CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. AL RESOLVER SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE JUECES DE DISTRITO O MAGISTRADOS DE CIRCUITO PUEDE, SIN MENOSCABO DEL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA Y DE LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIALES, EXAMINAR EL APEGO A LA LEGALIDAD DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. NOTORIA INEPTITUD O DESCUIDO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. CONSTITUYE UN ERROR INEXCUSABLE DEJAR DE APLICAR UNA LEY DESACATANDO UNA DISPOSICIÓN QUE ESTABLECE EXPRESAMENTE SU APLICACIÓN. NOTORIA INEPTITUD O DESCUIDO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. CUANDO SE TRATA DE DELITOS GRAVES, EL JUZGADOR DEBE TENER ESPECIAL CUIDADO AL DICTAR SUS RESOLUCIONES PARA EVITAR INCURRIR EN ESA CAUSA DE RESPONSABILIDAD. REVISIÓN ADMINISTRATIVA. NO PROCEDE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LOS AGRAVIOS PLANTEADOS EN ESE RECURSO.
REVISIÓN ADMINISTRATIVA (CONSEJO) 11/99.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN. SECRETARIO: HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Dado que del examen comparativo entre los agravios y consideraciones transcritos se aprecia que las razones que motivaron la imposición de la sanción de destitución e inhabilitación al recurrente se centran, esencialmente, en la decisión de que constituye notoria ineptitud o descuido en el ejercicio de la función jurisdiccional no aplicar un precepto legal derogado que consagraba una conducta delictuosa, cuando jurídicamente se encontraba obligado a hacerlo, este Tribunal Pleno estima conveniente determinar si el Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la queja administrativa, se encontraba en aptitud jurídica de examinar lo acertado o desacertado de los razonamientos que sustentan el fallo judicial, para lo cual, en principio, se atiende al contenido de los criterios emitidos por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte, en su anterior integración, que se refieren al examen de la legalidad o ilegalidad de resoluciones jurisdiccionales que han motivado la instauración de procedimientos administrativos de responsabilidad de Jueces y Magistrados del Poder Judicial Federal.
En primer término, se observa el contenido de la jurisprudencia 15/91, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII-Mayo, página 26, cuyo contenido literal es el siguiente:
"QUEJA ADMINISTRATIVA. VERSA SOBRE IRREGULARIDADES ATRIBUIDAS A FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL Y NO SOBRE CRITERIOS JURÍDICOS. La llamada ‘queja administrativa’ cuya existencia se deriva de lo previsto en la fracción VI del artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tiene como propósito que el Pleno de la Suprema Corte conozca y decida si la conducta de Magistrados y Jueces es correcta, por lo que esa instancia debe circunscribirse al examen de conductas que revelen ineptitud manifiesta, mala fe, deshonestidad o alguna otra seria irregularidad en la actuación de los funcionarios judiciales. Por consiguiente, en dicha instancia no pueden examinarse de nueva cuenta, para efectos jurisdiccionales, los problemas jurídicos controvertidos en un caso concreto, para determinar si la Suprema Corte comparte el criterio jurídico sustentado o si existe alguna irregularidad técnica en una sentencia que, en muchos casos, tiene el carácter de ejecutoria."
El criterio transcrito consagra que la finalidad de las quejas administrativas previstas en el artículo 13, fracción VI, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, consistía en resolver sobre irregularidades en el ejercicio de la función de Jueces y Magistrados, sin que pudieran examinarse, para efectos jurisdiccionales, los problemas jurídicos debatidos para revisar los fallos respectivos y resolver sobre lo correcto o incorrecto del criterio jurídico aplicado, o bien respecto de alguna deficiencia de técnica en la resolución denunciada.
Por otro lado, en la tesis LXXXVIII/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 58, octubre de 1992, página 39, se estableció que las quejas administrativas no constituyen un recurso que sea apto para dejar sin efectos la resolución jurisdiccional que la motivó, dado que carecen de esa naturaleza legal:
"QUEJA ADMINISTRATIVA. NO ES UN RECURSO POR VIRTUD DEL CUAL SE PUEDA DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. Del contenido de la queja administrativa sólo deben tomarse en consideración los hechos que aludan a la comisión de una pretendida falta en el despacho de los negocios a cargo de los funcionarios judiciales federales. De ahí que no es procedente ordenar que se deje sin efecto el fallo pronunciado por un Tribunal Colegiado de Circuito que declaró infundado un recurso de reclamación interpuesto en contra del auto de Presidencia que desechó un recurso en revisión, pues de hacerlo así equivaldría a dar un tratamiento a la ‘queja administrativa’ de recurso, lo cual carece de fundamento legal."
Del mismo tenor es la tesis de jurisprudencia 15/90, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Primera Parte, página 85, al establecer que en la queja administrativa no es posible, por regla general, analizar la legalidad de los fundamentos de una resolución judicial, porque con ello se le daría a esta instancia el carácter de recurso que no tiene, sino que sólo son susceptibles de examen los hechos que se refieran a la falta cometida por el funcionario jurisdiccional:
"QUEJA ADMINISTRATIVA. NO ES UN RECURSO POR VIRTUD DEL CUAL SE ESTUDIE, ANALICE Y RESUELVA SOBRE LA LEGALIDAD DE UNA RESOLUCIÓN. Del contenido de la queja sólo deben tomarse en consideración los hechos que aludan a la comisión de una pretendida falta en el despacho de los negocios a cargo de un funcionario judicial. De ahí que, por regla general, no es procedente analizar los fundamentos de una resolución, ni menos pronunciarse al respecto, pues ello equivaldría a tratar la queja como si fuera un recurso, lo cual carece de fundamento legal."
Los criterios que han quedado reproducidos establecen, como norma general, la imposibilidad de examinar los criterios y fundamentos jurídicos de las resoluciones jurisdiccionales para determinar una responsabilidad administrativa a los funcionarios judiciales, porque con ello se otorgaría a las quejas administrativas el carácter de un recurso, lo cual es ajeno a la naturaleza de esta clase de procedimientos.
Con objeto de establecer si este órgano colegiado comparte la conclusión anterior, se observa el contenido de los artículos 100 y 95 de la Constitución, que regulan la integración y funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos siguientes:
"Art. 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.
"El consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del consejo; tres consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos consejeros designados por el Senado, y uno por el presidente de la República.
"Todos los consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de esta Constitución y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, en el caso de los designados por la Suprema Corte, deberán gozar, además con reconocimiento en el ámbito judicial.
"El consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados y Jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine.
"Salvo el presidente del consejo, los demás consejeros durarán cinco años en su cargo, serán sustituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo.
"Los consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en los términos del título cuarto de esta Constitución.
"La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.
"De conformidad con lo que establezca la ley, el consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. La Suprema Corte de Justicia podrá solicitar al consejo la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte también podrá revisar y, en su caso, revocar los que el consejo apruebe, por mayoría de cuando menos ocho votos. La ley establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones.
"Las decisiones del consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados y Jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.
"La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el consejo lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 99 de esta Constitución. Los presupuestos así elaborados serán remitidos por el presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La administración de la Suprema Corte de Justicia corresponderá a su presidente."
"Art. 95. Para ser electo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:
"I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
"II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;
"III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;
"IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.
"V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y
"VI. No haber sido secretario de Estado, jefe de departamento administrativo, procurador general de la República o de Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o jefe del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.
"Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica."
Conforme al texto de los preceptos transcritos, el Consejo de la Judicatura Federal se integra por siete miembros, que deben cumplir los requisitos que para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia establece el artículo 95 constitucional, entre los que se encuentran el contar con título profesional de licenciado en derecho con una antigüedad mínima de diez años, tener buena reputación y haberse destacado, preferentemente, por su eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, o su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.
Ahora bien, cuatro de los consejeros de la Judicatura Federal tienen, además de los requisitos señalados, la característica de ser reconocidos titulares de órganos jurisdiccionales federales, pues uno de ellos es el Presidente de la Suprema Corte, y los tres restantes son designados por esta última, con base en su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades jurisdiccionales, siendo que los tres restantes deben también contar con estos atributos en su actividad jurídica profesional.
El mecanismo de selección de los integrantes del Consejo de la Judicatura, en los términos previstos por la Constitución, garantiza, en sus decisiones, por un lado, la opinión y criterio de cuatro personas que, en su labor cotidiana, han participado de manera relevante en la resolución de controversias de índole jurisdiccional, en su mayoría de carácter constitucional, habiendo obtenido en el ejercicio de esta actividad amplio reconocimiento que les ha llevado a integrar el mencionado consejo, lo cual se complementa con la aportación de tres distinguidos juristas cuya honorabilidad y capacidad debe encontrarse fuera de duda.
Sentado lo anterior, conviene recordar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100, párrafo cuarto, de la Carta Magna, las decisiones que se refieran a remoción de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito deben ser emitidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, cabe destacar que, en estos casos, la resolución respectiva debe dictarse por mayoría calificada de cinco votos en un mismo sentido, de acuerdo con lo que consagra el artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la tesis que aparece en el multicitado Semanario Judicial, Tomo V, marzo de 1997, página 260, cuya sinópsis dice:
"REVISIÓN ADMINISTRATIVA. LAS DECISIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE LA LEY LE IMPONE TOMAR POR ‘MAYORÍA CALIFICADA’ REQUIEREN, PARA SU VALIDEZ, DE CINCO VOTOS EN UN SOLO SENTIDO, CUANDO MENOS. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ‘Las resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se tomarán por el voto de la mayoría de los consejeros presentes, y por mayoría calificada de cinco votos tratándose de los casos previstos en las fracciones I, II, VII, VIII, XI, XII, XV, XVI, XVIII, XXV, XXVI y XXXVI del artículo 81 de esta ley. Los consejeros no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal o cuando no hayan asistido a la discusión del asunto de que se trate. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad.’. Por tanto, de lo dispuesto en ese artículo se deduce que para que pueda existir ‘mayoría calificada’ se requiere que, en las hipótesis que el propio precepto destaca, exista coincidencia de cuando menos cinco votos en un solo sentido, de manera que si no llegaran a reunirse cuando se propone no ratificar a un Magistrado de Circuito, la única consecuencia sería la inexistencia de una decisión, pero de ninguna manera la no ratificación, pues la actualización del supuesto normativo se refiere a decidir cuando menos por cinco votos en un sentido, sea el que fuere."
En tal virtud, al ser un órgano mixto en su conformación, que engloba a reconocidos funcionarios judiciales y a juristas destacados, las decisiones del Consejo de la Judicatura implican una importante labor jurídica que adquiere una especial relevancia cuando se trata de determinación de responsabilidades administrativas y la imposición de sanciones de carácter disciplinario, pues al estarle conferida constitucionalmente a dicho consejo la vigilancia y disciplina de los integrantes de los órganos jurisdiccionales federales, no resultaría congruente con la responsabilidad asignada el impedirles analizar, jurídicamente, la congruencia y correcta aplicación del derecho en las consideraciones expresadas por tales órganos al emitir sus decisiones, siendo que en el caso específico de remoción de Jueces de Distrito o Magistrados de Circuito, la resolución respectiva debe ser aprobada por la mayoría calificada que requiere la ley, situación que garantiza un suficiente consenso en cuanto a la determinación de responsabilidad grave de esos funcionarios.
Cabe destacar que la facultad de examen descrita debe referirse a aquellas actuaciones jurisdiccionales que constituyan una desviación de la legalidad que no sea debatible u opinable, sino que deriven de datos objetivos como sería un evidente error o descuido; es decir, el análisis de la legalidad de la resolución materia de la queja administrativa no debe dilucidar una cuestión de criterio jurídico, en la cual puedan sustentarse, válidamente, diversas soluciones, derivadas de la interpretación de normas jurídicas, sino decidir sobre si el fallo o actuación judicial se emitió en evidente contravención al texto de la ley aplicable, o ignorando constancias de autos de carácter esencial para la solución del asunto.
La conclusión anterior de ninguna manera puede considerarse atentatoria de la autonomía e independencia con que deben contar los Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito en el ejercicio de sus funciones, porque estos juzgadores conservan íntegras sus facultades de interpretación y decisión al emitir sus fallos, los que deben ser objetivamente acordes con las disposiciones legales y constitucionales aplicables, y atender a las constancias de autos, únicos aspectos que, como se dijo, son susceptibles de análisis al resolver sobre su responsabilidad administrativa.
La salvaguarda de la autonomía e independencia de los tribunales federales queda apuntalada con la procedencia del recurso de revisión en contra de las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal, en que se decrete la remoción de los juzgadores como sanción administrativa, pues en este supuesto será el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo órgano jurisdiccional del país quien, en definitiva, decida si las consideraciones del fallo que motivó la aplicación de la medida disciplinaria constituyeron una cuestión de criterio jurídico o, por el contrario, fueron contrarias al texto de la ley, o se apartaron de constancias de autos, esenciales para resolver el asunto, con lo cual queda garantizado que el análisis de los fundamentos y razones de los fallos judiciales respectivos se realizará con el debido rigor y técnica jurídicas y conforme a datos objetivos no debatibles.
De la misma manera y como lo había sustentado el Tribunal Pleno en las tesis transcritas al inicio de este considerando, la naturaleza jurídica de la resolución recaída a una queja administrativa no es la de un recurso o medio de defensa susceptible de modificar el sentido de las decisiones decretadas por los titulares de los órganos jurisdiccionales, puesto que la única finalidad de esta instancia consiste en revisar que la actuación de los Jueces y Magistrados se haya apegado a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia que deben caracterizar su actividad, sin afectar las situaciones jurídicas que se generaron por virtud de la resolución del juicio relativo, con lo que se respeta la autoridad de la cosa juzgada, lo que apoya el criterio sustentado por el Tribunal Pleno, en su actual integración, consistente en que el Consejo de la Judicatura Federal, sin llegar a constituirse en un órgano revisor de la legalidad de las resoluciones emitidas por Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito, puede examinar de manera directa los fundamentos y motivos de aquéllas, solamente para vigilar la actitud del juzgador materializada en su resolución y determinar si fue congruente con su actividad, absteniéndose de afectar las situaciones jurídicas derivadas de lo resuelto. La tesis relativa aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre de 1997, página 187, cuyo contenido literal es el que sigue:
"CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. AL ANALIZAR LA CAUSA DE RESPONSABILIDAD PREVISTA POR EL ARTÍCULO 131, FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO SE ERIGE EN UN TRIBUNAL DE LEGALIDAD. El Consejo de la Judicatura Federal, para poder fincar la causa de responsabilidad prevista en la fracción III del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relativa a la notoria ineptitud o descuido de un servidor en el desempeño de sus funciones o labores que deba realizar, requiere adoptar una actitud que, sin llegar a convertirse en órgano revisor de la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito, sí pueda apreciar de manera directa los fundamentos y motivos expuestos, ya en una determinación procesal o en un fallo y que, sin entrar al fondo del negocio ni afectar las situaciones jurídicas derivadas de lo resuelto, simplemente vigile que la actitud del juzgador, materializada en su resolución, sea congruente con la naturaleza de la actividad jurisdiccional que le es propia de acuerdo a la ley."
Como corolario de todo lo expuesto en el presente considerando, procede concluir que el Consejo de la Judicatura Federal, dadas las cualidades profesionales que deben reunir sus integrantes y las facultades que, en materia de vigilancia y disciplina de los órganos jurisdiccionales federales, le fueron asignadas por la Constitución, está en aptitud jurídica de examinar los fundamentos y motivos de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito para decidir sobre su responsabilidad administrativa, la cual deberá fincarse únicamente si el fallo judicial fue emitido en contra del texto de disposiciones legales o en contravención de constancias de autos de carácter esencial, o sea que una determinación de tal importancia tendrá que sustentarse en esos datos objetivos. Por consiguiente, lo que estará vetado al Consejo de la Judicatura será establecer ese tipo de responsabilidad realizando un examen derivado del análisis de criterios o interpretaciones jurídicas debatibles u opinables. Además, este tipo de resoluciones no puede modificar el sentido de la decisión relativa, con lo que quedan salvaguardados los principios de autonomía e independencia judicial, así como la autoridad de la cosa juzgada.
SÉPTIMO. Previamente al estudio de los agravios que hace valer el recurrente, resulta pertinente destacar los antecedentes más relevantes del asunto, para su mejor comprensión:
1. El siete de enero de mil novecientos noventa y ocho, el Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, dentro de la causa penal número 5/98-II (que después se radicó en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco con el número 147/98-IV) dictó auto de formal prisión en contra del inculpado, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación delictuosa, previsto en el artículo 164, párrafo primero del Código Penal Federal; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 bis, párrafos primero y sexto del citado ordenamiento legal; y operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 115 bis, fracción I, incisos a), b) y c) del Código Fiscal de la Federación.
2. En contra del mencionado auto de formal prisión, el defensor del inculpado interpuso recurso de apelación, que por razón de competencia se radicó ante el Primer Tribunal Unitario del Tercer Circuito, cuyo titular es el ahora recurrente, correspondiéndole el número de toca 298/98. El siete de octubre de mil novecientos noventa y ocho, se dictó resolución en ese expediente donde se determinó modificar el auto de formal prisión apelado; confirmar la probable responsabilidad del inculpado por lo que hace a la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado en el numeral 400 bis, primero y sexto párrafos, del Código Penal Federal; y decretar la libertad con la reservas de ley respecto de los delitos de asociación delictuosa y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos en el artículo 164, párrafo primero, del Código Penal Federal, y artículo 115 bis, fracción I, incisos a), b) y c) del Código Fiscal de la Federación, respectivamente.
3. El primero de marzo de mil novecientos noventa y nueve, el Juez Octavo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, dictó sentencia definitiva en la causa número 147/98-IV, donde se decretó la absolución del inculpado, por no encontrarlo penalmente responsable del delito por el cual se confirmó la formal prisión, y se determinó que no había lugar a decretar el decomiso solicitado por la representación social federal, en relación con los bienes especificados en las conclusiones acusatorias.
4. Inconforme con el fallo anterior, el Ministerio Público Federal adscrito interpuso recurso de apelación, que fue remitido al Tercer Tribunal Unitario del Tercer Circuito, cuyo titular, por resolución de veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve, dictada en el toca penal 124/99, confirmó la resolución apelada con base en el pedimento de la representación social donde se dijo que no se resentía agravio alguno por encontrarse apegada a derecho la sentencia absolutoria.
5. Con posterioridad, el Ministerio Público Federal ejercitó nuevamente acción penal en contra del mismo inculpado, por el delito previsto en el artículo 115 bis, fracción I, incisos b) y c) del Código Fiscal de la Federación, que se radicó ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, bajo el número 37/99. El nueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve, dicho juzgador decretó auto de formal prisión por considerarlo probable responsable en la comisión del citado delito.
6. En contra de la determinación que antecede, el inculpado interpuso recurso de apelación, que se radicó con el número de toca 135/99 del Primer Tribunal Unitario del Tercer Circuito. El dieciocho de mayo del presente año, el ahora recurrente dictó sentencia en que determinó revocar el auto de formal prisión y decretar la libertad del inculpado con las reservas de ley.
OCTAVO. En su primer agravio, el recurrente expresó los siguientes motivos de inconformidad, respecto de las consideraciones del fallo recurrido relacionadas con la responsabilidad que se le atribuyó al resolver el toca penal de apelación 298/98, por falta de aplicación del artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación:
a) Que como la resolución del Consejo de la Judicatura Federal no tiende a dirimir una controversia jurisdiccional ni a afectar situaciones jurídicas resueltas, no es función de dicho órgano resolver cuestiones de criterio para establecer si se cometió un error inexcusable determinante de responsabilidad.
b) Sostiene que si bien el criterio expresado en la resolución recurrida es respetable, lo cierto es que razonablemente se pueden sustentar diversos criterios, por lo que si un mismo problema admite o puede admitir varias soluciones, la elección de una es cuestión de criterio, el cual es tan diverso como la forma de pensar del juzgador, lo que ha llevado incluso a la denuncia de contradicción de tesis o criterios interpretativos, por lo que no puede hablarse en la especie de un error inexcusable.
c) Agrega que no pretendió realizar un control difuso de la Constitución en las resoluciones que fueron materia de la queja administrativa, como expresamente se reconoce en la foja 140 del fallo recurrido y se señaló en la foja 40 vuelta de la resolución al recurso de apelación 298/98, siendo que el artículo 14, primer párrafo, de la Constitución se citó sólo para efectos de interpretación y aplicación de preceptos legales.
d) Aclara el recurrente que lo realmente sucedido es que en la causa penal materia de apelación se encontraban involucradas cuatro normas no plenamente coincidentes que impedían su aplicación simultánea, a saber, los artículos 115 bis del Código Fiscal de la Federación, 400 bis del Código Penal Federal, primero y segundo transitorios del decreto de reformas y adiciones publicado en el Diario Oficial de la Federación de trece de mayo de mil novecientos noventa y seis, siendo que lo resuelto tuvo como finalidad determinar cuál de ellas era la aplicable conforme a su criterio, dado que no podía excusarse de resolver el problema por la mayor o menor oscuridad normativa, habiendo preferido la norma más acorde con el sistema constitucional, lo cual también se realiza en la resolución del Consejo de la Judicatura Federal.
e) Establece que el primero de los preceptos citados en el inciso precedente está derogado; el segundo es esencialmente coincidente con el primero; y los transitorios disponen el periodo de aplicación, sin que de ellos pueda surgir una interpretación que obligue al juzgador a incumplir con principios constitucionales como lo es la aplicación retroactiva o ultraactiva en perjuicio del inculpado, siendo que en el caso el Juez de Distrito había decretado la formal prisión por los dos tipos penales, descritos tanto en el Código Fiscal como en el Código Penal, siendo inadmisible su aplicación simultánea, igual conclusión a la que arriba el Consejo de la Judicatura Federal en su resolución.
f) Por otro lado, afirma que en materia penal no se encuentra clara la distinción entre el efecto retroactivo del ultraactivo de la ley, dado que es aceptable la aplicación de una ley anterior o posterior a los hechos a juzgar, siempre que resulte ser más favorable al particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 del Código Penal Federal, lo que autoriza al juzgador a encontrar el precepto aplicable independientemente del texto confuso del legislador, pudiendo ser variable la solución, de acuerdo a cuál sea la norma más favorable al inculpado. En la especie, válidamente puede concluirse que en aspectos de punibilidad sea más favorable el artículo 115 bis del Código Fiscal Federal, pero nada impide aplicar el 400 bis del Código Penal a elementos de tipicidad o de procedibilidad, por ser más preciso en cuanto a la definición del concepto "producto de procedencia ilícita" y por ende más favorable al reo, al evitar interpretaciones amplias de esa definición, así como al requisito de la previa denuncia por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que si la primera resolución de apelación se dio sobre la formal prisión, sólo era procedente atender a elementos de tipicidad y no a la posible pena aplicable, lo que debía hacerse hasta la sentencia definitiva.
g) Establece que la determinación de considerar aplicable, para efectos de la formal prisión, el aludido artículo 400 bis, no suponía que quedaran excluidos hechos acaecidos con anterioridad a su vigencia y dentro de la del numeral 115 bis, como lo interpr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6471-ac68e611/consejo-de-la-judicatura-federal-al-resolver-sobre · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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