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Modo: Corpus Pro

CONTRADICCION DE TESIS 11/94 INEXISTENTE. TERCERA SALA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/94. · Registro digital (IUS): 6028
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Tercera Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Agosto de 1994, , Pág. 191.

CONTRADICCION DE TESIS 11/94. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 257/89, promovido por Carolina Almaraz López, señaló en lo conducente lo que a continuación se transcribe:

"II. Los anteriores agravios son inoperantes e infundados. En efecto, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, el Juez Federal estuvo en lo correcto al considerar que el juicio que se revisa era improcedente, conforme a lo establecido por le artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que, según se desprende del acta en la que consta la diligencia de embargo (fojas 59 y 60 del juicio de amparo), el dos de abril de mil novecientos ochenta y siete, la inconforme intervino en esa diligencia para manifestar que se solidarizaba con la deuda contraída por su hijo, y entregaba como garantía la finca marcada con el número 5530-A, de la calle Martha Dueñas Durán del Fraccionamiento Paseos del Sol, de esta ciudad, finca en la que se actuaba, por ser el domicilio del demandado en el juicio de origen Jorge Martínez Almaraz; lo cual, obviamente, implica que la recurrente tuvo pleno conocimiento de la afectación del inmueble de su propiedad desde esa fecha, y que si interpuso su demanda de garantías hasta el veintisiete de marzo de mil novecientos ochenta y nueve -veintitrés meses después -, entonces consintió tácitamente tal acto, en términos del precepto invocado y, por ende, lo procedente era sobreseer en el juicio de amparo, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia, como acertadamente lo hizo el a quo.

"Por otra parte, si bien es cierto que la fracción III del artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, determina que si en el momento de la diligencia se acreditara que los bienes a embargar son ajenos, el encargado de practicarla deberá tomar razón de ello y suspender la diligencia, para dar cuenta al Juez, a fin de que éste ordene lo que proceda; también lo es, que el mencionado ejecutor, bien o mal, concluyó la diligencia y declaró formalmente embargada, entre otros bienes, la finca de la inconforme, por lo que, si en concepto de ésta tal acto violó sus garantías por infracción de aquel precepto legal, debió promover en su contra juicio de garantías; pero dentro del término establecido por el artículo 21 de la Ley de Amparo, lo cual no hizo a pesar de que, como ya se vio, tuvo exacto conocimiento del mismo, desde el momento de su verificación, lo cual, obviamente, conlleva también el consentimiento tácito del acto, conforme a lo establecido por el artículo 73, fracción XII, de la ley invocada.

"En esas condiciones, carece de relevancia que la recurrente, por ser tercera extraña al juicio de origen, no tuviera ningún recurso ordinario que hacer valer contra la afectación del bien de su propiedad, pues precisamente por esa falta de recurso tenía libre el camino para demandar en contra de ese acto el amparo de la Justicia Federal, lo cual dejó de hacer.

"A mayor abundamiento, cabe precisar que, si bien es cierto que la mayoría de procesalistas nacionales -entre los que se cuentan: Eduardo Pallares, en su obra 'Derecho Procesal Civil', 11a. edición, Editorial Porrúa, S. A., México 1985; páginas 524 a 527; José Becerra Bautista, en su libro 'El Proceso Civil en México', 11a. edición, Editorial Porrúa, S.A., México 1984, páginas 334 y 335; Marco Antonio Téllez Ulloa, en su obra 'Enjuiciamiento Mercantil Mexicano', 2a. edición, Editorial del Carmen, S. A., Hermosillo, Sonora, México, 1985, páginas 319 a 320; José Ovalle Favela en su libro 'Derecho Procesal Civil', 2a. edición, Editorial Harla, S.A. de C. V. México, 1985, páginas 262 y 263; y el propio Jesús Zamora Pierce, citado por el inconforme -, coinciden con el criterio de que la simple señalamiento de los bienes para embargo no configura este gravamen, sino que es requisito sine qua non la manifestación expresa del ejecutor, de que los bienes designados quedan formalmente embargados y que si dicho ejecutor no hace tal declaratoria, jurídicamente no es posible sostener que hay embargo; e independientemente de que tal criterio encuentra bases firmes en el derecho positivo mexicano, pues los artículos 521 y 522 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, de aplicación supletoria en materia mercantil, por disposición expresa del artículo 1501 del Código de Comercio, establecen prevenciones de las que se aprecia claramente la distinción entre la asignación de bienes sobre los cuales ha de recaer la traba real, y el embargo propiamente dicho a que alude la doctrina, que consiste en la declaratoria hecha por el ejecutor de que los bienes designados quedan sujetos a la traba, declaración sin la cual, obviamente no hay embargo; lo cierto es, que en el caso se dieron tanto la designación de bienes como la declaratoria de embargo y, por ende, sí fue embargada la finca propiedad de la recurrente, pues según se desprende del acta relativa (fojas 59 y 60 del juicio que se revisa), la Secretaría del Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil de esta ciudad, después de dar fe de tenerla a la vista - entre otros bienes-, la declaró formalmente embargada - junto con esos otros bienes -. Esto es así, porque este tipo de declaratorias siempre será genérica, ya que sería contra toda razón pretender que el funcionario encargado de practicar la diligencia, una vez designados los bienes a embargar, para poder hacer la respectiva declaración de embargo, tuviera que hacer nuevamente una relación exhaustiva de esos bienes. Carece de relevancia, por tanto, que en el caso la mencionada funcionaria al hacer la declaración correspondiente, no hubiera hecho referencia a todos y cada uno de los bienes asegurados, dado que éstos ya se encontraban enumerados y descritos en el texto del acta de que se trata. Además, es inexacto que no se hubiera descrito el inmueble controvertido, toda vez que como se advierte de los datos asentados en el acta en comento, el multicitado inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo inscripción 31, folios 372 al 343 de la Sección Primera de la Oficina Segunda. Descripción que, para los efectos del aseguramiento, es enteramente aceptable, sin que sea necesaria una descripción distinta a través de las medidas y colindancias del inmueble, como pretende la inconforme."

"Dadas las anteriores consideraciones, resulta indubitable que, además de la causal de improcedencia inicialmente analizada, también se actualizó en la especie la prevista en la fracción XI, del artículo 73, de la Ley de Amparo, conforme determinó el Juez de Distrito. En efecto, al solidarizarse la inconforme con la deuda contraída por el demandado en el juicio de origen y señalar para garantizarla la finca en que se actuaba - materia de los actos reclamados - propiamente hizo suyo el señalamiento que para su embargo hizo aquél; de donde, consintió expresamente tales actos, pues incluso firmó la referida actuación, lo cual, es causa suficiente para decretar el sobreseimiento del juicio de garantías, como lo hizo el a quo."

Dicho Tribunal Colegiado al resolver el amparo en revisión 657/90, promovido por Carlos Medina Ochoa, razonó en lo que interesa lo siguiente:

"III. Los agravios aducidos son fundados.

"Si se tiene en cuenta, por una parte, que el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; por la otra, que del expediente número 2715/90 del que emana el acto reclamado, que remitió el Juez responsable como justificación de su informe y que fue ofrecido como prueba por el quejoso en su escrito presentado ante el Juez Federal el veintiséis de octubre de mil novecientos noventa (foja 24 del juicio de garantías), se advierte que con fecha primero de octubre de mil novecientos noventa (foja 3 del cuaderno de pruebas) el secretario Ejecutor del Juzgado Décimo Octavo de lo Civil con sede en Zapopan, Jalisco, hizo constar que se apersonó en el domicilio de la demandada en el juicio natural, a efecto de verificar la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento, ordenada por el Juez responsable por acuerdo de veinticuatro de septiembre del aludido año, y que dicha diligencia la entendió con el peticionario de garantías Carlos Alberto Medina Ochoa, quien señaló para su embargo entre otros bienes, la motocicleta marca Kawasaki color negro, tipo Ninja 1000, modelo mil novecientos noventa, tipo E-BOX FRAME; es evidente que, como acertadamente lo señala el recurrente, el juicio constitucional a que este toca se contrae, deviene improcedente, dado que el propio quejoso externó su consentimiento para que se llevara a cabo el embargo que reclamaba en la motocicleta de su propiedad, al señalar, motu proprio, dicho mueble, por tanto es claro que consintió el embargo que señala como acto reclamado, lo que obliga a sobreseer en el juicio constitucional acorde a lo preceptuado en el artículo 74, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. En igual sentido se pronunció este órgano jurisdiccional al resolver el recursos de revisión número 257/89 interpuesto por Teobaldo Leal Osuna, apoderado de Carolina Almaraz López con fecha veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve."

El propio Tribunal Colegiado en la resolución relativa al amparo en revisión 301/92, promovido por Enrique Morelos Rodríguez, señaló:

"II. Los anteriores agravios son inoperantes e infundados. En efecto, contrariamente a lo sostenido por el recurrente, el Juez Federal estuvo en lo correcto al considerar que el juicio que se revisa era improcedente, conforme a lo establecido por el artículo 73, fracción XI de la Ley de Amparo, toda vez que, según se desprende del acta en la que consta la diligencia de embargo (foja 60 vuelta del juicio de amparo), el veintiuno de enero de mil novecientos noventa y uno, el inconforme intervino en esa diligencia y manifestó que se solidarizaba con la deuda contraída por José Luis Ocampo, y entregaba como garantía la casa marcada con el número 319 de la calle Cernícalo, en la colonia Morelos ,de esta ciudad. Finca en la que se practicó la indicada actuación y se declaró formalmente embargada. Ahora bien, el quejoso Enrique Morelos Rodríguez expuso en la demanda de garantías, que ciertamente se realizó una diligencia que se entendió con él pero, aquélla fue solamente para garantizar con su firma un adeudo del demandado en el juicio natural y no para realizar algún embargo, razón por la cual adujo, firmó un papel en blanco, que posteriormente, sin su consentimiento, fue llenado a máquina y se hizo constar el embargo del inmueble citado. Para demostrar tal afirmación, desahogó la pericial y testimonial, las cuales no fueron analizadas por el a quo Federal, en atención al sobreseimiento decretado. A su vez, como agravios expone el revisionista que el Juez de Distrito decretó el sobreseimiento en el juicio con el argumento de que al margen del acta donde se plasmó la diligencia de embargo, obra la firma del quejoso y por ende consideró, que el acto reclamado devenía consentido por que del dictamen emitido por Eleazar Navarro se deriva la circunstancia de que las firmas que obran al margen del acta se asentaron después de que se inscribió la leyenda de solidaridad con el adeudo. Pues bien, contra lo afirmado por el revisionista, el que el Juez de Distrito analizara los actos reclamados en la demanda de amparo y con base en una de las pruebas rendidas en el juicio determinara la improcedencia del juicio constitucional, no significa que hubiera estudiado los conceptos de violación ni el fondo del amparo. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dilucidado que por ser la demanda de garantías un todo, la lectura íntegra del escrito relativo puede llevar a establecer, con independencia de lo manifestado en el apartado correspondiente, cuál es el acto que en realidad se reclama. Igualmente, que en los casos en que procede decidir el fondo, deben ser considerados los conceptos de violación expresados tanto dentro como fuera del apartado correspondiente, como comunmente ocurre cuando se expresan en el capítulo de antecedentes. En ese mismo orden, se puede determinar también, que si de la lectura del capítulo de conceptos de violación se deriva la operancia de una causa de improcedencia, no por atender a la parte relativa puede aducirse que se estudió el fondo del asunto; máxime, que no se emitió pronunciamiento sobre si el acto reclamado es constitucional o no. En la especie, no es claro que el planteamiento relativo a que en la diligencia de embargo solamente se firmó una hoja en blanco, forma parte de los elementos que en todo supuesto era necesario probar para llegar a establecer la inconstitucionalidad del embargo, pero el tema puede servir también, indiscutiblemente, para destacar una causa de improcedencia, porque el señalamiento del acto de autoridad, bien puede llevar a esa conclusión."

"Sobre el tema del consentimiento del embargo por un tercero extraño al juicio natural, en las ejecutorias que pronunció el treinta de junio de mil novecientos ochenta y ocho, y veintinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, respectivamente en los tocas amparos en revisión números 363/87 y 257/89, promovidos por María Gabriela González Becerra y Carolina Almaraz López, este Tribunal Colegiado sostuvo que el embargo practicado en un juicio sobre bienes propiedad de un tercero extraño, debe considerarse consentido expresamente cuando éste se solidariza con la deuda contraída por el demandado y señala para garantizarla el bien objeto de la traba, pues en tal evento, es obvio que hace suyo el señalamiento para embargo que corresponde en principio hacerlo al demandado. En ese orden, no va contra la técnica del juicio de amparo el que el Juez Federal examine las periciales rendidas en el juicio; máxime que en la especie dicha consideración fue para externar un razonamiento a mayor abundamiento de lo manifestado, respecto de la causa de improcedencia que advirtió y además, porque como se vio, el estudio relativo permite apoyarse en las constancias de autos. Dicho criterio aparece publicado en la página 179 del Volumen VII correspondiente al mes de abril de 1990, del Semanario Judicial de la Federación con el sumario del siguiente tenor: 'EMBARGO, CONSENTIMIENTO DEL, POR UN TERCERO EXTRAÑO.-El embargo practicado en un juicio, sobre bienes propiedad de un tercero extraño, debe considerarse consentido expresamente por éste, cuando se solidariza con la deuda contraída por el demandado y señala para garantizarla el bien objeto de la traba, pues en tal evento es claro que hace suyo el señalamiento para embargo realizado por el reo.'"

Asimismo, al resolver el amparo en revisión 594/92, promovido por Esperanza Yeo Santillán, el citado cuerpo judicial colegiado, sostuvo lo siguiente:

"De las constancias que se remitieron al Juez constitucional, en vía de informe justificado, los cuales tienen eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que, en el acta que se levantó con motivo de la diligencia de embargo, el día dieciocho de junio de mil novecientos noventa y dos (foja 36 del expediente de amparo), Esperanza Yeo Santillán, aquí quejosa, intervino en la misma , y al momento de practicarse expresó su voluntad de responder por el adeudo contraído por su esposo Juan Manuel Santillán Alcaraz, pues en forma voluntaria señaló para garantizar las prestaciones reclamadas, entre otros, los siguientes bienes muebles: una televisión Sony Trinitrón, serie 600409, modelo KV-1741R; una antena de conejo; un estéreo Fisher, copelo oscuro, serie número 78396D8133 modelo MC-4530, con dos bafles serie número 115052433; un refrigerador enfriador, marca Mabe, café marrón, serie número 51770633, modelo CE-120-H; un sillón ejecutivo con patas giratorias, color miel; un escritorio con base tabular, cuatro cajones, con extensión con dos cajones; una credenza con base tabular, cuatro cajones y dos puertas corredizas; que son los mismos bienes cuya desposesión reclama la quejosa, aquí recurrente; lo cual se traduce en su aceptación dada en forma expresa, respecto del embargo de los citados bienes, conforme a los que establece la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo; por ello, al existir consentimiento de su parte en cuanto al embargo que se reclama, lo procedente era sobreseer en el juicio de garantías, con apoyo en lo que dispone la fracción VI del artículo 74 de la ley de la materia."

Finalmente al resolver el amparo directo 944/92, promovido por José Luis Silva Arévalo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, señaló lo siguiente:

"En tales circunstancias, es obvio que el hoy quejoso consintió la constitución del gravamen efectuado en el inmueble de su propiedad, porque como se aprecia en la multicitada acta de embargo, señala y admite expresamente el secuestro sobre ese objeto, a fin de garantizar el adeudo de la demandada en el juicio mercantil ejecutivo número 982/90, y de conformidad a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 603 del precitado Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, de aplicación supletoria a la legislación mercantil, cualquier persona que consiente expresamente un embargo sobre un bien de su propiedad, no puede promover una tercería excluyente de dominio respecto a esos bienes, conforme al principio jurídico de que nadie puede volverse contra sus propios actos. Este tribunal ha sostenido este criterio en las revisiones principales números 257/89 y 657/90, el cual se aplica por analogía, y que dice: 'EMBARGO. CONSENTIMIENTO DEL, POR UN TERCERO EXTRAÑO.-El embargo practicado en un juicio, sobre bienes propiedad de un tercero extraño, debe considerarse consentido expresamente por éste, cuando se solidariza con la deuda contraída por el demandado y señala para garantizar el bien objeto de la traba, pues en tal evento es claro que hace suyo el señalamiento para embargo realizado por el reo.'

"No es óbice a lo anterior, lo que el quejoso argumenta en el sentido de que la autoridad judicial que practicó la referida diligencia, se constituyó y embargó la finca marcada con el número 241, letra 'A', de la calle Al Arroyo, del Fraccionamiento Prados Vallarta de esta ciudad, inmueble este diverso al de su propiedad, el cual se encuentra ubicado en el número 241 de la misma calle; porque, tal situación no acontece, como se advierte de los datos asentados en el acta de embargo en comento, pues la autoridad judicial apuntó que José Luis Silva Arévalo señalaba para su embargo la finca en la que actuaba, y que aquélla identificó con los números 241 y 241 'A' de la calle antes mencionada. Además, a foja 21 del expediente número 892/90-Bis, obra en certificado de gravamen, del cual se advierte que bajo el documento número 11 del libro 165 del registro Público de la Propiedad de esta localidad, se encuentra inscrito, en la propiedad del quejoso, el referido secuestro. Por ende, es claro que el inmueble propiedad de José Luis Silva Arévalo sí se encuentra embargado, y, como antes se indicó, al haberlo señalado para tal efecto en la multicitada diligencia, es obvio, entonces, que sí consintió la constitución del gravamen sobre su bien, de lo que deriva la ilegalidad de la interposición del a tercería excluyente que promovió, de lo cual resulta lo infundado de sus conceptos de violación."

"En tal virtud, como de lo actuado no se infiere alguna violación manifiesta de la ley, que hubiere dejado indefenso al agraviado y se esté en el caso de suplir la queja deficiente, en términos de la fracción VI, del artículo 76 Bis de la ley de la materia, ante lo infundado de los conceptos de violación, debe negarse el amparo solicitado."

Conforme al contenido de las ejecutorias antes mencionadas, el multicitado Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito sustentó la tesis jurisprudencial número 8, que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 65, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y tres, página 43 y cuya voz y contenido es el siguiente:

"EMBARGO, CONSENTIMIENTO DEL. POR UN TERCERO EXTRAÑO.- El embargo practicado en un juicio sobre bienes propiedad de un tercero extraño, debe considerarse consentido expresamente por éste, cuando es el propio quejoso quien externa su consentimiento para que se lleve a cabo la constitución de ese gravamen en un bien de su propiedad y lo señala para garantizar la deuda contraída por el demandado, por lo que ante tal evento es claro que hace suyo el secuestro sobre ese objeto."

TERCERO.-El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver en el amparo en revisión 322/93, sostuvo lo siguiente:

"TERCERO.-Los agravios expuestos por la recurrente son sustancialmente fundados.

"En efecto, de las actuaciones judiciales que se tienen a la vista, se advierte la diligencia de embargo practicado en el juicio ejecutivo mercantil seguido por Miguel Ruiz Zúñiga contra José Edgar Larios Orozco, misma que es del tenor literal siguiente: 'Siendo las 15:15 horas del día uno 01 de abril de mil novecientos noventa y tres, el suscrito secretario Ejecutor del Juzgado Décimo Cuarto Civil, con residencia en Tlaquepaque, Jalisco, en compañía de Cecilio García Panduro, y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el auto de fecha marzo 6 de 1993, nos constituimos legalmente y de nueva cuenta en Av. Inglaterra # 2472 interior 3, Sector Juárez en Guadalajara, Jalisco, y cerciorado previamente de que es el domicilio particular de la parte demandada en este juicio José Edgar Larios Orozco, ya que así nos lo manifestó bajo protesta de decir verdad la misma persona que dijo llamarse Imelda Acosta de Salazar, y ser suegra de mi buscado, requiriéndole por la presencia de dicha persona, manifestando que en este momento no se encuentra, y tomando en cuenta el citatorio dejado anteriormente y el apercibimiento realizado, de conformidad con el numeral 1393 del Código de Comercio, se procede a entender la diligencia con la persona que proporciona los datos a quien se le hace saber el objeto de nuestra presencia y actuación judicial que se cumplimenta en estos momentos y bien enterada que fue, por su conducto requiero de pago a la parte demandada por el pago de las prestaciones reclamadas por el actor en su demanda o en su defecto, por el señalamiento de bienes propiedad de mi buscado, suficientes a garantizarlas, a lo que manifestó: que no sabía del adeudo pero como no tiene dinero y ocupa hablar con su yerno primero señala como garantía: Refrigerador Easy doble puerta, tono hueso serie TF-780041, modelo 91381881; televisor Hitachi de color, serie S0A001400 Modelo CT1302, ambos bienes en buenas condiciones. Los anteriores bienes doy fe de haberlos tenido a la vista en forma sucesiva y los declaro legalmente embargados en cuanto basten a garantizar las prestaciones reclamadas y de los cuales mi acompañante designa como depositario judicial a Imelda Acosta de Salazar, obligándose a constituir la guarda de los mismos en la finca donde se actúa, y bajo su responsabilidad firmando ésta a foja 2 vuelta para constancia.'

"Tal y como se desprende de la transcripción que antecede, la quejosa, ahora recurrente, al ser requerida de pago manifestó expresamente no saber del adeudo reclamado, por cuyo motivo necesitaba hablar con su yerno el enjuiciado José Edgar Larios Orozco; y señaló bienes que según dice son de su exclusiva propiedad."

"De las propias constancias de autos se advierte que el Juez de Distrito, estimó que la quejosa, ahora recurrente, por haber señalado tales bienes consintió los actos reclamados y, consecuentemente, sobreseyó en el juicio de garantías."

"En forma contraria a lo sostenido por el Juez Federal, el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de que se trata, contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento."

"Ahora bien, el artículo 1803 del Código Civil Federal, define el consentimiento expreso, como aquel que se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos, con la circunstancia de que en la especie no se presenta ninguno de ellos, puesto que le ejecutor en momento alguno asentó en el acta respectiva, que la señora Imelda Acosta de Salazar, le hubiera manifestado, ya verbalmente o bien por escrito, estar conforme en garantizar el adeudo reclamado a un tercero, es decir, al demandado, evento que sí se presentó en las revisiones principales números 195/93, 257/89 y 301/92, falladas los días trece de mayo de mil novecientos noventa y tres, veintiuno de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve y veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos, respectivamente, la primera de ellas por este propio tribunal y las restantes por el primero de la misma materia y circuito, mismas que a continuación se transcriben en lo conducente:

"La primera de ellas textualmente dice lo siguiente: '... Ahora bien, del examen de las constancias que se remitieron a este tribunal para la sustanciación del recurso, las cuales tiene eficacia probatoria plena, por tratarse de documentales públicas al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, concretamente, del acta levantada con motivo de la diligencia de embargo practicada en el juicio de donde emanan los actos reclamados, en el que ahora se revisa se advierte: que la concurrente, otorgó expresamente su consentimiento para que se embargase la finca de la cual es copropietaria, pues así se asentó por el secretario que practicó tal diligencia, obrando al margen del acta en comento la firma de ésta (foja 43, juicio de amparo); de ahí lo infundado del agravio. Para corroborar lo anterior, se transcribe a continuación el párrafo conducente de la referida diligencia: '... en estos momentos la suscrita secretaria en compañía de los comparecientes nos trasladamos a, y nos constituimos en la finca señalada para su embargo, lugar en que otorga su consentimiento la Señora María del Rosario Arias Alcaraz, para que se embargue la finca de referencia y firma al margen para constancia (al margen izquierdo aparece una firma ilegible)'.

"La segunda: '... Dadas las anteriores consideraciones, resulta indudable que, además de la causal de improcedencia inicialmente analizada, también se actualizó en la especie la prevista en la fracción XI, del artículo 73 del la Ley de Amparo, conforme determinó el Juez de Distrito. En efecto, al solidarizarse la inconforme con la deuda contraída por el demandado en el juicio de origen y señalar para garantizarla la finca en que se actuaba materia de los actos reclamados propiamente hizo suyo el señalamiento que para su embargo hizo aquél; de donde, consintió expresamente tales actos, pues incluso firmó la referida actuación, lo cual, es causa suficiente para decretar el sobreseimiento del juicio de garantías, como lo hizo el a quo.'"

"La tercera, es decir, la revisión principal 301/92 dice lo siguiente: '... II. Los anteriores agravios son inoperantes e infundados. En efecto, contrariamente a lo sostenido por el recurrente, el Juez Federal estuvo en lo correcto al considerar que el juicio que se revisa era improcedente, conforme a lo establecido por el artículo 73, fracción XI de la Ley de Amparo, toda vez que, según se desprende del acta en la que consta la diligencia de embargo (foja 60 vuelta' del juicio de amparo), el veintiuno de enero de mil novecientos noventa y uno, el inconforme intervino en esa diligencia y manifestó que se solidarizaba con la deuda contraída por José Luis Ocampo, y entregaba como garantía la casa marcada con el número 319 de la calle Cernícalo, en la Colonia Morelos, de esta ciudad.'"

"Tampoco puede estimarse como un signo inequívoco por una parte y, por la otra una manifestación de voluntad que entraña el consentimiento aludido, la circunstancia de que la ahora recurrente se hubiera concretado a señalar bienes de su propiedad para su embargo, ya que el artículo 521 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, establece, en términos generales, que corresponde al deudor el señalar los bienes que han de embargarse y sólo que éste se rehuse o esté ausente, puede ejercerlo el ejecutante."

"En este orden de ideas, es de concluirse que si una persona con quien se entiende determinada diligencia de embargo, en el caso la señora Imelda Acosta de Salazar, para evitar un daño mayor (toda vez que no se encontraba el directo enjuiciado), señaló bienes de su propiedad para su embargo, ello no puede constituir, en concepto de este tribunal, el consentimiento expreso a que se refiere la Ley de Amparo. En apoyo al criterio aquí sustentado procede citar las ejecutorias consultables en las páginas 2048 y 171, de los Tomos XXXIX y XXXIII, fallados el once de diciembre de mil novecientos treinta y tres, cuyo texto es el siguiente: 'EMBARGO, EL SEÑALAMIENTO DE BIENES POR EL DEMANDADO, NO SIGNIFICA CONSENTIMIENTO DEL ACTO.-Es cierto que no puede reputarse como una amenaza, el acto de una autoridad, en el desempeño legal de sus funciones; pero si se tiene en cuenta que, con arreglo a la ley, cuando se requiere a una persona para que haga señalamiento de bienes para que se embarguen y no lo hace, el derecho pasa al embargante, aunque ese hecho en manera alguna constituye una amenaza, desde el punto de vista jurídico, sí puede dar lugar a que se obre en tal o cual sentido, para evitarse daños mayores

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6028-4da94ac6/contradiccion-de-tesis-11-94-inexistente-tercera-sala · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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