CONDONACIÓN DE MULTAS FISCALES. EL PARTICULAR AFECTADO CON LA RESOLUCIÓN QUE LA NIEGA, POSEE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 30/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Las consideraciones expuestas por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, en la ejecutoria que dictó al resolver el juicio de amparo en revisión número 249/95 promovido por Materiales Irra Vega, S.A. de C.V., resuelto el diez de agosto de mil novecientos noventa y cinco, son las siguientes:
"I. Es competente este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, para conocer del presente recurso de revisión, conforme a lo señalado en el artículo 107, fracción VIII, inciso b), último párrafo, de la Constitución General de la República; 85, fracción II, de la Ley de Amparo; 37, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, atento a que se combate una sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de garantías por un Juez de Distrito, que pertenece a este circuito de amparo. II. El fallo recurrido comprende los considerandos y puntos resolutivos que a continuación se transcriben: ‘... TERCERO.-Previo el estudio de los conceptos de violación, se examinan las causales de improcedencia por ser cuestión de orden público y examen preferente, como lo establece el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, en cuanto dispone que «Las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio.», así como la jurisprudencia número 940, consultable en la página 1538, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, que es del tenor literal siguiente: «IMPROCEDENCIA.-Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.». En el caso, la autoridad responsable administradora local jurídica de Ingresos de Acapulco, Guerrero, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, argumenta que en el presente juicio de garantías se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que en términos del artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, la condonación de multa es un beneficio que no conlleva a establecer un derecho en favor de los particulares, quienes por ende carecen de interés jurídico para a través del juicio de amparo, combatir la negativa a condonar multas derivadas de una infracción fiscal. Es fundada la causa de improcedencia que invoca la autoridad responsable, en atención a las siguientes consideraciones: De las constancias aportadas al presente juicio de garantías, a las que se otorga eficacia demostrativa en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es manifiesto que la resolución de fecha treinta de marzo de 1995, determinada como acto reclamado en la presente vía constitucional, en efecto la dictó la autoridad responsable en el expediente número 36/94, mediante la cual resolvió negar la condonación de la multa solicitada en favor de la ahora quejosa Irra Vega, S.A. de C.V., respecto a la que previamente se le impuso a través del oficio número 102-A-32-C-1-3255, de fecha ocho de mayo de mil novecientos noventa y uno, por la Subadministración Técnica Departamento de Servicios y Asistencia al Contribuyente, de la extinta Administración Fiscal Federal de Acapulco. A lo anterior, se adiciona que el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, de manera específica establece lo siguiente: «Artículo 74. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá condonar las multas por infracción a las disposiciones fiscales, para lo cual apreciará discrecionalmente las circunstancias del caso y los motivos que tuvo la autoridad que impuso la sanción.-La solicitud de condonación de multas en los términos de este artículo, no constituirá instancia y las resoluciones que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al respecto no podrán ser impugnadas por los medios de defensa que establece este código.-La solicitud dará lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, si así se pide y se garantiza el interés fiscal.-Sólo procederá la condonación de multas que hayan quedado firmes y siempre que un acto administrativo conexo no sea materia de impugnación.». Conforme a los presupuestos indicados, es menester puntualizar que la naturaleza jurídica de la llamada condonación de multas fiscales entraña un acto discrecional que por gracia dicta el poder público; lo anterior, no obstante que en términos del párrafo segundo del numeral preinvocado, requiere de solicitud de parte afectada, ya que tal solicitud únicamente da pauta al ejercicio de la potestad discrecional de la autoridad, pero en forma alguna se complementa con hipótesis a cuya actualización deba necesaria y legalmente condonarse la multa correspondiente. De este modo, la potestad condonadora que la predicha norma fiscal atribuye a la autoridad, técnicamente no es factible complementarla con un derecho del solicitante, justamente porque la ley no otorga lineamientos conforme a los cuales sea posible calificar la legalidad o ilegalidad de la resolución que niegue la condonación solicitada, ya que precisamente el sentido de la determinación final constituye el aspecto medular del proceder discrecional del que en el caso se encuentra investido el poder público, que incluso por determinación legal es inimpugnable y su trámite, justo por ser excepcional, no tiene el carácter de instancia. Aspectos cuya racionalidad se justifican, en tanto no puede ser indiscriminado sino únicamente por excepción, en que las autoridades hacendarias les sea dable disponer del caudal fiscal en beneficio de los particulares. Criterio anterior sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, al resolver con fecha veintiséis de enero de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de votos, los autos del toca de amparo en revisión administrativo número 12/95, además también se apoya con la tesis sustentada por la antigua Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 705, del Tomo LXVI, correspondiente a la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación del tenor literal siguiente: «CONDONACIÓN DE MULTAS FISCALES, NATURALEZA DE LA.-En términos generales, la condonación o reducción de multas y adeudos fiscales, debe estimarse, en cuanto a su origen, como un acto gracioso, libre y espontáneo del poder público, que no constituye un derecho exigible por el interesado; pero si la ley fija los requisitos mediante los cuales se ha de otorgar la gracia, entonces deja de tener el acto, características de espontaneidad, y nace, en favor del causante, un verdadero derecho, que puede exigir del poder público, y que éste tiene obligación de otorgarle, cuando se surten esos requisitos.». Por tanto, al ser manifiesto que la condonación no es un derecho de los particulares, consecuentemente las resoluciones relativas no son impugnables mediante el juicio de garantías, justamente porque no actualizan el presupuesto de afectación al interés jurídico tutelado por una norma de derecho, a que se refieren la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de la Ley de Amparo. De esta manera, se infiere en el caso que el peticionario del amparo carece de interés jurídico para controvertir la negativa de la autoridad responsable en condonarle una multa de orden fiscal que previamente se le impuso, por lo que con fundamento en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación al diverso 74, fracción III, de la misma ley, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 74, 76, 77, 78, 155, 192 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO.-Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Magdaleno Altamirano Toledo en su carácter de representante legal de la quejosa Materiales Irra Vega, S.A. de C.V., contra los actos reclamados al administrador local jurídico de Ingresos y administrador local de Recaudación, ambas de esta ciudad, por las razones apuntadas en el considerando tercero de esta sentencia ...’. III. El recurrente expresa el agravio siguiente: ‘... Que en los términos del artículo 83, fracción III, de la Ley de Amparo, venimos a intentar recurso de revisión, contra la resolución que sobreseyó el juicio arriba citado; dizque porque, en el caso, la parte quejosa carece de interés jurídico para demandar el amparo y protección de la Justicia Federal; respecto de la resolución reclamada en el juicio sobreseído, dado que en la hipótesis prevista por el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, a juicio del a quo, la autoridad fiscal responsable actúa en uso de una facultad discrecional; por lo que al no existir al respecto un derecho del particular multado, en la condonación de la multa, infiere el Juez a quo, con un total desconocimiento de los derechos subjetivos que la Carta Magna de la República otorga a los gobernados, frente a todo acto de autoridad, aun cuando dichos actos, se dicten en ejercicio de una facultad discrecional, ya que «discrecional» no quiere decir arbitraria, ni caprichosa, ya que si el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, establece que «La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá condonar las multas por infracción a las disposiciones fiscales, para la cual apreciará discrecionalmente las circunstancias del caso y los motivos que tuvo la autoridad que impuso la sanción.», coligiéndose de una correcta, razonada y juiciosa interpretación del precepto invocado; que las multas podrán ser condonadas siempre y cuando de una apreciación discrecional, lo que no quiere decir, que pueda ser caprichosa, ni arbitraria, ni como lo quiera la autoridad, de las circunstancias, condiciones y motivos que hayan privado en la comisión de la infracción, y en la imposición de la multa, la autoridad a la que toca estudiar la instancia de condonación, llegue al convencimiento, de que la infracción que originó la multa no se cometió; o que la comisión de la misma fue por error, que no fue intencional, o por la ignorancia; falta de instrucción, cultura del infractor, así como las condiciones y capacidades económicas del infractor; mismas que deben compararse con el monto de la multa, la referida multa no debía imponerse, o por lo menos en ese importe, siendo obligatorio y de ninguna manera potestativa para la responsable, examinar en forma minuciosa y detallada tales aspectos, aun cuando la apreciación sea discrecional, y si la autoridad no cumple con tales lineamientos, es innegable que vulnera en perjuicio del particular solicitante de la condonación las garantías establecidas en los artículos 1o., 8o., 14 y 16 constitucionales, en relación con el artículo 133 del mismo ordenamiento; ya que la obligación de la responsable de observar en todos sus actos las disposiciones de motivación y fundamentación establecidas en los artículos 14 y 16 de la Ley Fundamental del país, no pueden omitirse sólo porque el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, sólo habla de «podrá condonar» y de «apreciación discrecional», como equivocadamente lo entiende el C. Juez a quo, infringiendo con su proceder los artículos 1o. fracción I, 4o., 76, 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, y aplicando indebidamente la fracción V del artículo 73 del mismo ordenamiento, dado que al no haber hecho la responsable una apreciación correcta de las circunstancias y motivos que concurrieron en la condonación, como se hizo valer en los conceptos de violación, afectó el interés y el derecho del quejoso, por lo que debe colegirse que el sobreseimiento recurrido es ilegal y debe revocarse, además porque conforme al mismo artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, la resolución reclamada en este juicio, no puede serlo, más que en el juicio constitucional sobreseído, máxime cuando en nuestro sistema constitucional, ningún acto de autoridad administrativa, como es la fiscal, que afecte los derechos o bienes de un particular, como es el hecho de no resolver legal y correctamente una solicitud de condonación de multa, puede tener la calidad de última palabra y de palabra de rey, de tal manera que sea inapelable, y de que en su contra no proceda el juicio de amparo, como indebidamente lo estima el C. Juez a quo, por lo que debe revocarse la resolución recurrida, por infringir los artículos 1o. fracción I, 4o., 76, 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, 107 y 133 constitucional, además de aplicar indebidamente la fracción V del artículo 73 de la ley orgánica del juicio de garantías, ya que contrariamente a lo que sin ningún sentido jurídico sostiene el a quo, la condonación de multas regulada por el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación sí constituye un derecho de los que se ubican en la hipótesis de la imposición de una multa, ya que sí concurren las circunstancias que señala el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, la condonación sí debe concederse en forma imperativa, y no depende de ninguna manera del capricho, arbitrio o «santa» voluntad de la responsable, como mal entiende el C. Juez Federal a quo, ya que lo que es discrecional es la apreciación de los motivos y circunstancias de la imposición de la multa; pero no la condonación misma, sin que tampoco sea óbice para que sea procedente el juicio de garantías sobreseído, el hecho de que las resoluciones que dicten en la instancia de condonación, no sean impugnables por un medio de defensa fiscal, ya que tal hecho no hace más que robustecer y surtir la procedencia de tal juicio, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por lo que debe revocarse la resolución recurrida. Es importante destacar que conforme al Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española. Discrecional, quiere decir, que se hace libre y prudencialmente se dice de la potestad gubernativa en las funciones de su competencia que no están regladas, y el Diccionario Enciclopédico Grijalbo señala que «discrecionales» según el criterio de cada cual, facultad de la autoridad administrativa y jurisdiccional, en el marco del respeto a la legalidad, desprendiéndose de las definiciones transcritas, que la facultad discrecional, que conforme al artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, se concede a la autoridad fiscal, para apreciar las circunstancias y motivos para la imposición de una multa objeto de condonación, no es omnímoda; sino con observación y respeto a la ley, al buen juicio, por lo que es claro que el proceder del C. Juez a quo, al sobreseer el juicio en el que promuevo, resulta ilegal, por lo que debe revocarse la resolución recurrida. Son aplicables al caso, las tesis jurisprudenciales, que enseguida se citan: «FACULTADES DISCRECIONALES, APRECIACIÓN DEL USO INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE AMPARO.» (la transcribe). Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965 del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, Segunda Sala, página 129. «FACULTADES DISCRECIONALES. ARTÍCULOS 724, 725 Y 727 DEL CÓDIGO ADUANERO.» (la transcribe). Informe 1970. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 51. «FACULTADES DISCRECIONALES Y ARBITRIO.» (la transcribe). Informe 1971. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 40 ...’. IV. El agravio que expresa el recurrente es infundado, por las razones que a continuación se expresan. En efecto este Tribunal Colegiado advierte como lo precisó el Juez a quo y contrariamente a lo sostenido por el revisionista, que el juicio de garantías es improcedente tratándose de actos que como en el caso suponen una negativa a efectuar la condonación de la multa que en cantidad de N$8,799.57 (ocho mil setecientos noventa y nueve nuevos pesos con cincuenta y siete centavos), se impuso a Materiales Irra Vega, S.A. de C.V., por parte de la Subadministración Técnica, Departamento de Servicios y Asistencia al Contribuyente de la extinta Administración Fiscal Federal de Acapulco. Lo infundado del agravio aducido por el inconforme proviene, por un lado, por el hecho de que el Juez de Distrito no desconoce la existencia de los derechos públicos subjetivos, y es precisamente de su conocimiento sobre los mismos que su afirmación relativa a que no causa perjuicio a la quejosa el fallo de la responsable tiene base legal. Esto es así debido a que la condonación de una multa es un beneficio que se otorga a los contribuyentes, mismo que puede consistir en reducir o dejar sin efecto las multas impuestas y derivadas de infracciones a disposiciones fiscales; y dado que es un beneficio que puede otorgarse por parte de las autoridades fiscales, según lo establece el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, apreciando para su procedencia discrecionalmente las circunstancias del caso y los motivos que tuvo la autoridad que impuso la sanción, no constituye un derecho de los gobernados, y en ese sentido, el fallo decretado en contra del contribuyente, aquí revisionista no puede ser combatido a través del juicio de garantías, como acertadamente lo sostuvo el Juez a quo al estimar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no afectar interés jurídico alguno, lo que llevó a declarar el sobreseimiento del juicio de amparo indirecto. Y por otro lado, porque si bien es cierto que la autoridad responsable, en ejercicio de la facultad discrecional apreciara las circunstancias del caso y los motivos que tuvo la autoridad para imponer la sanción; y dentro de estos aspectos deben analizarse los citados por el revisionista, como lo son el origen de la multa, la capacidad económica del contribuyente y las condiciones personales de éste; los mismos sólo influyen en el momento de determinar si procede o no el beneficio solicitado, es decir, la condonación, pero ello de ninguna manera, de ser negado el beneficio, importa violación de garantías, dado que expresamente el artículo 74 del código tributario previene que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá condonar las multas, lo que reafirma la idea de que no constituye un derecho, se insiste, sino un beneficio cuya procedencia está sujeta a la apreciación de la autoridad fiscal, y que puede actualizarse cuando exista una multa que haya quedado firme y la ausencia de duda sobre la infracción cometida. Ahora bien, alude la revisionista que la resolución reclamada en el juicio de amparo indirecto carece de fundamentación y motivación, al respecto debe decirse, que no causa perjuicio la resolución, que como en este caso no se ocupó de analizar la violación formal alegada, porque al haber decretado el a quo el sobreseimiento del juicio, ello no permitió entrar al estudio del acto de autoridad que se reclamó. Finalmente, debe decirse en torno al argumento de la recurrente, que gira sobre el aspecto de que la condonación sí constituye un derecho que se ubica en la hipótesis de la imposición de una multa; que carece de razón dado que, la condonación no emerge como un acto natural por la imposición de una multa, sino que su actualización depende, entre otros supuestos, de aquel que refleje la precaria situación económica del contribuyente multado, porque si la condonación fuera en derecho, ello equivaldría a decir que el Estado puede disponer en todo momento del dinero del fisco en beneficio de los particulares; lo que es inaceptable; razón que confirma el carácter de beneficio de la condonación. En este orden de ideas son inaplicables las tesis citadas por el revisionista bajo los rubros: ‘FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACIÓN DEL USO INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE AMPARO.’, ‘FACULTADES DISCRECIONALES, ARTÍCULOS 724, 725 Y 727 DEL CÓDIGO ADUANERO.’ y ‘FACULTADES DISCRECIONALES Y ARBITRIO.’; toda vez que como quedó asentado en líneas anteriores, la condonación es un beneficio, cuya procedencia queda al prudente arbitrio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al efectuar el análisis de procedencia esa autoridad hará uso de su facultad discrecional, aspecto que no puede ser juzgado excepto en el caso en que el ejercicio de la facultad discrecional refleje desigualdad, pero esto sucede porque el otorgamiento de la condonación en un caso origina el derecho de los involucrados en casos semejantes para solicitar y obtener la condonación; también puede acontecer que la autoridad administrativa incurra en errónea apreciación de hechos, lo que permite invocar la garantía de motivación; casos en los que sí se afectarían derechos públicos subjetivos, y por ello sería procedente el juicio constitucional. Lo que no sucede en la especie. En las narradas circunstancias, y dado que el agravio expuesto resultó infundado procede confirmar la sentencia sujeta a revisión. Igual criterio se sostuvo al resolver el recurso de revisión R.A.D. 12/95, fallado el veintiséis de enero de mil novecientos noventa y cinco."
Asimismo, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito en sesión de dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cinco resolvió el amparo en revisión 398/95 interpuesto por Guillermina Martínez Fernández, en que las consideraciones que vierte son sustancialmente iguales a la resolución antes transcrita, pues el Tribunal Colegiado consideró que el juicio de garantías es improcedente tratándose de actos que como en el caso suponen una negativa a efectuar la condonación de las multas, porque la condonación de una multa es un beneficio que se otorga a los contribuyentes, mismo que puede consistir en reducir o dejar sin efecto las multas impuestas y derivadas de infracciones a disposiciones fiscales; y dado que es un beneficio que puede otorgarse por parte de las autoridades fiscales, según lo establece el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, apreciando para su procedencia discrecionalmente las circunstancias del caso y los motivos que tuvo la autoridad que impuso la sanción, no constituye un derecho de los gobernados, y en ese sentido, el fallo decretado en contra de la contribuyente no puede ser combatido a través del juicio de garantías, como lo sostuvo el a quo al estimar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no afectar interés jurídico alguno, lo que llevó a declarar el sobreseimiento del juicio de amparo indirecto.
El criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito en las ejecutorias antes reseñadas, fue plasmado en la tesis publicada en la página 365, Tomo III, abril de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:
"CONDONACIÓN FISCAL, LAS RESOLUCIONES RELATIVAS A LA, NO SON IMPUGNABLES EN EL JUICIO DE AMPARO.-La condonación es un beneficio por el cual las sanciones impuestas por infracción a disposiciones fiscales, se reducen o quedan sin efecto, en atención a circunstancias particulares de los causantes infractores. El caso más típico es por la penuria económica de aquéllos. Según el último párrafo del artículo 74 del Código Fiscal federal y la propia naturaleza de la condonación, ésta procede cuando se trate de multas que hayan quedado firmes y que por tanto no exista duda legal sobre la infracción en que se incurrió. El importe de la multa, es propio del erario público y por lo tanto, la condonación sólo excepcionalmente se justifica, pues en principio el Estado no puede disponer del caudal fiscal en beneficio de los particulares. Por lo tanto, la condonación no es un derecho de los particulares y si tal es el caso, en consecuencia, las resoluciones relativas no son impugnables en el juicio de amparo que, como es sabido, tiene como presupuesto el perjuicio jurídico, es decir, la violación de un derecho protegido por la ley. De esta manera si la condonación no conlleva un derecho de los particulares, éstos no tienen interés jurídico para impugnar las resoluciones relativas, pues, se repite, la condonación presupone la existencia de una infracción fiscal incontrovertible que daría lugar al pago inexcusable de la multa y es por ello, que sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando lo que se pretende es impugnar la ilegalidad de la negativa de una condonación de una multa, alegándose que no se cometió la infracción relativa."
CUARTO.-El Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al fallar por unanimidad de votos el amparo en revisión número 368/97 promovido por Terracerías, Obras y Reparaciones, S.A. de C.V., mediante resolución de veintinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, expuso las consideraciones que son del siguiente tenor:
"PRIMERO.-Este Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito es competente para conocer del presente recurso, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 85, fracción II, de la Ley de Amparo y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de lo dispuesto en el resultando quinto de esta resolución y de que la sentencia que se recurre fue dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de garantías. SEGUNDO.-Como agravios, a la letra, se expresan: ‘Primero. A los artículos 73, fracción XII, 77 y 78 de la Ley de Amparo.-En la interlocutoria reclamada se considera, que los dispositivos legales reclamados, se aplicaron en resolución de 15 de diciembre de 1992; misma que fue recurrida y en resolución de 3 de marzo de 1993, se tuvo por no interpuesto el recurso, resolución que fue notificada el 14 de abril de 1993 y la demanda de amparo de este juicio de garantías, fue presentada el 23 de octubre de 1995, esto es, con posterioridad al término de 15 días y por lo mismo, es extemporáneo.-Lo anterior, carece de fundamento, porque no fija en forma clara y precisa, las disposiciones reclamadas, su aplicación y la oportunidad que la ley concede para su impugnación. En efecto, la autoridad impuso a la empresa, diversas multas cuya condonación se solicitó y en el oficio 37517 de 29 de diciembre de 1995, se negó la condonación. La Ley de Amparo, en su artículo 73, fracción XII, prevé, que cuando en contra del primer acto de aplicación de la ley, proceda algún recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual, pueda ser modificado, revocado o nulificado será optativo por el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. Si se opta por interponer el recurso o medio de defensa legal, previsto en el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, por medio del cual, el acto administrativo que impone la multa, puede ser modificado. Esto lo ubica, en el supuesto del artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, en consecuencia, permite al particular, impugnar tanto el acto que tiene a bien negar la condonación de la multa, cuanto la propia ley en la que sustenta su imposición.-Por otra parte, el hecho de que la empresa, haya interpuesto el recurso de revocación, en contra de la multa, no es motivo para declarar la improcedencia del juicio de amparo, justamente porque el recurso se tuvo por no interpuesto; esto es, la consecuencia jurídica derivada de la interposición del recurso, es equivalente a la no interposición del recurso, lo que hace posible, a través de la solicitud de condonación de la multa, lograr su modificación, toda vez que la figura de la condonación, sólo procede, en contra de multas que han quedado firmes, y son aquellas que no recurrieron o las que habiéndose recurrido, el recurso se declara como no interpuesto, atento a lo previsto en el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación.-Lo afirmado en la interlocutoria, en el sentido de que la demanda es extemporánea, porque la resolución recaída al recurso de revocación, esto es, la dictada por la autoridad el 3 de marzo de 1993, notificada el 14 de abril del mismo año, y la demanda se presentó hasta el 23 de octubre de 1995, carece de fundamento, porque no se reclamó en este juicio de garantías, tal resolución, sino otra diversa, que fue el oficio No. 325-A-II-5-K-37517 de 29 de septiembre de 1995, que resolvió la solicitud de condonación No. 21/95. De la fecha de notificación del acto reclamado a la de interposición de la demanda de garantías, que inició este juicio, no transcurrió el término de 15 días, en consecuencia no es extemporáneo el presente juicio de garantías, razón por la que se aplicaron en forma incorrecta los artículos 21 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo.-Por otra parte, en la interlocutoria se consideró, que la demanda debió de presentarse quince días después, de que se notificó la resolución recaída al recurso de revocación. Lo anterior, no está apegado a derecho, porque el juicio de garantías así intentado, sería improcedente atento a lo previsto en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, toda vez que en contra de la resolución recaída al recurso, procedía el juicio de nulidad, atento a lo dispuesto en el artículo 125 del Código Fiscal de la Federación, pero, se decidió no intentarlo, porque la resolución que tuvo a bien, desechar el recurso, estaba apegada a derecho, toda vez que por una falla en su integración, no se acompañaron algunas pruebas, por incapacidad del abogado que lo elaboró. La Ley de Amparo, en su artículo 73, fracción XII, alude a un recurso o medio de defensa legal; la solicitud de condonación de multas, es un medio de defensa legal, que requiere para su procedencia, que la multa haya quedado firme; la Ley de Amparo, no exige que sólo procederá la opción de impugnar la ley, cuando se interponga un recurso, en consecuencia, si el Código Fiscal de la Federación, contiene la posibilidad de impugnar una multa, a través del recurso de revocación, pero también alude a la condonación de multas, que es un medio de defensa legal que puede modificar el acto impositivo, esto permite la oportuni
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5711-3df4ca1e/condonacion-de-multas-fiscales-el-particular-afectado-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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