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Modo: Corpus Pro

VIOLACIONES PROCESALES. SI SON AJENAS A LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN QUE PUSO FIN A UN JUICIO, DEBERÁN DECLARARSE INATENDIBLES.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 242/99. · Registro digital (IUS): 5702
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: FIANZAS MÉXICO BITAL, S.A., GRUPO FINANCIERO BITAL.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Julio de 1999, , Pág. 818.

AMPARO DIRECTO 242/99. FIANZAS MÉXICO BITAL, S.A., GRUPO FINANCIERO BITAL.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-La quejosa aduce en sus conceptos de violación, que se violan en su perjuicio sus garantías individuales, porque la ad quem omitió relacionar en su conjunto el contenido de los artículos 243, 245 y 246 del Código Federal de Procedimientos Civiles, declarando desierto el recurso de apelación que interpuso en contra de la sentencia definitiva. Que el artículo 243 mencionado, dispone que el apelante deberá ocurrir al tribunal de apelación, dentro de los tres días siguientes de estar notificado, a continuar el recurso; que sin embargo, al admitir el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, el recurso de apelación interpuesto, no se precisó cuál era el tribunal de alzada al que debía ocurrir para continuar el recurso, con el consecuente desconocimiento del Tribunal Unitario del Primer Circuito que conocería del mismo, puesto que en el Distrito Federal existen cuatro Tribunales Unitarios y en el momento en que se emplazó a la ahora quejosa, no se tuvo conocimiento de cuál de ellos conocería del recurso de apelación; que por lo tanto, era a partir del momento en que se dictó el decreto, cuando la hoy impetrante se encontraba en posibilidad de conocer ante cuál tribunal debía presentarse a expresar agravios, como así ocurrió en el caso que se trata.

Que la resolución reclamada la deja en estado de indefensión, toda vez que se le obliga a promover ante un tribunal de alzada que desconoce, privándola de su oportunidad de defensa, siendo que presentó su escrito de continuación del recurso y expresión de agravios el mismo día en que se dictó el decreto precisado en el artículo 245 del citado código.

Son infundados los anteriores argumentos.

Se estima ajustada a derecho la resolución de la autoridad responsable, atento a las siguientes consideraciones:

Para claridad y mejor comprensión de este asunto, se destacan a continuación las siguientes constancias de autos, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

1. El diez de junio de mil novecientos noventa y ocho, la Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, dictó la sentencia de primera instancia, en la que consideró procedente la vía especial de fianzas, en la que la actora Ingeniería Diseño y Supervisión, Sociedad Anónima de Capital Variable, acreditó su acción; y la demandada, Fianzas México Bital, Sociedad Anónima, Grupo Financiero Bital (antes Fianzas México, Sociedad Anónima), no acreditó las afirmaciones constitutivas de sus excepciones, por lo que condenó a esta parte al pago de las prestaciones reclamadas por la actora en su escrito inicial de demanda, en cuanto a la devolución de la cantidad de cuatrocientos siete mil pesos vigentes, así como al pago de los intereses legales devengados y los intereses moratorios exigidos, se regularían mediante incidente de ejecución de sentencia, en el momento procesal oportuno, una vez que causara ejecutoria dicha resolución; absolviendo a la demandada del pago de los gastos y costas del juicio.

La mencionada sentencia se notificó personalmente a la parte demandada, hoy quejosa, el siete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (folio 306).

2. Mediante escrito presentado ante el juzgado del conocimiento el once de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, la parte demandada interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia (folio 310).

3. El veintitrés de diciembre del citado año, el Juez Federal admitió el recurso de apelación, en ambos efectos, emplazando a la apelante para que dentro de los tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación que se les hiciera de ese auto, acudiera al tribunal de alzada a continuar dicho medio de impugnación; y una vez que obrara en autos la constancia de notificación respectiva, se remitieran los autos al Tribunal Unitario del Primer Circuito en turno, para la sustanciación del recurso hecho valer.

El citado acuerdo se notificó personalmente a la parte demandada apelante, por instructivo que se dejó en el domicilio de ésta, en poder de Mario Cadena Jiménez, el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (folios 349 y 350 del expediente natural).

4. En el auto de fecha siete de enero de mil novecientos noventa y nueve, la Magistrada del Segundo Tribunal Unitario del Primer Circuito, acusó el recibo correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 94, fracciones IV y VI, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, aplicables antes de su última reforma, se hizo saber a las partes la radicación de los autos en ese tribunal.

5. Mediante escrito presentado ante el tribunal del conocimiento el siete de enero del año en curso, el apoderado de Fianzas México Bital, S.A. Grupo Financiero Bital, continuó el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, expresando los agravios que ésta le causaba.

6. Por proveído de fecha catorce de enero del año en curso, la autoridad responsable en la resolución reclamada sostuvo:

Que la sentencia recurrida era apelable y el recurso de apelación fue bien admitido en ambos efectos; pero que la continuación del recurso y expresión de agravios resultaba extemporánea, dado que no se hizo dentro del término procesal correspondiente, ya que la demandada Fianzas México, Bital, S.A., Grupo Financiero Bital, quedó emplazada para esos efectos, el día treinta de diciembre del año próximo pasado (foja 366), en cumplimiento de lo ordenado por el a quo en su auto de fecha veintitrés de diciembre del mismo mes y año (foja 365) y presentó su escrito de continuación del recurso de apelación y expresión de agravios, hasta el día siete de enero del año en curso, es decir fuera del término de tres días que le fuera concedido para ello, por la Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, y a que se refiere el dispositivo 243 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que con fundamento en el artículo 249 del cuerpo de leyes en cita, declaraba desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de fecha diez de junio del año próximo pasado.

Los artículos 243, 244, 245, 246 y 249 del Código Federal de Procedimientos Civiles, establecen lo siguiente:

"Artículo 243. En el auto en que se admita la apelación, se emplazará al apelante, para que, dentro de los tres días siguientes de estar notificado, ocurra al tribunal de apelación a continuar el recurso, ampliándose el término que se le señale, en su caso, por razón de la distancia."

"Artículo 244. En el escrito en que el apelante se presente a continuar el recurso, expresará los agravios que le cause la resolución apelada, y los conceptos por los que, a su juicio, se hayan cometido."

"Artículo 245. El tribunal de apelación, recibidos los autos o el testimonio, en su caso, lo hará saber a las partes."

"Artículo 246. Notificadas las partes del decreto a que se refiere el artículo anterior, a los tres días siguientes examinará y declarará el tribunal, de oficio, en primer lugar, si el recurso fue interpuesto o no en tiempo, y si es o no apelable la resolución recurrida, y, en segundo, si el escrito del apelante fue presentado en tiempo y contiene la expresión de agravios."

"Artículo 249. Si se determina que el escrito del apelante fue presentado fuera del término del emplazamiento, o que no contiene la expresión de agravios, se declarará desierto el recurso, y que ha causado ejecutoria la sentencia, en su caso, mandándose devolver los autos que se hubieren recibido, y remitir testimonio de la resolución al tribunal que hubiere conocido el negocio."

De los citados preceptos interpretados en su conjunto, se colige que en el auto en que se admita la apelación, se emplazará al apelante, para que, dentro de los tres días siguientes de estar notificado, ocurra al tribunal de apelación a continuar el recurso; que en el escrito en que éste se presente a continuar el recurso, expresará los agravios que le cause la resolución apelada, y los conceptos por los que, a su juicio, se hayan cometido; que notificadas las partes del decreto a que se refiere el artículo 244, a los tres días siguientes examinará y declarará el tribunal, de oficio, en primer lugar, si el recurso fue interpuesto o no en tiempo, y si es o no apelable la resolución recurrida, y, en segundo, si el escrito del apelante fue presentado en tiempo y contiene la expresión de agravios; si se demuestra que el escrito del apelante fue presentado fuera del término del emplazamiento, o que no contiene la expresión de agravios, se declarará desierto el recurso, y que ha causado ejecutoria la sentencia.

Los anteriores preceptos fueron observados por la autoridad responsable, según se advierte de la relación de constancias a que se ha hecho referencia, pues en el auto de fecha veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa ocho, admitió el recurso de apelación, en ambos efectos, que interpuso la hoy quejosa, a través de su apoderado, en contra de la sentencia de primera instancia y emplazó al apelante para que dentro de los tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación que se le hiciera de ese auto, acudiera al tribunal de alzada, a continuar dicho medio de impugnación; auto que se le notificó a la parte apelante personalmente el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y ocho; por lo que, como según el aludido artículo 243, los tres días inician a contar a partir de que es notificado del auto que admitió el recurso de apelación, es claro que éste surtió sus efectos el treinta y uno siguiente, y el término corrió del cuatro al seis de enero de mil novecientos noventa y nueve; por lo que si la hoy quejosa presentó su escrito de agravios, pretendiendo continuar el recurso, el día siete del citado mes y año, es claro que su presentación fue extemporánea.

Además en el hipotético caso de que los tres días para la continuación del recurso de apelación se computaran a partir de la notificación de la recepción de los autos en el tribunal de apelación, se estaría en el evento de que los tres días que tiene el tribunal de alzada para examinar la procedencia del recurso, atento al artículo 246 del código de mérito, correrían simultáneamente, al término que tiene el apelante para continuar el recurso de apelación (ya que en ambos casos el término comenzaría a computarse a partir de la notificación a las partes de la recepción de los autos en el tribunal de alzada), extremo ajeno a la técnica procesal, lo cual daría cabida al ilógico extremo de que el tribunal califique la procedencia del recurso cuando aún le esté corriendo al apelante el término para la continuación de la apelación.

Por otro lado, el hecho de que no se haya señalado en el auto de admisión del recurso, el Tribunal Unitario que conocería de éste, no deja al apelante en estado de indefensión, ya que de conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación cuando en un circuito se establezcan dos o más Tribunales Unitarios con idéntica competencia y residencia en un mismo lugar, tendrán una oficina de correspondencia común que recibirá las promociones y en la cual el apelante pudo presentar su escrito de agravios dentro del término legal.

El anterior criterio lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la jurisprudencia número 1a./J. 32/98, surgida por contradicción de tesis, número 109/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en la Gaceta correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y ocho, página veinticinco, cuyo texto expresa:

"APELACIÓN. LOS TRES DÍAS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 243 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA LA CONTINUACIÓN DEL RECURSO, DEBEN COMPUTARSE A PARTIR DE QUE SE NOTIFIQUE LA ADMISIÓN DE LA APELACIÓN Y NO A PARTIR DE QUE SE RECIBAN LOS AUTOS EN EL TRIBUNAL DE ALZADA.-De conformidad con el artículo 243 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tres días para que el apelante ocurra al tribunal de alzada a continuar el recurso de apelación deben computarse a partir de la notificación de la admisión de la apelación por parte del Juez que pronunció la sentencia apelada y no a partir de la recepción de los autos ante el tribunal de apelación, toda vez que dicho numeral expresamente establece que ‘en el auto en que se admita la apelación, se emplazará al apelante, para que, dentro de los tres días siguientes de estar notificado, ocurra al tribunal de apelación, a continuar el recurso, ampliándose el término que se señale, en su caso, por razón de distancia.’. No es óbice para ello, el que el artículo 246 del código mencionado establezca que notificadas las partes del decreto a que se refiere el artículo 245 -es decir la notificación de la recepción de los autos en el tribunal de apelación-, el tribunal, de oficio, a los tres días siguientes a dicha notificación, examinará y declarará si el recurso fue interpuesto o no en tiempo, y si es o no apelable la resolución recurrida y, si el escrito del apelante fue presentado en tiempo y contiene expresión de agravios, ya que tal precepto no establece ningún término a favor de los particulares, pues sólo se refiere al plazo de tres días que tiene el tribunal para analizar los autos en su función jurisdiccional. Además, en el hipotético caso de que los tres días para la continuación del recurso de apelación se computen a partir de la notificación de la recepción de los autos en el tribunal de apelación, ello implicaría que tanto este término como el que tiene el tribunal de alzada para examinar la procedencia del recurso de apelación, correrán simultáneamente, lo cual es completamente ajeno a la técnica procesal, dando ello origen a la ilógica hipótesis de que el tribunal califique la procedencia del recurso cuando aún le está corriendo al apelante el término para la continuación del recurso de apelación. Finalmente es inexacto que el término de tres días para la continuación del recurso de apelación deba computarse a partir de que se notifique a las partes por el tribunal de apelación la recepción y radicación de los autos ‘ya que se dejaría en estado de indefensión al apelante al no conocer qué Tribunal Unitario conocerá de su recurso’; en virtud de que, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación cuando en un circuito se establezcan dos o más Tribunales Unitarios con idéntica competencia y residencia en un mismo lugar, tendrán una oficina de correspondencia común que recibirá las promociones y en la cual el apelante puede presentar su escrito de agravios dentro del término legal."

Por lo tanto, el hecho de que el tribunal de alzada en el auto que tuvo por admitido el recurso de apelación, no haya precisado el Tribunal Unitario en el que se continuaría el recurso, es intrascendente, porque como se dijo, la hoy quejosa pudo presentar su escrito ante la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Unitarios del Primer Circuito, para que se le diera el turno que correspondiera; de ahí que sus argumentos resulten infundados.

Por otra parte, la quejosa aduce que también se viola su garantía de audiencia, en virtud de que se encuentra pendiente de resolver el recurso de apelación interpuesto por la hoy quejosa, en contra del auto dictado por el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, el día diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y ocho, dentro del juicio natural; que dicho recurso se admitió por el juzgado de origen, mediante acuerdo de siete de abril del mismo año; que sin embargo nunca se remitió el testimonio respectivo al tribunal de alzada para la sustanciación del recurso; que con ello se violaron las leyes del procedimiento.

Es ineficaz el anterior argumento.

Se destaca que en la audiencia de fecha diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y ocho, el a quo declaró confesa a la demandada de las posiciones que se calificaron de legales, formuladas por la contraparte, en contra de la cual la hoy quejosa interpuso recurso de apelación.

Ahora bien, la no sustanciación de un recurso de apelación hecho valer en contra del auto que declaró confesa a la apelante de las posiciones que se declararon legales en la audiencia de desahogo, constituye una violación procesal en términos de lo dispuesto por el artículo 159, fracciones IV, IX y XI de la Ley de Amparo, impugnable en el juicio de amparo directo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 158 del mismo ordenamiento legal.

Las violaciones procesales, pueden ser impugnadas en amparo directo por haberse cometido durante el procedimiento, que afecten las defensas del quejoso y que trasciendan al resultado del fallo; conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), constitucional, 158 y 159 de la Ley de Amparo.

Sin embargo, cabe hacer la aclaración de que, conforme al nuevo régimen constitucional y legal por el que norma el juicio de garantías desde las reformas a la ley que entraron en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, son reclamables en amparo directo, tanto la sentencia definitiva como las resoluciones que ponen fin al juicio, lo que puede dar lugar a que respecto a una misma controversia se puedan promover diversos juicios de amparo directo. En primer lugar, debe hacerse la distinción de las violaciones procesales que son reclamables en cada caso; para lo cual, el elemento determinante radica en la exigencia de que las violaciones trasciendan al resultado del fallo.

Así, cuando la sentencia definitiva constituya el acto reclamado, se podrán impugnar todos los actos procesales que tengan relación directa con las cuestiones resueltas en ese fallo; de tal manera, que al ser reparadas se pudiera dictar una determinación que en alguna forma favoreciere las pretensiones del afectado, como pudiera suceder, por ejemplo, cuando se le desechan pruebas que legalmente haya ofrecido, o no se le hayan recibido conforme a la ley o cuando se declare ilegalmente confeso al agraviado y el posible resultado de tales probanzas puedan tener como consecuencia la modificación de la forma en que se apreciaron las acciones, defensas o excepciones o si la confesión aludida fue un elemento básico para tener por acreditadas las pretensiones de la contraria.

En cambio, cuando se reclame una resolución que ponga fin al juicio, exclusivamente serán reclamables las violaciones que tuvieron relación directa e inmediata con el sentido concreto en que se admitió la resolución; por lo que, si se reclama, a guisa de ejemplo, la resolución que declaró la caducidad de la instancia, o la que declare desierto el recurso de apelación contra la sentencia de fondo de primer grado o el auto que la declara ejecutoriada, no podrán combatirse a través del amparo directo que contra ellas se promueva, las violaciones procesales relativas a actuaciones ajenas a la determinación reclamadas, como serían, por ejemplo, la indebida admisión de la demanda, la ilegal declaración de confeso del quejoso o de la recepción de pruebas relacionadas con el fondo del negocio; toda vez que éstas se encuentran desvinculadas del resultado a que se ha llegado en el juicio natural, ya que si se dieron los presupuestos requeridos por la ley, la caducidad o la deserción referidas, deben subsistir, con independencia de que se hubieran recibido bien o mal las pruebas de las partes.

Como en el caso concreto, el acto reclamado en amparo directo lo constituye la resolución que declaró desierto el recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia definitiva, por haberse presentado extemporáneamente, resulta claro que no se pueden combatir infracciones al procedimiento que sean ajenas a la determinación reclamada, puesto que no tienen relación directa e inmediata con la misma, sino que al tener relación con la sentencia de fondo, se debían impugnar en amparo directo contra la sentencia de segunda instancia. Por tal motivo, como en el presente caso, la violación procesal que se hace valer tiene relación directa con la sentencia definitiva y no con el sentido concreto en que se emitió la resolución reclamada, resulta improcedente el análisis de tal violación procesal, por no tener vinculación inmediata y directa con la resolución reclamada.

El mismo criterio sostuvo este tribunal, al resolver los amparos directos números 685/93, 1/94 y 1168/98 promovidos por Inmuebles Dina, Sociedad Anónima, resuelto el nueve de diciembre de mil novecientos noventa y tres; Margarita Álvarez Sánchez, el tres de febrero de mil novecientos noventa y cuatro y Prieto Mercantil, Sociedad Anónima de Capital Variable, en sesión celebrada el doce de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, de los que se sustentó la tesis número treinta y tres, que dice:

"-En relación con las violaciones cometidas durante el procedimiento, debe distinguirse, para proceder a su examen, si el acto reclamado es una sentencia definitiva o una resolución que puso fin al juicio de naturaleza civil. Así, de tratarse de una sentencia definitiva, habrá que atender a si tales violaciones procesales afectan las defensas del promovente y si trascienden al resultado de la sentencia. En cambio, si se trata de una resolución que pone fin al juicio, sólo serán susceptibles de ser analizadas las violaciones suscitadas durante el desarrollo del procedimiento que tengan relación directa e inmediata con la resolución que puso fin al juicio, porque únicamente las infracciones procedimentales que reúnan estas características influirán para que sea dictada una resolución de ese tipo; de no ser así, es decir, si las violaciones procesales alegadas al reclamar una resolución que pone fin al juicio son ajenas por completo a la emisión de dicha resolución, deberán declararse inatendibles."

También es aplicable, la tesis número veinticuatro, consultable a fojas trescientos trece, Tercera Parte, del Informe de labores rendido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el año de mil novecientos ochenta y nueve, que dice:

"VIOLACIONES PROCESALES RECLAMABLES EN AMPARO DIRECTO CONTRA ACTOS QUE PONEN FIN AL JUICIO.-En el nuevo régimen constitucional y legal por el que norma el juicio de garantías desde el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, en el que son reclamables en el amparo directo, tanto la sentencia definitiva como las resoluciones que ponen fin al juicio, lo que puede dar lugar a que respecto de una misma controversia jurisdiccional se promuevan diversos juicios de amparo directo, debe hacerse una clara distinción de las violaciones de procedimiento que son reclamables en cada caso, para lo cual, el elemento determinante radica en la exigencia de que tales infracciones trasciendan al resultado del fallo. Así cuando el acto reclamado sea la sentencia definitiva, se podrán impugnar todos los actos procesales que tengan una relación directa con las cuestiones resueltas en ese fallo, de manera tal, que al ser reparadas se pudiera llegar a emitir una determinación que en alguna forma favoreciera las pretensiones del peticionario, en la controversia de origen, como podría suceder, verbigracia, cuando no se le hayan recibido las pruebas que legalmente haya ofrecido o no se le hayan recibido conforme a la ley, o cuando se le haya declarado ilegalmente confeso, si el posible resultado de aquellas pruebas puede tener como consecuencia el cambio o modificación de la forma en que se apreciaron las acciones, o las defensas o excepciones que se consideraron acreditadas o se desestimaron, o si la confesión aludida fue un elemento primordial para acreditar las pretensiones de la parte contraria. En cambio, cuando se reclame una resolución que ponga fin al juicio, exclusivamente serán reclamables las violaciones que tuvieron relación directa e inmediata con el sentido concreto en que se emitió esa resolución, por lo que mutatis mutandi, si se reclama la resolución que declaró la caducidad de la instancia o la que declara desierto el recurso de apelación contra el fallo de fondo de primer grado, no podrán combatirse en esa controversia constitucional, las infracciones procedimentales relativas a actuaciones ajenas a la determinación reclamada, como serían la ilegal declaración de confeso al quejoso o de la recepción de sus pruebas, relacionadas con el fondo del negocio de origen, toda vez que, evidentemente, éstas se encuentran desvinculadas del resultado a que se ha llegado en el juicio natural, ya que si se dieron los presupuestos requeridos por la ley, la caducidad o la deserción apuntadas, deben subsistir, con independencia de que se hubieran recibido bien o mal las pruebas de las partes, y si no se dan tales supuestos y por ello se concede la protección de la Justicia Federal, la consecuencia será que se reanude el procedimiento del que proviene el acto reclamado, y estas violaciones de procedimiento pueden atacarse cuando se reclame la sentencia definitiva, ya que hasta entonces es factible precisar si trascienden o no a esta resolución."

En consecuencia, por no haberse demostrado la violación de garantías, en perjuicio de la quejosa, lo que procede es negarle a ésta el amparo y protección de la Justicia Federal.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Fianzas México Bital, Sociedad Anónima, Grupo Financiero Bital, en contra del acto reclamado y autoridad responsable que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos relativos a la Sala responsable; y en su oportunidad, archívese el presente expediente.

Así lo resolvió el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los C. Magistrados presidente, licenciado José Luis Caballero Cárdenas, licenciada María del Carmen Sánchez Hidalgo, y licenciado Carlos Arellano Hobelsberger; siendo relatora, la segunda de los nombrados.

Nota: La tesis de rubro: "", citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, marzo de 1994, página 516, tesis I.8o.C.33 C; la tesis 1a./J. 32/98, también citada en esta ejecutoria, fue dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5702-9abce9ba/violaciones-procesales-si-son-ajenas-a-la-emision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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