REGLAMENTO SOBRE LAS RELACIONES LABORALES ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y SUS TRABAJADORES DE SEGURIDAD PÚBLICA. SUPLETORIEDAD DE LA LEY LABORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).
AMPARO EN REVISIÓN 480/98. LETICIA MALDONADO HERRERA.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Son esencialmente fundados los motivos de agravio transcritos y en su deficiencia serán suplidos por este tribunal, en términos del artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, en virtud de ser el trabajador quien impetra la acción constitucional.
Previo al estudio del problema jurídico planteado, cabe destacar que en la especie se reclamaron diversas prestaciones de carácter laboral, como lo es la nivelación salarial, los pagos de diferencias salariales, prima vacacional, salarios caídos y horas extras, así como reinstalación en el trabajo.
Ahora bien, la Juez de Distrito para negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, lo hizo bajo los argumentos de que la Junta de Honor y Justicia en el Estado al emitir su resolución dentro del expediente administrativo 57/96, que constituía el acto reclamado, determinó que no se acreditó durante la secuela del juicio natural, mediante prueba fehaciente alguna, que un celador percibiera $829.34 (ochocientos veintinueve pesos 34/100 moneda nacional), la existencia de la categoría a la que dicho salario correspondiera, ni que hubiera recibido un sueldo inferior del asignado a su categoría, y que se estimaba que existía una oscuridad al no precisar "el reclamante" qué días de la semana laboraba, por lo que ante esa imprecisión no podía proceder el concepto de horas extras reclamado; argumentaciones que consideró infundadas la Juez Federal, determinando que tal pronunciamiento no resultaba violatorio de las garantías individuales de la quejosa, puesto que ésta en su demanda laboral omitió señalar los días en los que realmente tuvo verificativo la jornada extraordinaria durante el tiempo que duró la relación laboral, omitiendo así mismo precisar cuántas horas correspondía a cada uno de los días laborados; por lo que consideró que la absolución decretada en favor del gobierno del Estado era legal.
De igual forma, la Juez constitucional en su fallo impugnado señaló, que aunque la quejosa en sus conceptos de violación indicó que si la Junta responsable consideró como procedente la excepción de oscuridad opuesta por el demandado, debió prevenir al actor para que aclarara su demanda; esas argumentaciones además de inatendibles carecían de sustento jurídico, toda vez que el reglamento que regula las relaciones laborales entre el Gobierno del Estado de Tamaulipas y sus elementos de seguridad pública, en ninguno de sus artículos prevé que la Junta esté obligada a prevenir a la actora para aclarar su demanda, además de que en el caso a estudio, no era aplicable la Ley Federal Trabajo, pues conforme al artículo 5o. del reglamento en cita, sólo se aplicarían supletoriamente en lo no dispuesto por este ordenamiento, la costumbre, el uso y los principios generales de derecho, mas en momento alguno hacía referencia a la codificación laboral.
Contrario a lo señalado por la Juez de Distrito, es inexacto que la autoridad responsable no estuviera obligada a requerir al actor para que aclarara su demanda por cuanto omitió expresar respecto de la nivelación de salarios que reclama, es decir la diferencia existente entre el que percibía y el que según la quejosa debió de haber percibido, los días de la semana en que laboró en forma extraordinaria, así como las horas extras correspondientes a cada uno de esos días, y además la hora en que iniciaba y fenecía la jornada laboral extraordinaria.
Lo anterior es así, toda vez que del análisis del escrito inicial de demanda laboral que obra a fojas doce y trece del sumario, se advierte que el actor ahora recurrente fue impreciso respecto a los aludidos conceptos, razón por la cual, contrario a lo sustentado por la Juez constitucional, la señalada irregularidad de la demanda hacía necesario que la Junta del conocimiento oficiosamente previniera al trabajador para que diera cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 83 del Reglamento sobre las Relaciones Laborales entre el Gobierno del Estado y sus Trabajadores de Seguridad Pública, que establece:
"Artículo 83. La demanda deberá contener: I. El nombre, domicilio y empleo del reclamante. II. El nombre, domicilio y designación oficial del demandado. III. El objeto de la demanda. IV. Una relación detallada de los hechos, y, V. La indicación del lugar en que puedan obtenerse las pruebas que el demandante no pudiere aportar y que tengan por objeto la verificación de los hechos en que se funda la demanda y las diligencias que con el mismo fin se soliciten para ser practicadas por la Junta. A la demanda se acompañarán las pruebas de que disponga el demandante y los documentos que acrediten la personalidad del representante en caso de que el demandado no pueda ocurrir personalmente."
Ello, porque si bien el citado reglamento no prevé expresamente que en caso de que la autoridad notare alguna irregularidad en el escrito de demanda, al admitir ésta deberá señalar a la actora los defectos u omisiones en que haya incurrido, previniéndola para que los subsane dentro de un término prudente, no significa que exista una imposibilidad legal para hacerlo. Por el contrario, dada la naturaleza de las prestaciones que se reclaman, las que evidentemente tienen el carácter de laborales, pues se demanda tiempo extra laborado, el Tribunal de Honor y Justicia tiene la obligación de aplicar de manera supletoria la Ley del Servicio Burocrático del Estado de Tamaulipas y aún más la Ley Federal del Trabajo, para que dentro del procedimiento laboral pueda el demandante aclarar y precisar sus pretensiones, así como los hechos contenidos en su escrito inicial de demanda; oportunidad que se da hasta antes de la contestación a la misma; ello con independencia de que las relaciones entre el Estado y los cuerpos de seguridad se rijan por sus propias leyes especiales, lo cual se encuentra reconocido por la Constitución General de la República (artículo 123, apartado B, fracción XIII), la Carta Fundamental del Estado (artículo 91 fracción IX), y del 4o. de la Ley del Servicio Burocrático del Estado de Tamaulipas. Cabe hacer hincapié que con tal proceder no se altera el equilibrio procesal que debe imperar en el juicio, pues es obvio que la parte demandada está en posibilidad legal de referirse en su escrito de contestación, a cada uno de los hechos de la demanda, sobre todo a aquellos que fueron objeto de aclaración o ampliación.
Para arribar a dicha conclusión debe tomarse en cuenta el reconocimiento de que los elementos que integran los cuerpos de seguridad pública, son trabajadores de confianza del gobierno del Estado, lo cual encuentra su base legal en los mencionados preceptos constitucionales y en el citado artículo 4o., fracción II, inciso A), subinciso g), número 9 de la Ley del Servicio Burocrático del Estado de Tamaulipas, que textualmente prevé: "Artículo 4o. Los trabajadores del gobierno del Estado se dividen en: ... II. Los de confianza que se identifican como sigue: A) En el Poder Ejecutivo ... g) Los demás que desempeñen funciones de: ... 9. Los cuerpos de seguridad pública, que se integran por la Policía Judicial del Estado, Rural, Tránsito y quienes prestan sus servicios en los Centros de Rehabilitación Social y que se rigen por sus propias disposiciones reglamentarias.", disposición que es acorde con lo previsto en el citado artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal.
A su vez, el artículo 74 del referido reglamento, establece:
"Artículo 74. La Junta de Honor y Justicia residirá en la capital del Estado y será competente para conocer de los conflictos de carácter laboral que se susciten entre elementos de los cuerpos de seguridad pública y el gobierno del Estado o sus funcionarios y para los demás casos que en este mismo reglamento se especifica."
De lo antes expuesto se sigue, que dada la naturaleza especial del servicio que prestan los mencionados elementos de los cuerpos de seguridad pública, sus relaciones laborales con el Estado se encuentran regidas por el mencionado Reglamento sobre las Relaciones Laborales entre el Gobierno del Estado y sus Trabajadores de Seguridad Pública, en cuyo artículo 82 se establece el procedimiento ordinario para resolver las controversias que se someterán a la Junta de Honor y Justicia, el cual se reducirá: a) A la presentación de la demanda escrita; b) A la respuesta que en igual forma se dé a la demanda respectiva; c) Y a una sola audiencia de pruebas y alegatos. Luego entonces, si atento a lo expuesto, el invocado reglamento en la parte que interesa prevé: "Artículo 83. La demanda deberá contener: ... III. El objeto de la demanda. IV. Una relación detallada de los hechos."; una armónica interpretación de los aludidos preceptos del citado reglamento y de las referidas disposiciones, tanto constitucionales como legales, válidamente puede concluirse que el propio procedimiento permite la oportunidad para precisar, perfeccionar, delimitar o extender las pretensiones o hechos que fundamentan la reclamación, lo que podrá realizarse hasta el momento en que la demandada produzca su contestación; y ello porque no obstante la especial naturaleza de ese procedimiento laboral burocrático, persiste la intención del legislador para que se protejan los intereses del trabajador, subsistiendo el principio de la suplencia de la demanda, de oficio, por la autoridad; que opera atento a la regla de que el proceso se inicia a instancia de parte, y conforme al cual sólo el trabajador está en aptitud de proporcionar los datos que aclaren, regularicen o concreten los términos de su demanda, siempre con un estricto respecto a las garantías de audiencia de legalidad, certeza y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales.
En ese orden de ideas, las normas rectoras de la suplencia tienen en común que no establecen una facultad discrecional del tribunal laboral, en este caso concreto, de la Junta de Honor y Justicia, para subsanar o mandar corregir irregularidades y omisiones sino que constituyen un verdadero imperativo que la obliga a intervenir en cada caso, según corresponda, en beneficio de la trabajadora, especialmente cuando la demanda es incompleta, oscura o vaga, o en el caso de acciones contradictorias.
Es importante señalar que el Reglamento sobre las Relaciones Laborales entre el Gobierno del Estado y sus Trabajadores de Seguridad Pública, específicamente en su artículo 5o., literalmente dice:
"En lo no dispuesto por este reglamento, se aplicarán supletoriamente la costumbre, el uso y los principios generales del derecho, buscando siempre no contrariar el espíritu de este reglamento y la naturaleza de las relaciones que rige, considerando la seguridad pública como uno de los fines supremos del Estado."
En esa tesitura, contrario a lo sustentado por el Juez de amparo en su resolución que aquí se revisa, en el caso a estudio debe considerarse a la Ley Federal del Trabajo como supletoria del multicitado reglamento, en atención a que, si éste admite la supletoriedad de, entre otros, los principios generales del derecho, los cuales tienden entre otros nobles y justos propósitos a que los órganos jurisdiccionales cumplan cabalmente con su alta función de administrar justicia; es inconcuso que en el caso, ante la ausencia de una norma que regule la aclaración de la demanda, como así se encuentra en la mayoría de los códigos adjetivos, incluida la ley obrera, cuando las demandas son oscuras e imprecisas, y paralelo a ello, ante la disposición expresa del tantas veces mencionado reglamento en el sentido de que los principios generales del derecho son supletorios del mismo; es inevitable arribar a la conclusión de considerar la supletoriedad de mérito, y con base en lo dispuesto por el artículo 873, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo, otorgar la protección federal a efecto de que la responsable deje insubsistente la resolución combatida así como todo lo actuado, y a partir del auto de radicación de la demanda, requiriera a la actora a efecto de que subsane las irregularidades apuntadas, para después resolver con plenitud de jurisdicción lo conducente respecto a las prestaciones reclamadas y demás excepciones opuestas por la parte contraria.
No es obstáculo para la anterior conclusión, la circunstancia de que la Juez de Distrito para apoyar la resolución que aquí se revisa se haya basado, entre otras, en la tesis sustentada por este Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, correspondiente al mes de diciembre de 1993, en la página 902, bajo el rubro: "LEY DEL SERVICIO BUROCRÁTICO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, CASO EN EL QUE NO ES SUPLETORIA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO A LA.", toda vez que la nueva integración de este cuerpo colegiado, no comparte el criterio de la tesis que al efecto se invoca.
En las relatadas condiciones, al resultar esencialmente fundados los agravios hechos valer, procede revocar la resolución impugnada, y en su lugar conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para los efectos precisados en el cuerpo de este fallo.
Similar criterio ha sustentado este tribunal al resolver los juicios de amparo en revisión números 215/98-X, 322/98-IV y 423/98-VI con fechas catorce de enero y siete de mayo de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de votos de los Magistrados integrantes de este cuerpo colegiado, siendo ponente en el primero de ellos la Magistrada Olga Iliana Saldaña Durán, y en los restantes el Magistrado Guillermo Loreto Martínez.
Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se revoca la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Leticia Maldonado Herrera, contra la autoridad y por el acto que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, y para los efectos indicados en el último considerando de la resolución recurrida.
Notifíquese como corresponda; con testimonio de la presente resolución, vuelvan los autos al lugar de su origen y en su oportunidad archívese el asunto como concluido.
Así lo resolvió este Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Lucio Antonio Castillo González, Guillermo Loreto Martínez y Olga Iliana Saldaña Durán, siendo ponente el segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5853-5e41cb73/reglamento-sobre-las-relaciones-laborales-entre-el-gobierno · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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