que se refiere al cuarto párrafo, la reforma que se propone regulará la detención en casos urgentes de un indiciado cuando exista delito grave señalado en la ley, facultándose al Ministerio Público para que en dichos supuestos, existiendo el riesgo fundado de que dicho indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, y siempre y cuando no se pueda acudir ante la autoridad judicial, por razón de la hora, lugar o circunstancia, pueda ordenar su detención, bajo su responsabilidad, debiendo expresar los indicios y normas que motivan y fundan la misma. Asimismo, la detención deberá ser ratificada por el Juez que conozca del procedimiento, ya que en caso contrario, deberá ser puesto en libertad inmediatamente con las reservas de ley.
"Con lo anterior se busca acotar la autorización para la detención en casos urgentes prevista actualmente por la Constitución, ya que, entre otras cosas, sólo será para el Ministerio Público y no para cualquier autoridad administrativa, sólo será para los delitos graves que señale la ley y no para cualquier delito perseguible de oficio y por último, se establece un control de legalidad por el Juez, quién deberá de calificar si la acción del Ministerio Público se apego a la autorización constitucional, decretando la libertad del detenido en caso de que así no sea.
"En el quinto párrafo, la iniciativa en comento incluye lo relativo al plazo máximo que puede ser retenido el indiciado, el cual será por regla general de 48 horas. Ni la Constitución Política ni la legislación secundaria prevén, expresamente, un plazo para concluir la averiguación que se realiza con detenido por flagrancia o urgencia. Por ello, independientemente de darle al artículo 16 constitucional su interpretación adecuada, resulta conveniente contemplar la posibilidad de darle al Ministerio Público un término suficiente en la práctica, tratándose de investigaciones con detenido.
"A mayor argumentación, cabe considerar que si el plazo que se le concede al Juez en términos del artículo 19 constitucional, para valorar el acervo probatorio resultante de una averiguación previa, es de 72 horas, a consideración de quienes suscriben esta iniciativa, resulta lógico conceder a la autoridad investigadora de los delitos, el plazo de 48 horas antes señalado, dado que es quien se allega las pruebas necesarias para una consignación, sobre todo tratándose de una averiguación previa con detenido. A mayor abundamiento, este plazo también corre en beneficio de las defensas del indiciado ya que la propia iniciativa prevé el derecho que tiene para aportar pruebas, desde el momento mismo de la indagatoria.
"Con la determinación del plazo, queda perfectamente clara la referencia temporal que tiene la autoridad para investigar el hecho, por lo que cualquier exceso deberá ser penado por la ley.
"Así también, en los casos que la ley prevea como delincuencia organizada, el Ministerio Público podrá duplicar dicho plazo, en razón de que a su elevada gravedad se suma la mayor dificultad de integrar debidamente una indagatoria, sobre todo porque en estos casos no sólo es necesario acreditar la existencia del hecho ilícito y la vinculación del indiciado con el mismo, sino, su relación con los demás elementos que integran a la organización delictiva que por su desarrollo ha acreditado ser cada día más compleja y sofisticada."
De la aludida exposición de motivos se arriba a la conclusión de que si bien es cierto cualquier persona podía proceder a la detención cuando se tratara de delito flagrante, quien debería sin demora ponerlo a disposición de la autoridad inmediata y ésta, en su caso, con la misma prontitud a la del Ministerio Público; sin embargo, al margen de que de la interpretación de lo anterior se advierta o no que esa autorización -en tratándose de flagrancia del delito- se refiera, además de la detención de las personas, también al aseguramiento de los objetos que se pudiesen considerar parte de un ilícito, lo cierto es que tales detención de persona y aseguramiento del objeto e instrumento del delito, valdrían sólo en el caso de la materia penal, a condición de aquella flagrancia, porque la norma fundamental no las hace extensivas a la materia administrativa, de suerte que los elementos de la Policía Federal Preventiva efectivamente carecían de competencia para realizar funciones de verificación en materia aduanera y para proceder al aseguramiento de la mercancía ya indicada, si en el caso no medió como una consecuencia del tópico en materia penal, o al menos no está acreditado que así haya sucedido.
También es de puntualizarse que en el caso a estudio no obra constancia de que los suboficiales de la Policía Federal Preventiva, sin demora hayan puesto la mercancía (ropa) que localizaron en la paquetería y mensajería ya indicada a la autoridad inmediata y ésta, en su caso, con esa misma prontitud al Ministerio Público correspondiente, puesto que de autos no consta la integración de la averiguación previa respectiva que, en su caso, diera lugar a su intervención en hechos que estimaran delictuosos, o que haya motivado aquella intervención.
Máxime que de lo que establece el numeral 72 del Código Fiscal de la Federación (Título IV. De las infracciones y delitos fiscales. Capítulo I. De las infracciones) consta que los funcionarios y los empleados públicos que en ejercicio de sus funciones conozcan de hechos u omisiones que entrañen o puedan entrañar infracción a las disposiciones fiscales, lo comunicarán a la autoridad fiscal competente para no incurrir en responsabilidad, dentro de los quince días siguientes a la fecha que tengan conocimiento de tales hechos u omisiones. Luego si, en el caso a estudio los suboficiales aseguraron la mercancía de referencia el día dieciséis de agosto de dos mil siete, misma que pusieron a disposición de la Aduana de Morelia, Michoacán, dependiente de la Aduana de Querétaro, Querétaro, en agosto de dos mil siete, pues así consta a fojas 111 y 112 del expediente principal, y fue hasta el veintidós de enero del año dos mil ocho que la aduana indicada en último término, inició el trámite correspondiente, pues así aparece del oficio de esa data, signado por el subadministrador de la Aduana de Querétaro, Querétaro, ya que incluso fue en esa fecha que se ordenó notificar a ********** -en el que se le comunicaba que se tenía que presentar al inicio del procedimiento administrativo aduanero- para el cuatro de marzo de ese año (fojas 60 a 62). Es inconcuso que no se cumplió con dicha disposición, ya que transcurrieron varios meses desde la fecha en la que se aseguró la mercancía hasta la diligencia de cuatro de marzo de dos mil ocho.
Por otra parte, del contenido del aludido artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que, en forma general, establece la garantía de seguridad jurídica que significa, en principio, cualidad de seguro o certeza, esto es, el derecho de los gobernados al derecho seguro, y que en lo relativo al primer párrafo de dicha norma, implica la certeza que debe tener el particular de que su persona, sus papeles, su familia, sus posesiones o sus derechos serán respetados por la autoridad, pero si ésta debe afectarlos, tendrá que ajustarse a la propia Constitución Federal, a las leyes secundarias y a las formalidades de los cateos.
En efecto, la seguridad jurídica parte de un principio de certeza en cuanto a la aplicación de disposiciones constitucionales y legales que, a un tiempo, definen la forma en que las autoridades han de actuar y que la aplicación del orden jurídico a los gobernados, será eficaz.
Lo anterior encuentra apoyo en la tesis 2a. LXXV/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 449, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal:
"GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA, QUÉ SE ENTIENDE POR. La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que fácilmente explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad, sencillez o irrelevancia, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercitar el derecho correlativo. Lo anterior corrobora la ociosidad de que en todos los supuestos la ley deba detallar en extremo un procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla y suficiente para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular y las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad."
Tal criterio define el sentido del principio constitucional de seguridad jurídica tanto en su aspecto negativo como positivo, poniendo énfasis en el deber del legislador de señalar en la ley los elementos mínimos para que el gobernado pueda hacer valer su derecho al derecho seguro y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades.
Y del contenido del artículo 16 constitucional se desprende un conjunto de garantías de legalidad, que se insertan en la de seguridad jurídica, a saber, la de mandamiento escrito, el principio de autoridad competente, la exigencia de fundamentación y motivación, así como la sujeción de las visitas domiciliarias a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.
En el caso, lo que interesa son los actos de molestia ocasionados por las autoridades administrativas en la esfera jurídica de los gobernados, derivados del ejercicio de sus facultades de inspección, vigilancia, verificación y comprobación en materia aduanera que como tales, no se prevén expresamente en el artículo 16 constitucional, lo cual no significa que estén fuera de la Norma Fundamental y desprotegidos del principio de seguridad jurídica y de la garantía de legalidad.
Las visitas domiciliarias, conforme a lo que establece el numeral 16 de la Carta Magna, deben reunir los siguientes requisitos: 1. Constar en mandamiento escrito; 2. Ser emitidas por autoridad competente; 3. Expresar el nombre de la persona respecto de la cual se ordena la visita y el lugar que debe inspeccionarse; 4. El objeto que persiga la visita; y 5. Llenar los demás requisitos que fijan las leyes de la materia.
Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 126, Volúmenes 193-198, Tercera Parte, enero-junio de 1985, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"VISITAS DOMICILIARIAS, ÓRDENES DE. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, las órdenes de visita domiciliaria expedidas por autoridad administrativa debe satisfacer los siguientes requisitos: 1. Constar en mandamiento escrito; 2. Ser emitidas por autoridad competente; 3. Expresar el nombre de la persona respecto de la cual se ordena la visita y el lugar que debe inspeccionarse; 4. El objeto que persiga la visita; y 5. Llenar los demás requisitos que fijan las leyes de la materia. No es óbice a lo anterior lo manifestado en el sentido de que las formalidades que el precepto constitucional de mérito establece se refieren únicamente a las órdenes de visita expedidas para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pero no para las emitidas por autoridad administrativa, ya que en la parte final del párrafo segundo de dicho artículo se establece, en plural: ‘... sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos’ y evidentemente, se está refiriendo tanto a las órdenes de visitas administrativas en lo general como en las específicamente fiscales, pues, de no ser así, la expresión se habría producido en singular."
En conclusión, la visita domiciliaria en materia fiscal federal se encuentra determinada en cuanto a su existencia, desarrollo y conclusión en el Código Fiscal de la Federación, particularmente en los artículos 42, fracciones III y V, 43, 44, 45, 46, 46-A, 47 y 63, y debe ordenarse a través de mandamiento escrito que satisfaga determinados requisitos constitucionales y legales, e inicia con la asistencia de los visitadores designados en el lugar y fecha señalados, y termina con el levantamiento de un acta final, en que los auditores asientan los hechos u omisiones que conocieron, la que al igual que las actas parciales que hayan elaborado, son posteriormente analizadas y calificadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (ahora SAT) para, en su caso, liquidar un crédito fiscal. Esto es, la visita domiciliaria es un procedimiento y la orden es el acto que le da sustento, por ello, de no existir mandamiento o de no reunir los requisitos exigidos, el procedimiento no debe iniciarse ni sustanciarse, por lo que si se lleva a cabo no producirá efecto alguno en contra del visitado. La visita domiciliaria como ya se indicó en párrafos anteriores se rige por el artículo 16 de la Carta Magna, en la que además destaca la garantía de inviolabilidad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22186-0e91f137/policia-federal-preventiva-sus-integrantes-carecen-de-competencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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