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Modo: Corpus Pro

CONCURSO DE MÉRITOS. SI SE DESIGNAN JUECES DE DISTRITO CON BASE EN ÉL, DEBE DICTARSE UNA RESOLUCIÓN FUNDADA Y MOTIVADA QUE JUSTIFIQUE CON SUFICIENCIA POR QUÉ UNOS CONCURSANTES FUERON PREFERIDOS A OTROS, ATENDIENDO A LOS CRITERIOS SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA RESPECTIVA Y MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN SISTEMA IDÓNEO PARA COMPARAR OBJETIVAMENTE LOS MÉRITOS DE LOS PARTICIPANTES. REVISIÓN ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE NOMBRAMIENTOS DE JUECES DE DISTRITO POR MEDIO DE UN CONCURSO DE MÉRITOS. SI LA RESOLUCIÓN NO SE ENCUENTRA SUFICIENTEMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, DEBE DECLARARSE SU NULIDAD PARA EL EFECTO DE QUE SE DICTE OTRA EN LA QUE SE SUBSANE LA IRREGULARIDAD. REVISIÓN ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE RESOLUCIONES DE DESIGNACIÓN DE JUECES DE DISTRITO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO RELATIVO ESTÁN LEGITIMADOS EN CUANTO SE AFECTE SU INTERÉS JURÍDICO. REVISIÓN ADMINISTRATIVA. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA DESIGNACIÓN DE JUECES DE DISTRITO A TRAVÉS DE UN CONCURSO DE MÉRITOS. REVISIÓN ADMINISTRATIVA. LA SENTENCIA QUE DICTE EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DEBE SEÑALAR CON PRECISIÓN EL ALCANCE DE LA NULIDAD DECRETADA, DE ACUERDO CON SUS CARACTERÍSTICAS. REVISIÓN ADMINISTRATIVA. LOS CONCEPTOS DE NULIDAD AJENOS AL INTERÉS JURÍDICO DEL PROMOVENTE SON INOPERANTES. REVISIÓN ADMINISTRATIVA. SI LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL NO SE NOTIFICÓ LEGALMENTE, EL CÓMPUTO PARA DETERMINAR SI SE INTERPUSO EN TIEMPO DEBE HACERSE A PARTIR DE QUE EL RECURRENTE SE OSTENTÓ SABEDOR DE LA MISMA.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 2/96. · Registro digital (IUS): 5763
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Agosto de 1999, , Pág. 235.

REVISIÓN ADMINISTRATIVA 2/96.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Del estudio integral del escrito de agravios, se advierte que, en lo medular, el recurrente alega que el acuerdo de designación de Jueces de Distrito, derivado del concurso de méritos a que se refiere el Acuerdo General 7/1995, resulta ilegal, pues estima debió haber sido seleccionado para ser designado Juez de Distrito, por cumplir con los requisitos exigidos por la Constitución Federal y por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el Acuerdo General 7/1995, y por considerar que tiene por encima de algunos concursantes los méritos suficientes para tal efecto, elementos que no tomó en cuenta debidamente el Consejo de la Judicatura Federal y de ahí la ilegalidad de su exclusión. También expresa el promovente razones ajenas a lo que se relaciona directamente con su interés jurídico. Alega que la designación de algunas personas -sin especificar cuáles- no se ajustó a las bases establecidas en el Acuerdo General 7/1995 y en la convocatoria respectiva; que se seleccionaron dieciocho Jueces de Distrito en lugar de dieciséis, como se había establecido; que no se debieron considerar con especial valor el que se tuvieran grados académicos o publicaciones de ensayos jurídicos; que el Pleno debe determinar si el Consejo de la Judicatura Federal, en la decisión impugnada, nombró Jueces de Distrito de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el acuerdo relativo al concurso; que promueve el recurso haciéndose eco de otros que no pudieron o quisieron interponerlo; que busca suscitar el análisis de aspectos de trascendencia no sólo jurídica, sino moral que servirán como precedente para sentar las bases para el desarrollo de la función jurisdiccional a través de la adecuada selección de los funcionarios judiciales.

Al respecto conviene precisar que, como se expresó en considerando anterior, dentro del sistema jurídico mexicano la regla general es que no se autoriza la interposición de recursos en interés de la ley o de la sociedad en general o de personas ajenas jurídicamente al promovente; por el contrario, es principio fundamental en los medios de defensa que solamente proceden en contra de actos que afectan intereses de los particulares, de donde se sigue lógicamente que si, como en el caso, se formula una revisión administrativa en contra de una resolución del Consejo de la Judicatura Federal ante este Pleno y, habiéndose considerado procedente, advierte que se expresan conceptos de nulidad completamente ajenos al interés jurídico del promovente, los mismos deben considerarse inoperantes. Por consiguiente, el examen relativo a la resolución impugnada debe limitarse a los cuestionamientos vinculados con el interés jurídico del recurrente a saber, que no fue designado Juez de Distrito, no obstante que tenía derecho, lo que lógicamente involucra, al menos, una de las dieciocho designaciones que se hicieron, pues de acuerdo con las pretensiones del recurrente, al tener él derecho a la designación, ello debió ser con preferencia a uno de los nombrados.

Debe estimarse, esencialmente, fundado el concepto de nulidad en el que, básicamente, se estima que la resolución impugnada resulta ilegal al no contener el análisis minucioso de los diversos elementos que se señalaron en la convocatoria y en los que pudiera sustentarse el que se hubiere preferido a dieciocho concursantes respecto al recurrente, lo que equivale a falta de fundamentación y motivación. Para determinar si el procedimiento y designación de Jueces se hizo conforme a derecho y atento a los principios que deben prevalecer en el nombramiento de estos funcionarios judiciales, debe hacerse una revisión de las actuaciones respectivas.

Al respecto, es importante destacar el criterio sustentado por este Tribunal Pleno, en su tesis de jurisprudencia número XXI/96, publicada en la página 468, Tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"REVISIÓN ADMINISTRATIVA, RECURSO CONTRA RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL RESOLVERLO. El examen armónico de los artículos 100 constitucional, y 11, fracciones VIII y IX, y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, permite considerar que el Pleno de la Suprema Corte tiene la facultad de interpretar, entre otros preceptos, el citado en primer término, en cuanto establece el recurso de revisión administrativa contra las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal, relativas a la designación, adscripción y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Para ejercer esa facultad interpretativa, el Tribunal Pleno parte de dos principios esenciales que rigen este medio de impugnación: 1) El respeto a la garantía de audiencia, que sólo puede cumplirse cabalmente cuando el afectado tiene oportunidad de invocar en su defensa todos los argumentos y razones que sean de su interés en contra de la resolución recurrida, así como de ofrecer y desahogar todas las pruebas que legalmente procedan; y, 2) La seguridad al Juez o Magistrado recurrentes de que la decisión correspondiente será examinada con apego a derecho por los dos órganos máximos del Poder Judicial Federal, finalidad fundamental del establecimiento de este recurso administrativo. Las bases rectoras anteriores dan pauta para considerar que, al decidir el recurso de revisión administrativa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene atribuciones para realizar un análisis completo y minucioso, tanto del procedimiento que se hubiere llevado a cabo, como de los hechos, pruebas, motivos y fundamentos que sustentan la resolución del Consejo de la Judicatura Federal, y determinar si se cumplieron los requisitos exigidos por la ley, sean de fondo o de forma."

Como se advierte del criterio transcrito y atento a los principios rectores que rigen en lo tocante a las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que no pueden ni deben soslayarse en ningún momento y que es de obligado respeto para las autoridades, toda resolución debe estar fundada y motivada suficientemente. El artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, previene que las resoluciones del Pleno y de las comisiones del Consejo de la Judicatura Federal, constarán en acta y deberán firmarse por los presidentes y secretarios ejecutivos respectivos. Ahora bien, tratándose de una designación de Jueces de Distrito a través de un concurso de méritos, no basta la afirmación genérica de que se hizo una valoración adecuada atendiendo a los elementos de la convocatoria, como sucedió en el caso, sino que resulta lógico que se deba especificar con toda minuciosidad la forma como se realizó la evaluación objetiva que sustentara las designaciones. De lo contrario, no sería posible que los concursantes pudieran objetarlo a través del recurso respectivo, ni tampoco que este Pleno contara con elementos suficientes para pronunciarse al dictar la resolución. En efecto, los concursantes no sólo deben conocer el resultado del concurso por el que se seleccionan a los Jueces, sino también las consideraciones y criterios en que se sustentó el Consejo de la Judicatura Federal para avalar tal designación. Tratándose de una designación a través de un concurso de méritos, resulta obvio que debieron analizarse comparativamente, respecto de todos los concursantes y a través de un procedimiento cuantitativamente idóneo y objetivo, los diferentes elementos que se señalaron en la convocatoria y, a través de la cuantificación equilibrada de los múltiples elementos que previsiblemente se tuvieron que tomar en cuenta en la comparación de todos los concursantes, se debió llegar a la decisión final sobre la designación de unos con preferencia a otros. De las constancias de autos no aparece que hayan existido esos elementos, pues de haber ello sucedido se habrían aportado durante la tramitación del recurso en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuando, al referirse al informe que debe rendir el Consejo de la Judicatura Federal, señala que "debe ir acompañado de todos aquellos elementos probatorios que permitan la resolución del asunto". Del análisis del procedimiento que se siguió para hacer la designación de los Jueces de Distrito, aparece con claridad que la Comisión de Carrera Judicial a través de su presidenta propuso al Pleno del Consejo de la Judicatura los nombres de los concursantes seleccionados y que ello se sustentó en el análisis de los múltiples elementos que se señalaron como criterios de selección en la convocatoria. Asimismo, se advierte que el propio Pleno "realizó ese análisis minucioso de los datos y elementos aportados por la comisión y después de haber deliberado en lo conducente y atendiendo a los mismos criterios que valoró la Comisión de Carrera Judicial" hizo las designaciones correspondientes. Esto significa que está claramente reconocido y demostrado que tanto la Comisión de Carrera Judicial como el Pleno de la Judicatura Federal hicieron, respectivamente, la proposición de designaciones y las propias designaciones a través de un cuidadoso análisis conforme a los criterios de valoración señalados en la convocatoria. Sin embargo, aparte de esas afirmaciones genéricas no se hace referencia ni mucho menos relación detallada de un procedimiento de equivalencias que hiciera posible determinar objetivamente por qué se concluyó que unos (los designados) tuvieron mayores méritos que los otros (los excluidos, entre ellos el promovente de la revisión), lo que resultaba indispensable para que la resolución se encontrara debidamente fundada y motivada.

En el caso, solamente se han hecho las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación de las bases, de la convocatoria y de los seleccionados, pero no de algún acuerdo, resolución o actas correspondientes a las sesiones en las que constaran detalladamente las consideraciones y valoraciones para hacer las designaciones respectivas, así como de los antecedentes de las sesiones de la Comisión de la Carrera Judicial.

Cabe aclarar que uno es el resultado publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y seis, y otra es la resolución, acuerdo y antecedentes de los que emanó ese resultado, y que fue tomado, según se señala en la propia publicación, en sesión de primero de noviembre de mil novecientos noventa y seis, pero que, según se ha visto, carecía de la fundamentación y motivación debidas.

En otro orden de ideas y, a mayor abundamiento, debe ponerse de relieve que este Tribunal Pleno considera que las conclusiones relativas a la necesaria fundamentación y motivación que deben contener este tipo de resoluciones, deriva de los diferentes dispositivos relativos a la carrera judicial.

Al respecto, destaca lo dispuesto por los artículos 97 y 100, párrafos sexto y octavo, de la Constitución Federal, que en su parte conducente establecen:

"Art. 97. Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley. ..."

"Art. 100. ... La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. ... Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieran a la designación, adscripción y remoción de Magistrados y Jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva. ..."

A su vez, los artículos 105, 106, 108 y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disponen:

"Art. 105. El ingreso y la promoción de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación se hará mediante el sistema de carrera judicial a que se refiere el presente título, la cual se regirá por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad, en su caso."

"Art. 106. Para poder ser designado Magistrado de Circuito se requiere ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos, mayor de treinta y cinco años, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de un año, contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente y práctica profesional de cuando menos cinco años, además de los requisitos previstos en esta ley respecto de la carrera judicial. ..."

"Art. 108. Para ser designado Juez de Distrito se requiere ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos, mayor de treinta años, contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente, un mínimo de cinco años de ejercicio profesional, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de un año. ..."

"Art. 122. Las decisiones dictadas por el Consejo de la Judicatura Federal serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieran al nombramiento, adscripción, cambios de adscripción y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, las cuales podrán impugnarse ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, mediante el recurso de revisión administrativa. El recurso de revisión administrativa tendrá como único objeto que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia determine si el Consejo de la Judicatura Federal nombró, adscribió, readscribió o removió a un Magistrado de Circuito o Juez de Distrito, con estricto apego a los requisitos formales previstos en esta ley, o en los reglamentos interiores y acuerdos generales expedidos por el propio Consejo de la Judicatura Federal."

Del artículo 100, octavo párrafo, de la Constitución Federal, se desprende que el recurso administrativo tendrá como fin el que esta Suprema Corte revise que el procedimiento se haya sujetado a las disposiciones de ley y, por su parte, el párrafo séptimo del propio numeral fundamental y los artículos 105, 106, 108 y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen los requisitos formales que deben reunirse así como los criterios a seguir para la selección de los Jueces de Distrito (principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia).

Ahora bien, en términos de dichos dispositivos y conforme a la facultad de esta Suprema Corte para vigilar que las designaciones se hayan ajustado a la ley, siguiendo los principios precisados en la tesis jurisprudencial anteriormente transcrita y atento a lo señalado en su última parte, este Tribunal Pleno tiene facultades para analizar las resoluciones recurridas del Consejo de la Judicatura Federal, tanto en su aspecto formal como de fondo.

Por tanto, este tribunal, en uso de esas facultades revisoras, advierte que el Consejo de la Judicatura Federal no dictó la resolución fundada y motivada que correspondía y que hubiera sustentado, en su caso, el por qué el recurrente fue excluido prefiriéndose a otros concursantes.

En consecuencia, procede declarar fundado el presente recurso de revisión administrativa y declarar la nulidad de la resolución impugnada únicamente en cuanto excluyó al licenciado ... de la designación de Juez de Distrito, por concurso de méritos, para el efecto de que el Consejo de la Judicatura Federal dicte una nueva resolución, debidamente fundada y motivada, dentro del término de treinta días naturales, como lo previene el artículo 128 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Sobre esa declaración, conviene señalar que si bien el dispositivo citado dispone que las resoluciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que declaren fundado el recurso de revisión administrativa, se limitarán a declarar la nulidad del acto impugnado para el efecto de que el Consejo de la Judicatura Federal dicte una nueva resolución en un plazo no mayor a treinta días naturales, de acuerdo con lo previsto en el precepto y dentro de sus propios límites y atendiendo a la experiencia jurisdiccional, es recomendable que ese pronunciamiento no sea genérico, sino que especifique, con toda precisión, el alcance que tiene, lo que variará de caso a caso, según los conceptos de nulidad que hayan prosperado, lo que, lógicamente, no sólo facilitará el dictado de la nueva resolución, sino que evitará la interposición sucesiva de nuevas revisiones administrativas derivadas de interpretaciones diversas a las que podrán arribar el propio consejo y los interesados, vulnerándose los principios establecidos en el artículo 17 de la Constitución.

De acuerdo con el criterio expuesto, debe señalarse, en el asunto a estudio, cuál es el alcance de la nulidad decretada.

Al respecto, debe decirse que deberá dictarse una nueva resolución fundada y motivada, en los términos establecidos, o sea, conteniendo, de modo minucioso, la valoración de los criterios de selección a través de un sistema objetivo que permita comparar los méritos de los concursantes para establecer si el ahora recurrente tuvo iguales, mayores o menores méritos que los seleccionados anteriormente. Dicho de otro modo, al acatar esta resolución el Consejo de la Judicatura Federal, de acuerdo con lo establecido por los artículos 100 de la Constitución y 128 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, deberá emitir una resolución debidamente fundada y motivada, encontrándose en posibilidad de reexaminar la cuestión para determinar si el promovente del recurso fue correctamente excluido por tener méritos inferiores a todos los designados o si, por el contrario, debió haber sido designado, ya sea por tenerlos superiores a alguno, en cuyo caso deberá dejarse sin efecto la designación hecha a su favor y nombrar en su lugar al ahora recurrente o, finalmente, que se encontrara en igualdad de condiciones, al menos respecto de algún designado, lo que deberá conducir a nombrarlo adicionalmente en los términos de la convocatoria respectiva y de la interpretación que de ella hizo el propio consejo, al designar dieciocho Jueces no obstante haber convocado para dieciséis plazas. En cualquiera de las hipótesis, deberá notificarse personalmente la resolución a las partes interesadas. Por otra parte, debe aclararse que de llegarse a alguna de las dos últimas decisiones será innecesario, dado el alcance relativo de la sentencia, circunscrito al recurrente, que se haga referencia a todos los concursantes e, incluso, a todos los designados.

Lo anterior significa que este órgano colegiado considera que el Consejo de la Judicatura Federal se encuentra en posibilidad de reexaminar todos los elementos de que pueda disponer, lo que podría conducir, bien a confirmar el resultado anterior de excluir al ahora recurrente, o a modificarlo, incluyéndolo entre los Jueces de Distrito designados por concurso de méritos, reservando su adscripción para el momento en que se produjera una nueva vacante. En la hipótesis de que la conclusión fuera la de ratificar la exclusión, se tendría que proceder a notificar la nueva resolución en los términos previstos por el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Finalmente, debe precisarse que de conformidad con lo establecido en los dos últimos párrafos del artículo 128 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cualquiera que sea la conclusión a la que llegue el Consejo de la Judicatura Federal, la nulidad decretada no puede producir la invalidez de las actuaciones de los Jueces de Distrito designados, a que se ha hecho referencia. Además, mientras se dicte esa nueva resolución, queda intocado y debe continuar surtiendo sus efectos, el resultado de la designación de Jueces de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de mil novecientos noventa y seis. Con posterioridad, deberá darse la misma situación, salvo respecto de uno de los nombrados si llegara a resolverse que el ahora recurrente tuvo mayores méritos que él, debiendo ocupar su sitio.

Por lo anteriormente expuesto y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 100, párrafo octavo, de la Constitución Federal, 122 y 123, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Es fundado el recurso de revisión administrativa interpuesto.

SEGUNDO.-Se declara la nulidad de la resolución impugnada que se precisa en el primer resultando de este fallo, únicamente en cuanto excluyó a ... de la designación de Juez de Distrito, para los efectos precisados en el último considerando.

Notifíquese; haciéndolo personalmente al interesado y, por oficio, al Consejo de la Judicatura Federal; y, en su oportunidad, archívese este asunto como concluido.

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Azuela Güitrón, Díaz Romero, Góngora Pimentel, Ortiz Mayagoitia, Román Palacios, Sánchez Cordero, Silva Meza y presidente en funciones Castro y Castro. El señor presidente José Vicente Aguinaco Alemán no asistió por estar atendiendo otras actividades inherentes a su cargo. El señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, no asistió previo aviso. Fue ponente en este asunto el señor Ministro Mariano Azuela Güitrón.

Nota: Los rubros a que se alude al inicio de esta ejecutoria corresponden a las tesis P. XXXIV/97 y P. XXXVI/97 publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, páginas 121 y 128, respectivamente. De la misma resolución también derivaron las tesis P. XXXI/97, P. XXXII/97, P. XXXV/97, P. XXXIII/97 y P. XXX/97, de rubros: "REVISIÓN ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE RESOLUCIONES DE DESIGNACIÓN DE JUECES DE DISTRITO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO RELATIVO ESTÁN LEGITIMADOS EN CUANTO SE AFECTE SU INTERÉS JURÍDICO.", "REVISIÓN ADMINISTRATIVA. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA DESIGNACIÓN DE JUECES DE DISTRITO A TRAVÉS DE UN CONCURSO DE MÉRITOS.", "REVISIÓN ADMINISTRATIVA. LA SENTENCIA QUE DICTE EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DEBE SEÑALAR CON PRECISIÓN EL ALCANCE DE LA NULIDAD DECRETADA, DE ACUERDO CON SUS CARACTERÍSTICAS.", "REVISIÓN ADMINISTRATIVA. LOS CONCEPTOS DE NULIDAD AJENOS AL INTERÉS JURÍDICO DEL PROMOVENTE SON INOPERANTES." y "REVISIÓN ADMINISTRATIVA. SI LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL NO SE NOTIFICÓ LEGALMENTE, EL CÓMPUTO PARA DETERMINAR SI SE INTERPUSO EN TIEMPO DEBE HACERSE A PARTIR DE QUE EL RECURRENTE SE OSTENTÓ SABEDOR DE LA MISMA.", publicadas en las páginas 129, la primera; 130, la segunda; 131 la tercera y cuarta, y 132, la última, de esa misma publicación.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5763-0245bf6f/concurso-de-meritos-si-se-designan-jueces-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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