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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN ADMINISTRATIVA. EN SU TRAMITACIÓN DEBE APLICARSE SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. RECLAMACIÓN. TÉRMINO PARA INTERPONERLA EN LA REVISIÓN ADMINISTRATIVA. RECLAMACIÓN. ESTE RECURSO ES PROCEDENTE CONTRA LOS ACUERDOS DE TRÁMITE DICTADOS POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE EN TODOS LOS ASUNTOS JURISDICCIONALES DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL PLENO.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 1/97. · Registro digital (IUS): 5766
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Agosto de 1999, , Pág. 298.

REVISIÓN ADMINISTRATIVA (RECLAMACIÓN) 1/97.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIO: MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. Como cuestión previa debe analizarse si el recurso de reclamación que se interpuso es o no procedente, dado que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que es la que regula el recurso de revisión administrativa, no establece expresamente la procedencia del recurso de reclamación en contra de los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte en la tramitación de la revisión administrativa.

La reclamación, tal como se establece en el artículo 82 de la Ley de Amparo, es uno de los recursos que existen en el juicio de amparo, el cual, de acuerdo con el artículo 103 de la misma ley, procede contra los acuerdos de trámite dictados, entre otros, por el presidente de la Suprema Corte en la sustanciación de los juicios de amparo.

Con base en lo anterior, podría, ya de entrada, concluirse que si el acuerdo combatido no se dictó dentro de un juicio de amparo, la reclamación es improcedente.

Sin embargo, la fracción V del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, faculta al Tribunal Pleno para conocer de las reclamaciones que se interpongan contra las providencias o acuerdos dictados por el presidente de la Suprema Corte durante la tramitación de los asuntos jurisdiccionales de la competencia de aquél.

Tal precepto, pues, no limita al Pleno a sólo conocer de las reclamaciones contra acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte en el juicio de amparo, sino que hace extensiva esa facultad para conocer de las reclamaciones en contra de acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Corte en todos los asuntos jurisdiccionales de la competencia del Pleno.

Para darle vida a esa facultad del Pleno, para no hacerla nugatoria, debe concluirse que procede el recurso de reclamación en contra de los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte en todos los asuntos jurisdiccionales de la competencia del Pleno, y no sólo en contra de aquellos dictados en el juicio de amparo, pues los asuntos jurisdiccionales de la competencia del Pleno no se limitan a este juicio. Obviamente, la aseveración anterior no es aplicable cuando la ley que regula el procedimiento de algún asunto de la competencia del Pleno de la Suprema Corte señale, expresamente, otro recurso o la improcedencia de la reclamación.

Por las razones anteriores, se precisa el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, que se contiene en la tesis XXIV/89 que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, enero-junio de 1989, Primera Parte, página 178, cuyo texto es el siguiente:

"RECLAMACIÓN, RECURSO DE. NO PROCEDE CONTRA ACUERDOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO DICTADOS POR LOS PRESIDENTES DE LA SUPREMA CORTE, DE SUS SALAS O DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. Tratándose de providencias y acuerdos dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe distinguirse entre los que se pronuncian durante el trámite de los asuntos de carácter jurisdiccional, tendientes a poner un asunto en estado de resolución, y los emitidos en relación con las medidas que exijan la administración, el buen servicio y la disciplina en las oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o en los tribunales federales. Ahora bien, el recurso de reclamación a que alude el artículo 103 de la Ley de Amparo constituye un medio de defensa contra los acuerdos de trámite que dicte el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de cualesquiera de sus Salas o el presidente de un Tribunal Colegiado de Circuito, en los juicios de amparo. Por otra parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer la competencia de la Suprema Corte, funcionando en Pleno, regula separadamente, en el artículo 11, la competencia en materia jurisdiccional, y en el artículo 12 la competencia para tomar las medidas administrativas y disciplinarias que la impartición de justicia y el buen servicio exijan en las oficinas de la Suprema Corte o en los tribunales federales, y es precisamente en el artículo 11, fracción XI, de dicha ley, en la que se prevé la competencia del Pleno del Alto Tribunal para conocer del recurso de reclamación que se interponga contra las providencias o acuerdos del presidente de la Suprema Corte, dictados durante la tramitación de los asuntos de su competencia. En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Amparo, el recurso de reclamación sólo procede contra las providencias y acuerdos del presidente de la Suprema Corte, del presidente de cualesquiera de sus Salas, o del presidente de un Tribunal Colegiado de Circuito, dictados durante el trámite de los juicios de amparo y no contra providencias o acuerdos que emitan los funcionarios citados en los asuntos del orden administrativo de su competencia respectiva."

Como se advierte, en el criterio que se precisa, pese a que acertadamente se hace la distinción entre los acuerdos dictados por el presidente de la Suprema Corte que se pronuncian durante la tramitación de los asuntos de carácter jurisdiccional y los que emite en asuntos de carácter administrativo, deja entrever que los asuntos jurisdiccionales de la competencia del Pleno de la Suprema Corte se reducen al juicio de amparo, limitando con ello la facultad del Tribunal Pleno contenida en el artículo 11, fracción XI, de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, artículo 10, fracción V, de la actualmente en vigor.

Sin embargo, como ya quedó asentado, por una parte, los asuntos jurisdiccionales de la competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, ni entonces ni ahora, se reducen al juicio de amparo y, por otra, la única manera de darle vida en toda su amplitud a la facultad del Pleno, contenida en el artículo 10, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es estableciendo la procedencia del recurso de reclamación en contra de los acuerdos dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia durante la tramitación de todos los asuntos jurisdiccionales de la competencia del Pleno de la Suprema Corte.

En ese orden de ideas, en resumen, se han señalado cuatro requisitos para la procedencia del recurso de reclamación contra los acuerdos dictados por el presidente de la Suprema Corte, a saber:

1. Que se trate de un acuerdo dictado durante la tramitación de un asunto;

2. Que la ley que regula el asunto no señale expresamente otro recurso o la improcedencia de la reclamación;

3. Que el asunto sea de la competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia; y

4. Que se trate de un asunto jurisdiccional.

En esa tesitura, lo conducente es analizar si en el caso concreto se cumplen esos cuatro requisitos para la procedencia del recurso de reclamación.

Se cumple cabalmente el primer requisito, pues el acuerdo se dictó durante la tramitación de un recurso de revisión administrativa.

También se cumple el segundo requisito, pues, analizando la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que es la que regula el recurso de revisión administrativa, no se encuentra dispositivo alguno que establezca expresamente algún recurso en contra de los acuerdos dictados por el presidente de la Suprema Corte durante la tramitación de la revisión administrativa, ni tampoco alguno que expresamente establezca la improcedencia de la reclamación contra esos acuerdos.

El tercer requisito también está cumplido, pues, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11, fracción VIII y 122, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el competente para conocer del recurso de revisión administrativa es el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Igualmente se cumple el cuarto requisito, dado que el recurso de revisión administrativa es un asunto jurisdiccional.

En efecto, en términos generales, el Estado, para cumplir con sus atribuciones, realiza tres funciones: la legislativa, la administrativa y la jurisdiccional. La teoría de las funciones del Estado deriva de la teoría de la división de Poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de ahí que, teóricamente, al Poder Legislativo debe corresponder exclusivamente la función legislativa, al Ejecutivo la administrativa y al Judicial la jurisdiccional. Sin embargo, la legislación positiva no ha sostenido la correspondencia de la teoría y ha atribuido a un mismo poder funciones de naturaleza diferente, de ahí la necesidad de clasificar a las funciones del Estado desde dos puntos de vista diferentes: según el órgano que la realiza y según la naturaleza intrínseca de la función.

Desde el punto de vista del órgano que la realiza, es decir, adoptando un criterio formal, subjetivo u orgánico, las funciones son formalmente legislativas, administrativas o judiciales, según que estén atribuidas al Poder Legislativo, Ejecutivo o Judicial.

Desde el punto de vista de la naturaleza intrínseca de la función, es decir, adoptando un criterio material u objetivo, independientemente del órgano que la realiza, la función será legislativa cuando se crea, modifica o extingue una situación jurídica general, y el acto en el que se concreta y exterioriza, la ley, tiene como características el ser abstracta, impersonal, permanente y obligatoria. Será función administrativa la que consiste en la ejecución de actos materiales o de actos que determinen situaciones jurídicas para casos individuales. Finalmente, la función jurisdiccional se caracteriza por su motivo y por su fin, su motivo es un conflicto del derecho y su fin es decidir o resolver ese conflicto para hacer respetar el derecho y darle estabilidad.

Por lo tanto, atendiendo a la función que realiza el Estado a través del recurso de revisión administrativa, se puede concluir que es un asunto jurisdiccional, formalmente, porque su conocimiento corresponde a un órgano jurisdiccional como es el Pleno de la Suprema Corte y, materialmente, porque tiene como motivo un conflicto de derecho y como fin la decisión o resolución de ese conflicto para hacer respetar el derecho y darle estabilidad.

Por otra parte, el hecho de que la ley lo llame revisión administrativa, ello per se, no le da esa naturaleza, pues no comparte en sentido material las características de un recurso administrativo, ya que el Pleno de la Suprema Corte no se instituye como superior jerárquico del Consejo de la Judicatura Federal, ni mucho menos como un órgano creado especialmente para conocer del recurso, sino que su función deriva de las atribuciones que como órgano jurisdiccional por antonomasia le confiere la Constitución General de la República, sobre todo tomando en cuenta que la resolución que en el mismo se dicte determina la validez o nulidad del acto impugnado.

En relación con esto último, cabe señalar, que igual criterio sostuvo este Tribunal Pleno, al fallar la consulta a trámite en el recurso de revisión administrativa 2/96, en sesión de dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y seis, por unanimidad de nueve votos, cuya resolución, en lo conducente, dice:

"Los recursos administrativos, constituyen por su naturaleza un medio legal de que dispone el particular afectado en sus derechos o intereses por un acto administrativo determinado, para obtener en los términos legales, de la autoridad administrativa, una revisión del propio acto a fin de que dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo reforme en caso de encontrar comprobada la ilegalidad o la inoportunidad del mismo.

"Los elementos característicos del recurso administrativo, son entre otros, los siguientes:

"a) La ley fija la autoridad administrativa ante quien debe presentarse la solicitud del particular. Esa autoridad puede ser la misma que dictó el acto, la jerárquica superior, o bien, un órgano especial creado al efecto por la ley.

"b) La autoridad revisora queda obligada a dictar nueva resolución en cuanto al fondo. Si no hay esa obligación no puede hablarse propiamente de un recurso.

"En esta tesitura, los recursos administrativos, por su naturaleza no implican una función jurisdiccional sino simplemente administrativa, tomando en cuenta que en el recurso administrativo no existe una verdadera controversia, pues para ello sería indispensable que las pretensiones de la administración fueran contrarias con las del particular, esto no sucede, pues mientras no se haya agotado la vía administrativa, dentro de la cual encaja el recurso, no podrá sostenerse válidamente que la administración sostiene un punto de controversia con el particular.

"Puntualizado lo anterior, habrá de determinarse si el recurso de revisión administrativa que prevé el artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debe ser considerado materialmente como de índole administrativa o bien jurisdiccional para así determinar la procedencia o no del recurso de reclamación interpuesto por el recurrente, motivo de la presente consulta.

"En primer término tenemos que este Tribunal Pleno ha establecido que las atribuciones de la Suprema Corte al conocer del recurso de revisión administrativa es la de realizar un análisis completo y minucioso, tanto del procedimiento que se hubiere llevado a cabo, como de los hechos, pruebas, motivos y fundamentos que sustentan la resolución del Consejo de la Judicatura Federal, para determinar si se cumplieron con los requisitos exigidos por la ley, sean de fondo o de forma, tomando en cuenta para ello que la garantía de audiencia que resguarda el artículo 14 constitucional sólo puede cumplirse cabalmente, cuando el afectado tiene oportunidad de invocar en su defensa, todos los argumentos y razones que sean de su interés en contra de la resolución recurrida, así como de ofrecer y desahogar todas las pruebas que legalmente proceda y que la finalidad fundamental del establecimiento del recurso es la de otorgar la seguridad al Juez o Magistrado recurrente, que la decisión que lo afecta, será examinada con apego a derecho por los dos órganos máximos del Poder Judicial Federal.

"Las relacionadas condiciones permiten colegir que la autoridad que conoce del recurso administrativo de revisión, lo es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, esto es, una autoridad distinta de la que dictó la resolución impugnada (Consejo de la Judicatura Federal); que no es su superior jerárquico, y tampoco es un órgano especial creado para conocer de dicha instancia; pero además, el Pleno no queda obligado a dictar nueva resolución en cuanto al fondo, sino solamente a declarar la validez o nulidad del acto impugnado, ya que será el Consejo de la Judicatura Federal quien dicte una nueva resolución en un plazo no mayor a treinta días naturales, como lo precisa el primer párrafo del artículo 128 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que, en lo conducente, a la letra dice: (se transcribe).

"De igual forma, ha de tenerse presente que una noción objetiva del acto jurisdiccional indica que éste existe cuando se decide una cuestión promovida por quien alega que se ha lesionado su derecho o su interés legítimo por una resolución general o acto determinado.

"En efecto, tanto la jurisdicción como el acto jurisdiccional deben determinarse en sentido material, es decir, por la naturaleza de la función y no de la calificación jurídica que resulte del texto de la ley, pues ha de tenerse presente que el legislador no es jurista.

"Por tanto, aun cuando la ley designe al recurso de revisión de las resoluciones del Consejo de la Judicatura como de ‘revisión administrativa’, ello per se no otorga al mismo dicha naturaleza, la que como se ha mencionado no comparte en sentido material las características de un recurso administrativo ya que el Pleno de la Suprema Corte no se instituye en relación al Consejo de la Judicatura Federal, como su superior jerárquico ni mucho menos como un órgano creado especialmente para conocer del recurso, sino que su función deriva de las atribuciones que como órgano jurisdiccional por antonomasia le confiere la Constitución General de la República, sobre todo si se tiene presente que su resolución determina la validez o nulidad del acto impugnado.

"Por tanto, el acto de nombramiento de un Juez o Magistrado, evidentemente es de índole administrativo porque tal decisión se dicta después de realizado un procedimiento en el que no se declara un hecho controvertido sino que se verifica legalmente una condición de idoneidad que crea el derecho a ser propuesto para ocupar dicho cargo; empero, el acto jurisdiccional surgirá cuando el interesado promueva recurso contra ese acto por considerar que ilegalmente se le ha negado el derecho a detentar tal nombramiento pues será entonces cuando se declarará su derecho en términos de ley lo que implica que el órgano encargado de llevar a cabo tal función evidentemente realiza una función jurisdiccional."

En las relacionadas condiciones, dado que en el caso concreto se cumplen plenamente los cuatro requisitos para la procedencia del recurso de reclamación, debe declararse que es procedente el recurso de reclamación en contra del acuerdo dictado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia el día veintidós de enero de mil novecientos noventa y siete, dentro del recurso de revisión administrativa 1/97.

TERCERO. Previamente, también, al estudio de los agravios expresados por la recurrente, se debe analizar la oportunidad de la interposición del recurso de reclamación.

Dado que el recurso de reclamación, en contra de los acuerdos dictados por el presidente de la Suprema Corte durante la tramitación del recurso de revisión administrativa, no está contemplado expresamente en la ley, obviamente tampoco se señala un término para su interposición.

Sin embargo, por seguridad jurídica y por la trascendencia del recurso de revisión administrativa, no puede dejarse indefinidamente la posibilidad de que se puedan impugnar esos acuerdos, razón por la cual la interposición del recurso de reclamación que se interponga contra ellos debe estar sujeta a un término.

Ahora bien, pese a que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no establece las leyes que serán aplicables supletoriamente a la misma, debe estimarse supletoriamente aplicable el Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior, con fundamento en el hecho de que si en derecho sustantivo es el Código Civil el que contiene los principios generales que rigen en las diversas ramas del derecho, en materia procesal, en ausencia de alguna disposición de la ley del acto, debe también acudirse a la legislación civil, en todo lo que no contraríe los principios en que se sustenta la legislación en la que se va a efectuar la suplencia. Y dado que en el caso se trata de un asunto de carácter federal, entonces habrá que aplicar supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Así pues, dado que no hay término expreso para la interposición del recurso de reclamación en contra de autos dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia durante la tramitación del recurso de revisión administrativa, se debe estar al término genérico que establece el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. El citado precepto, en lo conducente, dice:

"Art. 297. Cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes:

"II. Tres días para cualquier otro caso."

Con base en el precepto transcrito, se concluye que el término para la interposición del recurso de reclamación en contra de los autos dictados por el presidente de la Suprema Corte durante la tramitación del recurso de revisión administrativa es de tres días.

Ahora, para efectos del cómputo del término, debe estarse también a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, el cual establece:

"Art. 284. Los términos judiciales empezarán a correr el día siguiente del en que surta efectos el emplazamiento, citación o notificación, y se contará, en ellos, el día del vencimiento."

"Art. 321. Toda notificación surtirá sus efectos el día siguiente al en que se practique."

En la especie, el auto que se impugna fue notificado personalmente al autorizado de la recurrente el día veintidós de enero de mil novecientos noventa y siete, la notificación surtió sus efectos el día veintitrés del mismo mes y año y el término corrió de los días veinticuatro a veintiocho también del mismo mes y año, dado que en el mismo no se cuentan los días veinticinco y veintiséis que fueron inhábiles.

En esa tesitura, dado que el recurso se interpuso el día veintitrés de enero de mil novecientos noventa y siete, es obvio que se hizo oportunamente.

CUARTO. El auto recurrido es del tenor siguiente:

"Con el oficio número 8160 y anexos, de la secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, en funciones de secretaria de ese órgano durante el receso correspondiente al segundo periodo de sesiones de mil novecientos noventa y seis, fórmese y regístrese el expediente respectivo. Ahora bien, como en el caso la licenciada ... promueve recurso de revisión administrativa en contra de la resolución del Consejo de la Judicatura Federal de fecha trece de noviembre pasado, mediante la cual se le destituyó del cargo de secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito y se le inhabilitó por el plazo de diez años para desempeñar otro empleo en el Poder Judicial de la Federación; es de concluirse que dicha revisión administrativa debe desecharse, por notoriamente improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el octavo párrafo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: ‘Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieran a la designación, adscripción y remoción de Magistrados y Jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.’. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 10, fracción XI, 14, fracción II, párrafo primero, primera parte y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se acuerda:

"I. Se desecha, por notoriamente improcedente, el recurso de revisión administrativa que se hace valer.

"II. Notifíquese; haciéndolo personalmente a la promovente, en el domicilio señalado para el efecto en el escrito que se provee y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido."

QUINTO. La recurrente, en su escrito de reclamación, expresó los siguientes agravios:

"El acuerdo del H. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desecha el recurso de revisión administrativa previsto por el artículo 140 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el que se pretende impugnar la resolución administrativa que me destituye en mi puesto de trabajo de secretaria de Acuerdos del H. Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito y me inhabilita por diez años para trabajar dentro del Poder Judicial Federal, por haber dictado la sentencia de toca penal 33/96-I de fecha 28 de marzo de 1996, en mi calidad de Magistrada en funciones de ese Tribunal Unitario.

"I. La resolución que se impugna establece como fundamento y motivo para desechar el recurso de revisión administrativa los dictados del artículo 100 de la Constitución, que prevé que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal son inatacables.

"El acuerdo consagra una interpretación directa de la Constitución, que en términos de los artículos 94 párrafo séptimo, de la Carta Magna; y, 11 fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no es atribución del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, menos aún, cuando dicta acuerdos de trámite presidiendo al H. Consejo de la Judicatura Federal, sino de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno.

"Significa, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se está arrogando atribuciones que la Carta Fundamental, no le brinda, lo que hace ilegal el acuerdo que se impugna, al carecer de precepto legal que funde y motive exactamente el acto de autoridad.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictado jurisprudencia sujetando a todas las autoridades al principio de legalidad, es decir:

"‘AUTORIDADES. Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite.’

"Jurisprudencia No. 100, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, pág. 65.

"Por tanto, al carecer de atribuciones constitucionales para interpretar los dictados de la Carta Magna, el acuerdo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al presidir el H. Consejo de la Judicatura Federal, es ilegal y debe revocarse para efectos de que se admita el recurso de revisión administrativa.

"II. El artículo 140 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como garantía de audiencia, brinda el derecho de revisión administrativa, cuando la sanción impuesta por el Pleno del H. Consejo de la Judicatura Federal, sea la destitución del cargo, de quien realiza funciones de Magistrado de Circuito.

"El acuerdo del H. Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al presidir al H. Consejo de la Judicatura Federal, que desecha mi recurso de revisión administrativa, me niega mi derecho de audiencia, al hacer una indebida aplicación del artículo 100 constitucional, pues carece de atribuciones para interpretar directamente los preceptos de la Carta Magna y dirimir controversias de la interpretación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque en términos del artículo 11 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es atribución exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal en Pleno.

"Por tanto, so pretexto de interpretar el artículo 100 de la Constitución, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su calidad de presidente del H. Consejo de la Judicatura Federal, está integrando la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo que hace ilegal el acuerdo.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictado resolución prohibiendo a las autoridades la integración de la ley so pretexto de interpretarla:

"‘INTERPRETACIÓN DE LA LEY. Las leyes deben ser interpretadas en los casos en que su sentido es oscuro, lo que obliga al juzgador a desentrañar su significado haciendo uso de los distintos sistemas de interpretación que la doctrina ha elaborado, pero no es procedente pretender que deban interpretarse aquellas normas cuyo sentido es absolutamente claro, pues a ello se opone la garantía establecida en el cuarto párrafo del artículo 14 constitucional, que manda que las sentencias deben ser conforme a la letra de la ley, ya que lo contrario lleva al juzgador a desempeñar el papel de legislador creando nuevas normas a pretexto de interpretar las existentes, lo que carece de todo fundamento legal.’

"Ejecutorias visibles en los Tomos CXXVI, págs. 53 y 73, cuyos rubros son amparo en revisión 5421/53, Pedro Castillo Ibarra, 5 de octubre de 1955, por unanimidad de 4 votos; y amparo directo 6230/54, jefe del Departamento del Distrito Federal, 5 de octubre de 1955, unanimidad de 5 votos.

"Por último, en términos del artículo 14 constitucional, tengo derecho a la garantía de audiencia, la cual se reglamenta por el artículo 140 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante el recurso de revisión administrativa, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, que al estar previsto expresamente en la ley, se me debe brindar.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictado jurisprudencia ordenando se dé satisfacción a la garantía de audiencia aun en los casos en que no esté previsto este derecho en la ley.

"‘AUDIENCIA, ALCANCE DE LA GARANTÍA DE. En los casos en que los actos reclamados impliquen privación de derechos, existe la obligación por parte de las autoridades responsables de dar oportunidad al agraviado para que exponga todo cuanto considere conveniente en defensa de sus intereses; obligación que resulta inexcusable aun cuando la ley que rige el acto reclamado no establezca tal garantía, toda vez que el artículo 14 de la Constitución Federal impone a todas las autoridades tal obligación y, consecuentemente, su inobservancia dejaría a su arbitrio decidir acerca de los intereses de los particulares, con violación de la garantía establecida por el invocado precepto constitucional.’

"Jurisprudencia No. 82, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, pág. 54.

"En conclusión: El acuerdo que se impugna, del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictado al presidir el H. Consejo de la Judicatura Federal, es ilegal por hacer una inexacta aplicación de los artículos 14, 94 y 100 de la Constitución; 11 fracción IX, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 140 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que debe revocarse y admitirse para su trámite el recurso de revisión administrativa, para dar satisfacción a mi garantía constitucional de audiencia."

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QUINTO. Son sustancialmente fundados los agravios que expresa la recurrente, en atención a las siguientes consideraciones.

En primer lugar, el trámite que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para el recurso de revisión administrativa no hace alusión a la calificación previa de los requisitos de procedencia del recurso, sino que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5766-59d3f7e8/revision-administrativa-en-su-tramitacion-debe-aplicarse-supletoriamente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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