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Modo: Corpus Pro

REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR. LA IMPOSICIÓN DE ESA PENA NO EXCLUYE LA POSIBILIDAD QUE TIENEN LOS ACREEDORES PARA RECLAMAR EL PAGO DE ALIMENTOS POR LA VÍA CIVIL. REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR. PROCEDE CONDENAR A ELLA POR LAS DEUDAS Y OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR LOS ACREEDORES DURANTE EL LAPSO EN QUE PERSISTIÓ ESA INASISTENCIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/98. · Registro digital (IUS): 5616
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO, HOY PRIMERO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Mayo de 1999, , Pág. 340.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO, HOY PRIMERO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo Plenario 1/1997, de veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, en virtud de que las ejecutorias en cuestión se refieren a la materia penal.

SEGUNDO. Las ejecutorias pronunciadas por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, hoy Primer Tribunal Colegiado del circuito referido, en los juicios de amparo directo 65/73, 256/74, 73/75, 88/75 y 130/77, en la parte relativa a la temática de contradicción, establecen respectivamente lo siguiente:

Amparo directo 65/73.

"IV. ... También se queja el hoy quejoso de que sin haberse tomado en cuenta su solvencia económica, se le condenó al pago de reparación del daño, consistente en tres mil doscientos cincuenta pesos, monto a que ascienden las pensiones vencidas, las que en ningún momento se acreditaron en el juicio. Aun cuando es incorrecto el planteamiento del motivo de disconformidad, dada la naturaleza penal de este juicio de garantías, procede suplir la deficiencia de la queja, en los términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución General de la República y 76, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Al respecto, debe hacerse notar que el llamado delito de abandono de personas que, en puridad técnica, debe denominarse omisión de deberes de asistencia familiar, es un delito que tutela la vida e integridad corporal de los sujetos pasivos específicamente determinados en la figura, cuya consumación se actualiza con la puesta en peligro de estos bienes jurídicos, lo cual revela, que, en orden al resultado, deba considerarse como delito de peligro, en el que no puede existir daño material o moral que dé base a la sanción reparadora. En efecto, la reparación del daño que forma parte de la sanción pecuniaria, no debe ser objeto de condena, tratándose de delitos de peligro, ya que éstos, por su naturaleza especial, no causan daños, sin que esto implique que el acreedor alimentista no tenga expedita su acción civil para obtener el pago de las pensiones adeudadas, ya que a través de la figura delictiva se ha pretendido únicamente dar una más efectiva tutela al hogar, para evitar los incumplimientos de deberes de asistencia que pongan en peligro concreto la vida e integridad corporal del cónyuge o hijos menores, quienes por la conducta omisa del sujeto activo quedan en situación de desamparo total, pero es patente que esa tutela de naturaleza penal, no elimina la posibilidad del ejercicio de las acciones civiles que, en su caso, podría ejercitar el acreedor alimentista. En las condiciones apuntadas, salta a la vista que la condena a la reparación del daño, independientemente de su monto, viola las garantías constitucionales del quejoso, toda vez que implica una inexacta aplicación de la ley penal; y por ende, también debe concedérsele el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicita por este aspecto. Por todo lo anterior, debe concedérsele el amparo y la protección de la Justicia Federal a Noé Alvarado Montejo, para el efecto de que la autoridad, dejando subsistente la estimación respectiva a la existencia del delito y responsabilidad penal del acusado, individualice correctamente la sanción privativa de libertad corporal, en los términos señalados en esta ejecutoria y elimine la condena a la reparación del daño, haciéndose extensiva esta concesión a lo que se refiere a los actos de ejecución atribuidos al Juez Mixto de Primera Instancia de Huimanguillo, Tabasco."

Amparo directo 256/74.

"En cuanto al argumento que hace valer el quejoso en el sentido de que es claro que en la especie se trate de la exigencia de la deuda de carácter civil, reclamación de pensiones alimenticias caídas y no de la acción persecutoria penal (sic), aun cuando está planteado en forma deficiente debe estudiarse supliendo la deficiencia de la queja en términos de los artículos 107, fracción II de la Constitución General de la República, y 76, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en efecto:

"Al respecto, debe hacerse notar que el llamado delito de abandono de personas que, en puridad técnica, debe denominarse omisión de deberes de asistencia familiar, es un delito que tutela la vida e integridad corporal de los sujetos pasivos específicamente determinados en la figura, cuya consumación se actualiza con la puesta en peligro de estos bienes jurídicos, lo cual revela que, en orden al resultado, deba considerarse como delito de peligro, en el que no puede existir daño material o moral que dé base a la sanción reparadora. En efecto, la reparación del daño que forma parte de la sanción pecuniaria, no debe ser objeto de condena, tratándose de delitos de peligro, ya que éstos, por su naturaleza especial, no causan daños, sin que esto implique que el acreedor alimentista no tenga expedita su acción civil para obtener el pago de las pensiones adeudadas, ya que a través de la figura delictiva se ha pretendido únicamente dar una más efectiva tutela al hogar, para evitar los incumplimientos de deberes de asistencia que pongan en peligro concreto la vida e integridad corporal del cónyuge o hijos menores, quienes por la conducta omisa del sujeto activo quedan en situación de desamparo total, pero es patente que esta tutela de naturaleza penal, no elimina la posibilidad del ejercicio de las acciones civiles que, en su caso, podría hacer valer el acreedor alimentista. En las condiciones apuntadas, salta a la vista que la condena a la reparación del daño, independientemente de su monto, viola las garantías constitucionales del quejoso, toda vez que implica una inexacta aplicación de la ley penal, y por ende, debe concedérsele el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicita, por este concepto, para el efecto de que la autoridad responsable, deje insubsistente la sentencia reclamada únicamente por lo que toca a la condena a la reparación del daño, y en una nueva que dicte absuelva al quejoso de esa condena."

Amparo directo 73/75.

"... Seguidamente, cabe destacar que el llamado delito de abandono de personas que, en puridad técnica debe denominarse omisión de deberes de asistencia familiar, es un delito que tutela la vida e integridad corporal de los sujetos pasivos específicamente determinados en el tipo, cuya consumación se actualiza con la puesta en peligro de bienes jurídicos plenamente protegidos, lo cual revela que, en orden al resultado, debe considerársele como delito de peligro, en el que no existe daño material o moral que dé base a la sanción reparadora. En efecto, la reparación del daño que forma parte de la sanción pecuniaria, no debe ser objeto de condena tratándose de delitos de peligro, ya que éstos, por su naturaleza especial, no causan daños, sin que esto implique que la acreedora alimentista no tenga expedita la vía civil para reclamar del agente del delito, el pago de las pensiones dejadas de ministrar, así como también, las cantidades erogadas con motivo del desamparo económico, ya que a través de la figura delictiva se ha pretendido únicamente dar una protección más efectiva al hogar, para evitar los incumplimientos de deberes de asistencia que pongan en peligro la vida e integridad corporal de un miembro de la familia, quienes por la conducta omisa del sujeto activo quedan en situación de desamparo total, pero esta tutela de naturaleza penal no elimina la posibilidad del ejercicio de las acciones civiles de orden alimentaria. En tales condiciones, la condena a la reparación del daño impuesta al hoy quejoso Bernardo Félix Chable, viola sus garantías individuales por cuanto que implica una inexacta aplicación de la ley penal, y por ende, procede concederle la protección constitucional que insta, para el único efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar pronuncie otra, en la que absuelva del pago de la reparación del daño y mantenga firme los restantes puntos dispositivos del fallo de primera instancia. Apoya lo anterior, criterio semejante sustentado por este Tribunal Colegiado al resolver los juicios de amparo directo números 65/973 y 256/974, promovidos por Noé Alvarado Montejo y Carmen Hernández Salvador, respectivamente."

Amparo directo 88/75.

"En efecto, un examen de los autos del toca de apelación número 711/974, permite observar que el acusado Candelario Díaz Jiménez apeló de la sentencia de primer grado que lo condenó a sufrir la pena de un año de prisión y a pagar dos mil pesos por concepto de reparación de daño, como responsable del delito de abandono de persona, en agravio de su menor hijo Hilario Díaz Pérez, concretando su disconformidad en lo que respecta a la reparación del daño, por estimarla excesiva, pena que fue confirmada por el tribunal responsable y que constituye el acto reclamado. Al respecto, debe hacerse notar que el llamado delito de abandono de personas que, en puridad técnica debe denominarse omisión de deberes de asistencia familiar, es un delito que tutela la vida e integridad corporal de los sujetos pasivos específicamente determinados en la figura, cuya consumación se actualiza con la puesta en peligro de estos bienes jurídicos, lo cual revela que, en orden al resultado, debe considerarse como delito de peligro, en el que no existe daño material o moral que dé base a la sanción reparadora. En efecto, la reparación del daño que forma parte de la sanción pecuniaria, no debe ser objeto de condena, tratándose de delitos de peligro, ya que éstos, por su naturaleza especial no causan daños, sin que esto implique que el acreedor alimentista no tenga expedita su acción civil para obtener el pago de las pensiones adeudadas, ya que a través de la figura delictiva se ha pretendido únicamente dar una más efectiva tutela al hogar, para evitar los incumplimientos de deberes de asistencia que pongan en peligro concreto la vida e integridad corporal del cónyuge e hijos menores, quienes por la conducta omisa del sujeto activo quedan en situación de desamparo total, pero es patente que esta tutela de naturaleza penal, no elimina la posibilidad del ejercicio de las acciones civiles que, en su caso, podría ejercitar el acreedor alimentista. Este criterio lo ha sostenido este propio tribunal en el amparo directo 65/973, promovido por Noé Alvarado Montejo y la tesis relativa aparece publicada en la página 329 de la Tercera Parte del Informe relativo a Tribunales Colegiados, correspondiente a 1974. En las condiciones apuntadas, es patente que la condena de reparación del daño, independientemente de su monto, viola las garantías constitucionales del quejoso, toda vez que implica una inexacta aplicación de la ley penal, y por ende, debe concedérsele el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita por este concepto, para el efecto de que la autoridad responsable, manteniendo la condena privativa de libertad por estimar al propio quejoso responsable del delito de abandono de persona, previsto en el artículo 313 del Código Penal aplicable deje insubsistente la sentencia reclamada, únicamente por lo que toca a la reparación del daño, y en una nueva que dicte, absuelva al acusado de esa sanción pecuniaria, y cabe hacer extensiva la concesión del amparo en lo que mira al acto de ejecución atribuido al Juez Mixto de Primera Instancia de Tenosique, Tabasco."

Amparo directo 130/77.

"Ahora bien, este Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en uso de la facultad que le confieren los artículos 107 constitucional, fracción II y 76 párrafo tercero de la Ley de Amparo, suple la deficiencia de la queja, por tratarse de un asunto de naturaleza penal, únicamente por lo que se refiere a la reparación del daño.

"De autos aparece que el tribunal responsable en su sentencia combatida mediante esta vía, confirmó también la condena de diez mil cincuenta pesos, impuesta a Ernesto Sánchez López por concepto de reparación del daño, soslayando la circunstancia de que el llamado delito de abandono de personas que, en puridad técnica debe denominarse omisión de deberes de asistencia familiar, es un ilícito que tutela la vida e integridad corporal de los sujetos pasivos específicamente determinados en el tipo, cuya consumación se actualiza al poner en peligro bienes jurídicamente protegidos, lo cual revela que, en orden al resultado, debe considerársele como delito de peligro, en el que no existe daño material o moral que dé base a la sanción reparadora.

"En efecto, la reparación del daño que forma parte de la sanción pecuniaria, no debe ser objeto de condena tratándose de delitos de peligro, ya que éstos, por su naturaleza especial, no causan daños, sin que esto implique que el acreedor alimentista no tenga expedita la vía civil para reclamar del agente del delito, el pago de las pensiones dejadas de ministrar, así como también las cantidades erogadas con motivo del desamparo económico, ya que a través de la figura delictiva se ha pretendido únicamente dar una protección más efectiva al hogar, para evitar los incumplimientos de deberes de asistencia que pongan en peligro la vida e integridad corporal de un miembro de la familia, quienes por la conducta omisa del sujeto activo quedan en situación de desamparo total, pero esta tutela de naturaleza penal no elimina la posibilidad del ejercicio de las acciones civiles de orden alimentaria. Apoya lo anterior, criterio semejante sustentado por este Tribunal Colegiado, al resolver los juicios de amparo directo números 75/973, 256/974, 88/975, 73/975.

"Consecuentemente, la condena por la cantidad de diez mil cincuenta pesos, que en concepto de reparación del daño se impuso a Ernesto Sánchez López, viola sus garantías individuales, por cuanto que implica una inexacta aplicación de la ley penal, lo que da lugar a concederle la protección de la Justicia Federal, para el único efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar pronuncie otra, en la que lo absuelva del pago de la reparación del daño y mantenga firme los demás puntos dispositivos del fallo de primera instancia."

Con tales criterios se integró la siguiente tesis de jurisprudencia de la Séptima Época, visible a foja 343, Volumen 97-102, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación:

"ABANDONO DE PERSONAS, IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE REPARACIÓN DEL DAÑO TRATÁNDOSE DEL DELITO DE. El delito de abandono de personas que, en puridad técnica debe denominarse ‘omisión de deberes de asistencia familiar’, es un delito que tutela la vida e integridad corporal de los sujetos pasivos específicamente determinados en la figura, cuya consumación se actualiza con la puesta en peligro de estos bienes jurídicos, lo cual revela que en orden al resultado, debe considerarse como delito de peligro, en el que no puede existir daño material o moral que dé base a la sanción reparadora. En efecto, la reparación del daño, que forma parte de la sanción pecuniaria, no debe ser objeto de condena, tratándose de delitos de peligro, ya que éstos, por su naturaleza especial, no causan daños, sin que esto implique que el acreedor alimentista no tenga expedita su acción civil para obtener el pago de las pensiones adeudadas, ya que a través de la figura delictiva se ha pretendido únicamente una más efectiva tutela, para evitar los incumplimientos de deberes de asistencia que pongan en peligro completo la vida e integridad corporal del cónyuge e hijos menores, quienes por la conducta omisa del sujeto activo quedan en situación de desamparo total; pero es patente que esta tutela de naturaleza penal no elimina la posibilidad de ejercicio de las acciones civiles que, en su caso, podría ejercitar el acreedor alimentista."

TERCERO. La ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, en el juicio de amparo directo 768/97, en la parte que interesa dice textualmente:

"El diverso concepto de violación (sic) el quejoso aduce que la Sala incorrectamente confirmó la pena pecuniaria consistente en la reparación del daño, pues el delito previsto en el artículo 198 del Código de Defensa Social del Estado de Yucatán, es de los denominados de peligro y no de resultado material que genere reparación de daño alguno y que además dicha pena no está prevista en el citado numeral.

"Lo que antecede es infundado, toda vez que el tipo en comentario es de naturaleza omisiva impropia, cuyas características son que el autor sólo puede ser quien se encuentre dentro de un determinado círculo de sujetos, que adquiere una posición de garante, en virtud de una norma jurídica, esto es, que se encuentre en una situación tal, de respeto de los sujetos pasivos que los obligue especialmente a la conservación y cuidado del bien jurídicamente tutelado; así como que el dejar de hacer del sujeto activo, se traduzca en sí mismo en el incumplimiento de las normas que le imponen esa obligación.

"El tipo de referencia tiene como elemento normativo, la obligación del sujeto activo con relación a sus familiares, lo cual se deriva de un conjunto de preceptos jurídicos de naturaleza familiar inmersas en el Código Civil del Estado de Yucatán, que lo sitúan en una posición de garante en relación con su esposa e hijos, es por lo tanto, como se dijo, un tipo de omisión impropia, que hace típica la conducta consistente en dejar de hacer lo que una norma jurídica le impone al sujeto como deber; y ante su omisión provoca como resultado el desamparo de sus familiares; que se traduce en la realización del estado de peligro.

"De manera que al ubicarse dentro de los tipos omisivos impropios, que producen el resultado (en este caso el desamparo de sus familiares), es evidente que el órgano jurisdiccional está en aptitud de imponer como pena el pago de la reparación del daño, pues en este caso su esposa e hija deben ser resarcidas de los daños que ocasionó el incumplimiento de los deberes familiares por parte de dicho garante, que los situó durante varios meses en un estado de peligro ante el desamparo; y el órgano jurisdiccional está en aptitud de imponerla, pues dicha pena está prevista en los artículos 34, 35 y 36 inmersos en la parte general del código punitivo y por ende aplicable cuando proceda a los delitos en particular, a fin de resarcir el daño material y moral causado.

"Por último sólo cabe agregar que las penas impuestas al quejoso, consistentes en un año, un mes de prisión, multa de diez días de salario mínimo y el pago por concepto de reparación del daño, de la suma de doce mil ochocientos pesos moneda nacional, resultan justas y equitativas, si se toma en cuenta que la Sala confirmó la resolución de primer grado que tomó en consideración lo dispuesto en los artículos 71 y 72 del Código de Defensa Social del Estado de Yucatán y ubicó fundadamente la peligrosidad social del sentenciado en un grado ligeramente superior al mínimo; por lo correspondiente a la reparación del daño, el monto aludido es equitativo, pues el órgano jurisdiccional de referencia, cuantificó el término en que el activo dejó de proporcionar a su esposa e hija, los citados medios de subsistencia."

De esa ejecutoria derivó la tesis siguiente:

"REPARACIÓN DEL DAÑO. PROCEDE TRATÁNDOSE DEL DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR POR SER DE NATURALEZA OMISIVA IMPROPIA, Y AL SURTIRSE PROVOCA COMO RESULTADO EL DESAMPARO DE LOS ACREEDORES, ACTUALIZÁNDOSE EL ESTADO DE PELIGRO. El artículo 198 del Código de Defensa Social del Estado de Yucatán establece las sanciones que deberán imponerse al que sin motivo justificado dejare de cumplir con el deber de asistencia respecto de sus ascendientes, hijos o cónyuge, por no ministrarles los recursos necesarios para atender a su subsistencia. Esta figura típica es de naturaleza omisiva impropia, dado que coloca al sujeto activo en una situación de respeto al pasivo, obligándolo especialmente a la conservación y cuidado del bien jurídicamente tutelado, lo cual se deriva de un conjunto de preceptos jurídicos de naturaleza familiar inmersos en el Código Civil del Estado de Yucatán, que lo sitúan en una posición de garante con relación a sus acreedores alimentarios y, por ende, la omisión en el cumplimiento de tales obligaciones provoca como resultado el desamparo de los familiares del acusado, lo que se traduce en la realización del estado de peligro. En este contexto, es evidente que al tenerse por acreditada la plena responsabilidad del imputado en la comisión del ilícito en comento, el órgano jurisdiccional está en aptitud de imponerle como pena el pago de la reparación del daño, cuenta habida de que los pasivos deben ser resarcidos de los daños que ocasionó el incumplimiento por parte de su garante, que los situó, durante el lapso en que se actualizó la conducta delictiva, en un estado de peligro."

CUARTO. Es procedente que esta Sala realice el estudio de la presente denuncia de contradicción de tesis y dicte la resolución correspondiente, aun sin contar con la opinión del procurador general de la República, pues debe entenderse que dicho funcionario no estimó pertinente intervenir en el asunto, facultad que le confiere el artículo 197-A, párrafo primero de la Ley de Amparo.

Al respecto sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia que bajo el número 183 aparece publicada en las páginas 124 y 125 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo este tenor:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA ABSTENCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EXPONER SU PARECER DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTIMÓ PERTINENTE INTERVENIR EN ELLA. En el artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo se concede una facultad potestativa al procurador general de la República para que, por sí o por conducto del agente del Ministerio Público Federal que al efecto designe, emita su parecer dentro del plazo de treinta días en relación con las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, cuando el mencionado servidor público se abstiene de formular su parecer en el término de referencia debe interpretarse que no estimó pertinente intervenir en el asunto de que se trate, lo que por consiguiente vuelve procedente se dicte la resolución que corresponda sin la opinión de mérito."

QUINTO. Antes de proceder al análisis correspondiente es preciso establecer, si en el caso sujeto a estudio, existe contradicción entre las tesis sustentadas por los mencionados Tribunales Colegiados, al resolver los juicios de amparo directo cuyas consideraciones esenciales recién se han transcrito, ya que sólo en tal hipótesis será posible efectuar pronunciamiento en relación al fondo del asunto.

Resulta importante recordar al respecto la tesis jurisprudencial sustentada por la Cuarta Sala de este Máximo Tribunal del país en su anterior integración, visible a fojas 22 y 23 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 58, octubre de mil novecientos noventa y dos que a la letra dispone:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda, deben decidir cuál tesis debe prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes, b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

En la especie, sostuvo el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, hoy Primero de ese propio circuito, en la tesis de jurisprudencia emanada de la resolución uniforme de los amparos directos 65/73, 256/74, 73/75, 88/75 y 130/77, que la reparación del daño, como integrante de la sanción pecuniaria, no debe ser objeto de condena en los casos de delitos de peligro, ya que éstos, por su naturaleza especial, no causan daños; de modo que en el de abandono de personas, no procede imponer tal sanción, pues se trata de un injusto social que se agota con la puesta en peligro de la vida e integridad corporal; sin que esto último implique que el acreedor alimentista no tenga expedita su acción civil para obtener el pago de las pensiones adeudadas, ya que a través de esa figura delictiva se ha perseguido únicamente una más efectiva tutela, para evitar los incumplimientos de deberes de asistencia que pongan en peligro completo la vida e integridad corporal del cónyuge e hijos menores.

Ese delito, que estuvo contemplado en el artículo 313 del Código Penal para el Estado de Tabasco, en la época en que se sustentó el criterio analizado y que ahora prevé en similares términos el numeral 206 del moderno Código Penal de la propia entidad, consiste en lo siguiente:

"Al que, sin motivo justificado abandone a sus hijos, a su cónyuge o a sus padres, sin recursos propios para atender sus necesidades de subsistencia, se le aplicarán hasta tres años de prisión y privación de los derechos de familia."

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, en su tesis formulada al resolver el amparo directo 768/97, afirma que procede condenar a la reparación del daño tratándose del ilícito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, tipificado en el artículo 198 del Código de Defensa Social del Estado de Yucatán, virtud a que se trata de una figura típica de naturaleza omisiva impropia, al colocar al sujeto activo en una posición de garante con relación a sus acreedores alimentarios, y que en el caso de desacato a tal obligación, ocasiona el desamparo de sus familiares, lo que se traduce en la realización del estado de peligro y da lugar al pago de la reparación del daño emanado de tal abandono, durante el lapso en que esa situación persiste.

El indicado numeral es de este tenor:

"Al que, sin motivo justificado, dejare de cumplir el deber de asistencia respecto de sus ascendientes, hijos o cónyuge sin ministrarles los recursos necesarios para atender a su subsistencia, se le aplicará prisión de uno a cuatro años y multa equivalente al importe de seis a cuarenta días de salario, y se le privará del derecho de familia. Cuando el inculpado incurriere nuevamente en el mismo delito la prisión será de tres a seis años, aun cuando hubiere sido perdonado en el caso o casos anteriores."

Como se ve, en el asunto del que se busca dilucidar el criterio que debe prevalecer, se advierte que sí se produce la discrepancia de posturas, habida cuenta que, mientras el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, hoy Primer Tribunal Colegiado del aludido circuito, establece que en el caso de los delitos que, en orden a su resultado, son de peligro, entre ellos el de abandono de personas, se consuman con la sola exposición del bien jurídico que tutelan y por ello no causan daños, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, por su parte, sostiene que en los delitos de esa índole, incluido el de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, desde el momento en que se realiza el estado de peligro, permite sancionar al pago de la reparación del daño surgido de tal situación, que en el caso específico corresponde a aquel que se ocasione durante el lapso del desamparo.

Es decir, aunque ambos coinciden en calificar como delito de peligro al injusto social tipificado en los numerales antes transcritos, discrepan en cuanto a los alcances de esa figura antisocial: el primero es de la idea de que por tratarse de un delito de peligro, no es susceptible de ocasionar daño alguno, en tanto que el segundo considera que desde el momento en que ese estado de peligrosidad se materializa surge la posibilidad del daño y con ello el derecho del ofendido para que le sea cubierto en la medida ocasionado.

No es obstáculo a ello el hecho de que el segundo de los criterios en contraposición no constituya jurisprudencia, porque los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero constitucional y 197-A, de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no exige dicho requisito.

Es oportuno traer a colación la jurisprudencia que puede verse en la página 127 del tomo y Apéndice referido en párrafos previos, de estos rubro y texto:

"CONTRADICCIÓN. PROCEDE LA DENUNCIA CUANDO EXISTEN TESIS OPUESTAS, SIN QUE SE REQUIERA QUE SEAN JURISPRUDENCIAS. Es inexacto que la denuncia de contradicción de tesis sea improcedente cuando las tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, sobre una misma cuestión, en la materia de su exclusiva competencia, no constituyan jurisprudencia, ya que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XII, párrafos primero y tercero, de la Constitución General de la República y 195 bis de la Ley de Amparo, para que dicha denuncia proceda, sólo se requiere, tratándose de Tribunales Colegiados de Circuito, que éstos sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, pero no que las tesis denunciadas constituyan jurisprudencia."

Tampoco se erige en dique a tal conclusión la circunstancia de que cada

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5616-c73fc4a2/reparacion-del-dano-en-el-delito-de-incumplimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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