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Modo: Corpus Pro

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO. EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO SE LES DEBE HACER SABER LA QUE SE LES IMPUTE, AUNQUE NO SEA DE LAS CALIFICADAS COMO GRAVES EN EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. REVISIÓN ADMINISTRATIVA. LOS MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO PUEDEN IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES EMITIDAS DURANTE EL PERIODO CONSTITUCIONAL DE SU FUNCIÓN JUDICIAL, CUANDO LA INTERPONGAN CONTRA LA NEGATIVA DE SU RATIFICACIÓN. REVISIÓN ADMINISTRATIVA. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS VERTIDOS EN ELLA RESPECTO DE UNA DETERMINACIÓN ADOPTADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, DENTRO DEL PERIODO CONSTITUCIONAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL DE LOS MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO, QUE NO TRASCIENDE AL RESULTADO DE LA RESOLUCIÓN DE NO RATIFICACIÓN. REVISIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDE CONTRA LA REMOCIÓN DE UN MAGISTRADO DE CIRCUITO O DE UN JUEZ DE DISTRITO, POR CUALQUIER CAUSA.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 10/97. · Registro digital (IUS): 5878
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, , Pág. 434.

REVISIÓN ADMINISTRATIVA (CONSEJO) 10/97.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO: RAFAEL COELLO CETINA.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. En relación con el agravio en que se plantea como violación dentro del periodo constitucional de la función judicial, la visita extraordinaria realizada al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Piedras Negras, del veintitrés al veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, tal como se sostiene en el informe rendido ante este Alto Tribunal por el propio consejo, aquél debe declararse inoperante, pues del análisis del considerando quinto de la resolución de no ratificación deriva que el resultado de la citada visita no trasciende en forma alguna al resultado de la resolución de no ratificación, pues no fue tomado en cuenta, por lo que su resultado no sirvió de base para la determinación aquí impugnada, por tanto debe estimarse que el mencionado acto de inspección y supervisión no afecta, para los efectos de la presente resolución, el interés jurídico del recurrente y los agravios encaminados a demostrar la supuesta violación, dentro del periodo constitucional de la función judicial, deben declararse inoperantes. Sirve de apoyo a la anterior conclusión la tesis P. XXXIII/97, visible en la página 131 del Tomo V, del mes de febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone:

"REVISIÓN ADMINISTRATIVA. LOS CONCEPTOS DE NULIDAD AJENOS AL INTERÉS JURÍDICO DEL PROMOVENTE SON INOPERANTES. Dentro del sistema jurídico mexicano, la regla general es que no se autoriza la interposición de recursos en interés de la ley, de la sociedad en general o de personas ajenas jurídicamente al promovente; por el contrario, es principio fundamental en los medios de defensa que solamente proceden contra actos que afecten intereses de los particulares, de donde se sigue, lógicamente, que si se formula una revisión administrativa en contra de una resolución del Consejo de la Judicatura Federal ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y éste considera que el mismo es procedente, pero advierte que se expresan conceptos de nulidad completamente ajenos al interés jurídico del promovente, debe considerarlos inoperantes."

Sin que sea óbice a la anterior conclusión, el hecho de que en el considerando tercero, inciso IV, de la resolución recurrida se haya hecho mención, como parte del expediente personal del licenciado ... de los resultados de la visita extraordinaria practicada al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Piedras Negras, dado que, además de no motivar la no ratificación, la denuncia que derivó de dicha visita, la número 51/97, se declaró infundada como se sostuvo en el inciso XIII del propio considerando.

OCTAVO. Se deben estudiar, en cambio, los diversos agravios que el recurrente hace valer como violaciones dentro del periodo constitucional de su función judicial, relacionados con los procedimientos sancionatorios seguidos en su contra en las denuncias administrativas 1/95 y 9/95, ya que en la especie el resultado de las citadas denuncias sí trascendió a la determinación de no ratificación recurrida, pues de la simple lectura del considerando quinto de esta última -transcrito en las fojas de la 70 a la 84 de la presente resolución-, se observa que tuvo como base, entre otros, los resultados de ambas denuncias administrativas.

NOVENO. En relación con los agravios encaminados a demostrar la ilegalidad de la resolución recaída en la denuncia administrativa 1/95, es fundado el relativo al incumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento que debían seguirse en la sustanciación correspondiente, por lo que resulta innecesario el estudio de los restantes.

En efecto, en el agravio referido el recurrente sostiene, en esencia, que en la mencionada denuncia no se permitió su adecuada defensa, pues con base en las declaraciones que él rindió en torno a las circunstancias de la conducta del licenciado Ciro Mendoza Becerril y del informe que presentó, el Consejo de la Judicatura Federal determinó su responsabilidad, y como consecuencia de que el citado procedimiento administrativo no se formuló en su contra, no tuvo oportunidad para defenderse.

Para demostrar el vicio procedimental que aconteció en la sustanciación de la denuncia administrativa 1/95, que produjo un estado de indefensión para el recurrente, conviene narrar cronológicamente los principales hechos que tuvieron lugar dentro del procedimiento relativo, para posteriormente confrontarlos con la regulación que al efecto se consigna en los artículos 132, 133 y 134 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales disponen:

"Artículo 132. El procedimiento para determinar las responsabilidades de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación a que se refiere este título se iniciará de oficio, por queja o denuncia presentada por cualquier persona, por el servidor público que tenga conocimiento de los hechos o por el agente del Ministerio Público Federal. Las denuncias anónimas sólo serán tramitadas cuando estén acompañadas de pruebas documentales fehacientes.

"Las denuncias que se formulen deberán estar apoyadas en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y presumir la responsabilidad del servidor público denunciado."

"Artículo 133. Serán competentes para conocer de las responsabilidades de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, así como para aplicar las sanciones a que se refiere el artículo 135 de esta ley:

"I. La Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno, tratándose de faltas de los Ministros y de las faltas graves cometidas por sus servidores públicos;

"II. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, tratándose de servidores públicos de este órgano, en los casos no comprendidos en la fracción anterior;

"III. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tratándose de faltas graves de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, cuando las sanciones aplicables sean las de destitución o inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, y

"IV. El órgano colegiado que determine el Consejo de la Judicatura Federal, en los casos no comprendidos en la fracción anterior.

"Siempre que de un mismo acto se derive responsabilidad por una falta grave de un Magistrado de Circuito o Juez de Distrito, y otro u otros servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se estará a lo previsto en la fracción III de este artículo.

"El Consejo de la Judicatura Federal podrá señalar, mediante acuerdos generales, los casos en que la Contraloría del Poder Judicial de la Federación sea competente para conocer de los procedimientos de responsabilidad comprendidos en la fracción IV de este artículo."

"Artículo 134. Para la determinación de las responsabilidades a que se refiere este título deberá seguirse el siguiente procedimiento:

"I. Se enviará una copia del escrito de denuncia y sus anexos al servidor público para que, en un término de cinco días hábiles, formule un informe sobre los hechos y rinda las pruebas correspondientes. El informe deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en el escrito de denuncia, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore, por no ser propios, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se presumirán confesados los hechos de la denuncia sobre los cuales el denunciado no suscitare explícitamente controversia, sin admitirse prueba en contrario. La confesión de los hechos no entraña la aceptación del derecho del denunciante;

"II. Recibido el informe y desahogadas las pruebas, si las hubiere, se resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o imponiendo al infractor las sanciones administrativas correspondientes, y se notificará la resolución al interesado dentro de las setenta y dos horas cuando se trate de los casos de responsabilidad señalados en las fracciones II y IV del artículo anterior;

"III. Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones I y III del artículo anterior, el presidente de la Suprema Corte de Justicia o, en su caso, el órgano que determine el Consejo de la Judicatura Federal, remitirán el asunto al Pleno de la Suprema Corte de Justicia o al del Consejo de la Judicatura Federal, para que cite al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia, y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga por sí o por medio de un defensor.

"Entre la fecha de la citación y la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles.

"IV. Si del informe o de los resultados de la audiencia no se desprenden elementos suficientes para resolver o se advierten otros que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o de otras personas, se podrá disponer la práctica de investigaciones y acordar la celebración de otra u otras audiencias en su caso, y

"V. En cualquier momento, previo o posteriormente a la recepción del informe o celebración de la audiencia, la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal, el presidente de la Suprema Corte de Justicia o el órgano que determine el Consejo de la Judicatura Federal, según corresponda podrán determinar la suspensión temporal de los presuntos responsables de sus cargos, empleos o comisiones, siempre que a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones, la cual cesará cuando así lo resuelvan independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere el presente artículo, la suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute, lo cual se hará constar expresamente en la determinación de la suspensión.

"Si el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de la falta que se le imputa, será restituido en el goce de sus derechos y se le cubrirán las percepciones que debiera haber recibido durante el tiempo en que se hallare suspendido.

"Cuando la falta motivo de la queja fuese leve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia o el órgano que determine el Consejo de la Judicatura Federal impondrá la sanción que corresponda y dictará las medidas para su corrección o remedio inmediato; si la falta fuere grave, remitirá el asunto al Pleno de la Suprema Corte de Justicia o al del Consejo de la Judicatura Federal según corresponda, a fin de que procedan de acuerdo a sus facultades."

Ahora bien, respecto de los antecedentes del procedimiento sancionador seguido en la denuncia administrativa 1/95, destaca lo siguiente:

a) El 25 de julio de 1995 se recibió en la Oficialía de Partes del Consejo de la Judicatura Federal el acta circunstanciada levantada por la licenciada Sara Judith Montalvo Trejo, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en la ciudad de Nogales, sobre hechos en los que intervino el licenciado Ciro Mendoza Becerril, secretario del Juez Segundo de Distrito en Materia Penal del Distrito Federal (fojas tres a cuarenta y tres del expediente formado con la denuncia 1/95).

b) Ante tales hechos la Comisión de Receso del citado consejo comisionó, mediante acuerdo de treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y cinco, a la licenciada Irma Rivero Ortiz de Alcántara para practicar las diligencias necesarias para la investigación de la conducta atribuida al citado secretario; al efecto dicha juzgadora realizó el ocho de agosto del propio año visita de inspección extraordinaria al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, rindiendo el informe correspondiente (fojas 44 a 50, 51 a 65 y 81 a 82 del expediente relativo).

c) Mediante oficio de once de agosto de 1995, suscrito por el secretario ejecutivo de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, dirigido al licenciado ... Juez Segundo de Distrito en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, se requirió su presencia a la sesión de la Comisión de Disciplina del propio consejo que tendría verificativo el día quince del mismo mes (foja 83 del expediente respectivo).

d) En la sesión de la Comisión de Disciplina antes citada, el licenciado ... en esencia manifestó que en la semana del veintiséis de junio al dos de julio de mil novecientos noventa y cinco, correspondió el turno al juzgado a su cargo, recibiendo una solicitud de orden de cateo para ejecutarse en aproximadamente ochenta domicilios de la ciudad de Agua Prieta, Sonora, la cual obsequió por acuerdo de veintisiete de junio, comisionando a los licenciados Ciro Mendoza Becerril y José Alfredo Arévalo Treviño, secretarios en ese órgano jurisdiccional, para que dieran fe de la ejecución (foja 84).

e) El diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cinco comparecieron ante el secretario ejecutivo de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, los licenciados José Alfredo Arévalo Treviño y Ciro Mendoza Becerril (fojas 89 a 105).

f) En términos de lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el secretario ejecutivo de Disciplina presentó, respectivamente, el veintinueve y el treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco, ante el Pleno de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal y ante el Pleno del propio consejo, dictamen a fin de determinar la responsabilidad en que incurrieron servidores públicos del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, en relación con la denuncia de hechos presentada por la licenciada Sara Judith Montalvo Trejo, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en la ciudad de Nogales; entre las conclusiones contenidas en dicho dictamen, respecto del aquí recurrente, destacan:

"Así las cosas, se podría considerar que el licenciado ... Juez Segundo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, incurrió en la causa de responsabilidad administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 47, fracciones X y XXI, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, habida cuenta que indebidamente otorgó una comisión con goce de sueldo y demás percepciones a dos secretarios del juzgado a su cargo para desahogarla fuera de su jurisdicción territorial, no sólo sin que las necesidades del servicio así lo requirieran, pues como se ha dicho en todo caso debió encomendar la supervisión y vigilancia del desahogo del mandamiento de cateo por parte de la representación social federal, mediante exhorto dirigido a un Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde debía diligenciarse, sino que por el contrario al encontrarse de turno el Juzgado de Distrito del que es titular, el servicio exigía que aquellos servidores públicos no desatendieran las labores a su cargo. Así mismo, otorgó un permiso al secretario Ciro Mendoza Becerril para que concluida la comisión permaneciera en el Estado de Sonora, concretamente en Nogales, sin que estuviera amparado por causa justificada, pues no se concedió con motivo de la prestación del servicio del secretario, sino con la finalidad de que visitara a la novia de éste.

"Finalmente, la conducta del funcionario judicial de mérito también se podría encuadrar en la fracción XXI del numeral 47 precitado, porque al establecerse con su proceder desatendió lo previsto en los artículos 156, 158, tercer párrafo, 164, 165, 168, 175, primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 46 y 50 del Código Federal de Procedimientos Penales, incurrió en actos y omisiones que implican incumplimiento de esas disposiciones jurídicas relacionadas con su servicio." (fojas 117 a 144).

g) En cumplimiento de lo acordado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio de primero de septiembre de 1995, suscrito por el secretario ejecutivo de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, dirigido al licenciado ... Juez Segundo de Distrito en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, se le comunicó que debía comparecer el día cinco del mismo mes y año ante la Comisión de Disciplina del propio consejo, a fin de rendir declaración respecto de los hechos acontecidos en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sonora (foja 106).

h) En la comparecencia que realizó el cinco de septiembre de mil novecientos noventa y cinco el licenciado ... Juez Segundo de Distrito en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, el secretario ejecutivo de Disciplina dio lectura a un dictamen, en cuyas conclusiones destacó:

"En cuanto a los hechos que hasta ahora han sido probados se llegó a las siguientes conclusiones:

"Que el artículo 156 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone que ningún servidor público puede abandonar la residencia del Tribunal de Circuito o Juzgado de Distrito al que esté adscrito, ni dejar de desempeñar las funciones o labores que tenga a su cargo, sin que previamente se le hubiera otorgado la autorización respectiva con arreglo a la ley; asimismo, que cuando esos servidores tengan que abandonar la residencia del órgano jurisdiccional en el que laboran para practicar diligencias, podrán hacerlo cuando la ausencia no exceda de tres días, dando aviso al Consejo de la Judicatura Federal, expresando el objeto y la naturaleza de la diligencia y las fechas de salida y de regreso.

"Que en el tercer párrafo del numeral 158 de esa misma ley se establece que las diligencias que hayan de practicarse fuera de la residencia del Juzgado de Distrito, podrán practicarse por el mismo Juez de Distritos por el del fuero común comisionado al efecto, o por el secretario o actuario del Juzgado de Distrito.

"A su vez, los artículos 46 y 50 del Código Federal de Procedimientos Penales disponen que cuando tuviere que practicarse alguna diligencia judicial fuera del territorio jurisdiccional del tribunal que conozca del asunto, se encomendará su cumplimiento al de igual categoría del territorio jurisdiccional donde deba practicarse; asimismo, que en casos urgentes previa notificación al Ministerio Público y a quien corresponda con arreglo a la ley, podrá hacerse uso de la vía telegráfica, expresándose, entre otros datos, con toda claridad las diligencias que han de practicarse, que estos exhortos se enviarán mediante oficio dirigido al jefe de la oficina telegráfica, acompañado de la copia respectiva, en la cual el empleado respectivo de dicha oficina extenderá recibo; que en la misma fecha en que se entregue ese oficio el tribunal requirente enviará por correo el exhorto respectivo.

"Que en relación con las diligencias de cateo, el artículo 62 de la ley procesal que rige el fuero, establece que las diligencias de cateo se practicarán por el tribunal que las decrete o por el secretario o actuario del mismo o por los funcionarios o agentes de la Policía Judicial según se designen en el mandamiento.

"Que en el turno de la semana comprendida entre el 26 de junio al 2 de julio del año en curso el licenciado ... titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, recibió una llamada telefónica mediante la cual un subprocurador de la Procuraduría General de la República le pidió atendiera la solicitud de cateos por estar relacionada con un asunto trascendente; que en el cuaderno de orden de cateo registrado con el número 1/95, al resolver sobre la solicitud hecha por el Ministerio Público Federal, determinó que había lugar a decretar el cateo en 74 domicilios ubicados todos en la ciudad de Agua Prieta, Sonora, con el fin de asegurar objetos e instrumentos de delitos contra la salud, acopio y portación de armas reservadas para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, como son narcóticos, armas de fuego, cargadores y cartuchos, así como para proceder a la aprehensión de José Corona Martínez y Javier Cuadras Estrella, contra quienes, se acreditó en la solicitud de cateo, diversas autoridades jurisdiccionales del orden federal libraron mandamientos de captura, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud, y para la práctica de esa diligencia de cateo designó únicamente a dos agentes del Ministerio Público Federal señalando para las seis horas del día 28 de junio del año en curso para que iniciara su desahogo; que posteriormente, en diverso proveído de la misma fecha, del que se establece que no citó precepto alguno para apoyar su determinación, sin que mediara alguna petición al respecto, ni se dieran motivos para justificar la medida, pues ya se había hecho la designación del Ministerio Público para que practicara el cateo, acordó designar a los licenciados Ciro Mendoza Becerril y José Antonio Arévalo Treviño, secretarios en el juzgado a su cargo, para que acudieran a los lugares de la ciudad de Agua Prieta, Sonora, donde se iba a ejecutar el cateo con el objeto de vigilar y supervisar ‘el buen funcionamiento del desahogo de dicha diligencia’; de ese mismo acuerdo se advierte que tampoco se ordenó notificación alguna. Asimismo, se establece que por la vía telefónica el día 30 de junio indicó al licenciado José Antonio Arévalo Treviño que regresara a la Ciudad de México, según dicho de este último, porque había mucho trabajo, sin que diera ninguna instrucción respecto del licenciado Ciro Mendoza Becerril; y concluido el cateo el día 5 de julio del presente año sin mediar solicitud del interesado por escrito, ni acuerdo que le recayera de la misma manera autorizó que el licenciado Ciro Mendoza Becerril se trasladara de Agua Prieta a Nogales, Sonora, y permaneciera ahí algunos días." (fojas 107 a 111).

i) A través de oficio de seis de septiembre de 1995, suscrito por el secretario ejecutivo de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento de lo acordado el día cinco del mismo mes y año por la Comisión de Disciplina del propio consejo, dirigido al licenciado ... Juez Segundo de Distrito en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, solicitó a éste que en el plazo de cinco días hábiles, conforme a lo dispuesto en la fracción I del artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, rindiera las pruebas que estimara pertinentes y diera contestación por escrito a las conclusiones de la investigación derivada de la denuncia de los hechos ocurridos en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales; en dicho oficio se plasmaron los antecedentes del caso y las conclusiones relativas, consistiendo estas últimas en lo siguiente:

"En cuanto a los hechos que hasta ahora han sido probados, se llegó a las siguientes conclusiones:

"Que el turno de la semana comprendida entre el 26 de junio al 2 de julio del año en curso, el licenciado ... titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, recibió una llamada telefónica mediante la cual un subprocurador de la Procuraduría General de la República le pidió atendiera una solicitud de cateo por estar relacionada con un asunto trascendente; en el cuaderno de orden de cateo registrado con el número 1/95, al resolver sobre la solicitud hecha por el Ministerio Público Federal, determinó que había lugar a decretar el cateo en 74 domicilios ubicados en toda la ciudad de Agua Prieta, Sonora con el fin de asegurar objetos e instrumentos de delitos contra la salud, acopio y portación de armas reservadas para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, como son narcóticos, armas de fuego, cargadores y cartuchos así como para proceder a la aprehensión de José Corona Martínez y Javier Cuadras Estrella, contra quienes, se acreditó en la solicitud de cateo, diversas autoridades jurisdiccionales del orden federal libraron mandamientos de captura, por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud, y para la práctica de esa diligencia de cateo designó únicamente a dos agentes del Ministerio Público Federal señalando para las seis horas del día 28 de junio del año en curso para que iniciara su desahogo; que posteriormente, en diverso proveído de la misma fecha, del que se establece que no citó precepto alguno para apoyar su determinación, sin que mediara alguna petición al respecto, ni se dieran motivos para justificar la medida, pues ya se había hecho la designación del Ministerio Público para que practicara el cateo, acordó ‘designar’ a los licenciados Ciro Mendoza Becerril y José Antonio Arévalo Treviño, secretarios del juzgado a su cargo para que acudieran a los lugares de la ciudad de Agua Prieta, Sonora, donde se iba a ejecutar el cateo con el objeto de vigilar y supervisar ‘el buen funcionamiento del desahogo de dicha diligencia’; de ese mismo acuerdo se advierte que tampoco se ordenó notificación alguna. Asimismo, se establece que por la vía telefónica el día 30 de junio indicó al licenciado José Antonio Arévalo Treviño que regresara a la Ciudad de México, según dicho de este último, porque había mucho trabajo, sin que diera ninguna instrucción respecto del licenciado Ciro Mendoza Becerril; y concluido el cateo el día 5 de julio del presente año sin mediar solicitud del interesado por escrito, ni acuerdo que le recayera de la misma manera autorizó que el licenciado Ciro Mendoza Becerril se trasladara de Agua Prieta a Nogales, Sonora, y permaneciera ahí algunos días.

"En la inteligencia de que el informe deberá referirse a todos y cada uno de los hechos que se mencionan en las conclusiones, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore por no ser propios, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar, y que se presumirán confesados los hechos sobre los cuales no se suscitare explícitamente controversia." (fojas 114 a 116).

j) Mediante escrito presentado ante el Consejo de la Judicatura Federal el trece de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, el licenciado ... Juez Segundo de Distrito en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, dio contestación a las conclusiones vertidas en el oficio remitido por el secretario de Disciplina del propio consejo (fojas 145 a 146).

k) Por acuerdo presidencial de catorce de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, se turnó el expediente relativo al consejero Alonso Galván Villagómez, a fin de que elaborara el proyecto de resolución respectivo (foja 148).

l) Mediante escrito de cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cinco el citado consejero solicitó al presidente del Consejo de la Judicatura Federal "antes de elaborar el proyecto de resolución respectivo, se debe dictar un acuerdo, en el que, al igual que al Juez de Distrito, se dé vista al licenciado Ciro Mendoza Becerril con las conclusiones de la investigación realizada, para que en términos del artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, rinda las pruebas que estime pertinentes, y conteste las conclusiones aludidas." (fojas 151 a 155).

m) En el acuerdo presidencial que recayó a la petición del consejero Magistrado Alonso Galván Villagómez, no se dijo nada al respecto de la vista al licenciado ... Juez Segundo de Distrito en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México (foja 172).

n) Por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de enero de mil novecientos noventa y seis se resolvió la denuncia administrativa 1/95, formulada en contra del licenciado Ciro Mendoza Becerril, secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, en cuyos puntos resolutivos tercero y cuarto se determinó:

"TERCERO. Es responsable el licenciado ... Juez Segundo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, respecto de las faltas administrativas precisadas en el considerando sexto de esta resolución.

"CUARTO. En consecuencia, se suspende por quince días sin goce de sueldo, al licenciado ... Juez Segundo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, haciéndole notar que de incurrir en otra irregularidad como las que se analizaron, se le impondrán sanciones más severas."

De los antecedentes antes narrados y a la luz de las disposiciones antes transcritas, deriva lo siguiente:

Una vez que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal resolvió, con base en el dictamen correspondiente, la necesidad de iniciar el procedimiento sancionatorio encaminado a determinar la responsabilidad del licenciado ... Juez Segundo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, el secretario ejecutivo de Disciplina de dicho órgano administrativo requirió al citado licenciado, mediante oficio de seis de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, para que en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, rindiera las pruebas que estimara pertinentes y diera contestación por escrito a las conclusiones de la investigación de los hechos ocurridos en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales; sin embargo, del análisis del contenido del citado oficio deriva que en él no se hizo del conocimiento del Juez la responsabilidad o responsabilidades que se le imputaban, obligación que corre a cargo del órgano administrativo y cuyo origen se encuentra en la interpretación sistemática de las fracciones I y III del mencionado artículo 134.

En términos del citado precepto, transcrito párrafos atrás, el procedimiento sancionatorio que debe seguirse en contra de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, excepto de los adscritos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede seguir dos vertientes, una primera cuando los hechos denunciados pueden configurar faltas graves de Magistrados de Circuito y de Jueces de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5878-650da34d/responsabilidad-administrativa-de-magistrados-de-circuito-y-jueces · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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