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REVISIÓN. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EN EL AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 352/98. · Registro digital (IUS): 5627
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Mayo de 1999, , Pág. 950.

AMPARO EN REVISIÓN 352/98. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-Es innecesario transcribir la sentencia recurrida, así como los agravios respectivos, ya que este tribunal no se ocupará de su estudio, por las razones que a continuación se detallan:

En efecto, previamente conviene considerar lo dispuesto en los artículos 107, fracciones I y VIII y 123, fracción XX, de la Constitución Federal; 4o., 5o., fracción II, 11, 83, fracción IV y 87 de la Ley de Amparo, que disponen:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determina la ley, de acuerdo con las bases siguientes:

"I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;

"...

"VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:

"a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos directamente violatorios de esta Constitución, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 de esta Constitución y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados o por el jefe del Distrito Federal, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.

"b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de esta Constitución.

"La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del procurador general de la República, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

"En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los Tribunales Colegiados de Circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno."

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley;

"...

"XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos y uno del gobierno."

"Artículo 4o. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor."

"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

"...

"II. La autoridad o autoridades responsables."

"Artículo 11. Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado."

"Artículo 83. Procede el recurso de revisión:

"...

" IV. Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, o por el superior del tribunal responsable, en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley. Al recurrirse tales sentencias deberán, en su caso, impugnarse los acuerdos pronunciados en la citada audiencia."

"Artículo 87. Las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que de cada una de ellas se haya reclamado; pero tratándose de amparos contra leyes, los titulares de los órganos de Estado a los que se encomiende su promulgación, o quienes los representen en los términos de esta ley, podrán interponer, en todo caso, tal recurso.-Se observará lo dispuesto en el párrafo anterior, en cuanto fuere aplicable, respecto de las demás resoluciones que admitan el recurso de revisión."

Ahora bien, conforme a lo dispuesto en los preceptos constitucionales y de la Ley de Amparo que se invocan, el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame y así, únicamente el agraviado, su representante, en su caso, su defensor, podrán seguir dicho juicio, como igualmente estarán en la aptitud legal de promover los recursos e instancias correspondientes por constituir parte interesada; esto es, aquella a la que el acto reclamado o la actuación u omisión impugnados, causen un agravio personal y directo.

Asimismo, las autoridades responsables, como partes que son en el juicio de amparo, tienen facultad para intervenir en éste y, de la misma manera, para interponer los recursos que procedan, pero esto último como regla general, porque el artículo 87 transcrito, limita este tipo de atribuciones a aquellos casos en que las sentencias afecten directamente el acto que de ellas se reclama.

Lo asentado adquiere mayor relevancia en la especie, en virtud de que la Junta inconforme dentro de sus atribuciones conferidas en el mencionado artículo 107, fracción XX, de la Constitución Federal, da trámite a una controversia de carácter laboral, cuya resolución es desinteresada por fuerza legal a fin de guardar la imparcialidad que le resulta; por tanto, es claro que su actuación se agota con el dictado de la resolución que constituye el acto reclamado por el quejoso, y el interés de que tal determinación subsista o no, sólo lo tienen las partes que habrán de ver afectada su esfera jurídica e, inclusive, sufrir los efectos y repercusiones de la misma, lo cual no incumbe a la propia responsable.

Independientemente de lo anterior, resulta obligado destacar la trascendencia que supone que la autoridad responsable judicial o jurisdiccional, interponga la revisión en contra de la sentencia en que su resolución fue declarada violatoria de garantías en un juicio de amparo indirecto.

Efectivamente, la Junta responsable carece de legitimación para impugnar la resolución de amparo, pues como autoridad, ningún agravio le causa la declaración de inconstitucionalidad de dicha resolución, que tuvo aplicación en beneficio o perjuicio de una de las partes y, desde luego, como consecuencia, el recurso del tribunal aprovecharía en su caso, a quien resulta contraparte del quejoso. En esas condiciones, si el órgano jurisdiccional responsable impugna la resolución de amparo, es claro que su acción, necesariamente favorece a alguna de las partes, y de la misma manera, perjudica a la otra, en cuanto la ejecutoria que le otorga la protección federal ha de ser revisada, con la posibilidad legal de su revocación a instancia de su juzgador, que de ese modo demerita el deber de imparcialidad que la ley le impone y, además, viola también las obligaciones jurisdiccionales que le incumben como órgano resolutor, consistentes en ajustarse a las leyes que emanan del Poder Legislativo como autoridad intérprete y aplicadora, al intervenir oficiosamente para sostener la constitucionalidad del acto reclamado, con el agravante de que estarían lógicamente autorizadas para expresar argumentaciones propias de la parte que sufre un agravio personal y directo, esto resulta contrario a la naturaleza imparcial de la actividad jurisdiccional y a las indicadas obligaciones primarias que le competen, pues desde el momento en que interpone un recurso se está inclinando por una de las dos partes, sea que se trate de un juicio de carácter civil o laboral.

Además, con relación al primer supuesto del artículo 87 de la Ley de Amparo, se obtiene una nota distintiva para el punto que aquí interesa, a saber: Las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión en contra de las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado.

Una interpretación lógica de la precisión anterior nos conduce a obtener una doble connotación del vocablo afectación a que alude el invocado numeral: La primera, entendida como una vinculación entre la sentencia dictada en el amparo correspondiente y el acto reclamado de la o las autoridades responsables; y la segunda, como la incidencia o el trastocamiento que por virtud de dicho fallo sufre la autoridad responsable en sus intereses o derechos.

Así, para la materia del presente asunto, es dable abordar como primera conclusión que las autoridades responsables en el juicio constitucional estarán legitimadas para inconformarse en contra de las sentencias respectivas, cuando éstas afecten en el contexto de sus facultades, directamente los actos a cada una imputados, de manera tal que dicha vinculación cause un perjuicio en el ámbito de competencia del órgano de gobierno.

Tal criterio se corrobora con el principio fundamental de la acción de amparo que se obtiene del artículo 4o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, consistentes en que el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a la que le perjudique el acto o la ley que se reclame, lo que significa que la promoción del amparo, será siempre por parte agraviada, o sea, por aquella que en el acto reclamado o la actuación u omisión impugnados causen un agravio personal y directo. Principio fundamental del proceso constitucional que legítima a los promoventes principales para accionar, se reitera, tanto el juicio como sus recursos e instancias.

En conclusión, no basta con que la Junta responsable tenga el carácter de parte, para estimarla legitimada a interponer recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto. Los recursos requieren un factor esencial para su procedencia, el cual descansa en el agravio a su labor enmarcada de atribuciones, que el legislador llama afectación y si al órgano de impartición de justicia no le incumbe una legitimación en que el juicio de amparo indirecto se resuelva en tal tópico en uno u otro sentido, es claro que no le asiste la legitimación para promover recurso de revisión en estos casos; de no entenderse así, la posibilidad del recurso al órgano jurisdiccional responsable trastocaría el orden y principio de afectación de atribuciones, requerido por el artículo 87 de la Ley de Amparo.

Apoyan a lo anterior, la jurisprudencia publicada con el número 593, página 393, Tomo V, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, y las tesis que enseguida se citan, localizables en los Tomos LXXXV y XCV, páginas 2396 y 2076, Quinta Época, Cuarta y Tercera Salas, del Semanario Judicial de la Federación, que por su orden dicen:

"TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. CARECE DE FACULTADES PARA INTERPONER REVISIÓN.-Cuando las autoridades responsables actúan resolviendo una controversia y su resolución es atacada en amparo, carecen del derecho de interponer revisión, por ausencia del interés necesario para la prosecución del juicio y del que sólo son titulares el quejoso y el tercero perjudicado. Por tanto, si el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje resuelve una controversia, carece del interés preciso para la prosecución del litigio en el cual versan exclusivamente los intereses de los sujetos de la relación jurídica, y si interpone revisión en el amparo promovido en contra de su sentencia, tal recurso debe desecharse."

"TRIBUNAL DE ARBITRAJE, CUÁNDO NO DEBE INTERPONER REVISIÓN.-Cuando las autoridades responsables actúan resolviendo una controversia y su resolución es atacada en amparo, carecen de derecho para interponer revisión, por falta del interés que es necesario para la prosecución del juicio y del que sólo son titulares el quejoso y el tercer perjudicado y, por tanto, en el caso, no pueden ser materia de examen para confirmar o revocar la resolución recurrida dictada por el inferior, los agravios propuestos por el Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado, autoridad responsable en el juicio de garantías."

"AUTORIDADES RESPONSABLES, REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS.-La cuestión relativa a si las autoridades responsables pueden recurrir en revisión los fallos dictados por los Jueces de Distrito, ha sido ya resuelta en sentido afirmativo, valiéndose de este silogismo: Todas las partes pueden interponer los recursos establecidos por la ley; la autoridad responsable es parte, luego puede interponer el recurso de revisión. Para fundar las proposiciones constitutivas de ese silogismo, se han invocado los artículos 5o., 84 y 86 de la Ley de Amparo, preceptos que indudablemente apoyan la conclusión apuntada. Sin embargo, resulta conveniente hacer un análisis detallado de la premisa mayor, es decir, examinar con detenimiento si es cierto que efectivamente todas las partes en el juicio de garantías, pueden interponer los recursos establecidos por la ley, pues de la verdad que contenga la proposición de que se trata, depende la exactitud de la conclusión. Previamente es necesario decir que la Ley de Amparo tiene como presupuesto indispensable su constitucionalidad, y por lo mismo, la interpretación de sus disposiciones deberá hacerse de manera que las mismas resulten en consonancia con la Constitución de la República. El fundamento del recurso de revisión se encuentra en la parte final del párrafo primero de la fracción IX del artículo 107 constitucional, disposición que refiriéndose al fallo del Juez de Distrito, expresamente dice que ‘causará ejecutoria si los interesados no ocurrieren a la Suprema Corte dentro del término que fija la ley’. Esto indica la necesidad de que quien interponga el recurso de revisión, sea un ‘interesado’, por lo que debe examinarse la clase de interés a que la Constitución se refiere, para después determinar si todas las partes en el amparo son igualmente interesadas. El principio que rige el juicio constitucional, es indudablemente el que se informa en los conceptos de interés y de perjuicio a que aluden los artículos 4o. y 73, fracción VI, de la ley reglamentaria, y estos preceptos deben relacionarse con los artículos primero de la propia ley y 103 de la Constitución, según los cuales, el procedimiento judicial de que se viene hablando, tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad, que violen las garantías individuales. Son por tanto los derechos de carácter fundamental en favor de los individuos, consagrados en los veintinueve primeros artículos de la Constitución, el objeto de la protección que se realiza por medio del juicio de garantías; y el interés a que se refiere la fracción IX, del artículo 107 constitucional, es el que se tiene en obtener una resolución que proteja esos derechos fundamentales. Ahora bien, no puede admitirse que todas las partes en el juicio de amparo se encuentren en la misma situación jurídica y tengan el mismo interés. Es indudable que el agraviado, además de ser parte, es titular del interés que exige la fracción IX, del artículo 107 constitucional, para la interposición del recurso de revisión; y el tercero perjudicado está en situación jurídica idéntica, puesto que se encuentra frente al agraviado, discutiendo el mismo derecho que éste. Por lo que ve al Ministerio Público, ya la jurisprudencia se ha encargado de definir su situación jurídica, negándole, a pesar de ser parte en el juicio de garantías, la facultad de recurrir en revisión las sentencias de los Jueces de Distrito, por las siguientes razones: Porque no tiene el carácter de contendiente ni el de agraviado; porque sólo se le considera como parte reguladora del procedimiento; porque no tiene ‘interés directo’ alguno, en el acto que motiva a los litigantes. Establecido lo anterior, debe decirse finalmente, que por lo que toca a la aptitud de la autoridad responsable, para la interposición del recurso de revisión, es necesario hacer las debidas distinciones, pues no es lo mismo el Juez que resuelve una cuestión civil o mercantil, que la autoridad administrativa que atiende a la consecución de los fines del Estado, y que las Juntas de Conciliación y Arbitraje que resuelven los conflictos que se susciten con motivo de las relaciones obrero-patronales. En efecto, las autoridades administrativas obran en representación del poder público y como tienen a su cargo el desarrollo de la función política administrativa, a la vez que las partes, son interesados en el juicio de garantías, puesto que los actos que de las mismas se reclaman, tienen casi siempre por objeto el cumplimiento de la misión fundamental del Estado, motivo por el cual, en presencia de un fallo adverso dictado por un Juez de Distrito, deben estar en aptitud de ocurrir ante la Suprema Corte de Justicia, pugnando por la validez y subsistencia de sus actos. En otros términos, si tienen el carácter de contendientes; les asiste un ‘interés directo’, en la subsistencia del acto reclamado, y la sentencia que concede el amparo contra dicho acto, afecta los intereses jurídicos que están a su cuidado. Debe concluirse por tanto, que las autoridades administrativas están facultadas para interponer recurso de revisión. En cambio, cuando se trata de las autoridades judiciales, que resuelven negocios civiles o mercantiles, o de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que resuelven los conflictos suscitados por las relaciones obrero-patronales, o del Tribunal de Arbitraje, que resuelve las controversias entre el Estado y sus servidores, no se da la concurrencia de los elementos que se acaban de mencionar, sino que, como acontece respecto del Ministerio Público, no tienen el carácter de contendientes ni de agraviados; no les asiste interés directo alguno respecto del acto que da materia al amparo, porque sólo afecta a las partes que litigan ante dichas autoridades responsables, y por último, su función es también, en cierto modo, reguladora del procedimiento, pues esas autoridades no son partes en el sentido ordinario del vocablo, y aunque la Ley de Amparo les reconoce ese carácter, no por ello dejan de representar al Estado, como tenedoras del Poder Judicial, lo que les priva de todo interés en las cuestiones que ante ellas se discuten. Las partes propiamente dichas, persiguen la satisfacción de sus intereses personales; por contraposición al tribunal, están directamente interesadas en el resultado del proceso. En tanto que el Juez trata de llegar a una resolución justa y legal, las partes persiguen una favorable a ellas, y como representan intereses contrapuestos, se hallan en posición constante de contradicción y de lucha. En otros términos, en tanto que el quejoso o agraviado y el tercer perjudicado son partes interesadas, las autoridades responsables de que se trata, son partes no interesadas; de lo que se concluye que estas últimas carecen de la facultad para interponer el recurso de revisión, en contra de las sentencias dictadas por los Jueces de Distrito, ya que ese interés es exigido por la fracción IX del artículo 107 constitucional. Una solución contraria a la expresada, constituiría a las autoridades responsables de que se trata, en partes interesadas, desnaturalizando así la esencia de esa función. Por otra parte, el artículo 85 de la Ley de Amparo, exige que en el escrito de revisión se expresen los agravios que causa la sentencia recurrida, y es indudable que a las mencionadas autoridades responsables no pueden causarle agravio las sentencias de los Jueces de Distrito, que simplemente favorecen los intereses de una de las partes que litigan ante aquéllas. Además, en muchos casos, la sentencia favorable al quejoso es aceptada por el tercer perjudicado, único interesado en impugnarla, y no puede admitirse que contra el consentimiento de dicho tercero, prevalezca la actividad de la autoridad responsable, que ningún interés debe tener en la contienda. Podría decirse que ese interés es el de defender la constitucionalidad de sus actos y liberarse de responsabilidad; pero a esto cabe contestar, que el juicio de garantías ni por su finalidad ni por su objeto, debe ser el medio para que los funcionarios públicos se descarguen de la responsabilidad en que puedan incurrir en el desempeño de sus funciones, aparte de que la concesión del amparo no puede estimarse como decisiva en todos los casos, para el establecimiento de una responsabilidad. Por último, las consideraciones anteriores llevan a la conclusión de que el obstáculo que representan los artículos 84 y 86 de la Ley de Amparo, es aparente y puede salvarse, pues con relación al primero de esos preceptos, aun cuando el recurso de revisión puede interponerse por cualquiera de las partes en el juicio, debe entenderse que siempre que esas partes tengan el interés que para el efecto exige la fracción IX, del artículo 107 constitucional, y con respecto al segundo de esos artículos, también puede decirse que las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, siempre que tengan el susodicho interés. Nota: La fracción IX del artículo 107 constitucional fue reformada."

Asimismo, es de invocar en la especie, la tesis sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de reclamación en el amparo directo en revisión 3002/97, por unanimidad de once votos en cuanto a declarar infundado el recurso de reclamación y mayoría de seis votos en relación con el criterio, en sesión del veinte de abril de mil novecientos noventa y ocho, que es del tenor literal siguiente:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES RESPONSABLES CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.-Es cierto que las autoridades responsables son parte en el juicio de garantías y que, por tal razón, en términos generales y conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o., 5o., fracción II, 11, 83, fracción V y 87 de la Ley de Amparo, pueden válidamente intervenir en el juicio de garantías e interponer los recursos establecidos en la ley, pero también es cierto que las autoridades responsables que ejercen funciones jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir en revisión las sentencias de amparo directo dictadas por un Tribunal Colegiado de Circuito que efectuó consideraciones sobre la inconstitucionalidad de la ley aplicada en la resolución reclamada, ya que este tipo de autoridades tienen como característica esencial la imparcialidad que es intrínseca a la función jurisdiccional. En efecto, estas autoridades tienen como finalidad la búsqueda de la verdad jurídica mediante el ejercicio de la función de decir el derecho entre las partes contendientes, con la única y exclusiva pretensión de administrar justicia y garantizar los derechos de la sociedad y el interés público, lo que les impide asimilarse a las partes. Por ello, las autoridades judiciales, inclusive las del orden penal, no pueden válidamente recurrir en revisión la ejecutoria dictada en el juicio constitucional que declara la inconstitucionalidad de la resolución impugnada en la vía de amparo directo, pues con ello están favoreciendo a una de las partes contendientes con el correlativo perjuicio de la otra, demeritando así el deber de imparcialidad que la ley les impone y violando las obligaciones legales que les incumben como resolutoras, intérpretes y aplicadoras de la ley, ubicándose oficiosamente, además, como coadyuvantes del Ministerio Público y de la parte ofendida, lo cual resulta contrario a los principios que la doctrina, la ley y la jurisprudencia han reconocido en favor del reo."

Similar criterio ha sustentado este órgano de control constitucional, en los amparos en revisión números 332/98 y 48/99, fallados en sesiones del cuatro y dieciocho de marzo del presente año, respectivamente.

No es obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que por acuerdo del día ocho de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, la presidencia de este Segundo Tribunal Colegiado, admitió el recurso interpuesto, en virtud de que dicha determinación no causa estado, ni obliga al pleno de este órgano a acatarla.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Se desecha el recurso de revisión interpuesto por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto número 914/98-III del índice del Juzgado Segundo de Distrito en esta misma entidad federativa.

SEGUNDO.-Queda firme la sentencia recurrida.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos a la autoridad que los remitió y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados licenciados Ethel Lizette del Carmen Rodríguez Arcovedo, Francisco Paniagua Amézquita y José Luis Sierra López, ponente el último de los nombrados.

Nota: Las tesis de rubros: "AUTORIDADES RESPONSABLES, REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS." y "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES RESPONSABLES CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA", citadaS en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXXII, página 521 y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, julio de 1998, página 32, tesis P. LI/98, respectivamente.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5627-8761a789/revision-las-juntas-de-conciliacion-y-arbitraje-carecen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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