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Modo: Corpus Pro

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. AL ANALIZAR LA CAUSA DE RESPONSABILIDAD PREVISTA POR EL ARTÍCULO 131, FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO SE ERIGE EN UN TRIBUNAL DE LEGALIDAD. NOTORIA INEPTITUD O DESCUIDO COMO CAUSA DE RESPONSABILIDAD PREVISTA EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. LA INMUNIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 130 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO SE ACTUALIZA ANTE EL FRANCO DESACATO DE UN ORDENAMIENTO JURÍDICO. REVISIÓN ADMINISTRATIVA. ES PROCEDENTE LA INTERPUESTA POR UN SECRETARIO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE LO DESTITUYE POR SU ACTUACIÓN COMO ENCARGADO DEL DESPACHO. SECRETARIO EN FUNCIONES DE MAGISTRADO DE CIRCUITO. EL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DERIVADA DE FALTAS GRAVES COMETIDAS EN EL EJERCICIO DE ESE CARGO, DEBE SUSTANCIARSE CONFORME A LO PREVISTO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 134 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 1/97. · Registro digital (IUS): 5885
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, , Pág. 363.

REVISIÓN ADMINISTRATIVA (CONSEJO) 1/97.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO: JUAN JOSÉ FRANCO LUNA.

CONSIDERANDO:

NOVENO. Como se señaló en el inciso a) del considerando sexto de este fallo, en síntesis, la recurrente expuso que debe declararse nula la resolución administrativa dictada por el Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que a la recurrente debe brindársele la inmunidad legal que le da el artículo 130 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación al dictar sentencias de apelación como Magistrada de Circuito, máxime que en la resolución que dictó en el toca de apelación 33/96-I, versó sobre la interpretación de los artículos 21, 22, 27 y 133 de la Constitución Federal.

Tales argumentos resultan inoperantes por una parte e infundados en la otra.

Solamente a manera de aclaración, cabe señalar que de la lectura de la sentencia dictada por la ahora recurrente en el toca de apelación 33/96-I, del índice del Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito, cuya copia certificada fue enviada juntamente con el expediente relativo a la queja administrativa, se advierte que dicha servidora únicamente hizo la cita de los artículos 21 y 27 constitucionales; no así de los diversos 22 y 133 de la propia Carta Magna. Por tanto, la inoperancia opera en torno a estos dos numerales.

Ahora bien, la cita del artículo 27 constitucional, se debió a que la recurrente, en su carácter de Magistrada en funciones, ordenó la devolución de cinco millones ochocientos catorce mil cien dólares americanos de Guillermo Meneses Garza, "por tratarse de bienes lícitos cuya posesión y tenencia está autorizada por el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como derecho de propiedad privada.".

Entonces, si como ya se indicó en líneas anteriores, en el presente recurso no se abordarán las cuestiones relativas a la devolución del numerario en cuestión, porque en la resolución recurrida no se determinó responsabilidad administrativa alguna a la servidora, por la orden de entrega del citado dinero, también resulta inoperante el agravio en ese aspecto.

En torno a la interpretación del artículo 21 de la Constitución Federal, lo infundado del agravio deriva de lo siguiente:

El artículo 130 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone:

"Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito, serán responsables al establecer o fijar la interpretación de los preceptos constitucionales en las resoluciones que dicten, cuando se compruebe que hubo cohecho o mala fe."

Por su parte, el artículo 21 constitucional, establece:

"Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.

"Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.

"Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

"Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley.

"La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

"La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios se coordinarán, en los términos que la ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad pública."

Ahora bien, debe entenderse que existe interpretación constitucional, cuando se establece un análisis gramatical, histórico, lógico o sistemático de algún precepto de la Carta Magna, sin que baste para estimar que se hizo tal interpretación, la simple cita del mismo en un determinado fallo. Sobre el particular, y en lo que es materia de este razonamiento, es aplicable la tesis jurisprudencial 46/91, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, visible en la página 39 del Tomo VIII-Noviembre, del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente dice:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, COMO SUPUESTO DE PROCEDENCIA, EXISTE CUANDO A TRAVÉS DE ELLA SE DETERMINAN EL SENTIDO Y EL ALCANCE JURÍDICOS DE LA NORMA CONSTITUCIONAL SOBRE LA BASE DE UN ANÁLISIS GRAMATICAL, HISTÓRICO, LÓGICO O SISTEMÁTICO. Para determinar si en la sentencia de un juicio de amparo directo se efectúa la interpretación directa de un precepto constitucional, no basta que el Tribunal Colegiado de Circuito lo invoque o lo aplique en su sentencia, sino que es necesario que dicho tribunal desentrañe y explique el contenido de la norma constitucional, determinando su sentido y alcance con base en un análisis gramatical, histórico, lógico o sistemático. Por consiguiente, si la sentencia recurrida no contiene ninguna interpretación en estos términos, no se da el presupuesto necesario para la procedencia del recurso de revisión en el amparo directo."

A efecto de determinar si la recurrente, en su actuación como Magistrada, efectivamente utilizó alguno de los métodos de interpretación mencionados, se estima pertinente transcribir la sentencia dictada en el toca de apelación número 33/96-I, que dice:

"Vistos, para resolver, los autos del toca penal número 33/96-I, al recurso de apelación interpuesto por el procesado Guillermo Meneses Garza y su defensor, en contra del auto de fecha cuatro de enero de mil novecientos noventa y seis, dictado por el Juez Cuarto de Distrito en el Distrito Federal en Materia Penal en la causa penal 37/95, por el que le decretó formal prisión al mencionado procesado como probable responsable en la comisión del delito contra la salud, previsto y sancionado por los artículos 194, fracción I, en relación con el 193 (conducta: al que comercie con narcóticos sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud) y 13 fracción III (hipótesis: los que lo realicen conjuntamente), todos del Código Penal Federal; y,

"RESULTANDO:

"I. El auto impugnado fue dictado por el Juez del conocimiento, conforme a los puntos resolutivos siguientes: "‘PRIMERO. Siendo las veinte horas del día de la fecha, se decreta auto de formal prisión en contra de Guillermo Meneses Garza, como probable (sic) del delito contra la salud, previsto y sancionado por los artículos 194, fracción I, en relación con el 193 (conducta: el que comercie con narcóticos sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud) y 13 fracción III (hipótesis: los que lo realicen conjuntamente), todos del Código Penal Federal. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Penales, identifíquese al procesado por los medios administrativos correspondientes. TERCERO. Notifíquese personalmente ...’ II. Inconformes con la resolución anterior, el procesado Guillermo Meneses Garza y su defensor particular, interpusieron el correspondiente recurso de apelación, el cual fue admitido por el a quo en el efecto devolutivo, según proveído de fecha doce de enero del año en curso, ordenando la remisión del duplicado de la causa al tribunal de alzada en turno para la sustanciación del recurso interpuesto. Habiéndole correspondido conocer de la apelación por orden de turno a este Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito, se formó el toca número 33/96-I y tramitado que fue conforme a derecho, con fecha doce de febrero del corriente año, se celebró la audiencia de ley, en la que se dio cuenta con un escrito de agravios del licenciado Arturo Ruiz de Chávez Martínez, defensor particular de Guillermo Meneses Garza. A continuación, se declararon ‘vistos’ los autos y encontrándose en estado de resolver se procede en consecuencia; y,

"CONSIDERANDO:

"PRIMERO. Este Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito es competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29 fracción II, en relación con el 50 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 363 y siguientes del Código Federal de Procedimientos Penales. SEGUNDO. El escrito de agravios formulados por el licenciado Arturo Ruiz de Chávez Martínez, defensor particular del procesado Guillermo Meneses Garza, obran agregados a fojas de la 10 a la 25 del toca en que se actúa, mismos que se tienen en este apartado por reproducidos en obvio de repeticiones inoficiosas. TERCERO. Los agravios que hace valer el defensor particular del acusado Guillermo Meneses Garza, resultan inoperantes; sin embargo, este tribunal en suplencia total de la queja en términos del artículo 364 del Código Federal de Procedimientos Penales, ante la ausencia de agravios al respecto, determina de inicio abordar el estudio de todas y cada una de las pruebas en lo particular, valorándolas para estar en condiciones de concluir qué clase de hechos de delito por los que se acusa se prueban por sí. Lo anterior en atención a que el auto de formal prisión es el momento procesal oportuno para valorar las pruebas a efecto de acreditar los elementos del tipo del delito y la presunta responsabilidad penal. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 1/94, Primera Sala, Octava Época, Gaceta número 75, marzo de 1994, página 12. ‘PRUEBAS CONTRADICTORIAS O DE DESCARGO, DEBEN SER VALORADAS PORMENORIZADAMENTE EN LA ETAPA DE PREINSTRUCCIÓN. La interpretación relacionada de las fracciones III, IV y V del artículo 20 constitucional con el artículo 161 del Código de Procedimientos Penales permite afirmar el derecho que tiene el inculpado a que se le reciban pruebas en el procedimiento de preinstrucción; por consiguiente resulta lógico y jurídico que las pruebas de descargo que aporte el inculpado para desvirtuar las pruebas de cargo de la representación social, deben ser valoradas aunque se trate de pruebas contradictorias, entendiendo como tales, las que tienen valor análogo, pues en caso de no ser valoradas dichas pruebas en la citada etapa de preinstrucción se violarían las normas que regulan la prueba, máxime que no existe fundamento legal que apoye al Juez a posponer la valoración de las pruebas contradictorias hasta la sentencia definitiva, lo cual podría causarle al procesado un daño irreparable. Debe tenerse en cuenta que la finalidad de las pruebas depende del momento procesal en que se aporten, pues su objetivo difiere según la etapa procesal en que se aporten, ya que tienden a demostrar diferente hipótesis legal, así en la etapa procesal de preinstrucción, la hipótesis legal a probar por parte del Ministerio Público es el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del acusado y éste por su parte deberá ofrecer las pruebas para desvirtuar su presunta responsabilidad en la comisión del delito que se le atribuye. Unas y otras pruebas deben ser analizadas por el Juez circunscribiendo su valoración única y exclusivamente a la etapa de preinstrucción pues de ello dependerá si el acusado es o no sometido a proceso penal.’. El Juez de la causa para dictar el auto de formal prisión que se analiza tomó en consideración las pruebas que reseña en la parte considerativa de su resolución, mismas que se tienen por reproducidas en este apartado en obvio de repeticiones innecesarias y que a continuación se analizan. La prueba testimonial consistente en el parte informativo que rinden el día diecisiete de abril de mil novecientos noventa y cinco, los policías judiciales federales antidrogas, Francisco Fredy Trujano Muñoz y Said Rodríguez Jáuregui, ratificado ante el Ministerio Público Federal. Testimonios que en términos de los artículos 289 y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales se le da valor probatorio de indicio, considerándolos testimonios de calidad. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 189, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Segunda Parte II, Primera Sala, página 417, que dice: ‘POLICÍAS APREHENSORES, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE. Por cuanto hace a las declaraciones de los agentes aprehensores del acusado de un delito, lejos de estimarse que carecen de independencia para atestiguar en un proceso penal, debe darse a sus declaraciones el valor probatorio que la ley les atribuye, como testigos de los hechos ilícitos que conocieron.’. Por el dicho de estos testigos se acredita en forma indiciaria que Guillermo Meneses Garza es remitente de trece cajas cuyo número de guía es 132 MEX 30613995, en donde aparece como consignatario Fernando Reynoso con domicilio en KRA 18A No. 3A-40, Santa Fe de Bogotá, Colombia, cuyo contenido es aires acondicionados y oculto en ellos billetes de diferentes nominaciones de dólares americanos. El dicho de estos testigos, acredita en forma indiciaria la existencia de aires acondicionados y billetes de diferentes nominaciones en dólares americanos. La fe ministerial realizada por el Ministerio Público Federal tiene valor probatorio pleno en términos del artículo 284 del Código Federal de Procedimientos Penales, acreditando el resultado de la fe ministerial que la totalidad de los billetes de diferentes nominaciones sumaron la cantidad de cinco millones ochocientos catorce mil cien dólares americanos. Esto es, esta prueba acredita la existencia y el monto de los dólares americanos encontrados en las cajas que Guillermo Meneses Garza remitió a Fernando Reynoso a Bogotá, Colombia. El dictamen de contabilidad emitido por los peritos oficiales, tiene valor de prueba de indicio, en términos del artículo 290 del Código Federal de Procedimientos Penales. Esta prueba acredita que el monto del dinero encontrado en las doce cajas aseguradas asciende a la cantidad de cinco millones ochocientos catorce mil cien dólares americanos. En cuanto a la forma de valorar esta prueba, tiene aplicación la jurisprudencia número 187, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Segunda Parte II, Primera Sala, página 410, por lo que hace a la naturaleza jurídica de los peritajes: ‘PERITOS, NATURALEZA DE LOS DICTÁMENES DE. Los dictámenes periciales son meras opiniones de técnicos en alguna especialidad, orientadores del arbitrio judicial, que de ninguna manera constituyen imperativos para el órgano jurisdiccional.’. El parte informativo de fecha dieciocho de abril de mil novecientos noventa y cinco, suscrito por los agentes de la Policía Judicial Federal Víctor Manuel López Ordóñez y Romualdo Moreno Bacahui, constituye un testimonio escrito al ser ratificado ante el Ministerio Público Federal investigador. Por lo que hace a su valor de prueba, se le niega el carácter de prueba testimonial, por contener un testimonio de oídas, que procesalmente no es la prueba testimonial que prevén los artículos 240 al 257 del Código Federal de Procedimientos Penales. Sustentan esta postura los criterios visibles: Amparo directo No. 22/75, Primera Sala, Séptima Época, Volumen 78, Segunda Parte, página 37, que dice ‘TESTIGO DE OÍDAS. No puede afirmarse que exista prueba en sentido procesal, entendiendo por tal algo que sea apto para producir convicción, si el dicho de los testigos tiene como fuente de información un tercero, cuya comparecencia nunca se logró y por lo tanto se trata de un testimonio de oídas, si es que en alguna forma se le puede catalogar procesalmente.’; y, por otro lado, la sentencia de amparo directo 7346/66, Sala Auxiliar, Séptima Época, Volumen 68, Séptima Parte, página 17, que establece: ‘TESTIGO NO PRESENCIAL. SU DICHO NO SE CONSIDERA COMO INDICIO. Si el testigo no conoce por sí mismo los hechos, su testimonio no puede ser considerado como indicio porque no satisface los requisitos exigidos por el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales.’. En consecuencia, las manifestaciones que dicen estos testigos que le hace el procesado Guillermo Meneses Garza, no tiene valor de prueba por sí, y lo que ahí se contiene, no acredita el tipo penal ni lo relativo a la responsabilidad penal. El parte informativo de fecha diecinueve de abril de mil novecientos noventa y cinco, de los policías judiciales federales antidrogas Francisco Fredy Trujano Muñoz y Said Rodríguez Jáuregui y Jorge Vega García, ratificado ante el Ministerio Público Federal investigador, tiene el carácter de prueba testimonial al cual se le da el valor de prueba de indicio en términos de los artículos 289 y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el que se asienta que encontraron en el aeropuerto de la Ciudad de México en la paquetería de tránsito internacional un sobre color manila con destinatario ‘Curiosidades Regias’, con dirección apartado postal 2243, sucursal monterrey, Nuevo León, proveniente de Bogotá, Colombia, el cual en su interior contenía una bolsa de color transparente con un polvo blanco al parecer cocaína. En ese sentido, se tiene por desahogada la fe ministerial que certifica la existencia de esa droga. Lo complementa en términos probatorios, el dictamen pericial en materia química suscrito por los peritos oficiales, en donde certifica que la sustancia es cocaína. La prueba documental consiste en la copia de licencia para conducir a nombre de Guillermo Meneses Garza, tiene valor probatorio de indicio en términos del artículo 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, con el cual se acredita que su domicilio en la Ciudad de México, es el ubicado en la calle de Chiapas número 31, colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, de esta ciudad. La prueba documental consistente en dos guías de envíos, en donde Guillermo Meneses Garza, es remitente y Fernando Reynoso es consignatario, siendo el domicilio del primero en la Ciudad de México y del segundo la ciudad de Bogotá, Colombia. Esta prueba tiene valor de indicio en términos del artículo 290 del Código Federal de Procedimientos Penales y acredita que Guillermo Meneses Garza es remitente de trece cajas conteniendo aires acondicionados y dinero consistente en billetes de dólares americanos. La certificación ministerial que se hace al recabar los resultados del cateo practicado en el domicilio ubicado en la calle de Chiapas número 31, colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, en esta ciudad, el que tiene valor probatorio pleno en términos del artículo 284, del Código Federal de Procedimientos Penales, en donde se acredita que se encontró un envase de plástico negro, con una sustancia al parecer cocaína. Corrobora que es cocaína el dictamen en materia de química practicado por los peritos oficiales. Por último, los testimonios de los vecinos de Guillermo Meneses Garza, coinciden en señalar que en ese lugar jamás nadie habitó, con las características del procesado. Esta probanza tiene el valor de indicio en términos del Código Federal de Procedimientos Penales. De las pruebas descritas, este tribunal concluye: que los cateos practicados en el domicilio de Guillermo Meneses Garza, ubicado en la calle de Chiapas número 31, colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, de esta ciudad, prueba en forma plena, que en ese lugar que presuntamente es la casa habitación del procesado, se encontró cocaína, en la forma como se describe con lo que se confirma la posesión o tenencia de estupefacientes. Pero al no ser materia de la acusación, la posesión o tenencia de drogas, este tribunal en términos del artículo 21 de la Constitución, tiene prohibido perfeccionar la acción penal porque su función es dictar justicia; sustentan esta parte resolutiva los argumentos expresados en la jurisprudencia número 5 visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Segunda Parte I, Primera Sala, página 11, que dice: ‘ACCIÓN PENAL. Corresponde su ejercicio al Ministerio Público y a la Policía Judicial, que debe estar bajo la autoridad de mando de aquél. Una de las más trascendentales innovaciones hechas por la Constitución de 1917, a la organización judicial, es la de que los Jueces dejen de pertenecer a la Policía Judicial, para que no tengan carácter de Jueces y partes encargados, como estaban antes de la vigencia de la Constitución, de decidir sobre la responsabilidad penal y allegar, de oficio, elementos para fundar el cargo.’. Por otro lado, se abstiene de reclasificar de la acción penal que prevé como figura jurídica el artículo 385 del Código Federal de Procedimientos Penales, porque sería tanto como incurrir en la prohibición de absolver de la instancia, dejando a salvo la acusación formulada por el Ministerio Público y dictando formal prisión por un diverso delito del que no ejercitó acción penal. Sustenta este argumento la ejecutoria visible en el Volumen 48, Sexta Parte, página 15, bajo el rubro: Revisión fiscal 449/70 (145/65), Item Covalin, 11 de diciembre de 1972, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, del Primer Circuito. ‘ABSOLUCIÓN DE LA INSTANCIA. El artículo 23 constitucional prohíbe la práctica de absolver de la instancia, que consistía en que el reo no quedaba absuelto de responsabilidad, sino que se dejaba a salvo la posibilidad de iniciar una nueva instancia o procedimiento en su contra, para llegar a una condena que no se pudo obtener en la instancia anterior, por deficiencia en las pruebas de cargo. ...’. Por lo que hace al sobre color manila que fue incautado en el aeropuerto de la Ciudad de México en la paquetería de tránsito internacional, el sobre de cocaína ahí contenido, podrá ser atribuible como delito, a ‘Curiosidades Regias’ en su calidad de persona moral o por conducto de sus representantes legales, como personas físicas, en el supuesto de que haya acusación por este hecho delictivo en sí, pero tales actos no le pueden ser imputables a Guillermo Meneses Garza ni originarle responsabilidad penal porque en términos del artículo 13 del Código Penal Federal, en sus diversas fracciones, no se ha acreditado que sea el autor delictivo. Ahora bien, este tribunal encuentra que para acreditar el tipo penal del delito contra la salud en su modalidad de comercio de cocaína, previsto y sancionado por el artículo 194, fracción I, en relación con el 193 del Código Penal Federal, el Ministerio Público sólo se sustenta en la prueba confesional de Guillermo Meneses Garza, con la que pretende acreditar que la cantidad de cinco millones ochocientos catorce mil cien dólares americanos ocultos en los equipos de aires acondicionados, que remitía el procesado a Fernando Reynoso, era el pago de la droga recibida por Ricardo Rodríguez Pérez. Independientemente del valor de la prueba que pueda tener la confesional, se estima que se está en presencia de la prohibición legal que prevé el artículo 287 fracción IV, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Penales, en donde establece la proscripción de la acción penal para el Ministerio Público Federal, cuando su acusación sólo se sustenta en la prueba confesional. Ello es así, porque la comprobación del tipo penal y del nexo de causalidad entre la conducta ilícita que se imputa y el resultado dañoso producido, que el Juez de primera instancia lo consideró sustentado en las jurisprudencias que cita, como el acuerdo de voluntades de la cosa y el precio pactado; independientemente de que se perfeccione o no la compra-venta, para efectos de tener por realizado el tráfico en la modalidad de comercio de cocaína, sólo se prueba con el dicho del inculpado, sin que las demás probanzas tiendan a acreditar ese nexo, o aportar indicios de otra naturaleza, para comprobar el delito penal por el que se le acusa, como ya se describió al valorar cada una de las pruebas en lo individual. Por ello, en términos del artículo 287 fracción IV, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales, se declara ilegal el ejercicio de la acción penal del Ministerio Público Federal que da origen al presente expediente penal. Al estar ausente la acción penal federal, el auto de formal prisión materia del recurso de apelación, es ilegal en términos del artículo 363 del Código Federal de Procedimientos Penales y por ende nulo, debiéndose decretar la libertad del inculpado Guillermo Meneses Garza, según lo manda la jurisprudencia número 6, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Segunda Parte I, Primera Sala, página 15, ‘ACCIÓN PENAL. Su ejercicio corresponde exclusivamente al Ministerio Público; de manera que, cuando él no ejerce esa acción, no hay base para el procedimiento; y la sentencia que se dicte sin que tal acción se haya ejercido por el Ministerio Público, importa una violación de las garantías consagradas en el artículo 21 constitucional.’. Por lo que hace al dinero confiscado por parte del procurador general de la República, al no existir acusación, debe de devolverse a su tenedor, que lo es la remitente en la Ciudad de México Guillermo Meneses Garza, por tratarse de bienes lícitos cuya posesión y tenencia está autorizada por el artículo 27 de la Constitución como derecho de propiedad privada. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 363, 383 y 389 del Código Federal de Procedimientos Penales, es de resolverse y se resuelve: PRIMERO. Se declara nulo el auto de fecha cuatro de enero de mil novecientos noventa y seis, dictado por el Juez Cuarto de Distrito en el Distrito Federal en Materia Penal en la causa número 37/95-I, por el que le decretó a Guillermo Meneses Garza formal prisión como ‘probable del delito contra la salud, previsto y sancionado por los artículos 194, fracción I, en relación con el 193 (conducta: al que comercie con narcóticos sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud) y 13 fracción III (hipótesis: los que lo realicen conjuntamente), todos del Código Penal Federal.’; y en consecuencia: SEGUNDO. Se decreta su inmediata y absoluta libertad única y exclusivamente por lo que a esta causa se refiere, sin perjuicio de que por causas ajenas a la presente quede privado de su libertad. TERCERO. Se ordena la devolución del dinero confiscado consistente en cinco millones ochocientos catorce mil cien dólares americanos al acusado Guillermo Meneses Garza, por tratarse de bienes lícitos cuya posesión y tenencia está autorizada por el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como derecho de propiedad privada."

Como se puede observar, en la resolución transcrita no se utilizó alguno de los métodos de interpretación señalados con antelación, pues la juzgadora únicamente, al hacer alusión al artículo 21 constitucional, fue con la finalidad de identificar una supuesta ilegalidad en el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, pero de ningún modo cuestionó, estableció o clarificó los términos de dicho precepto constitucional.

Hecha la aclaración anterior, debe decirse que la razón por la cual resulta infundado el agravio de la recurrente, es porque no es cierto que en el presente caso tenga aplicación el artículo 130 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece el llamado "derecho de opinión" como lo pretende la recurrente, ya que en la sentencia recurrida no se le reprocha la interpretación equivocada de algún precepto constitucional, sino la franca desatención de las normas contenidas en los artículos 161, 167 y 383 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Por ello, como acertadamente lo sostuvo el Consejo de la Judicatura Federal, no era el caso reconocer, en términos del artículo 130 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la inmunidad de la recurrente.

DÉCIMO. El agravio de la recurrente, sintetizado en el inciso b) del considerando sexto de este fallo, es:

b) Que el artículo 131, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no reconoce al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, atribuciones de tribunal de revisión de legalidad de las sentencias de apelación. Que no obstante ello, dicho órgano resuelve en la sentencia administrativa que: "La declaración del toca penal 33/96-I del Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito, de la ausencia de la acción penal y el brindarle la libertad absoluta al procesado Guillermo Meneses Garza, es improcedente.".

Igualmente, resulta infundado el agravio sintetizado, por lo siguiente:

En primer lugar, debe aclararse que el Consejo de la Judicatura Federal, si bien no es un órgano jurisdiccional formalmente, sin embargo, la ley le reconoce atribuciones de esa naturaleza, como son precisamente resolver los procedimientos instaurados con motivo de denuncias y quejas administrativas formuladas contra servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, excepto los pertenecientes a la Suprema Corte de Justicia; así como también para resolver en definitiva los conflictos de carácter laboral de dichos servidores, cuyo procedimiento se instaura ante la comisión sustanciadora única de dicho poder, la cual únicamente propone el dictamen respectivo.

Ahora bien, resulta indispensable hacer notar que el Consejo de la Judicatura, para poder fincar la causa de responsabilidad prevista por la fracción III del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, requiere adoptar una actitud que, sin llegar a convertirse en un órgano revisor de la legalidad de las resoluciones emitidas por Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito, sí pueda apreciar de manera directa los fundamentos y motivos ex

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5885-6385917a/consejo-de-la-judicatura-federal-al-analizar-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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