PRIMA DE ANTIGÜEDAD. LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, NO TIENEN DERECHO A RECIBIR LA QUE PREVÉ LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: ADELA DOMÍNGUEZ SALAZAR.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-La parte considerativa de la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, es del tenor siguiente:
"PRIMERO.-Este tribunal es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 158 de la Ley de Amparo, 37, fracción I, inciso d), y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.-SEGUNDO.-La existencia del acto reclamado quedó debidamente acreditada con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como con los autos originales del expediente laboral número 79/96.-TERCERO.-El laudo reclamado se apoya en las siguientes consideraciones: (transcribe).-CUARTO.-El quejoso expresó como conceptos de violación, los siguientes: (transcribe).-QUINTO.-En lo esencial, resultan fundados los conceptos de violación que hace valer el quejoso Óscar Martín Careaga Villavicencio.-En efecto, lo fundado de los argumentos defensivos que se proponen, se debe a que el laudo reclamado viola en perjuicio del solicitante del amparo los artículos 14 y 16 constitucionales, así como los diversos dispositivos 1o., 3o., 4o., 5o., 6o., 51 y 133, de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, toda vez que la autoridad responsable ilegalmente determinó que el actor en el juicio laboral, carecía de legitimación activa para reclamar la prima de antigüedad por inexistencia de la relación laboral con el gobierno del Estado, porque en concepto de la autoridad aludida, la prestación reclamada (prima de antigüedad), la establece la Ley del Servicio Civil en favor de los trabajadores al servicio del Estado, calidad la cual afirma no tiene el demandante, dado que prestó sus servicios como Magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cumpliendo con un servicio de carácter constitucional, y no se da una relación laboral en términos de la citada ley, ya que sólo se consideran trabajadores del Estado en el Poder Judicial, a aquellos que lo hagan de manera subordinada bajo la dirección de un jefe y no los que cumplen un mandato constitucional, como acontece en el particular con Óscar Martín Careaga Villavicencio, puesto que alguien debe encarnar al Estado en la figura del patrón, en las relaciones laborales con los que sí tienen el carácter de trabajadores, por lo que de acuerdo con el artículo 3o. de la Ley del Servicio Civil, se reconoce que la relación de trabajo burocrático se establece entre sus titulares y funcionarios de las autoridades públicas y los trabajadores que laboran bajo la dirección de aquéllos, mediante el pago de un salario, que por lo tanto, como el gobierno del Estado se divide para su ejercicio en tres Poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, por ser el Estado un ente ficticio, requiere de personas físicas que realicen sus funciones y el actor es precisamente el titular al que corresponde ejercer la competencia del órgano, y por ende, es el patrón porque encarna a los poderes del Estado, concluyendo el tribunal responsable que los Magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado no tienen una relación individual de trabajo establecida con el Estado, por no prestar un servicio bajo la subordinación jerárquica de jefe alguno, de ahí que no les resulta aplicable la Ley del Servicio Civil, en donde se establece la prestación reclamada y no les asiste el derecho a exigirla.-Por su parte el quejoso esencialmente sostiene que de acuerdo con el artículo 2o. de la Ley del Servicio Civil, la actividad que desempeñaba era realizada en base a un nombramiento, agregando que por efectuar un trabajo personal, percibía un salario, una compensación, pago de vacaciones y prima vacacional, aguinaldo y la subordinación del Magistrado estaba supeditada al Pleno, ahora también al Consejo de la Judicatura, el trabajo lo efectuaba en forma personal y en beneficio del ente jurídico en el cual había sido nombrado por el Ejecutivo y ratificado por el Congreso en base a una solemnidad y formalidad constitucional estatal.-Ahora bien, a efecto de resolver el problema que se plantea, es necesario establecer la acepción gramatical de la palabra ‘subordinación’, y así tenemos que el Diccionario de la Lengua Española la define como sujeción a la orden, mando o dominio de uno, el Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que la subordinación es la sumisión debida a quien ejerce el mando o autoridad correspondiente, en razón del parentesco natural o por la relación social, jurídica y religiosa.-Asimismo, para algunos tratadistas como Mario de la Cueva, la subordinación la define como una facultad jurídica del patrón en virtud de la cual puede dictar los lineamientos, instrucciones u órdenes que juzgue conveniente para la obtención de los fines de la empresa, y una obligación igualmente jurídica del trabajador de cumplir esas disposiciones en la prestación de su trabajo.-Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el significado de subordinación en la jurisprudencia número 531, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo V, Materia de Trabajo, visible en la página 351, bajo el rubro de ‘SUBORDINACIÓN. ELEMENTO ESENCIAL DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.’, y la define como la facultad del patrón traducida en un poder jurídico de mando correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio que se obliga a desempeñarlo bajo la dirección y subordinación de aquél.-Una vez establecido lo anterior, lo ilegal de la determinación del tribunal responsable, se debe a que si bien el Estado es una persona moral, creado por una ficción de la ley, que se integra por tres Poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, asimismo que esos órganos de gobierno requieren para realizar sus funciones correspondientes, de un titular que los represente, esto es, de personas físicas, para que ejerzan dichas facultades y por lo que se refiere al aspecto laboral, para que asuman el carácter de patrón y representen al ente jurídico en las relaciones de trabajo con los diversos empleados del poder público; sin embargo, por lo que se refiere al Poder Judicial del Estado, un Magistrado en lo individual no representa a ese poder, pues sólo forma parte del mismo, y por ello no puede tener el carácter de patrón de acuerdo a las razones siguientes: Del examen efectuado a los artículos 57, 58, 65 y 66, de la Constitución Política del Estado de Baja California, así como a los diversos numerales 21, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambos ordenamientos antes de las reformas, y que tenían aplicación cuando el actor fue designado Magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia (nueve de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve), se obtiene que el Poder Judicial se ejercía por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de Paz y Jurados; también que el propio tribunal se integraba por trece Magistrados propietarios como mínimo y seis suplentes y funcionaba en Pleno y Salas, o representado por su presidente, y que el Pleno tenía las funciones de nombrar y remover a los Jueces y demás funcionarios de dicho poder, así como designar a los Magistrados que debían integrar las Salas y de los que debían encargarse de hacer las visitas a los Centros de Readaptación Social, así como también el vigilar el debido cumplimiento de la administración de justicia.-En el mismo orden de ideas, del análisis efectuado a los artículos 57, 59 y 66 de la Constitución Política del Estado de Baja California reformados y publicados en el Periódico Oficial el veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, se establece que el Poder Judicial del Estado se ejerce por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de Paz, Jurados y un Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California; de igual manera, que corresponde a dicho consejo realizar el nombramiento de los Magistrados del referido Tribunal Superior, mediante selección, previa convocatoria pública y examen de méritos de los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos por la ley; asimismo, que estará a cargo del consejo aludido la vigilancia, administración y disciplina del Poder Judicial del Estado incluyendo al Tribunal Superior de Justicia, en los términos que establezcan las leyes.-También, del análisis a los artículos 168, fracciones VIII, IX, X y XI, 205 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, reformada, cuyas reformas entraron en vigor el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cinco (antes de que se diera por terminado el nombramiento del actor, pues ello sucedió hasta el treinta y uno de octubre del citado año), se puede establecer que dentro de las atribuciones del Consejo de la Judicatura del Estado se encuentran las de acordar las renuncias que presenten los Magistrados, Jueces, secretarios, actuarios y demás personal del Poder Judicial del Estado, así como acordar la destitución del referido personal; la de suspender en sus cargos a Magistrados y Jueces a solicitud de la autoridad judicial que conozca del procedimiento penal que se siga en contra de aquéllos; por último, el de adscribir a los Magistrados a la Sala correspondiente por materia, y vigilar el debido cumplimiento de la administración de justicia.-De acuerdo a lo anterior, es claro que antes de las reformas la autoridad que decidía sobre los nombramientos del personal del Poder Judicial del Estado, incluyendo la designación de los Magistrados para adscribirlos a las Salas correspondientes, lo era el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ya que con posterioridad a las reformas, esas facultades las asumió el Consejo de la Judicatura, incluyendo la de designar Magistrados y adscribirlos a las Salas correspondientes, así como la de suspenderlos y vigilar la administración, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial del Estado, órgano el cual es integrado por seis consejeros a quien obviamente les corresponde establecer los lineamientos o dar las instrucciones necesarias para que se lleve a cabo una correcta administración de justicia, normas que tienen obligación de cumplir los encargados de esa función, como en el caso lo era Óscar Careaga Villavicencio.-Por lo tanto, de lo antes señalado se debe concluir, que en el caso a estudio, sí existió relación laboral entre Óscar Careaga Villavicencio y el gobierno del Estado como persona moral, representado por el Poder Judicial por conducto del Pleno del Tribunal Superior de Justicia antes de las reformas y con posterioridad a esas reformas, por los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado, ya que el actor le debía subordinación al ente jurídico en cuanto a seguir los lineamientos que dictara para el debido cumplimiento de la administración de justicia, atento a que el actor demostró que le fue expedido por el gobernador del Estado, nombramiento de nueve de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, con el carácter de Magistrado propietario del citado tribunal, adscrito al Poder Judicial (foja 8), y que de acuerdo a su nombramiento así como a las funciones que realizaba (administración de justicia), desempeñaba un puesto de confianza, en términos de lo establecido por los artículos 4o., 5o. y 6o. de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, ordenamiento que contrario a lo sostenido por el tribunal responsable, sí es aplicable al actor, al demostrar la existencia del vínculo laboral con el gobierno del Estado, de ahí que le asiste el derecho a que se le cubra la prima de antigüedad que consagra el artículo 51, fracción XI, de la indicada ley, en favor de los funcionarios y trabajadores de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Municipios e instituciones descentralizadas del Estado de Baja California.-A mayor abundamiento de lo anterior, debe decirse que contrariamente a lo aseverado por el tribunal responsable, en el sentido de que como los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, están sujetos a la ley, pues la función que realizan es de carácter constitucional, motivo por el cual, en concepto de la referida autoridad no hay relación laboral entre esos funcionarios y el Gobierno del Estado porque no existe un poder jurídico de mando de la persona moral demandada, ni de los Magistrados un deber de obediencia, ya que éstos, sus actividades no las realizan bajo la dirección y dependencia de aquélla, en virtud de que su función específica es la de impartir justicia, y esa obligación la impone el artículo 56 constitucional y no el gobierno del Estado; ahora bien, lo ilegal de esa consideración se debe a que si bien los Magistrados indicados realizan una función de carácter constitucional, también lo es que la misma, como ya se dijo, se traduce en llevar a cabo una función jurisdiccional y aunque no hay dependencia directa en ese aspecto con la persona moral de que se trata, ya que los Magistrados tienen amplia facultad para resolver los asuntos que les sean sometidos a su potestad, pues se les da libertad de criterio al no indicarles cómo solucionarlos, pero limitado ese actuar siempre por la ley, sin embargo, ello no significa que no existe subordinación frente al gobierno del Estado, toda vez que la misma sí se da de acuerdo a los razonamientos vertidos en el apartado anterior, además de que existen aspectos que obligan a concluir en ese sentido, como son el que dichos funcionarios tienen asignado un horario de trabajo, tienen el deber de resolver los asuntos dentro del término que la ley establece, pero fundamentalmente, la obligación que tienen de seguir los lineamientos que sobre la referida función jurisdiccional dicte el Consejo de la Judicatura del Estado.-Asimismo debe observarse que no deben confundirse los derechos que la ley consagra en favor de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con la función pública que realizan en dicho tribunal, ya sea funcionando en Pleno o Salas, dado que ésta es por mandamiento constitucional y no impide que durante el desempeño de su cargo, se generen derechos a favor de esos funcionarios, como resulta ser la prima de antigüedad que se demanda y a que se refiere el artículo 51 de la Ley del Servicio Civil, así como el derecho a la jubilación que establece en beneficio de aquéllos el artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; asimismo, también los Magistrados disfrutan de dos periodos vacacionales de diez días hábiles por año y perciben anualmente el aguinaldo correspondiente, derechos estos que están consagrados en favor de los trabajadores del Estado, en los artículos 32 y 44, respectivamente, de la Ley del Servicio Civil en comento, por lo tanto, si los Magistrados tienen derecho a esas prestaciones, entonces se corrobora lo afirmado, en el sentido de que existe una relación de trabajo con el gobierno del Estado, porque es el obligado a cubrírselas; al no resolverlo así la autoridad responsable causa la violación que se hace valer, por lo que en reparación de la misma, deberá otorgarse al quejoso la protección constitucional que demandó.-Fundados por consiguiente los conceptos de violación analizados, deberá concederse al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados."
A continuación se transcribe la parte considerativa de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.
"PRIMERO.-Este Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V y VI, de la Constitución General de la República, 158 de la ley reglamentaria del juicio constitucional, así como el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.-SEGUNDO.-La existencia del acto reclamado quedó legalmente comprobada con los autos del expediente laboral número 237/95 y acumulado 238/95, que la responsable anexó a su informe justificado.-TERCERO.-El laudo reclamado en su parte conducente expresa: (transcribe).-CUARTO.-Son infundados los conceptos de violación antes transcritos.-En efecto, del contenido del laudo reclamado se advierte que el tribunal responsable determinó que los ahora quejosos no tenían el carácter de trabajadores al servicio del Estado puesto que habían prestado sus servicios como Magistrados propietarios del Tribunal Superior de Justicia, cumpliendo con ello con un servicio de carácter constitucional y no una relación laboral en los términos de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California y de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, agregando que ello obedecía a que no todos los que prestan un trabajo al Estado, en el Poder Judicial o en los otros poderes, guardan una relación laboral para que les sea aplicable, como trabajadores, la Ley del Servicio Civil, ya que dijo, sólo pueden ser considerados como tales los que lo hagan de manera subordinada, bajo la dirección de un jefe, y no los que cumplen con un mandato constitucional como lo era el caso de los Magistrados actores, sobre todo considerando que necesariamente alguien debe encarnar al Estado en la figura del patrón en las relaciones laborales con los que sí tienen el carácter de trabajadores, por lo que no todos los que cumplen una función en el Estado tienen el carácter de trabajadores.-Los quejosos esencialmente sostienen que de acuerdo con el artículo 2o. de la Ley del Servicio Civil, la actividad que desempeñaban era realizada en base a un nombramiento, agregando que por efectuar un trabajo personal, percibían un salario, una compensación, pago de vacaciones y prima vacacional, aguinaldo y la subordinación del Magistrado estaba supeditada al Pleno, ahora también al Consejo de la Judicatura, el trabajo lo efectuaban en forma personal y en beneficio del ente jurídico en el cual habían sido nombrados por el Ejecutivo y ratificados por el Congreso en base a una solemnidad y formalidad constitucional estatal.-Como se aprecia, para dilucidar el problema planteado en esta instancia constitucional, esencialmente se debe establecer si en la especie concurre el elemento esencial de una relación laboral consistente en la subordinación y para ello se estima conveniente citar los conceptos que de tal elemento han expresado varios tratadistas y así se tiene que, José V. Cassi, menciona que la subordinación consiste en otorgar al patrón el derecho a poder controlar la actividad laborativa del dependiente. Este derecho de poder de control constituye una función necesaria que sigue a la función directiva y de fiscalización, y procede la función disciplinaria, en el sentido de que el poder directivo y de mando se relaciona con la actuación del control y el control disciplinario actúa en consecuencia con la ejecución del control. Como tal, el poder de control no conserva el carácter de una absoluta independencia, preconstituye un poder que es el medio directo para la consecución de determinado fin. Ramírez Gronda, considera que la subordinación jurídica consiste cabalmente en el derecho patronal de dar instrucciones y en la correlativa obligación del trabajador de acatarlas, el patrón dispone y fiscaliza, entonces, como acreedor de una prestación contractual. Esta subordinación explica, que no está encajada en un ámbito físico o temporal determinado de validez. Ella consiste para el dador del empleo, en algunos casos, en dar órdenes: en otros, en la sola posibilidad de darlas o de hacerlas cesar, y siempre en la posibilidad de sustituir su voluntad a la del trabajador, cuando lo creyere conveniente; por su parte Juan M. Galli Pujuato, considera que la subordinación se traduce en el derecho o potestad jurídica del empleador de dar órdenes o hacerlas cesar, con la obligación correlativa del trabajador de acatarlas y cumplirlas sin que sea necesaria la dirección y vigilancia directa, inmediata y actual del principal, bastando la sola posibilidad jurídica de efectivizarla; la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 530 publicada en la página 350 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del Tomo V, Materia del Trabajo, ha establecido que la subordinación significa, por parte del patrón, un poder jurídico de mando, correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio. Esto tiene su apoyo en el artículo 134, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo de 1970, que obliga a desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estarán subordinados los trabajadores en todo lo concerniente al trabajo.-Del contenido de los anteriores conceptos se puede concluir que la subordinación, en suma, no es un conjunto de derechos del patrón sobre el trabajador, sino el presupuesto para la existencia, dentro de la empresa, de una serie de relaciones jurídicas que se resumen (pues no existe divergencia al respecto en los conceptos transcritos), en la facultad del patrón de imponer su propia voluntad o en otras palabras, un derecho de mando y una obligación correlativa del trabajador, de sujetar a ella su voluntad en un deber de obediencia en lo relativo al trabajo conforme a las funciones encomendadas y solamente durante la jornada de trabajo.-Ahora bien, ubicando lo anterior en el caso concreto, debe concluirse que contrario a lo alegado por los quejosos, fue correcta la determinación del tribunal responsable al estimar que los actores desempeñaban su función como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado sin estar subordinados a los demandados y que por ende, no existía la relación laboral que invocaron como apoyo para reclamar el pago de la prima de antigüedad, y se afirma que en la relación que existe entre los referidos funcionarios y el Estado, no surge el elemento de subordinación en atención a que así se estipula de manera clara en el artículo 6o. de la Constitución Política del Estado de Baja California, pues en su párrafo tercero se establece que los Magistrados y Jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, con objeto de asegurar independencia y decoro en el desempeño de la función y no podrá ser disminuida durante su encargo, así mismo, deberá incorporárseles al sistema de seguridad social. El párrafo cuarto de este precepto dispone que la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia, garantizará la independencia de Magistrados y Jueces en el desempeño de sus funciones, los que sólo deben sometimiento a la ley. Como se aprecia, el contenido de este dispositivo constitucional, no deja ninguna duda respecto a que en las funciones desempeñadas por los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, no existe por parte de los demandados un poder jurídico de mando, ni en ellos un deber de obediencia, tampoco sus actividades las realizaban bajo la dirección y mando de los aquí tercero perjudicados, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la Constitución Política del Estado, la función específica de los titulares consiste en la impartición de justicia y para llevar a cabo esa actividad no están subordinados a ninguna persona ya sea física o moral, pues como ya se dijo, el párrafo cuarto del artículo 60 de la Constitución Política del Estado, expresamente expone que los Magistrados y Jueces en el desempeño de sus funciones sólo deben sometimiento a la ley, lo cual implica que para el dictado de las resoluciones que emitan, no están obligados a consultar, obedecer o aceptar sugerencias de ninguna autoridad, sino que deben hacerlo de manera independiente, sujetándose exclusivamente a las disposiciones de la ley, todo lo cual lleva a concluir que en el caso planteado no se dio la relación laboral, pues para ello no basta la prestación de un servicio personal y directo de una persona a otra, sino que esa prestación debe reunir como requisito principal la subordinación jurídica, que implica que el patrón se encuentre en todo momento en posibilidad de disponer del esfuerzo físico, mental o de ambos géneros, del trabajador según la relación convenida; esto es, que exista por parte del patrón un poder jurídico de mando correlativo a un deber de obediencia por parte de quien presta el servicio; esa relación de subordinación debe ser permanente durante la jornada de trabajo e implica estar bajo la dirección del patrón o su representante, lo cual, como ya se dejó establecido con anterioridad, no se dio en las funciones desempeñadas por los quejosos y por ello fue legal la determinación del tribunal responsable en que consideró que no existía la relación laboral invocada por los demandantes, aquí quejosos.-Como consecuencia de lo anterior, se hace innecesario analizar las inconformidades en las que se combate el diverso razonamiento del tribunal responsable, en que consideró que no existía la relación laboral porque los Magistrados encarnaban al Estado en la figura del patrón en las relaciones laborales con los que sí tienen el carácter de trabajador y que por ello fungían como patrones, toda vez que de cualquier forma al no existir el elemento principal de la relación laboral que lo es la subordinación, el análisis de dichas inconformidades no conducirían a cambiar el sentido de esta resolución.-En tales condiciones, procede negar a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitan."
CUARTO.-De la lectura de las transcripciones que anteceden, se advierte que existe contradicción de criterios en cuanto al derecho de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, para recibir la prestación establecida en la Ley del Servicio Civil de dicha entidad, consistente en prima de antigüedad, derivado de las distintas apreciaciones respecto a si debe considerárseles como trabajadores al servicio del Estado.
En efecto, en los juicios de amparo directo, cuyas resoluciones motivaron la presente contradicción, se reclamaron laudos dictados por el Tribunal de Arbitraje del Estado, en los que se negó la procedencia del pago de la prima de antigüedad que establece la Ley del Servicio Civil para los trabajadores de confianza al servicio del Estado.
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, sustentó el criterio de que los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, no tienen el carácter de trabajadores al servicio del Estado, en tanto que no existe una relación laboral con los demandados (Consejo de la Judicatura del Estado y/o Tribunal Superior de Justicia del Estado y/o quien resulte responsable), por no darse el elemento de subordinación jurídica que implica que el patrón se encuentre en todo momento en posibilidad de disponer del esfuerzo físico, mental o de ambos géneros del trabajador, según la prestación convenida.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito, sostuvo que si bien los Magistrados realizan una función de carácter constitucional, ello no implica que no exista una subordinación frente al gobierno del Estado, en tanto que en el desarrollo de su función tienen que seguir los lineamientos legales y los que dicte el Consejo de la Judicatura del Estado, además de que su función jurisdiccional no impide que generen derechos laborales como el de jubilación, vacaciones y prima de antigüedad, entre otros, lo que deriva de su calidad de trabajador al servicio del Estado, al desempeñar un puesto de confianza.
En estas condiciones, precisado que el punto de contradicción entre los criterios resumidos se refiere a la determinación relativa a la relación que existe entre los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y el Estado de Baja California y a la del derecho al pago de la prima de antigüedad que establece la Ley del Servicio Civil, en tanto que un tribunal estima que debe considerárseles como trabajadores de confianza al servicio del Estado y el otro, sostiene que no están sujetos a una relación de trabajo, procede decidir cuál de los dos criterios debe prevalecer.
QUINTO.-Para el análisis del tema señalado en el considerando que antecede, es importante atender a lo dispuesto en la legislación local respecto a la función de los integrantes del Poder Judicial del Estado de Baja California, ya que de los criterios sustentados por los tribunales contendientes, se advierte que la discrepancia surge de la diversa interpretación que se otorga a las características y naturaleza de la función de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, en tanto que se estima, en uno de los criterios, que por realizar sus funciones como integrantes del órgano supremo del Poder Judicial, no pueden considerarse trabajadores del Estado y, en el otro, que con independencia de la función que realizan, se encuentran sujetos a una relación laboral en la que el Estado es el patrón y, por tanto, son trabajadores sujetos a la Ley del Servicio Civil.
En la Constitución Política del Estado de Baja California, se establece:
"Artículo 57. El Poder Judicial del Estado, se ejercerá por el Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de Justicia Electoral, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de Paz, Jurados y por el Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California.
"La representación del Poder Judicial recae en el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el cual se elegirá y desempeñará sus funciones en los términos y por el periodo que la ley señale.
"La ley garantizará la independe
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5724-9b1436b7/prima-de-antiguedad-los-magistrados-del-tribunal-superior · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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