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RECLAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE PARA IMPUGNAR ACUERDOS DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL REVISIÓN ADMINISTRATIVA. EL FALLECIMIENTO DEL RECURRENTE NO PROVOCA LA IMPROCEDENCIA DE DICHO RECURSO. REVISIÓN ADMINISTRATIVA. EL NOMBRAMIENTO OTORGADO EN CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES CONSTITUYE CAUSA GRAVE DE RESPONSABILIDAD. REVISIÓN ADMINISTRATIVA. LOS AGRAVIOS EXPUESTOS EN DICHO RECURSO EN CONTRA DE LOS RESULTANDOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA SON INOPERANTES. REVISIÓN ADMINISTRATIVA. LA DESTITUCIÓN DEL CARGO DE MAGISTRADO O JUEZ DE DISTRITO SIGNIFICA SU REMOCIÓN, POR LO QUE LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA ES IMPUGNABLE MEDIANTE ESE RECURSO. REVISIÓN ADMINISTRATIVA. LOS AGRAVIOS EXPUESTOS EN ESE RECURSO DEBEN REUNIR LOS REQUISITOS NECESARIOS QUE PERMITAN SU ANÁLISIS. REVISIÓN ADMINISTRATIVA. PARA DETERMINAR EL MOMENTO EN QUE SURTIÓ SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA MEDIANTE ESE RECURSO, DEBE APLICARSE EL ARTÍCULO 321 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. REVISIÓN ADMINISTRATIVA. SI EN EL ACTA DE VISITA SE HIZO CONSTAR QUE EL SERVIDOR PÚBLICO INCUMPLIÓ CON LAS RECOMENDACIONES HECHAS EN UNA VISITA ANTERIOR, SU ACATAMIENTO POSTERIOR NO LO EXIME DE RESPONSABILIDAD. REVISIÓN ADMINISTRATIVA. NO PROCEDE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS PLANTEADOS EN ESE RECURSO. REVISIÓN ADMINISTRATIVA. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS PLANTEADOS EN ESE RECURSO, SI NO COMBATEN LOS FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 8/97. · Registro digital (IUS): 5946
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, , Pág. 630.

REVISIÓN ADMINISTRATIVA (CONSEJO) 8/97.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno es competente para conocer de los recursos de revisión administrativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11, fracciones VIII y IX, y 122, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuando se trate de decisiones del Consejo de la Judicatura Federal que se refieran a la designación, adscripción o remoción de Magistrados o Jueces de Distrito; ahora bien, considerando que en el presente asunto se recurre una resolución por la que se impuso como sanción la "destitución" de un Juez de Distrito, debe realizarse un análisis interpretativo de las disposiciones antes citadas, a efecto de determinar si la destitución incide en alguna de las hipótesis normativas (designación, adscripción o remoción), que le den la competencia a este tribunal para conocer del presente recurso.

Dichas disposiciones establecen:

"Art. 100. ... (párrafo octavo) Las decisiones del consejo serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieran a la designación, adscripción y remoción de Magistrados y Jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva ..."

"Art. 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros, y tendrá las siguientes atribuciones: ...

"VIII. Resolver, en los términos que disponga esta ley, de las revisiones administrativas a que se refiere el párrafo octavo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

"IX. Conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia, y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de las disposiciones de lo dispuesto (sic) en los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los preceptos relativos de esta ley orgánica."

"Art. 122. Las decisiones dictadas por el Consejo de la Judicatura Federal serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieran al nombramiento, adscripción, cambios de adscripción y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, las cuales podrán impugnarse ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, mediante el recurso de revisión administrativa ..."

Conforme al artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución Federal, compete conocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación del recurso de revisión administrativa, cuando el Consejo de la Judicatura Federal decida respecto de Magistrados y Jueces de Distrito, sobre su:

1. Asignación.

2. Adscripción.

3. Remoción.

Por su parte, el artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es más específico, al señalar que al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación compete conocer de los recursos de revisión administrativa, cuando se trate de decisiones dictadas por el Consejo de la Judicatura Federal, que se refieran a:

1. Nombramiento.

2. Adscripción.

3. Cambios de adscripción.

4. Remoción.

Por otro lado, en la resolución recurrida de fecha cinco de septiembre de mil novecientos noventa y siete, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el expediente de denuncia 19/97, en el último párrafo del considerando décimo quinto, se dice:

"DÉCIMO QUINTO. ... (último párrafo) En este orden de ideas, se concluye que la persona a quien se va a sancionar a la fecha ha sido un funcionario judicial con un desempeño no aceptable, con una antigüedad en el Poder Judicial de la Federación mayor de trece años; que ha estado adscrito como Juez de Distrito en tres órganos jurisdiccionales; que no se ha comportado satisfactoriamente; además de que, las infracciones que se le incriminan resultan graves, sin que obste el hecho de que con las faltas en que incurrió no se hayan producidos (sic) daños y perjuicios económicos, en virtud de que debe destacarse que infringió lo previsto por el artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y no cumplió las recomendaciones formuladas por el visitador general, lo que denotó un descuido en el desempeño de su función jurisdiccional y, por ende, se apartó de los preceptos legales que rigen el procedimiento en los asuntos a su cargo, vulnerándose así la legalidad y eficiencia jurisdiccional, motivo por el cual es procedente sancionar al licenciado ... con la destitución en su cargo de Juez de Distrito a partir del momento en que se le notifique este fallo, de conformidad con lo previsto por los artículos 136 y 137 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificación que se hará personalmente por conducto del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad de Salina Cruz, en el órgano jurisdiccional al que se encuentra adscrito, con fundamento en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Dada la naturaleza de la sanción, agréguese copia de la presente resolución al expediente personal del servidor público de que se trata."

En el quinto punto resolutivo de la propia resolución recurrida, se dice:

"QUINTO. Atento a los razonamientos vertidos en los considerandos décimo cuarto y décimo quinto de la presente resolución, se impone al Juez de Distrito ... como sanción la destitución en su cargo de Juez de Distrito a partir del momento en que se le notifique personalmente por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad de Salina Cruz, a dicho funcionario esta resolución en el órgano jurisdiccional de su adscripción. Agréguese copia de este fallo en el expediente personal del servidor público."

De las anteriores transcripciones se corrobora que el Consejo de la Judicatura Federal impuso, como sanción al ahora recurrente, la "destitución" en su cargo de Juez de Distrito; por lo tanto y a efecto de establecer si este Tribunal Pleno es competente para conocer del presente asunto, debe determinarse previamente si la "destitución" incide en alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución Federal y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Esencialmente estos últimos preceptos se refieren a la designación, adscripción o remoción de Magistrados o Jueces de Distrito; evidentemente, la "destitución" no puede quedar comprendida en la designación o adscripción, sin que se requiera mayor análisis al respecto, pero es necesario definir si tal caso puede quedar comprendido dentro de la "remoción".

La labor de interpretación de una norma no debe realizarse atendiendo únicamente a la letra del precepto (método gramatical) o significado estrictamente técnico calificado de la expresión, pues no es inusual que el legislador emplee términos o palabras con el mismo sentido, alcance o significado por los cuales éstas se emplean en otras disposiciones legales atinentes a la misma materia, o a otras materias pero del mismo ordenamiento jurídico. Por lo tanto, cuando se plantea un conflicto sobre la significación que deba asignarse a un término o palabra empleada en alguna disposición legal, de la que no exista una interpretación auténtica, es decir, elaborada por el propio legislador, es deber del tribunal servirse de todos los métodos gramatical, lógico, sistemático o histórico reconocidos por nuestro sistema jurídico, en cuanto le puedan servir en su tarea.

Atento a lo anterior, se pasa al análisis de interpretación señalado.

La Enciclopedia Jurídica Omeba, define el vocablo "remoción", de la siguiente manera: "Remoción, según el diccionario de la lengua, es la acción y efecto de remover; y remover, equivale tanto como a ‘deponer o apartar a uno de su cargo o empleo’.".

De una interpretación meramente gramatical, esto es, atendiendo únicamente al significado, sentido, extensión y connotación de los términos del lenguaje, se llega a la conclusión de que "remoción", es la privación de un cargo u oficio.

En otro aspecto, puede atenderse también al método de interpretación sistemático.

Los artículos 133, fracción III, 135 y 137 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disponen:

"Art. 133. Serán competentes para conocer de las responsabilidades de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, así como para aplicar las sanciones a que se refiere el artículo 135 de esta ley: ... III. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tratándose de faltas graves de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, cuando las sanciones aplicables sean las de destitución o inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, y ..."

"Art. 135. Las sanciones aplicables a las faltas contempladas en el presente título y en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos consistirán en:

"I. Apercibimiento privado o público;

"II. Amonestación privada o pública;

"III. Sanción económica;

"IV. Suspensión;

"V. Destitución del puesto; y

"VI. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público."

"Art. 137. Tratándose de Jueces y Magistrados, la destitución sólo procederá en los siguientes casos:

"I. Cuando incurran en una causa de responsabilidad grave en el desempeño de sus cargos, y

"II. Cuando reincidan en una causa de responsabilidad sin haber atendido a las observaciones o amonestaciones que se les hagan por faltas a la moral o a la disciplina que deben guardar conforme a la ley y a los reglamentos respectivos."

Los artículos antes transcritos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prevén la competencia del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para conocer de las responsabilidades de los servidores públicos del Poder Judicial Federal y para aplicar las sanciones que procedan, entre otras, la destitución de Magistrados y Jueces de Distrito (artículo 133, fracción III); entre otro tipo de sanciones, se prevé expresamente la destitución del puesto (artículo 135, fracción V); y, se establecen los casos concretos en que procederá la destitución de Magistrados y Jueces de Distrito (artículo 137).

De una interpretación sistemática de los artículos 100, párrafo octavo, de la Constitución Federal, y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 133, fracción III, 135, fracción V, y 137 de este último ordenamiento legal citado; esto es, analizados en su conjunto y armónicamente todos estos preceptos, se advierte que indistintamente unos aluden a la remoción y otros a la destitución, para identificar en cualquiera de los casos la privación del cargo que detentaba el funcionario público. Esto lleva a la conclusión de que la "remoción" de un Magistrado o Juez de Distrito, a que se refieren los artículos 100, párrafo octavo, de la Constitución Federal y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, comprende sin lugar a dudas la "destitución" de los mismos funcionarios a que también aluden los artículos 133, fracción III, 135, fracción V, y 137 de la propia ley orgánica en cita.

Considerando todo lo anterior y sin requerir el apoyo de algún otro método de interpretación, pues son suficientes para los fines que se persiguen el gramatical y el sistemático antes mencionados, se concluye que en el caso concreto se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 100, párrafo octavo, constitucional y 122 de la ley orgánica ya citada, pues la resolución recurrida trata de la remoción de un Juez de Distrito, por lo que se surte la competencia de este Tribunal Pleno para conocer del presente recurso de revisión administrativa interpuesto en contra de dicha resolución.

SEGUNDO. Previamente al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, debe analizarse la oportunidad del recurso pues, de ser extemporáneo, este Alto Tribunal estaría impedido para entrar al estudio de fondo del asunto.

El artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la parte que interesa, dispone:

"Art. 124. El recurso de revisión administrativa deberá presentarse por escrito ante el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere surtido sus efectos la notificación de la resolución que haya de combatirse ..."

Conforme a esta disposición, el recurso debe interponerse dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida.

La notificación al recurrente de la resolución impugnada, se hizo el ocho de septiembre de mil novecientos noventa y siete, y el recurso se presentó el día doce del citado mes y año, por lo que debe concluirse que se hizo valer al tercer día hábil, esto es, dentro del plazo legal de cinco días que la ley prevé para tal efecto, debiéndose descontar en el cómputo respectivo, el día martes nueve (en que surtió efectos la notificación).

Es pertinente destacar que en el caso debe considerarse que la notificación surtió sus efectos al día siguiente en que se practicó, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 321 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que dispone:

"Art. 321. Toda notificación surtirá sus efectos el día siguiente al en que se practique."

La anterior disposición se aplica de manera supletoria, con apoyo en la tesis número P. LXX/97, consultable a fojas 172, Tomo V, mayo de 1997, Pleno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"REVISIÓN ADMINISTRATIVA. EN SU TRAMITACIÓN DEBE APLICARSE SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. Como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es la que prevé el recurso de revisión administrativa y no establece las reglas de sustanciación, debe estimarse supletoriamente aplicable el Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior, con fundamento en el hecho de que si en derecho sustantivo es el Código Civil el que contiene los principios generales que rigen en las diversas ramas del derecho, en materia procesal, a falta de disposición expresa de la ley del acto, debe también acudirse a la legislación civil, en todo lo que no contraríe los principios en que se sustenta la ley en que se va a efectuar la suplencia. Ahora bien, dado que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es una ley federal, entonces habrá que aplicar supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles."

TERCERO. Es de orden público y de estudio preferente, el análisis de la legitimación del promovente para interponer el presente recurso de revisión administrativa.

Los artículos 123, fracción II, y 140 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disponen:

"Art. 123. El recurso de revisión administrativa podrá interponerse: ...

"II. Tratándose de las resoluciones de remoción, por el Juez o Magistrado afectado por la misma."

"Art. 140. Las resoluciones por las que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal imponga sanciones administrativas consistentes en la destitución del cargo de Magistrados de Circuito y Juez de Distrito, podrán ser impugnadas por el servidor público ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia mediante el recurso de revisión administrativa."

En el caso concreto, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de su resolución de fecha cinco de septiembre de mil novecientos noventa y siete, recaída en el expediente de denuncia 19/97, resolvió destituir de su cargo de Juez de Distrito a ...

El presente recurso lo hace valer el citado ... por su propio derecho, según se advierte del proemio y parte final del escrito de agravios, con lo cual se surten los extremos de los artículos transcritos, pues es el propio funcionario sancionado el que interpone el recurso de mérito, de lo que se deduce que sí cuenta con la legitimación necesaria para tal efecto.

CUARTO. Debe examinarse, de oficio, por ser de orden público si el recurso resulta procedente y, además, porque se presenta una situación que obliga a ello, ya que de autos se desprende que el recurrente falleció.

Mediante escrito presentado el seis de abril de mil novecientos noventa y ocho, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia, Patricia Cano viuda de ... informó del fallecimiento de ... quien interpuso el presente recurso de revisión. Por auto de Presidencia de fecha veintiuno del citado mes y año, se agregó al expediente copia certificada del acta de defunción en la que consta que el recurrente falleció el día veintidós de marzo del referido año.

La muerte del recurrente no puede provocar la improcedencia del presente recurso de revisión, en virtud de lo siguiente:

Los artículos 369 y 370 del Código Federal de Procedimientos Civiles, disponen:

"Art. 369. El proceso se interrumpe cuando muere o se extingue, antes de la audiencia final del negocio, una de las partes."

"Art. 370. En el primer caso del artículo anterior, la interrupción durará el tiempo indispensable para que se apersone, en el juicio, el causahabiente de la desaparecida o su representante ..."

Las disposiciones procesales transcritas autorizan la interrupción del procedimiento, impidiendo así que fenezca, cuando se dé la muerte de alguna de las partes, durante el tiempo necesario para que se apersone el causahabiente o representante.

Debe tenerse en cuenta que existen derechos que atañen directamente a la persona y otros que, aun cuando inciden en su esfera jurídica, no dependen ni se vinculan directamente con su persona y que, por ello, ante la falta de quien gozaba de ese derecho, puede trascender a la esfera jurídica de otros que eventualmente podrán proceder a su reclamación. Por tanto, ante el fallecimiento de una persona que ejerció una acción legal determinada, la vía intentada deberá sobreseerse o quedar sin materia si el derecho alegado atañe directamente a la persona; sin embargo, si el derecho reclamado no se limita estrictamente a su persona, entonces, ante su muerte, se puede legitimar el derecho de terceros para participar en la causa litigiosa y reclamar en su favor lo demandado por el finado.

Sirven de apoyo a lo anterior, por analogía, las tesis dos sin número y la tercera 1a. I/93, consultables, respectivamente, a fojas 4116, 1325 y 5, de los Tomos LXXX, XVI y XI-Marzo, Tercera Sala, Pleno y Primera Sala, las dos primeras de la Quinta Época y la tercera de la Octava, del Semanario Judicial de la Federación, que dicen:

"FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO, CONTINUACIÓN DEL MANDATO EN CASO DE. Si bien es verdad que conforme al artículo 2595 del Código Civil del Distrito Federal, el mandato termina entre otras causas por la muerte del mandante, también lo es que el artículo 2600 del mismo código dispone que en tales casos debe el mandatario continuar en la administración, entre tanto los herederos proveen por sí mismos a los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar algún perjuicio; y el artículo 15 de la Ley de Amparo, admite también esa prórroga del mandato, en caso de fallecimiento del agraviado o del tercero perjudicado. Por tanto, si habiendo fallecido el quejoso, no hay pruebas de que se haya provisto de representante legal a su sucesión, se está en el caso de la excepción consignada en el citado artículo 2600, y debe admitirse la personalidad del mandatario del agraviado, promovente del amparo."

"MUERTE DEL QUEJOSO. Cuando las garantías reclamadas en un juicio de amparo, afecten sólo a la persona del quejoso, si éste fallece, debe sobreseerse en el juicio."

"INCIDENTE DE INEJECUCIÓN SIN MATERIA, POR FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO. Debe declararse sin materia el incidente de inejecución de sentencia si se acredita fehacientemente que ha fallecido el quejoso y el acto reclamado afecta derechos estrictamente personales, por lo que ninguna otra persona podría tener interés en la ejecución de la sentencia de amparo."

Ahora bien, atendiendo al caso concreto, el artículo 128 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone:

"Art. 128. Las resoluciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia que declaren fundado el recurso de revisión administrativa planteado, se limitarán a declarar la nulidad del acto impugnado para el efecto de que el Consejo de la Judicatura Federal dicte una nueva resolución en un plazo no mayor a treinta días naturales. La nulidad del acto que se reclame no producirá la invalidez de las actuaciones del Magistrado de Circuito o del Juez de Distrito nombrado o adscrito. La interposición de la revisión administrativa no interrumpirá en ningún caso, los efectos de la resolución impugnada."

Por otra parte, este Tribunal Pleno ha precisado los efectos que puede tener la sentencia que declare fundado un recurso de revisión administrativa en caso de remoción. Al respecto, la tesis aislada LIII/97, consultable a fojas 256, del Tomo V, marzo de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, dice:

"REVISIÓN ADMINISTRATIVA. EFECTOS EN EL CASO DE REMOCIÓN DE UN MAGISTRADO DE CIRCUITO. El artículo 128, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que: ‘La interposición de la revisión administrativa no interrumpirá en ningún caso, los efectos de la resolución impugnada.’. Empero, al declararse fundado el recurso y decretar la nulidad del acuerdo impugnado, es evidente que los efectos de éste deben cesar de inmediato y, por consecuencia, restituir al inconforme en el pleno goce de los derechos que se estimaron vulnerados. Por tanto, en el caso de que la remoción de un Magistrado de Circuito no aparezca justificada por vicios formales, en acatamiento a los dispositivos constitucionales y legales que estimó vulnerados la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal queda constreñido a que, inmediatamente después de recibida la notificación de la Suprema Corte, considere como Magistrado de Circuito a quien haya resentido la medida, e incluso a respetarle la adscripción que tenía en el momento de su remoción y a reintegrarlo en sus funciones; asimismo, para que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 134, fracción V, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se le paguen las percepciones que correspondieron al cargo de Magistrado de Circuito durante todo el periodo que estuvo separado del cargo. Lo anterior sin perjuicio de la nueva resolución que emita el Consejo de la Judicatura Federal."

Del análisis del artículo transcrito, se advierte que los efectos de la nulidad, en caso de declararse fundado el recurso, obliga al Consejo de la Judicatura Federal a dejar sin efectos la resolución recurrida y a emitir una nueva conforme a los lineamientos que se den en la ejecutoria que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asimismo, acorde con el criterio sustentado por el Tribunal Pleno, el que, aun cuando se refiere a Magistrados de Circuito, también resulta aplicable en tratándose de Jueces de Distrito, pues esencialmente se refiere a los efectos que debe producir la declaratoria de nulidad de la resolución que decreta la remoción del funcionario público, se desprende que dichos efectos pueden comprender varios aspectos, a saber: el reconocimiento del cargo del funcionario que resintió la medida impugnada; la readscripción en el órgano jurisdiccional en el que se desempeñaba el funcionario al momento de su destitución; reintegración en sus funciones; y, el pago de las percepciones que le corresponden considerando su cargo y por el periodo que estuvo separado del mismo.

De lo anterior se sigue que, en tratándose de la remoción, de conformidad con el artículo 128 de la ley orgánica citada, la declaratoria de nulidad conlleva un efecto formal que se traduce en dejar insubsistente la resolución impugnada y en su lugar emitir una nueva que purgue los vicios que motivaron su nulidad, conforme a los lineamientos dados en la sentencia dictada por la Suprema Corte; y, por otra parte, un efecto práctico que obliga a reconocer los derechos del servidor público en los términos que tenía al momento de aplicarse la remoción y restituirlos en la forma que le correspondían de haber continuado en su encargo.

Ahora bien, en términos de lo hasta aquí expuesto, los efectos que eventualmente pueden imprimirse a consecuencia de la nulidad de la resolución recurrida, pueden beneficiar o no a terceras personas; esto es, dichos efectos pueden resultar en favor directamente del recurrente en razón de ser el sujeto pasivo de la sanción impuesta y a quien deba restituírsele en sus derechos, pero que, en circunstancias determinadas, los beneficios de la nulidad decretada pueden trascender en favor de terceros que guarden una situación jurídica determinada en relación directa con el servidor público y que, por ello, nuestro sistema jurídico les reconozca un derecho que eventualmente puedan exigir, en la vía procedente, dada esa relación y las circunstancias particulares del caso.

Lo anterior se explica más claramente en función del caso concreto que ahora se analiza, en el que, ya fallecido el recurrente, tal circunstancia puede actualizar la exigibilidad de determinados derechos por parte de sus causahabientes.

Así es, de llegar a decretarse la nulidad de la resolución impugnada, ésta podría provocar variados efectos, respecto de los cuales podría decirse que, en términos generales, inciden en la esfera jurídica del recurrente, pero que, ante su ausencia, como en el caso por fallecimiento, los derechos derivados de la nulidad podría provocar consecuencias diversas; esto es, determinados efectos que por sí mismos ya no tendrían ninguna razón práctica, como lo es el reconocimiento del cargo que tenía y su reinstalación incluso en el órgano jurisdiccional al que estaba adscrito al momento de su remoción; sin embargo, podrían darse otros efectos como consecuencia de los anteriores que, aun ante la muerte del agraviado, podrían ser exigibles por sus familiares, tal es el caso de las percepciones que el servidor público dejó de percibir durante el periodo de tiempo en que estuvo separado de su cargo.

Esto es así, ya que en tratándose de bienes del finado, los familiares eventualmente pueden reclamar en la vía procedente, la entrega de los mismos, por lo que, si en el caso se interpone un recurso de revisión administrativa, cuyos efectos, entre otros, de declararse la nulidad de la resolución que lo destituyó, pueden traducirse en el pago de las percepciones que dejó de percibir, es claro que constituyen bienes que terceros con derecho a ello pueden demandar su entrega.

Cabe señalar que a fojas 164 del segundo tomo del expediente a que este recurso se refiere, obra una promoción suscrita por Patricia Cano viuda de ... quien informa del juicio sucesorio intestamentario iniciado con motivo del fallecimiento de ... a fojas 166 y 167, del mismo expediente, obra copia fotostática simple de la demanda que se dice se hizo valer en la vía señalada, en la que se menciona que la promovente es esposa del finado y que éste había procreado cuatro hijos con otra persona, personas todas éstas que podrían reclamar los bienes del recurrente incluyendo los que derivaran de ordenarse el pago de las percepciones que dejó de percibir.

En las relatadas circunstancias, existen elementos que permiten concluir que el fallecimiento del recurrente no es motivo suficiente para decretar la improcedencia del presente recurso, pues el sentido de la resolución indirectamente puede producir derechos que pueden ser exigibles por terceros ajenos a este asunto.

QUINTO. La resolución recurrida de fecha cinco de septiembre de mil novecientos noventa y siete, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitida en el expediente de denuncia 19/97, por la que se destituyó al recurrente en su cargo de Juez de Distrito, en la parte que interesa dice:

"CUARTO. Primeramente y por cuestión de técnica, se resuelve respecto del oficio número 214 de fecha treinta de mayo de mil novecientos noventa y siete, suscrito por el licenciado ... por el cual y con fundamento en el artículo 103 de la Ley de Amparo, se inconformó en contra del acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal a que se refiere el oficio 3109 de catorce de mayo pasado. Los motivos de disentimiento que hace valer el Juez Federal, contenidos en su oficio número 214, son notoriamente improcedentes, por lo que el recurso que hace valer debe desecharse de plano. En efecto, para arribar a la conclusión precedente, se hace necesario examinar el contenido del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo octavo, que a la letra dice: ‘... Las decisiones del consejo serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieran a la designación, adscripción y remoción de Magistrados y Jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva ...’. Además, para dicha decisión, también debe tomarse en consideración el primer párrafo del artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debido a su concordancia con aquel numeral que es del contexto siguiente: ‘Las decisiones dictadas por el Consejo de la Judicatura Federal serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieran al nombramiento, adscripción, cambios de adscripción y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, las cuales podrán impug

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5946-fc927606/reclamacion-establecida-en-el-articulo-103-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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