CRÉDITOS CONTRATADOS CON ANTERIORIDAD A LA VIGENCIA DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL VEINTICUATRO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (ARTÍCULO 1o. TRANSITORIO).
AMPARO DIRECTO 4363/2000. FIANZAS MÉXICO BITAL, S.A., GRUPO FINANCIERO BITAL.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Los conceptos de violación son fundados.
En efecto, en síntesis, el concepto de queja vertido por la persona moral quejosa, se centra en el hecho consistente en que el Juez responsable aplicó retroactivamente en su perjuicio, las reformas al Código de Comercio ordenadas mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis.
Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado, se desprende que Fianzas México Bital, Sociedad Anónima, Grupo Financiero Bital, antes Fianzas México, Sociedad Anónima, Grupo Financiero Prime Internacional, demandó en la vía ejecutiva mercantil a la empresa denominada Sacos Tubulares del Centro, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su carácter de fiada y obligada principal, así como a los señores Jorge López Blumenkron y Jorge López Ventura.
La actora exhibió como documentos base de la acción ejercitada, la póliza número 12290-SR, que se observa a folio 153, suscrita en el año de mil novecientos noventa y tres; asimismo, exhibió la solicitud de fianzas de crédito para la expedición múltiple de fianzas, firmada por Sacos Tubulares del Centro, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su carácter de fiado, y como obligados solidarios, Jorge López Blumenkron y Jorge López Ventura, se suscribió el treinta de julio de mil novecientos noventa y tres (folio 161).
En el contexto apuntado, cabe señalar que asiste razón a la quejosa al señalar que el Juez responsable, aplicó indebidamente el Código de Comercio reformado mediante decreto publicado el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis.
Lo anterior es así, pues como ya se apuntó, la parte actora en el juicio de origen demandó diversas prestaciones, exhibiendo como base de la acción, la póliza de fianza y la solicitud de contrato de fianzas de crédito para la expedición múltiple de póliza, ambos documentos suscritos en el año de mil novecientos noventa y tres.
De esos actos jurídicos se desprende la obligación de la actora de garantizar por Sacos Tubulares del Centro, Sociedad Anónima de Capital Variable, a Servicio Postal Mexicano, una determinada cantidad de dinero.
Luego, la acción ejercitada emerge concretamente de créditos, puesto que por medio de la expedición de la fianza, la actora se obligó a garantizar a Servicio Postal Mexicano el cumplimiento de las obligaciones a cargo de Sacos Tubulares del Centro, Sociedad Anónima de Capital Variable, en consecuencia, es fundado el argumento de la quejosa en cuanto a que no pueden aplicarse en el juicio las reformas aludidas.
En efecto, el artículo primero transitorio del referido decreto dispone:
"Primero. Las reformas previstas en los artículos 1o. y 3o. del presente decreto, entrarán en vigor sesenta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y no serán aplicables a persona alguna que tenga contratados créditos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto. Tampoco serán aplicables tratándose de la novación o reestructuración de créditos contraídos con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto."
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido la jurisprudencia número 1a./J. 41/98, que resolvió la contradicción de tesis número 28/97, publicada en la página 129 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, que dice:
"CRÉDITOS CONTRATADOS CON ANTERIORIDAD, NOVACIÓN O REESTRUCTURACIÓN DE LOS MISMOS. INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN FECHA VEINTICUATRO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.-El artículo primero transitorio del decreto de reformas al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, prevé conjuntamente, por un lado, que aquéllas entrarían en vigor ‘sesenta días después de su publicación’; por el otro, que no serían aplicables ‘a persona alguna que tenga contratados créditos con anterioridad’; y finalmente, que tampoco serían aplicables ‘tratándose de la novación o reestructuración de créditos contraídos con anterioridad’ a la entrada en vigor del propio decreto. De la anterior redacción se obtiene la hipótesis común que es punto de partida para la aplicabilidad o no de las modificaciones correspondientes y que consiste indudablemente en que el negocio verse sobre créditos contratados con anterioridad a la vigencia, caso en el que aun y cuando tales créditos se novaran o reestructuraran no serían aplicables las mencionadas reformas. La alusión genérica de las locuciones ‘contratados créditos’ y ‘créditos contraídos’, así como su integración positiva en el numeral transitorio en cita, del que no se desprende el establecimiento de casos de excepción, conlleva a esta Sala a concluir, que se contempla a todos aquellos derechos personales que por su propia naturaleza implican el cumplimiento de obligaciones de carácter pecuniario que el acreedor puede exigir de su deudor mediante el ejercicio de las acciones jurisdiccionales respectivas, siempre y cuando se hayan pactado tales créditos previamente a la entrada en vigor de las modificaciones; no se hace referencia, privativamente, a los créditos celebrados con instituciones bancarias."
Conforme a la jurisprudencia transcrita, la alusión genérica de las locuciones "contratados créditos" y "créditos contraídos" así como su integración positiva en la forma como se encuentra redactado el numeral transitorio que nos ocupa, contempla a todos aquellos derechos personales que por su propia naturaleza implican el cumplimiento de obligaciones de carácter pecuniario que el acreedor puede exigir de su deudor mediante el ejercicio de las acciones jurisdiccionales respectivas, siempre y cuando se hayan pactado tales créditos, previamente a la entrada en vigor de las reformas al Código de Comercio de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis.
Luego, si de los documentos fundatorios de la acción ejercitada en el juicio de origen, respecto de las obligaciones contraídas, se advierte que fueron celebrados en el año de mil novecientos noventa y tres, es decir, antes de la entrada en vigor de las reformas a que se refiere el citado artículo transitorio, cuya aplicabilidad sería para los créditos contratados sesenta días después de la publicación de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis; tiene razón la quejosa al argumentar que no pueden aplicarse las reformas aludidas al juicio de origen, por lo tanto, en ese aspecto son fundados sus conceptos de violación, toda vez que el Juez responsable fundó el acuerdo reclamado de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, en el artículo 1344 del Código de Comercio reformado.
Pertinente es apuntar, que los artículos del 1051 al 1054 del Código de Comercio, establecen:
"Artículo 1051. El procedimiento mercantil preferente a todos es el que libremente convengan las partes con las limitaciones que se señalan en este libro, pudiendo ser un procedimiento convencional ante tribunales o un procedimiento arbitral.
"La ilegalidad del pacto o su inobservancia cuando esté ajustado a ley, pueden ser reclamadas en forma incidental y sin suspensión del procedimiento, en cualquier tiempo anterior a que se dicte el laudo o sentencia.
"El procedimiento convencional ante tribunales se regirá por lo dispuesto en los artículos 1052 y 1053, y el procedimiento arbitral por las disposiciones del título cuarto de este libro."
"Artículo 1052. Los tribunales se sujetarán al procedimiento convencional que las partes hubieren pactado siempre que el mismo se hubiere formalizado en escritura pública, póliza ante corredor o ante el Juez que conozca de la demanda en cualquier estado del juicio, y se respeten las formalidades esenciales del procedimiento."
"Artículo 1053. Para su validez, la escritura pública, póliza o convenio judicial a que se refiere el artículo anterior, deberá contener las previsiones sobre el desahogo de la demanda, la contestación, las pruebas y los alegatos, así como:
"I. El negocio o negocios en que se ha de observar el procedimiento convenido;
"II. La sustanciación que debe observarse, pudiendo las partes convenir en excluir algún medio de prueba, siempre que no afecten las formalidades esenciales del procedimiento;
"III. Los términos que deberán seguirse durante el juicio, cuando se modifiquen los que la ley establece;
"IV. Los recursos legales a que renuncien, siempre que no se afecten las formalidades esenciales del procedimiento;
"V. El Juez que debe conocer del litigio para el cual se conviene el procedimiento en los casos en que conforme a este código pueda prorrogarse la competencia;
"VI. El convenio también deberá expresar los nombres de los otorgantes, su capacidad para obligarse, el carácter con que contraten, sus domicilios y cualquiera otros datos que definan la especialidad del procedimiento.
"En las demás materias, a falta de acuerdo especial u omisión de las partes en la regulación procesal convenida, se observarán las disposiciones de este libro."
"Artículo 1054. En caso de no existir compromiso arbitral ni convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y en su defecto se aplicará la ley de procedimientos local respectiva."
Conforme a los tres primeros artículos transcritos, el procedimiento mercantil preferente a todos es aquel al que las partes se sometan voluntariamente, y puede ser un procedimiento convencional ante tribunales o un procedimiento arbitral, pero necesariamente debe formalizarse en escritura pública, póliza ante corredor o ante el Juez que conozca de la demanda en cualquier estado del juicio, y reunir determinados requisitos, con la limitante de que en lo pactado se respeten las formalidades esenciales del procedimiento.
Esto es, conforme a esos preceptos, en el procedimiento convencional pueden las partes reducir los plazos que la ley otorga para realizar determinado acto procesal, excluir alguna prueba, renunciar a los recursos que la ley prevé, pero ineludiblemente deben contener previsiones sobre el desahogo de la demanda, la contestación, las pruebas y los alegatos, que constituyen formalidades esenciales del procedimiento, que es de orden público.
Sin embargo, el artículo 1054 del invocado Código de Comercio, prevé que si no existe compromiso arbitral ni convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles deben regirse por las disposiciones del libro quinto de ese código y en su defecto aplicarse la ley de procedimientos local respectiva, que en el caso, es el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en cuyo artículo 55 también exige que para la tramitación y resolución de los asuntos ante los tribunales ordinarios se estará a lo dispuesto por ese código, es decir por la ley, con la salvedad de que prohíbe que mediante convenio de los interesados se puedan renunciar los recursos y el derecho de recusación, y alterarse, modificarse o renunciarse las normas del procedimiento.
De modo que, si en un juicio mercantil no existe convenio entre las partes respecto al procedimiento a seguir, en su tramitación debe estarse a lo dispuesto por la ley, y si en el juicio mercantil de origen las partes no han hecho uso del derecho que les confiere el artículo 1051 del Código de Comercio, de pactar un procedimiento mercantil específico, que además cumpla los requisitos que prevé los artículos 1052 y 1053 del propio ordenamiento mercantil; en cuanto a la sustanciación del procedimiento respecto al desahogo de pruebas, términos, recursos, y demás trámites, debe estarse a lo que dispone al respecto el propio Código de Comercio y a falta de disposición expresa el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de conformidad con el precepto 1054 del aludido código mercantil, y no a las conductas que en un momento dado hubieren adoptado las partes dentro del procedimiento natural, como el hecho de que la actora, ahora quejosa, no hubiese combatido los autos en los que se han aplicado las reformas relativas, entre ellos el auto admisorio de fecha veintisiete de junio de mil novecientos noventa y siete, en donde se aplicó el artículo 1401 del Código de Comercio reformado (folio 80-81); así como del contenido del proveído de veintinueve de junio de mil novecientos noventa y ocho, se advierte que el mismo se fundó en el artículo 1344 del Código de Comercio reformado (folio 347); porque ello no constituye de modo alguno un convenio respecto al procedimiento a seguir.
En el contexto apuntado con antelación, es evidente que el juicio mercantil de origen debe ventilarse conforme a los artículos del Código de Comercio, en su texto anterior a la entrada en vigor de las pluricitadas reformas, por estarse en los casos de excepción para la aplicación de las reformas del Código de Comercio, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, por tratarse de un crédito contratado antes de la vigencia de las mismas; en consecuencia, se debió aplicar al caso concreto la legislación anterior y tramitarse de esa forma la apelación que interpuso la parte actora en contra del auto de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, y no expresar agravios en el mismo escrito; porque la circunstancia de que no se haya impugnado el procedimiento, que en su caso se tramitó acorde al código reformado, no es pauta para determinar que la quejosa se ajustó a tal aplicación, y por ende, sea motivo para que deban aplicarse, ya que si no lo son de acuerdo a la naturaleza y fecha del crédito base de la acción, debe estarse a lo que dispone la ley y no a las conductas que en un momento dado hubieren adoptado las partes en el procedimiento. Por lo tanto, son fundados los conceptos de violación expuestos por la persona moral quejosa, en virtud de que el procedimiento no puede dejarse al arbitrio de las partes al ser de orden público.
En consecuencia, es procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, a Fianzas México Bital, Sociedad Anónima, Grupo Financiero Bital, para el efecto de que el Juez Quincuagésimo Sexto de lo Civil del Distrito Federal, deje insubsistente el auto de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, dictado en el juicio ejecutivo mercantil número 715/97; y tomando en consideración que a ese juicio mercantil le es aplicable el Código de Comercio vigente hasta antes de la reforma acaecida mediante decreto publicado el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, proceda con plenitud de jurisdicción a resolver sobre la tramitación del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de veintiocho de enero de mil novecientos noventa y nueve.
Es pertinente precisar, que los argumentos sobre la constitucionalidad del auto reclamado de fecha veintiocho de enero de mil novecientos noventa y nueve, son inatendibles, en virtud de que el mismo ha sido sustituido procesalmente por el acuerdo de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, en el que se acordará, con base en los lineamientos precisados en esta ejecutoria, sobre la tramitación del recurso de apelación interpuesto en contra del primer auto citado, recurso que tendrá como efectos revocar, modificar o confirmar el proveído de veintiocho de enero de mil novecientos noventa y nueve.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76 a 80, 184, 188 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Fianzas México Bital, Sociedad Anónima, Grupo Financiero Bital, representada en este juicio por Eduardo Faustino Rivera Jiménez, contra el acto que reclamó del Juez Quincuagésimo Sexto de lo Civil del Distrito Federal, consistente en el dictado del auto de veintiocho de enero y ocho de febrero, ambos de mil novecientos noventa y nueve, en el juicio ejecutivo mercantil número 715/97, promovido por la quejosa en contra de Sacos Tubulares del Centro, Sociedad Anónima de Capital Variable. En términos de lo precisado en la parte final del último considerando de esta resolución.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse las constancias al Juez que las remitió, y en su oportunidad archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados María Soledad Hernández de Mosqueda, Neófito López Ramos y José Atanasio Alpuche Marrufo, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, siendo ponente el segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7141-d861cd64/creditos-contratados-con-anterioridad-a-la-vigencia-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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