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Modo: Corpus Pro

CRÉDITO FISCAL, CANCELACIÓN POR INCOSTEABILIDAD DEL. MOMENTO A PARTIR DEL CUAL LA AUTORIDAD PUEDE O NO HACERLO (ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE).

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 323/2001. · Registro digital (IUS): 16990
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTRAS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, , Pág. 1037.

REVISIÓN FISCAL 323/2001. SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTRAS.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Se estima que el tercer agravio que hace valer la autoridad recurrente es fundado, razón por la cual sólo se abordará el estudio del mismo. Sin embargo, en primer orden y a manera de antecedentes, en forma sintetizada, cabe precisar en este apartado que del juicio de nulidad cuya sentencia se recurre, se advierte lo siguiente:

1) Que la resolución que constituyó la materia de impugnación en el juicio de nulidad en examen, fue la emitida por la Administración de la Aduana de Nogales, Sonora, con fecha veintiséis de julio de dos mil, con motivo del crédito fiscal número 1o. Rec. 0307/98, relacionado con el pedimento de importación número 0457-8008492, en la cual se impuso una multa por la cantidad de $344.00 pesos, a la que se le asignó el número de crédito H-00087327.

2) Que la multa anotada se generó por supuestas irregularidades detectadas en el llenado del pedimento de importación de referencia.

3) Que ese crédito fiscal se fincó, al actualizarse la conducta infractora establecida en los artículos 54, 184, fracción III y 195, y sancionada de acuerdo con el artículo 185, fracción II, todos de la Ley Aduanera.

4) Que entre los conceptos de anulación formulados por el inconforme y con base en los cuales solicitó la nulidad del crédito apuntado, se hizo valer el relativo a que se violaba en su perjuicio lo ordenado por el artículo 14 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y nueve, publicada en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, toda vez que dicha disposición obliga a los órganos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cancelar los créditos fiscales inferiores a 2,500 unidades de inversión, y con base en que consideró que llenaba los requisitos previstos en dicho dispositivo, porque la multa impuesta era inferior a las 2,500 unidades que el precepto comentado contempla como requisito para cancelar el crédito por incosteabilidad.

5) Que la Sala, por su parte, al emitir la resolución que hoy se recurre, estimó que tal concepto era fundado y suficiente para declarar la nulidad alegada, con base en que en su particular opinión, efectivamente el crédito fincado al actor no rebasaba la cantidad anotada por el artículo 14 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y nueve.

Ahora, la demandada inconforme, en su tercer agravio, que por cuestión de orden metódico se analiza en primer término aduce, en extracto, que en la sentencia recurrida se violenta lo dispuesto en los artículos 237, 238, fracción IV y 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, al no resolverse conforme a derecho y no aplicarse debidamente esos preceptos, porque la decisión de la Sala Fiscal de no estimar inoperantes los argumentos de la actora, como así se hizo valer en la contestación de demanda en el juicio natural, en concepto de la recurrente, es ilegal, ya que si bien dicha resolutora consideró en su sentencia que resultaba aplicable la causal de nulidad prevista en la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, no se molestó en definir cuál de los supuestos establecidos en tal fracción estimaba aplicable al caso concreto; que ante ese silencio presume que se trata de una conjugación de los supuestos relativos a que la resolución combatida en el juicio de nulidad se dictó en contravención a disposiciones aplicadas o que se dejaron de aplicar las debidas.

Lo anterior, tomando en cuenta que la Sala Fiscal determinó transgredido o dejado de aplicar el numeral 14 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y nueve, el cual, a su juicio, generaba un derecho al particular para que se cancelara por incosteabilidad el crédito fiscal materia de la controversia atendiendo a su cuantía.

En ese sentido, sigue diciendo que se tildaron de inoperantes en la contestación de demanda presentada por su parte los alegatos del actor, por evidenciar que el actuar de la autoridad demandada, al emitir la resolución materia del juicio, no actualizaba la causal de nulidad al no infringir ni dejar de aplicar norma jurídica alguna.

Asimismo, manifiesta que no puede atribuírsele a la autoridad demandada que en la resolución impugnada hubiera violado el artículo 14 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y nueve, ni tampoco atribuírsele que haya dejado de aplicar dicho precepto legal, porque la Aduana de Nogales, Sonora, no está facultada para realizar esa cancelación de crédito en el texto mismo del acto que lo determina, sino que la cancelación se da de acuerdo a un conocimiento primero de la existencia de ese crédito y su posterior calidad de incosteable, cumpliendo además con el límite máximo de importe para que pueda ser cancelado.

Por último, afirma que la Sala Fiscal sí hubiera estado en aptitud de verificar los requisitos para la cancelación del crédito impugnado, si el actor hubiera traído a juicio alguna resolución en donde la autoridad le hubiera negado la cancelación del crédito y, sin embargo, la resolución que se trata, en la especie, es la que determinó un crédito fiscal que en sí misma, dice, no violenta el repetido artículo 14 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y nueve, puesto que para que dicho dispositivo pudiera aplicarse, primero se debió determinar el crédito, agregando que los argumentos expuestos por el actor en el juicio natural, insiste, debieron haber sido considerados inoperantes por no actualizar ninguna causal de nulidad prevista en el artículo 238 del Código Fiscal de la Federación.

El agravio de mérito es fundado y suficiente para revocar el fallo recurrido.

Le asiste la razón al recurrente al decir que la sentenciante únicamente se concretó a establecer que se declaraba la nulidad de la resolución impugnada, en términos de la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, empero, omitió indicar cuál o cuáles de las hipótesis normativas previstas en dicho dispositivo se actualizaban en el caso concreto.

Dicho dispositivo prevé:

"Artículo 238. Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:

"...

"IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas."

Ahora bien, no se está en el caso de que la resolución se hubiere dictado en contravención de las disposiciones aplicadas, pues en el concepto de anulación analizado por la Sala no se planteó que así hubiera sido, es decir, no se alegó que las disposiciones que sirvieron de fundamento a la resolución impugnada, entre las que no se encuentra el artículo 14 de la Ley de Ingresos de la Federación de referencia, hubieran sido ilegalmente aplicadas, sino que lo que se argumentó fue en el sentido de que la autoridad al imponer el crédito fiscal, dejó de aplicar una norma que debía aplicarse, precisamente el citado artículo 14.

En otras palabras, si la autoridad no se pronunció en la resolución impugnada sobre la cancelación del crédito, negándola, no puede estimarse que haya habido una indebida aplicación del precepto.

Ahora bien, también es inexacto considerar que la autoridad demandada dejó de aplicar esta norma cuando debió hacerlo, ya que para que pudiera procederse a la cancelación de un crédito, previamente debe fincarse éste.

Luego, si en la resolución impugnada en el juicio de nulidad apenas se estaba fincando el crédito, la cancelación del mismo, de ser procedente, debía ser posterior, ya fuera porque se lo pidiera el contribuyente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o que ella de oficio lo hiciera.

De igual forma, como se denuncia, la Sala Fiscal de manera inexacta estableció en el fallo que nos ocupa, que el derecho alegado por la enjuiciante a su favor, derivado del artículo 14 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y nueve, en cuanto a que éste le concede la cancelación del crédito materia de la controversia atendiendo a su cuantía, era lo que afectaba precisamente la validez de dicho crédito.

Lo anterior es así, toda vez que, tal y como lo expone la ahora recurrente, en primer término la demandante no señaló ninguna irregularidad en la resolución controvertida, ni en el procedimiento administrativo que se entabló y que concluyó con la imposición de una multa que tuviera relación con el examinado artículo 14 de la Ley de Ingresos de la Federación, pues las cuestiones alegadas fueron posteriores a la emisión de la misma.

Por ello, es verdad que no podía atribuirse a la resolución impugnada violación alguna por contravención o falta de aplicación del artículo 14 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y nueve, ya que la resolución de la que se planteó su nulidad, únicamente fincó el crédito fiscal a cargo del agente aduanal César Gamas Palomeque por la cantidad de trescientos cuarenta y cuatro pesos moneda nacional; de ahí que, efectivamente, la no cancelación del referido crédito no fue materia de dicha resolución.

En consecuencia, tal y como lo hace valer el recurrente, si el artículo 14 antes invocado no formó parte de la resolución impugnada, evidentemente la Sala Fiscal trastocó lo dispuesto por los artículos 237 y 238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, al declarar la nulidad de la citada resolución, por no haber aplicado la autoridad sancionadora dicho precepto legal, el cual no resultaba aplicable si apenas se había determinado sobre fincar el crédito fiscal, por incurrirse en una conducta infractora de los artículos 54, 184, fracción III y 195, y sancionada por el artículo 185, fracción II, todos dispositivos de la Ley Aduanera.

Cabe señalar que no es óbice a lo anterior, que si bien se le concedió un término de cuarenta y cinco días para que el contribuyente pagara el crédito que se le fincó, esto según el punto resolutivo segundo de la propia resolución, lo cierto es que la autoridad puede o no iniciar el procedimiento administrativo de ejecución para obtener el cobro de dicho crédito.

De modo que será hasta que la autoridad fiscal dé inicio al procedimiento administrativo de ejecución, ordenando el requerimiento de pago y embargo, en caso de impago, cuando ya se puede constatar la voluntad de no cancelar el crédito fiscal previamente determinado.

En las apuntadas condiciones, al resultar fundado y suficiente el agravio examinado, deviene ocioso proceder al estudio de las restantes inconformidades vertidas.

En consecuencia, lo procedente es revocar el fallo recurrido y, por consiguiente, devolver los autos a fin de que la Sala Fiscal, siguiendo los lineamientos expuestos en esta ejecutoria, resuelva lo que en derecho corresponda.

Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia publicada bajo el número 338, Octava Época, sustentada por la anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 359, Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece:

"REVISIÓN FISCAL. INAPLICABILIDAD DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE AMPARO.-El amparo directo y la revisión de que conocen los Tribunales Colegiados de Circuito, en razón de su jurisdicción especial, sólo constituyen medios conferidos a los particulares o a las autoridades para ocurrir ante la Justicia Federal en defensa de sus intereses, en contra de sentencias pronunciadas por los tribunales de lo contencioso administrativo. La similitud entre esos medios de defensa extraordinarios lleva a la conclusión de que las resoluciones que en ambos casos se dicten, sólo pueden ocuparse de las cuestiones analizadas por la potestad común, en términos del artículo 190 de la Ley de Amparo, resultando por ello, inaplicable a las revisiones fiscales, lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, del propio ordenamiento; de manera que si en éstas se concluye que son fundados los agravios, de existir conceptos de anulación no estudiados por la Sala responsable, deben devolverse los autos a la Sala de su origen para que se haga cargo de las cuestiones omitidas, de la misma manera que ocurre en el amparo directo que no permite la sustitución de facultades propias de la responsable. Ello es así porque si bien el artículo 104 constitucional, en su fracción I-B, dispone que las revisiones contra resoluciones de tribunales contenciosos de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito ‘se sujetarán a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto ...’, ello no significa que tales revisiones deban resolverse con las mismas reglas del amparo indirecto en revisión, sino tan sólo que su trámite debe ajustarse a dichas reglas."

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 90 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-Es fundado el recurso de revisión fiscal interpuesto por la Administradora Local Jurídica de Ciudad Obregón, en el Estado de Sonora, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del presidente del Servicio de Administración Tributaria y de la Administración de la Aduana de Nogales, Sonora, en contra de la sentencia dictada en autos del juicio de nulidad 2928/00-01-01-7, promovido por César Gamas Palomeque.

SEGUNDO.-Se revoca la sentencia emitida por la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el veintiocho de agosto de dos mil uno, dictada en el citado juicio de nulidad.

Notifíquese, anótese en el libro de gobierno de este tribunal; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos originales al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Edna María Navarro García, José Manuel Blanco Quihuis y licenciado Ernesto Encinas Villegas, secretario de tribunal en funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16990-64737ff3/credito-fiscal-cancelacion-por-incosteabilidad-del-momento-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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