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ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA NULIDAD DECRETADA POR VICIOS FORMALES EN EL CITATORIO PARA SU ENTREGA NO DEBE SER PARA EFECTOS.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 91/2002. · Registro digital (IUS): 17298
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTROS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Noviembre de 2002, , Pág. 1046.

REVISIÓN FISCAL 91/2002. SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTROS.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-El agravio es parcialmente fundado.

En principio, es menester destacar que la nulidad lisa y llana de la resolución que confirma el crédito fiscal a cargo de la contribuyente, derivó del vicio formal que tiene el citatorio de veintidós de octubre de mil novecientos noventa y ocho, que el visitador dejó a la opositora sin especificar que la diligencia era para notificarle el oficio relativo a la orden de una visita domiciliaria.

Ahora bien, es cierto, como lo indican las recurrentes, que las violaciones de tipo formal existentes en un acto administrativo encuadran en el supuesto previsto en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, lo que trae aparejada la declaratoria de nulidad para efectos, en términos de lo establecido en la fracción III del artículo 239 del mencionado ordenamiento legal.

Empero, no obstante ubicarse en dichos supuestos, cabe destacar que en el caso de las órdenes de visita domiciliaria, éstas se expiden con base en la facultad discrecional que a las autoridades fiscalizadoras les otorga el artículo 16 constitucional, lo que origina el caso de excepción previsto en la parte final del precepto citado en último término, debido a que la nulidad decretada, en estos casos, no puede tener efecto alguno que no sea el que la autoridad anule el acto impugnado, y actuando dentro del límite de sus facultades discrecionales (si así lo estima conveniente y se encuentra en posibilidad de hacerlo) emita un nuevo acto administrativo.

Esto es comprensible si se toma en cuenta, además, que no obstante que la violación formal advertida en el citatorio que nos ocupa encuadra en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, su análisis no debe desvincularse de la parte final de la fracción III del artículo 239 del propio ordenamiento legal, en cuanto establece una excepción a la regla genérica contenida en la misma, relativa a que respecto de facultades discrecionales no opera la nulidad para efectos (aun cuando se trate de esas violaciones formales), pues tal disposición atiende, precisamente, a la génesis de la resolución impugnada que permite dilucidar cuándo tal violación se originó con motivo de un trámite o procedimiento forzoso o con motivo de una facultad discrecional.

Luego, cuando la emisión de una orden de visita domiciliaria deriva del uso de las facultades que a las autoridades hacendarias les otorga el artículo 16 constitucional, y con ella pretenden iniciar el procedimiento de fiscalización que para comprobar el cumplimiento a las disposiciones fiscales regulan los artículos 42 y 44 del código tributario, esas facultades de comprobación inician con la notificación de dicha orden de visita al particular, es claro que declarada la nulidad del citatorio con que se pretendía notificarla, válidamente puede decirse que aquélla, con mayor razón, ni siquiera pudo tener existencia legal (por el vicio del acto procesal previo).

Por tanto, propiamente no se ha iniciado procedimiento fiscalizador alguno en el que dicha autoridad ejerza tales facultades discrecionales, por lo que imprimirle efectos a esa nulidad atentaría contra esa potestad coartándole su poder de elección respecto del que, si bien no se le puede impedir, tampoco es válido obligarla a que lo ejerza por ser una prerrogativa constitucional para la autoridad hacendaria.

Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud jurídica sustancial, la jurisprudencia número trescientos once, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos treinta, Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete al dos mil, cuya epígrafe y sinopsis dicen:

"ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA. LA NULIDAD DECRETADA POR VICIOS FORMALES EN SU EMISIÓN, DEBE SER DECLARADA CON FUNDAMENTO EN LA PARTE FINAL DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 239 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.-Si bien las violaciones de tipo formal existentes en un acto administrativo, encuadran en el supuesto previsto en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, lo que trae aparejada la declaratoria de nulidad para efectos, en términos de lo establecido en la fracción III del artículo 239 del mencionado ordenamiento legal, ello no ocurre, en el caso de las órdenes de visita domiciliaria. En efecto, no debe perderse de vista que debido a la naturaleza de las resoluciones impugnadas, las que derivaron de la emisión de órdenes de visita domiciliaria, expedidas con base en la facultad discrecional que a las autoridades fiscalizadoras les otorga el artículo 16 constitucional, surte el caso de excepción previsto en la parte final del precepto citado en último término y, por tanto, aunque originariamente deba ser declarada la nulidad para efectos, lo cierto es que la nulidad decretada en este supuesto excepcional no puede tener efecto alguno que no sea el que la autoridad anule el acto impugnado y, actuando dentro del límite de sus facultades discrecionales, si así lo estima conveniente y se encuentra en posibilidad de hacerlo, emita un nuevo acto administrativo."

Asimismo resulta aplicable al caso, por similitud jurídica sustancial, la tesis pendiente de publicar, sustentada por este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, al resolver la revisión fiscal 17/2002, de rubro:

"ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA NULIDAD DECRETADA POR VICIOS FORMALES EN EL CITATORIO PARA SU ENTREGA DEBE SER LISA Y LLANA.-Cuando una orden de visita domiciliaria deriva del uso de la facultad discrecional que a las autoridades hacendarias les otorga el artículo 16 constitucional y con ella pretenden iniciar el procedimiento de fiscalización que para comprobar el cumplimiento a las disposiciones fiscales, regulan los numerales 42 y 44 del código tributario, esa facultad de comprobación inicia con la notificación de dicha orden de visita al particular, por tanto, si se declara la nulidad del citatorio con que se pretendía notificarla por algún vicio formal, tal violación, si bien debe quedar encuadrada en el supuesto previsto en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, su estudio no debe desvincularse de la parte final de la fracción III del artículo 239 del propio ordenamiento legal en cuanto establece una excepción a la regla genérica contenida en la misma, relativa a que respecto de las facultades discrecionales no opera la nulidad para efectos (aun cuando se trate de violaciones formales), pues esa disposición atiende, precisamente, a la génesis de la resolución impugnada, que permite dilucidar cuándo el acto anulado se originó con motivo de un trámite o procedimiento forzoso, o con motivo de una facultad discrecional; en este último supuesto, es claro que declarada la nulidad del citatorio con que se pretendía notificar la orden respectiva, válidamente puede decirse que ésta, con mayor razón, ni siquiera pudo tener existencia legal (por el vicio del acto procesal previo); y, propiamente no se ha iniciado procedimiento fiscalizador alguno en el que ejerza tales facultades discrecionales, por lo que imprimirle efectos a la sentencia de nulidad, atentaría contra esa potestad, coartándole su libre poder de elección respecto del que, si bien no se le puede impedir, tampoco es válido obligarla a que lo ejerza por ser una prerrogativa constitucional para la autoridad hacendaria."

Aunado a lo anterior, cabe destacar que los diversos fragmentos de ejecutorias que la parte recurrente transcribe como apoyo a su afirmación de que la nulidad debe ser para efectos, los mismos se desestiman porque no se comparte el criterio que allí se sostuvo por las razones ya apuntadas, y además que no obligan a este tribunal por no ser criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Bajo esa tesitura, es claro que sólo asiste razón a las recurrentes en cuanto afirman que la a quo fundó incorrectamente la sentencia en los artículos 238, fracción IV y 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, por lo que se está en el caso de dejar insubsistente la resolución recurrida y devolver los autos a la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, para el efecto de que dicte una nueva sentencia en la que, acogiendo las consideraciones aquí establecidas, reitere su decisión de nulidad y ubique el caso en el supuesto de la fracción correcta.

Al resultar parcialmente fundado el agravio objeto de análisis, lo que procede es revocar la resolución que se revisa.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además, en lo dispuesto en los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Federal, 248 del Código Fiscal de la Federación y 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Es procedente y fundado el recurso de revisión fiscal interpuesto por el administrador local jurídico de esta ciudad, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del presidente del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas, en el juicio de nulidad fiscal 3222/99-07-03-5, del índice de la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta capital.

SEGUNDO.-Se revoca la sentencia dictada el uno de febrero de dos mil dos, por la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, en el juicio de nulidad fiscal 3222/99-07-03-5, promovido por Fotoluz Industrial, Sociedad Anónima de Capital Variable.

Notifíquese; anótese en el libro de gobierno; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos naturales al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este toca.

Así lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Mario A. Flores García, Adrián Avendaño Constantino y Hugo Arturo Baizábal Maldonado.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17298-591486af/orden-de-visita-domiciliaria-la-nulidad-decretada-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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