Corpus
Modo: Corpus Pro

REVISIÓN ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA SANCIÓN CONSISTENTE EN LA SUSPENSIÓN TEMPORAL IMPUESTA A MAGISTRADOS Y JUECES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 4/97. · Registro digital (IUS): 5880
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, , Pág. 550.

REVISIÓN ADMINISTRATIVA (CONSEJO) 4/97.

MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.

SECRETARIO: JORGE CARREÓN HURTADO.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Es improcedente el recurso de revisión administrativa que se promueve.

El Magistrado Luis Gilberto Vargas Chávez, consejero comisionado por el Consejo de la Judicatura Federal para gestionar en este asunto, al rendir su informe plantea la improcedencia del presente recurso.

En opinión del prenombrado consejero, la resolución en contra de la que se promueve este recurso, no es impugnable a través de ese medio de defensa legal ni de algún otro, ya que de conformidad con el artículo 100, párrafo octavo de la Constitución General de la República, en relación con el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se requiere que la decisión impugnada se refiera a algún nombramiento, adscripción, cambio de adscripción o remoción de Magistrado de Circuito o Juez de Distrito, y en el caso a estudio la resolución combatida versa sobre una suspensión temporal sin goce de sueldo en el desempeño del cargo de Magistrado de Circuito del promovente.

Se dice en el informe a que se hace referencia, que no obstante que existen antecedentes en este Tribunal Pleno al fallar otras revisiones administrativas, en las que se equiparó la no ratificación de servidores públicos en su cargo de Magistrado de Circuito a la remoción prevista en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tales fallos no pueden servir de base para estimar la procedencia de la presente revisión, porque en aquellos casos la litis versó sobre la no ratificación en el referido puesto, y por ende, el criterio que se sostuvo no puede referirse al tema de una suspensión temporal impuesta por el mismo organismo, sobre todo si se toma en consideración que dichas decisiones tienen objetivos diferentes entre sí, pues el propósito de la ratificación es dilucidar lo aceptable, durante seis años, en el desempeño del cargo de Magistrado de Circuito, en tanto que la suspensión temporal se aplica como una sanción administrativa; que tampoco se puede sostener que la suspensión se equipare a una remoción, pues desde el punto de vista tanto gramatical como jurídico la connotación es diferente entre ambas, ya que gramaticalmente remover tiene el significado que transcribe el Magistrado ... en su escrito de agravios, pero en cambio la palabra suspensión tiene varios significados de lo que se aprecia que se aplica a un tiempo limitado y que por ende sus efectos son temporales pero no definitivos, razón por la cual no puede haber similitud ni menos identidad en la acepción de esos verbos: suspender y remover.

Por su parte, en relación con la procedencia del recurso que se resuelve, el Magistrado ... alega, en esencia, que la determinación del Consejo de la Judicatura Federal de suspenderlo en el ejercicio de su encargo, constituye una separación que no es otra cosa que una remoción temporal, porque el término remoción no lleva implícita la idea de temporalidad.

Resulta de interés lo que al respecto sostiene el promovente, cuando afirma que: "El vocablo remoción al que alude el artículo 122, de la ley en comento tiene el siguiente significado gramatical ... según el Diccionario de la Lengua Española, vigésima edición, tomo II, página 1169, que expresa: ‘Remoción (Del lat. remotio, -onis) f. Acción y efecto de remover y removerse.’.-A su vez el vocablo remover al que remite la cita anterior, significa lo siguiente: ‘Remover (Del lat. removere.) tr. Pasar o mudar una cosa de un lugar a otro. ú.t.c. prnl. 2. Quitar, apartar, u obviar un inconveniente. 3. Conmover, alterar alguna cosa o asunto, ú.t.c. prnl. 4. Deponer o apartar a uno de su empleo o destino.’.-Adviértase que tanto el verbo como su declinación, son ajenos a su temporalidad, de tal manera que igual se remueve en definitiva que por un tiempo determinado.".

Continúa manifestando el recurrente, que: "Por su parte el vocablo suspensión tiene la significación siguiente, tomada de idéntica fuente y que en lo conducente dice: ‘Suspensión (Del lat. suspensio, -onis) f. Acción y efecto de suspender o suspenderse. 2. Censura eclesiástica y corrección gubernativa que en todo o en parte priva del uso del oficio, beneficio o empleo o de sus goces y emolumentos.’.-De la misma manera que el vocablo anterior (remoción), no se vincula con su temporalidad, la suspensión puede ser definitiva o bien temporal.-Luego entonces, si el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia para conocer del recurso de revisión contra decisiones dictadas por el Consejo de la Judicatura Federal en tratándose de remociones de Magistrados y Jueces, ello implica que tal facultad no está limitada a la temporalidad de tal acción y que tan tiene facultades para conocer de tales recursos en lo referente a remociones definitivas como temporales ... existe otro vocablo en conflicto ... Dicho concepto se define de la siguiente forma: ‘Destitución (Del lat. destitutio) f. Acción y efecto de destituir.-Y a su vez, destituir significa: Destituir (Del lat. destituere.) tr. Privar a uno de alguna cosa. 2. Separar a uno de su cargo como corrección o castigo.’.-Como se aprecia dicho verbo no se vincula con su temporalidad y significa la separación del cargo como corrección o castigo, de donde remover por tiempo determinado, suspender por tiempo determinado y destituir por tiempo determinado; son conductas implícitas en la suspensión definitiva, remoción definitiva o destitución definitiva; y por ende, es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el conocer de recursos de revisión contra decisiones del Consejo de la Judicatura Federal que remuevan, suspendan o destituyan por vía de corrección administrativa, sea en forma temporal o definitiva."

La procedencia del recurso de revisión administrativa deriva de las disposiciones contenidas en el octavo párrafo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los numerales 122 y 140 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El artículo 100 del Pacto Supremo, en el texto actual de su octavo párrafo, establece:

"Art. 100. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes. ... Las decisiones del consejo serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieran a la designación, adscripción y remoción de Magistrados y Jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva. ..."

La iniciativa de reformas de diversos preceptos constitucionales, entre los que se encuentra el numeral transcrito, de fecha cinco de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en lo que al caso interesa, señala:

"Exposición de motivos.-Adicionalmente a los cambios propuestos en lo concerniente a las competencias judiciales de la Suprema Corte de Justicia, la iniciativa propone que sus atribuciones administrativas sean asignadas a un órgano de nueva creación. Este órgano se integraría por personas designadas por los tres Poderes de la Unión, quienes ejercerían sus funciones por un tiempo limitado y serían sustituidos mediante un sistema de escalonamiento. Con la liberación de las cargas de trabajo administrativo, el Pleno de la Suprema Corte contará en adelante con mayor tiempo para el desahogo de sus funciones jurisdiccionales.-Este órgano de administración sería responsable de velar por la independencia de los Jueces y Magistrados, y cuidaría que en todo momento se apliquen estrictamente los principios de la carrera judicial, a fin de garantizar la adecuada calificación de las personas que asuman la función jurisdiccional ... Administración del Poder Judicial de la Federación ... De acuerdo con la iniciativa que ahora someto a su consideración, se propone modificar el artículo 100 constitucional a fin de que las funciones administrativas que hasta ahora ejerce la Suprema Corte recaigan en un Consejo de la Judicatura Federal. El mismo estaría integrado por siete miembros, y lo presidiría el Ministro que resulte electo para presidir la Suprema Corte. De los seis miembros restantes del consejo, dos serán designados por la Cámara de Senadores, uno electo por los Jueces de Distrito, uno electo por los Magistrados de Circuito y dos designados por el presidente de la República. Salvo en el caso del presidente de la Suprema Corte, los miembros durarán en su cargo cinco años, llevándose a cabo su renovación de manera escalonada. ... Debido a la importancia de las funciones que habrán de realizar en lo tocante a la integración, administración y vigilancia de una buena parte de un poder del Estado, se propone modificar los artículos 110 y 111 constitucionales a fin de respectivamente, hacer a los miembros del Consejo de la Judicatura Federal sujetos de juicio político y otorgarles la correspondiente inmunidad procesal.-Atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal.-Entre las atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal que deben ser destacadas, se encuentran las relativas al nombramiento, adscripción, promoción y remoción de Jueces y Magistrados. Es decir, las cuestiones relativas a la carrera judicial. Con el enorme crecimiento del número de órganos del Poder Judicial de la Federación que hubo a comienzos de la década pasada, y que llegó a ser en promedio de veintiún tribunales y juzgados por año, la designación de sus titulares significó un problema y se dio cabida a la improvisación del personal. A fin de que en lo futuro se eleve la calidad profesional de quienes habrán de impartir justicia, mediante esta reforma se pretende elevar a rango constitucional la carrera judicial, de manera que en lo futuro el nombramiento, adscripción y remoción de Jueces y Magistrados quede sujeta a los criterios generales, objetivos e imparciales que al respecto determinen las leyes.-De acuerdo con la adición que se propone al artículo 94, al consejo le corresponderá también la deleitación (sic) territorial de los circuitos y distritos judiciales de todo el país, así como la determinación del número de órganos y las materias que éstos deban conocer. Ello es así, en tanto que estas tareas implican la distribución de las cargas de trabajo y la ubicación geográfica de los órganos, cuestiones que requieren de un conocimiento primordialmente administrativo.-El consejo deberá realizar la vigilancia y supervisión de los órganos jurisdiccionales así como de las conductas de sus titulares, en concordancia con la competencia que le corresponde para el nombramiento y remoción de estos funcionarios. Esta última será una de las competencias del Consejo de la Judicatura Federal que mayores beneficios habrá de reportar a la impartición de Justicia Federal pues facilitará que se detecten las anomalías, los delitos o el cabal cumplimiento de las tareas por parte de los Jueces, Magistrados y personal ..."

Se obtiene de esta transcripción, que a virtud de las reformas constitucionales, se creó un órgano encargado de las funciones administrativas antaño encargadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que el Máximo Tribunal se aboque exclusivamente a la función jurisdiccional; que dicho órgano de nueva creación, que se denomina Consejo de la Judicatura Federal, será el responsable de velar por la independencia de los Jueces y Magistrados, y cuidará que en todo momento se apliquen estrictamente los principios de la carrera judicial, a fin de garantizar la adecuada calificación de las personas que asuman la función jurisdiccional; como consecuencia de ello, entre sus atribuciones se encuentran las relativas al nombramiento, adscripción, promoción y remoción de Jueces y Magistrados; a fin de elevar la calidad profesional de quienes habrán de impartir justicia, y dado que se pretende elevar a rango constitucional la carrera judicial, en lo futuro el nombramiento, adscripción, promoción y remoción de Jueces y Magistrados quedarán sujetos a los criterios generales, objetivos e imparciales que al respecto determinen las leyes.

También se destaca en la iniciativa que se comenta, que el consejo deberá realizar la vigilancia y supervisión de los órganos jurisdiccionales así como de las conductas de sus titulares, en concordancia con la competencia que le corresponde para el nombramiento y remoción de estos funcionarios, atribución ésta que se consideró la que mayores beneficios reportará a la impartición de justicia, en virtud de que facilitará que se detecten las anomalías, los delitos o el cabal cumplimiento de las tareas por parte de los Jueces, Magistrados y personal.

Atendiendo a las anteriores consideraciones, la iniciativa en cuestión propuso la reforma del octavo párrafo del artículo 100 constitucional, en el sentido de que "las decisiones del consejo serían definitivas e inatacables".

Sin embargo, en la sesión celebrada en la Cámara de Senadores el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, relativa a la segunda lectura del dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Justicia, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera Sección, obra lo siguiente:

"El C. Secretario Varela Flores: Se modifica el penúltimo párrafo del artículo 100, para quedar como sigue: ‘Las decisiones del consejo serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieran a designación, adscripción, remoción de Magistrados y Jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.’.-La suscriben los senadores Amador Rodríguez Lozano, José Trinidad Lanz Cárdenas, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Gabriel Jiménez Remus y Salvador Rocha Díaz.-En votación económica, se consulta a la asamblea, si se acepta la modificación propuesta. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.-(La asamblea asiente).-Aprobada, señor presidente."

El dictamen correspondiente fue aprobado por la Cámara de Diputados, en la sesión celebrada el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.

Por su parte, los artículos 122 y 140 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en vigor al día siguiente, en su orden, disponen:

"Artículo 122. Las decisiones dictadas por el Consejo de la Judicatura Federal serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieren al nombramiento, adscripción, cambio de adscripción y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, las cuales podrán impugnarse ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, mediante el recurso de revisión administrativa.-El recurso de revisión administrativa tendrá como único objeto que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia determine si el Consejo de la Judicatura Federal nombró, adscribió o removió a un Magistrado de Circuito o Juez de Distrito, con estricto apego a los requisitos formales previstos en esta ley o en los reglamentos interiores y acuerdos generales expedidos por el propio Consejo de la Judicatura Federal.".-"Artículo 140. Las resoluciones por las que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal imponga sanciones administrativas consistentes en la destitución del cargo de Magistrado de Circuito y Juez de Distrito, podrán ser impugnadas por el servidor público ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia mediante el recurso de revisión administrativa."

La iniciativa de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de fecha diez de abril de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el tema que nos ocupa, dice:

"... Los cambios recientes a la Constitución en materia de impartición de justicia no sólo afectaron a las cuestiones de carácter jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia o las relativas a la designación de sus integrantes. Adicionalmente a esos cambios, se contempló que las atribuciones administrativas con que originalmente contaba la Suprema Corte de Justicia fueran asignadas a un nuevo órgano de carácter exclusivamente administrativo, denominado Consejo de la Judicatura Federal ... De los órganos jurisdiccionales.-Como se indicó, y como consecuencia de las reformas constitucionales, un buen número de las atribuciones administrativas y disciplinarias que ejercitaba la Suprema Corte de Justicia fueron conferidas al Consejo de la Judicatura Federal ... Las modificaciones constitucionales al régimen de competencias de la Suprema Corte de Justicia hacen necesario que en la ley orgánica se recoja un nuevo marco normativo que le permita, por un lado, cumplir con sus nuevas funciones de Máximo Tribunal jurisdiccional y, por el otro, dejar de ser el órgano de gobierno de todo el Poder Judicial de la Federación ... En materia jurisdiccional, y atendiendo también a lo dispuesto en el nuevo artículo 100 de la Constitución, se confiere al Pleno de la Suprema Corte de Justicia la delicada atribución de revisar las decisiones que dicte el Consejo de la Judicatura Federal en materia de nombramiento, adscripción y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. En atención a las características de este recurso, se establece con gran precisión la legitimación para interponerlo y se propone que el procedimiento al que habrá de sujetarse sea sencillo y ágil.-Es necesario destacar que el objeto del recurso se limita a determinar si la adscripción, nombramiento o remoción se llevó a cabo con estricto apego a los requisitos formales previstos en la ley y en las demás disposiciones generales aplicables y que, en caso de declararse fundado, producirá la nulidad del acto impugnado para el efecto de que se emita una nueva resolución; sin embargo, para salvaguardar el principio de seguridad jurídica, tal declaratoria no conllevará la nulidad de las actuaciones del Magistrado de Circuito o Juez de Distrito previamente nombrado o adscrito ..."

De lo transcrito destaca que la facultad que el legislador secundario otorgó a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de revisar las decisiones que dicte el Consejo de la Judicatura Federal, se contrae únicamente a las materias de nombramiento, adscripción y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; por lo cual se enfatiza en la iniciativa en comento, que se establece con gran precisión la legitimación para interponerlo. Es decir, sólo podrán interponer el recurso de revisión administrativa, quienes hayan resultado afectados por una decisión del Consejo de la Judicatura Federal sobre nombramiento, adscripción y remoción de Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito.

El dictamen de primera lectura de la Cámara de Senadores, de fecha veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y cinco, en lo que al caso interesa, es del tenor literal siguiente:

"La legalidad del procedimiento.-El título de la carrera judicial contiene un capítulo también para hacer efectiva la disposición constitucional de garantizar la legalidad en el procedimiento de ingreso, adscripciones, cambios de éstos y, en su caso, cuando se den las causales previstas en otras partes de la ley para la remoción de los Magistrados de Circuito y de los Jueces de Distrito.-Para esto se crea un recurso que se denomina de revisión administrativa para pedir el examen de las actuaciones del Consejo de la Judicatura Federal en esta materia, invocando la alzada plena de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien sin mayor trámite, conociendo el escrito de revisión y los datos del expediente en cuestión, turnará el caso a un miembro para que se elabore la ponencia y con base en ella resolverá de plano.-La iniciativa también delimita con exactitud los efectos de esas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, que en todo caso declararán solamente la nulidad del acto impugnado, para que el órgano revisado, que es el Consejo de la Judicatura Federal, provea una nueva resolución sobre la materia. La iniciativa al respecto, tiene buen cuidado en disponer que dicha nulidad no ha de producir la invalidez de las actuaciones judiciales, ni tampoco que se interrumpan durante el trámite de la revisión, los efectos de la resolución impugnada.-Al desarrollar reglamentariamente este asunto, se consigue a cabalidad la certeza en las actuaciones que se realicen dentro de los procedimientos de la carrera judicial, pero también la certidumbre de la definitividad e inatacabilidad de las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, pues este recurso es excepcional y no se da en ningún otro caso en que el consejo ejerce sus funciones, y el mismo considera como parte legítima únicamente a las personas que hayan participado en los concursos de oposición sin haber resultado favorecidos y desde luego, a los Jueces y Magistrados afectados por las resoluciones de remoción o por las negativas para cambiarles de adscripción, cuando así lo hubieren solicitado."

Este dictamen fue aprobado por la Cámara de Senadores en la sesión del veinticinco de abril de mil novecientos noventa y cinco, y en la Cámara de Diputados en la sesión correspondiente al diecinueve de mayo del mismo año.

De los antecedentes legislativos referidos, se obtiene que, por regla general, las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal son definitivas e inatacables, y sólo cuando versen sobre nombramiento, adscripción y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, procederá en su contra el recurso de revisión administrativa, por lo cual este recurso es excepcional y no se da en ningún otro caso en que el consejo ejerce sus funciones.

En relación con la procedencia excepcional del medio de defensa que se examina, este Alto Tribunal en diversas ejecutorias que resolvieron recursos de revisión administrativa interpuestos también en contra de resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal, estableció la similitud entre la no ratificación y la remoción, tal como se desprende del criterio siguiente:

"REVISIÓN ADMINISTRATIVA. EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 100, PÁRRAFO OCTAVO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PROCEDE CONTRA LA REMOCIÓN DE UN MAGISTRADO DE CIRCUITO, POR CUALQUIER CAUSA.-El decreto del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, que reformó entre otros, el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableció que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal son inatacables, excepto las que se refieran a designación, adscripción y remoción de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito. Por tanto, como el legislador no limitó la procedencia del recurso a los casos en que expresa y literalmente se utilizaran esas palabras, debe atenderse sólo al significado de esos enunciados o expresiones, pues el señalamiento de ciertos términos no implica exclusión de otros que refieren un hecho idéntico. En consecuencia, si existe una resolución de remoción por no haberse ratificado a un Magistrado de Circuito, debe entenderse que sí procede el recurso de revisión administrativa establecido en el mencionado precepto constitucional."

(Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: V, marzo de 1997. Tesis: P. XLVIII/97. Página: 258).

La hipótesis que se contempla en la tesis anterior, se refiere a una resolución de remoción por no haberse ratificado a un funcionario en su puesto. En este aspecto, la no ratificación y la remoción producen exactamente los mismos efectos: privación del cargo.

Ciertamente, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene facultades para interpretar el artículo 100 de la Constitución Federal, en cuanto establece el recurso de revisión administrativa contra las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal, relativas a la designación, adscripción y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, tal como se establece en el criterio siguiente:

"REVISIÓN ADMINISTRATIVA, RECURSO CONTRA RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL RESOLVERLO.-El examen armónico de los artículos 100 constitucional, y 11, fracciones VIII y IX, y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, permite considerar que el Pleno de la Suprema Corte tiene la facultad de interpretar, entre otros preceptos, el citado en primer término, en cuanto establece el recurso de revisión administrativa contra las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal, relativas a la designación, adscripción y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Para ejercer esa facultad interpretativa, el Tribunal Pleno parte de dos principios esenciales que rigen este medio de impugnación: 1) El respeto a la garantía de audiencia, que sólo puede cumplirse cabalmente cuando el afectado tiene oportunidad de invocar en su defensa todos los argumentos y razones que sean de su interés en contra de la resolución recurrida, así como de ofrecer y desahogar todas las pruebas que legalmente procedan; y, 2) La seguridad al Juez o Magistrado recurrentes de que la decisión correspondiente será examinada con apego a derecho por los dos órganos máximos del Poder Judicial Federal, finalidad fundamental del establecimiento de este recurso administrativo. Las bases rectoras anteriores dan pauta para considerar que, al decidir el recurso de revisión administrativa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene atribuciones para realizar un análisis completo y minucioso, tanto del procedimiento que se hubiere llevado a cabo, como de los hechos, pruebas, motivos y fundamentos que sustentan la resolución del Consejo de la Judicatura Federal, y determinar si se cumplieron los requisitos exigidos por la ley, sean de fondo o de forma."

(Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: III, marzo de 1996. Tesis: P. XXI/96. Página: 468).

Sin embargo, la interpretación que al efecto se realice, debe respetar el espíritu del legislador; y, en el caso de las decisiones que determinan la remoción de los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, la voluntad del legislador fue la de instaurar la revisión contra cualquier determinación que tenga como consecuencia la privación del cargo u oficio, por lo cual, todo acto o acción que actualice o tienda a ese fin debe considerarse como hipótesis de excepción contra la que sí procede el recurso de revisión administrativa.

Dentro de esos casos de procedencia del recurso de revisión administrativa se encuentran las decisiones que determinen la remoción de un Magistrado de Circuito o de un Juez de Distrito, y también las que entrañen destitución del cargo.

La suspensión por quince días de un Magistrado de Circuito en el desempeño de su cargo, impuesta como sanción por el aludido consejo al resolver una queja administrativa, no puede equipararse a una remoción como tampoco a una destitución, debido a que no conlleva la terminación de la relación laboral.

El efecto de la remoción y el de la destitución es la separación definitiva de una persona del puesto o empleo que había venido desempeñando. Se trata de actos que tienen efectos definitivos, lo que excluye la temporalidad a que alude el recurrente.

Coincidiendo con el recurrente en cuanto a que la suspensión por quince días es una separación temporal en el desempeño del cargo; sin embargo, la resolución que así lo determine es en todo caso un acto de molestia en su esfera jurídica pero no privativo, porque transcurrido el plazo de la sanción el inconforme regresa a desempeñar su encargo.

Resulta oportuno traer a colación la diferencia que este Alto Tribunal ha establecido entre actos privativos y actos de molestia, en la tesis que a continuación se transcribe:

"ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.-El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5880-46cbaaaf/revision-administrativa-es-improcedente-contra-la-sancion-consistente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.