CONFESIÓN JUDICIAL. ALCANCES DE LA PRODUCIDA EN LA DILIGENCIA DE EXEQUENDO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 60/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197-A de la Ley de Amparo, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los puntos segundo y tercero,
fracción V, del Acuerdo 1/1997, es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, ya que como sucede en el caso, se trata de criterios sustentados por tres Tribunales Colegiados de Circuito en la materia civil, competencia de esta Primera Sala, y que se refieren a la confesión formulada al practicarse la diligencia que cumplimenta el auto de exequendo, conforme a lo establecido en el Código de Comercio. Además, se está en el caso de emitir criterio sobre el fallo de contradicción, como se precisa en las consideraciones del mismo.
SEGUNDO.-El Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo civil 45/93, consideró lo siguiente:
"CUARTO.-Los conceptos de violación son infundados e inoperantes.-En efecto, el peticionario alega que la Sala considera como prueba plena el contenido del acta de embargo de veinticinco de abril de mil novecientos noventa y dos, en que se dice reconoció los títulos de crédito base de la acción y la deuda; lo que es erróneo porque si bien en el acta se asentó tal cosa ello no se hizo ante la presencia judicial para que se pudiera considerar como prueba plena, y por lo tanto se debió ratificar ante el Juez, lo que no fue así, y sin embargo se aplicó supletoriamente el artículo 283 del Código de Procedimientos Civiles, con violación del artículo 1235 del Código de Comercio que alude a que de la confesión que no se haga al absolver posiciones sino en otro acto del juicio se pedirá la ratificación para ser perfecta.-Lo alegado es inoperante porque si bien es verdad que la Sala no debió aplicar en forma supletoria el artículo 283 del Código de Procedimientos Civiles debido a que existe para la prueba confesional regulación expresa en el Código de Comercio en donde efectivamente el artículo 1235 determina que de la confesión que no se haga al absolver posiciones sino en diverso acto del juicio debe pedir el interesado la ratificación, sin embargo aun estimando que la Sala incorrectamente hizo derivar del embargo una confesión que por no haberse ratificado no es perfecta, aun así le asiste razón a la Sala al determinar que lo aseverado por el quejoso en la diligencia de embargo, en el sentido de que reconocía los títulos de crédito base de la acción y la deuda, agregando que había abonado como cincuenta millones y que ya sólo debía como ciento cincuenta millones, constituye prueba plena puesto que de cualquier forma el reconocimiento de los títulos y de la deuda se hizo ante el ejecutor del juzgado, quien es un funcionario investido de fe pública, además de que el mismo ordenamiento jurídico en cita, que regula el caso en el artículo 1294 determina que las actuaciones judiciales harán prueba plena, y así contrariamente a lo que pretende el quejoso, lo actuado en la diligencia de embargo incluyendo sus propias aseveraciones hacen prueba plena en su contra.-En otras palabras cuando en una diligencia de embargo el deudor hace reconocimiento expreso de la suscripción de los títulos de crédito base de la acción y la deuda que se le reclama, ello hace prueba plena en su contra por ser dicha diligencia una actuación judicial que se verifica ante el ejecutor del juzgado que está investido de fe pública y que al tenor del artículo 1294 del Código de Comercio que señala: ‘Artículo 1294. Las actuaciones judiciales harán prueba plena.’, tiene valor probatorio pleno.-El promovente señala que la Sala está equivocada cuando dice que si el demandado hubiera firmado los documentos con el único fin de garantizar el contrato no tenía por qué pagar o abonar cantidad alguna y menos reconocer la deuda de ciento cincuenta millones, pues al hacerlo se presume que los pagarés se suscribieron por haberse recibido una suma de dinero y no como garantía; lo que es incorrecto, dice el quejoso, puesto que dicha presunción la responsable la hace derivar del acta de embargo que no puede tener valor probatorio, por lo antes expuesto.-Lo anterior es inatendible en razón de que como ya se ha determinado, la diligencia de embargo sí fue considerada atinadamente por la Sala como prueba plena en el juicio.-El peticionario dice que aun cuando la manifestación vertida en la diligencia de veinticinco de abril se tomara como confesión, que sin embargo rindió pruebas en contra, conforme al artículo 1290 del Código de Comercio que vinieron a desvirtuarla pues una de las excepciones opuestas fue que los documentos se firmaron en calidad de garantía, lo que demostró con a) La documental consistente en el contrato de dieciséis de julio; b) El documento firmado por ambas partes el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa, en que se hizo constar que los once pagarés fungen como garantía del contrato; c) Con las respuestas dadas por la actora en su confesional; y d) Con las declaraciones que precisa de los testimonios de Miguel Ángel Torres Rivera y Alma Rosa María Castellanos.-Lo dicho es inexacto porque la excepción opuesta por el quejoso relativa a que los títulos de crédito los firmó como garantía, de ninguna forma la probó con las pruebas que enumera puesto que por lo que hace al contrato de dieciséis de julio, es de decirse que por sí no acredita que el demandado haya firmado los títulos para garantizar tal convenio, pues en él no se hizo mención a garantía alguna ni manifestación relativa de cómo se iba a dar o a operar dicha garantía.-Por otro lado, de la documental a que alude el peticionario de dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa, es de señalarse que asiste razón a la Sala para desestimarla por el hecho de que se encuentra contradicha con el contrato de dieciséis de julio en cuanto a las cantidades, pues mientras en el documento que nos ocupa se asienta que los once pagarés amparan la cantidad de doscientos millones, sin embargo en el convenio de dieciséis de julio se alude a que la participación de las partes para la formación de una sociedad anónima es de ciento cincuenta millones, a más de que de la lectura de este último convenio se ve, en la cláusula segunda, que se encuentra asentado que en la fecha de suscripción de tal contrato de dieciséis de julio de mil novecientos noventa, al demandado Rutilio Fortoso Avelino se le hizo un préstamo por la actora de ciento cincuenta millones, señalándose ahí que se cubrirían a ésta a la entrega de un préstamo bancario.-Por otra parte, si bien es correcto que el promovente señale que la confesional produce efecto en lo que perjudica al absolvente y que no es lógico darle eficacia a favor de éste, sin embargo lo asentado por la Sala respecto de la confesional de la actora haciendo hincapié de lo que dicha absolvente aseveró, no fue con el fin de tratar de validar tales aseveraciones en beneficio propio, sino para ponerle de manifiesto que la actora al absolver posiciones hacía clara distinción de la celebración del convenio de dieciséis de julio para la creación que tenían pensada de una sociedad anónima y la suscripción hecha por el demandado de los pagarés base de la acción.-En el mismo sentido fue que la Sala valoró la testimonial del quejoso, esto es, indicándole que las argumentaciones de sus testigos referían situaciones no dichas por su presentante (sic) durante el juicio y que por ello carecía de valor probatorio, lo que es correcto pues la Sala en lo que hace hincapié tanto de la confesional de la actora y como de la testimonial que ofreciera la demandada, es en cuanto a que tanto aquélla como los testigos aluden a una deuda diversa que tenía el demandado para con su contraparte que dio origen a unos cheques y que posteriormente fue la suscripción de los pagarés; declaraciones que como se ve no fueron hechas por el peticionario durante el juicio, ni las hizo valer en su contestación, ni excepciones, no obstante que sus mismos testigos las manejan, de donde son inatendibles las alegaciones que se analizan.-Cabe agregar que en forma contraria a lo que pretendió el promovente en relación con su excepción de que los pagarés son garantía de la suscripción de un contrato, prevalece el criterio de la Sala en el sentido de que tomando como base la diligencia de embargo en que se reconocen por el demandado tanto los títulos de crédito como la deuda, así como porque sus testigos presentados carecen de valor, y aún más que los títulos base de la acción constituyen conforme a un criterio jurisprudencial que invoca una prueba preconstituida, era de concluirse que los títulos fundatorios de la acción conservaban sus principios de autonomía, literalidad e incorporación; y que aunado a ello debía tenerse que los títulos crediticios para que no fueran negociables, según las pretensiones del apelante, debían contener inserto en su texto las cláusulas ‘no a la orden’ o ‘no negociables’ de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.-Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número 30 relacionada a la jurisprudencia 311, consultable en la página 897, Tercera Sala del Apéndice de jurisprudencia de 1917-1985, que dice: ‘TÍTULOS DE CRÉDITO, NEGOCIABILIDAD DE LOS.-Si según lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el texto de un documento nominativo no aparece la inserción de «no a la orden» o «no negociable», tal documento puede circular libremente, ser endosado y exigible a su vencimiento como lo establece la ley, a pesar de la existencia del contrato que le da origen; por tanto, si el beneficiario de un título de crédito, sin las referidas inserciones, lo endosa a un tercero a quien se supone de buena fe y éste ejercita la acción correspondiente, el examen de la relación causal resulta improcedente.’.-Finalmente debe desestimarse lo sostenido de que tales cantidades que dijo haber entregado en la diligencia de embargo se referían a anticipo de utilidades de la sociedad que formarían y que ascienden a la cantidad de veinticuatro millones trescientos setenta y tres mil cuatrocientos setenta pesos, según lo acreditaba con los recibos que adjunta a la demanda de garantías, puesto que las alegaciones que se analizan no se hicieron valer ante las autoridades de instancia, por lo mismo no son materia de la litis constitucional y deben desestimarse.-Razones por las cuales la resolución reclamada no es violatoria de garantías y debe negarse el amparo."
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos directos civiles 3283/95 y 7123/95, sostuvo, respectivamente, lo siguiente:
"QUINTO.-Son infundados los conceptos de violación que expresa el quejoso, por las siguientes razones: El primer motivo de inconformidad lo es, porque resulta inexacto lo que argumenta el promovente, en el sentido de que la Sala responsable le hubiera concedido indebidamente la calidad de actuación judicial con validez de prueba plena a la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento efectuada en el juicio ejecutivo mercantil que culminó con el fallo definitivo impugnado, lo anterior en razón de que esa diligencia fue realizada por un notificador y ejecutor adscrito al Tribunal Superior de Justicia, con base en sus facultades y con apoyo en el auto de exequendo dictado por la Juez de la causa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1237, 1391, fracción IV, 1392, 1393, 1394, 1395 y 1396 del Código de Comercio, 58, 327, fracciones II y VIII del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 219, fracción I, de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común de esta capital; esto es, porque se basó en un acuerdo o mandato judicial, que se efectuó por funcionario facultado para requerir, ejecutar y notificar, habiéndose autorizado por el respectivo notificador y ejecutor que levantó el acta correspondiente, además de que ese funcionario contó con fe pública conforme a dichas atribuciones para especificar que la actuación se efectuó con intervención directa del quejoso, según se deriva del texto del acta de fecha diez de septiembre de mil novecientos noventa y tres, que obra a foja cuatro del expediente de primera instancia, en la que se señala que el propio quejoso estuvo presente, fue requerido de pago, reconoció el adeudo por el total del principal reclamado en la demanda de origen, esto es por la cantidad de ciento treinta mil nuevos pesos e inclusive señaló bienes para garantizar el adeudo, mediante embargo que en ese acto se trabó sobre los respectivos bienes y si bien en el acta no obra la firma del quejoso, ello no es causa eficiente para desvirtuar la validez probatoria que como actuación judicial tiene esa documental pública, en virtud de que como se ha dicho, se basó en un mandamiento judicial, con base en las facultades y la fe pública de la que se encontraba investido el notificador y ejecutor y fue autorizada con la firma de esa autoridad ejecutora, requisitos éstos que son los únicos exigidos por el artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para concederle la naturaleza y eficacia de actuación judicial que, por lo demás no se desvirtúa por las simples objeciones carentes de pruebas formuladas por el inconforme, atento a lo que establece el precepto 1293 del Código de Comercio. No obsta a lo anterior el argumento que vierte el quejoso en el sentido de que la tesis que invoca en su motivo de inconformidad haga mención a la firma del demandado en el acta de requerimiento, embargo y emplazamiento, habida cuenta que esa tesis no establece la necesidad de esa firma como requisito indispensable para la eficacia de dicha actuación, ni tampoco desvirtúa la confesión que en el acto de la diligencia hubiera realizado el demandado al reconocer el total del adeudo, lo anterior en razón de que esa manifestación se hizo ante el fedatario judicial en ejercicio de sus funciones y sin que fuera menester la autorización ulterior o simultánea del secretario de Acuerdos, porque conforme a los preceptos invocados con anterioridad, la susodicha diligencia corresponde en general al notificador y ejecutor quien cuenta por sí solo con atribuciones y fe plena, en la inteligencia de que el artículo 1235 del Código de Comercio admite la confesión en cualquier otro acto del juicio y no necesariamente en audiencia de recepción y desahogo de posiciones o en contestación de demanda, tratándose de un acto de juicio ejecutivo mercantil, según lo establecen los preceptos 1391 a 1396 del Código de Comercio, el auto de exequendo y la diligencia que le da cumplimiento, esto es la de requerimiento, embargo y emplazamiento, que fue aquella en la que en específico realizó su confesión el quejoso. Por lo que respecta a la tesis de declaración hecha en instrumento público, que invoca el quejoso, no es aplicable al caso, porque se refiere a declaración formulada por persona ajena a las partes y no ante autoridad judicial por alguno de los litigantes, como ocurrió en la especie. Por estas razones es que resulta inexacto que en la sentencia definitiva reclamada se hubiese transgredido el contenido de las tesis sustentadas por nuestro Máximo Tribunal a que se ha hecho mérito y ello conlleva a establecer que no fueron violadas las disposiciones de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo.-Lo mismo debe de considerarse respecto al segundo motivo de inconformidad, en razón de que, según se ha señalado, el precepto 1235 del Código de Comercio permite y toma como confesión de parte, la que realiza en cualquier acto del juicio, entendiéndose como tal la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento efectuado en el juicio natural, la cual no requiere de manera alguna de la ratificación del declarante o confeso, para que aunada a otras probanzas, como lo son el título de crédito y las periciales rendidas en autos, pueda tomarse como base para la convicción plena a favor del colitigante y contraria al quejoso, amén de que la confesión vertida en este caso lo fue ante el notificador y ejecutor quien en ejercicio de sus funciones y por su fe pública puede ser considerado como integrante de la presencia judicial.-Por lo que atañe a la jurisprudencia que se invoca y que hace mención a actuaciones judiciales, debe decirse que sólo se refiere a decretos, acuerdos o resoluciones que, en su caso, deben ser autorizados por la firma del secretario de Acuerdos y no puede estimarse como limitativa a esos casos, puesto que también las diligencias de requerimiento, embargo y emplazamiento deben de ser consideradas como actuación judicial, atentas las normas invocadas al dar contestación al primer motivo de inconformidad, las que sólo requieren de la firma del notificador y ejecutor, que conforme a sus atribuciones tiene fe pública, más aún si sus actos son realizados con base en un mandamiento judicial. Por estas razones es que la autoridad responsable ordenadora estuvo en lo correcto al conceder al acta a que se ha hecho mérito, la calidad de actuación judicial, lo que encuentra su apoyo en lo previsto por los artículos 327, fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 1237 del Código de Comercio.-El tercer concepto de violación resulta igualmente infundado, porque el quejoso admite que le correspondió la carga de la prueba de la excepción basada en la fracción II del artículo 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, esto es, de no haber sido, según él, quien firmó el título de crédito que objetó y esa carga procesal encuentra su apoyo en lo previsto por el artículo 1194 del Código de Comercio, la que no fue satisfecha eficientemente con las pruebas que aportó en el caso a estudio y que fueron desestimadas por la Sala responsable, en correcto acatamiento a lo previsto por los artículos 1324, 1325, 1327, 1328 y 1329 del Código de Comercio, siguiendo los principios de la lógica y de la experiencia, así como fundando acertadamente la valoración realizada.-En efecto, por lo que respecta al dictamen emitido por el experto Manuel Varela Arias, propuesto en rebeldía del inconforme debe decirse que el quejoso se limita a manifestar que la Juez a quo natural le concedió validez a esa probanza, pero en su motivo de inconformidad no trata de demostrar ni expresa las razones por las que en su criterio, resulta incorrecta la consideración vertida por la Sala responsable al desvirtuar el alcance probatorio del referido dictamen, ni determina motivos por los que esa valoración pudiera ser contraria a lo previsto en el artículo 1301 del código mercantil mencionado, esto es, en lo concerniente a la calificación de las circunstancias y elementos que conformaron la opinión del citado experto. Además la parte quejosa se limita a invocar una tesis que citó la Juez en primera instancia referente a la facultad discrecional para apreciación de pruebas, pero no expresa el inconforme las razones por las que, en su criterio, deba de considerarse eficiente la valoración que la Juez de primera instancia le dio a dicho dictamen del perito de su parte, ni tampoco los motivos por los cuales pudiera prevalecer esa opinión técnica sobre los dictámenes vertidos por el perito del tercero perjudicado y el experto nombrado como tercero en discordia; cuestiones éstas que ponen de manifiesto que las consideraciones de la Sala responsable no son atacadas eficientemente a través de los conceptos de violación que se vierten en este aspecto.-Al caso tiene aplicación la jurisprudencia número 100, publicada en la página 273, de la Cuarta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en el año de 1985, que textualmente dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO CIVIL.-Como el amparo en materia civil es de estricto derecho, en el que no puede suplirse la deficiencia de la queja, el concepto de violación debe consistir en la expresión de un razonamiento jurídico concreto, contra los fundamentos de la sentencia reclamada, para poner de manifiesto ante la potestad federal que los mismos son contrarios a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, ya sea porque siendo aplicable determinada disposición legal no se aplicó, o porque se aplicó sin ser aplicable; o bien porque no se hizo una correcta interpretación jurídica de la ley; o finalmente, porque la sentencia no se apoyó en los principios generales de derecho, cuando no hay ley aplicable al caso.’.-En lo concerniente a la prueba testimonial, el quejoso aduce que se violó el artículo 1302 del Código de Comercio, por desconocer la Sala responsable el valor de esta probanza, pero no hace referencia el quejoso a las preguntas formuladas a los testigos, a los hechos motivos de excepción que se pretendieron acreditar, a la idoneidad de los declarantes, a la precisión de sus declaraciones y en general al alcance que debiera dársele en su criterio, a la susodicha probanza, por lo que se no se acredita la transgresión que se invoca a la citada norma mercantil en su aspecto procesal.-El cuarto motivo de inconformidad carece de eficacia jurídica y es inoperante, porque es inaceptable que constituya un perjuicio para el quejoso el que arguya que la Sala responsable hubiera dejado de analizar íntegramente un agravio formulado por el tercero perjudicado, pues en el evento no concedido de que existiera tal omisión, ello sólo pudiera ser en detrimento de quien propuso el motivo de inconformidad a la decisión del tribunal de alzada, pero no para quien en esa instancia actuó como parte apelada, por lo que no puede estimarse que exista transgresión en perjuicio del quejoso a lo dispuesto por los artículos 1325 del Código de Comercio y 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, por la pretendida omisión de estudio de agravios que no fueron propuestos por el inconforme sino por su contraparte.-Por lo demás debe expresarse que independientemente de que se estime o no el argumento referente al agravio relacionado con la suscripción del pagaré base de la acción impugnado a través de objeción del quejoso, en el sentido de que se introdujo un elemento extraño en cuanto a la pretendida elaboración en espacio en blanco de la firma del demandado, debe dejarse precisado que lo trascendente fue que a través de las pruebas rendidas en autos del juicio no se acreditó la objeción del título de crédito, ni se desvirtuó lo genuino de la firma que calzaba ese instrumento mercantil; de tal forma que la conclusión a la que se arribó por la Sala responsable excluye lo relativo a lo que es o fue materia del agravio que dice el quejoso no le fue estudiado, pues lo esencial fue lo referente a la ineficacia de las pruebas aportadas por el quejoso para tratar de acreditar la excepción y correlativamente a la validez plena de los elementos de convicción que aportó el tercero perjudicado para demostrar su pretensión principal, en cumplimiento a lo previsto por los artículos 1194 y 1391, fracción IV del Código de Comercio.-El último motivo de inconformidad es infundado, porque la sentencia definitiva reclamada satisfizo plenamente los requisitos de los artículos 1324 y 1325 del Código de Comercio; 81 y 82 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al considerar fundados los agravios propuestos por el tercero perjudicado y revocar la sentencia apelada, para declarar probada la acción, no acreditadas las excepciones y defensas y condenar al inconforme al pago de las prestaciones reclamadas.-En efecto, por lo que atañe a la confesión vertida en la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento, fue acertada la validez que a esa actuación judicial le otorgó la Sala responsable, debiéndose remitir a los fundamentos y razonamientos jurídicos vertidos al dar contestación al primer motivo de inconformidad, lo anterior en obvio de inútiles reiteraciones.-Por lo que respecta a la valoración de la prueba pericial, la Sala responsable emitió razonamientos jurídicos por los cuales desvirtúa el dictamen emitido por el experto Manuel Varela Arias, estableciendo su insuficiencia para acreditar la falsedad de la firma que como excepción se opuso por el entonces demandado; así mismo, al proceder a la valoración de los dictámenes rendidos por el perito del tercero perjudicado y por el experto tercero en discordia, hizo referencia dicha autoridad a que el primero tuvo claridad, estableció cuáles fueron los documentos auténticos que tomó para realizar el estudio y cotejo de firmas, se apoyó en fotografías, expresó los métodos técnicos que utilizó para arribar a la conclusión de similitud entre la firma cuestionada y la auténtica, tomó en cuenta los rasgos morfológicos de las mismas y por otra parte, en relación al perito tercero en discordia dijo que hizo un estudio detallado señalando los documentos a estudio, los elementos base del cotejo, el método de examen que utilizó, el material de trabajo, su ilustración con fotografías de las firmas auténticas y de la cuestionada, arribando a la conclusión correcta de que se trataba de la misma puesta del puño y letra del entonces demandado, consideraciones éstas que hacen que resulte irrelevante que no se invocara el precepto aplicable al caso, toda vez que lo esencial fue que se ajustaron a los principios de valoración de pruebas, establecen las circunstancias del caso, emplean los principios de la lógica y de la experiencia y se ajustan a lo previsto por el artículo 1301 del Código de Comercio, consideraciones éstas que también sirven de apoyo para desvirtuar el razonamiento que vierte el quejoso, en el sentido de que los dictámenes carecieron de previsión al referirse a firmas cuestionadas, pues inclusive el mismo perito Manuel Varela Arias, fue inexacto en ese sentido al hacer mención, en las fotografías que obran a fojas ciento cuarenta y ocho del expediente del juicio natural, a documentos cuestionados, pues lo esencial fue que se establecieron las similitudes morfológicas de los rasgos de la firma cuestionada que aparece en el título de crédito número 2/2, de fecha primero de abril de mil novecientos noventa y dos, valioso por la cantidad de cien millones de pesos, actualmente cien mil nuevos pesos, en relación con las firmas que se tomaron como indubitables del quejoso, que obraban en las actuaciones judiciales del procedimiento natural, en el entendido de que para establecer la similitud morfológica se tomaron en cuenta de las firmas cotejadas, su alineamiento básico, su inclinación, su presión muscular, su tensión, número de elementos constitutivos, extensión trazada en cuanto a su espontaneidad, velocidad y habilidad; su proporción dimensional, espacios regulares y constantes, inicios, enlaces, cortes y terminaciones; se hizo mención al método técnico utilizado, a los materiales empleados y se apoyaron los dictámenes del experto del tercero perjudicado y del tercero en discordia, en fotografías amplificadas, todo lo cual conlleva a estimar acertada la valoración que en lo conducente fue emitida por la Sala responsable respecto a la probanza en estudio.-Por lo que atañe a la confesión ficta debe de decirse que se trata de una mera presunción que admite prueba en contrario, probanza que fue satisfecha por el tercero perjudicado al aportar el título de crédito base de la acción, las periciales que se han analizado y al obrar la confesión que espontáneamente emitió el quejoso en el acto de la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento, elementos de convicción que prevalecieron indudablemente frente a una mera presunción que constituyó la invocada confesión ficta.-Por lo que respecta a las testimoniales a cargo de Petra León Gutiérrez y Ofelia Medrano León, debe decirse que la Sala responsable emitió consideraciones ajustadas a las disposiciones de los artículos 1302 y 1303 del Código de Comercio, en razón de que no es suficiente con que una declarante hubiera dicho que le constaba lo que declaró, si no razonó las causas que llevaran a la convicción de que efectivamente pudiera haber estado presente en la realización específica del acto consistente en la suscripción de los títulos de crédito, debiéndose enfatizar que la primera de las testigos al contestar la décima pregunta dijo que no estuvo presente, que no supo nada, lo que permite evidenciar que su razón del dicho no fue eficiente al manifestar genérica y ambiguamente que le constaba lo declarado; la segunda de las testigos no hizo mención al lugar, fecha, hora y circunstancias de la pretendida firma de los títulos de crédito base de la acción, pues en las respuestas a las preguntas que menciona el quejoso, sólo alude a la adquisición de un crédito, pero no en específico a los documentos mercantiles en particular que fueron base de la acción o al pretendido diverso instrumento que dijo el quejoso suscribió en lugar del valioso por cien mil nuevos pesos, siendo intrascendente que se alegue respecto a tales testigos, que declararon en relación con pagos efectuados, según ellos a cuenta del adeudo; pues lo esencial era acreditar la suscripción de un documento diverso a aquel que fue motivo de la impugnación a través de la excepción opuesta en la contestación de la demanda. Como consecuencia de las inexactitudes, faltas de claridad, insuficiencia del acreditamiento de los hechos esenciales a probar en relación con la excepción esgrimida, fue acertado que el fallo reclamado desvirtuara la eficacia probatoria de las susodichas testimoniales, amén de que no existe base para estimar idónea la declaración de los testigos, en cuanto a tener la convicción, conforme a la razón de su dicho de que efectivamente pudieran h
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5918-01af6967/confesion-judicial-alcances-de-la-producida-en-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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