CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO. NORMAS CONFORME A LAS CUALES DEBEN REGIRSE LOS JUICIOS QUE ESTABAN EN TRAMITE AL EMPEZAR LA VIGENCIA DEL DECRETO NUMERO 13841, QUE REFORMO Y ADICIONO DIVERSOS ARTICULOS DEL.
CONTRADICCION DE TESIS NUMERO 2/91. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Tercera Sala es competente para resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 26, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis sustentadas en materia civil por Tribunales Colegiados de Circuito.
SEGUNDO.-El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número 631/90 promovido por Andrés García Ayala, se apoyó, en lo conducente, en las consideraciones que en seguida se transcriben:
"IV. Los conceptos de violación aducidos son fundados. Es verdad que el artículo segundo transitorio del Decreto Número 13841, que reformó y adicionó diversos artículos del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, y que entró en vigor el doce de enero de mil novecientos noventa, día siguiente al en que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, dispone que: 'Los juicios que se estén tramitando al entrar en vigor el presente decreto, se regirán por las disposiciones anteriores'. Sin embargo, contrario a lo que sostiene la quejosa, la recta interpretación de dicho artículo transitorio consiste en que las reformas y adiciones contenidas en el decreto tendrán aplicación en los juicios que se encuentran en trámite desde la fecha en que entró en vigor el propio decreto, pues así se infiere de la parte última del citado artículo, que dice: '... se regirán por las disposiciones anteriores', es decir, por las disposiciones contenidas en las reformas y adiciones. Tal interpretación, como a continuación se verá, es congruente con la doctrina que acoge la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a los derechos adquiridos y a las expectativas de derecho. Por otro lado, de haber sido otra la intención del legislador jalisciense, hubiese tenido cuidado es así precisarlo. En consecuencia, la Sala responsable estuvo en lo correcto al considerar que si el doce de enero del presente año entró en vigor el decreto de referencia, y la demandada, hoy quejosa, apeló de la sentencia de primer grado el veintiocho de febrero del año en cita, entonces la procedencia del recurso debía ajustarse a lo dispuesto por el artículo 52 reformado que remite al numeral 1755 del Código Civil del Estado de Jalisco, el cual establece las formalidades que deben seguirse cuando una persona no sabe o no puede firmar y, por ende, el Pleno responsable estuvo en lo justo al considerar que mientras no se cumplan con los requisitos estatuidos por el invocado precepto 1755, el escrito en que se interpuso el recurso de apelación no debe ser admitido. Cabe señalar que tal motivación no implica aplicación retroactiva de la ley procesal en perjuicio del impetrante, como pretende éste, por ende, vulnerado el artículo 14 constitucional, pues para ocasionarle tal perjuicio era necesario que la aplicación de la nueva ley afectara un derecho adquirido en el procedimiento mismo, durante la vigencia de la ley anterior, pero no como en el caso, que se refiere únicamente a la forma conforme a la cual puede ejercitarse un derecho procesal (apelación) que surgió después de entrar en vigor la nueva ley. Sobre el particular cabe invocar la jurisprudencia número 249, visible en la página 426, Octava Parte, del Apéndice editado en 1985, cuyo texto dice: 'RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES DE PROCEDIMIENTO.-La retroactividad de las leyes de procedimiento cabe cuando se trata de la forma con arreglo a la cual puede ser ejercido un derecho precedentemente adquirido, pero no cuando ese derecho ha nacido del procedimiento mismo, derecho del que no puede privarse a nadie por una ley nueva y que hizo nacer excepciones que pueden ser opuestas por el colitigante; mas la tramitación del juicio debe, desde ese punto, sujetarse a la nueva ley.', asimismo, sirve de orientación la ejecutoria publicada en la página 139, Segunda Parte, Tercera Sala, del Informe de Labores correspondiente al año de 1977, que literalmente dice: 'RETROACTIVIDAD DE LA LEY.-Para resolver el problema de la retroactividad de la ley, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación generalmente ha atendido a la teoría que contempla a los intereses de las personas como derechos creados y como meras expectativas de derecho. Se entiende que existe el primer caso cuando el acto realizado introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, en cuyo evento éste no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario. En cambio, la expectativa de derecho es una mera esperanza o una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, de acuerdo con la legislación vigente en un momento dado. En el primer caso se realiza el derecho y entra a formar parte del patrimonio de la persona; en el segundo, el derecho está en potencia, sin realizar una situación jurídica concreta, y por lo consiguiente, no forma parte plenamente, del patrimonio. En consecuencia, cuando una ley actúa en detrimento de un derecho sustancial o procesal plenamente constituido en el pasado bajo el amparo de anteriores disposiciones, debe estimarse que al obrar en forma retroactiva causa un perjuicio, razón por la cual viola el artículo 14 constitucional. En cambio, cuando sólo afecta meras expectativas de derecho, no puede afirmarse que causa una lesión, porque el derecho aún no integra plenamente el conjunto de bienes patrimoniales o no patrimoniales de la persona.'. Por otra parte, el argumento del quejoso en el sentido de que el Juez de primer grado y el ad quem vuelven al pasado para suprimir los derechos individuales adquiridos bajo el amparo de la antigua ley, pues durante todo el procedimiento en sus escritos únicamente aparecen sus huellas digitales y la firma de quien lo hace a su ruego, pues los requisitos establecidos en el artículo 52 reformado del Código de Procedimientos Civiles no estaban contemplados anteriormente; deviene infundado, porque si bien es verdad, que el artículo 149 de la Ley de Amparo establece que las autoridades responsables tienen el deber de remitir, en su caso copias fotostáticas de las constancias necesarias para apoyar su informe justificado, también lo es que el invocado precepto en el segundo párrafo impone al quejoso la obligación de probar los hechos que determinen la inconstitucionalidad cuando el acto reclamado no fuese violatorio en sí mismo; consecuentemente, si como se estableció con antelación, el artículo 52 reformado del Código de Procedimientos Civiles fue correctamente aplicado, es obvio, que si el inconforme alega que antes de la modificación había adquirido un derecho en cuanto a la manera de formular sus ocursos, al amparo de la norma antigua, tenía que acreditar la existencia de ese derecho; por tanto, si como se aprecia del toca del que deriva el acto reclamado, que el tribunal de alzada remitió en vía de informe justificado, únicamente consta copia fotostática simple del escrito por el cual el ahora agraviado interpuso recurso de apelación, que originó la aplicación del pluricitado artículo 52 reformado, mas no existe alguna otra promoción que corrobore el aserto del inconforme, es inconcuso que no quedó demostrada, en este aspecto, la ilegalidad de la sentencia recurrida, dado que el quejoso ningún elemento de convicción allegó al juicio constitucional para ese efecto. Tienen aplicación en la especie la jurisprudencia número 123 y la tesis relacionada en quinto término con la diversa jurisprudencia número 994, publicadas, respectivamente, en las páginas 396 y siguiente de la Cuarta Parte y 1615 de la Segunda Parte, de los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación editados en 1965 y 1988, que textualmente dicen: 'COPIAS PARA EL AMPARO DIRECTO.-De conformidad con lo que disponen los artículos 107 fracción V, de la Constitución Política, 163 y 78 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la propia Constitución, el que intente el juicio de amparo como agraviado, debe solicitar de la autoridad responsable, copia certificada de la sentencia que reclama y de las demás constancias que estime necesarias para comprobar la existencia de aquélla, y todos los elementos que justifiquen los conceptos de violación en que base su impugnación de inconstitucionalidad. Pero si no acompaña la copia certificada de constancias, y si la autoridad responsable no envía a solicitud oportuna del interesado los autos originales, no es posible estudiar los conceptos de violación de la demanda de amparo, y si del solo texto de la sentencia reclamada no se comprueban, deben tenerse por subsistentes las consideraciones que la motivan y negarse el amparo al quejoso.', y 'INFORME JUSTIFICADO, DEBEN APORTARSE PRUEBAS PARA DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO QUE SE RECLAME, AUNQUE FALTE AQUEL.-Aún reconociendo que no existe analogía perfecta entre un juicio ordinario y el de amparo, puede sostenerse que en éste, el quejoso juega el papel de actor y la autoridad responsable el de reo, y es indiscutible que toca al primero, en toda hipótesis, probar su demanda, pues de otra manera la controversia judicial quedaría sin materia; por lo que si el quejoso pudiendo hacerlo, no aporta pruebas para sostener la inconstitucionalidad que alega en el amparo, debe fallarse en su perjuicio, aunque la autoridad responsable hubiera omitido su informe.'. En esta tesitura, ante la ineficacia de los motivos de inconformidad analizados, y toda vez que este órgano colegiado no advierte alguna violación manifiesta de la ley que hubiese dejado sin defensa al inconforme, para que pudiera suplirse la deficiencia de la queja en términos del artículo 76 bis, fracción VI, de la ley de la materia, lo debido es negar al quejoso la protección constitucional impetrada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en el artículo 190 de la Ley de Amparo, se resuelve: ..."
TERCERO.-El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al dictar sentencia en el juicio de amparo directo número 633/90 promovido por Petra García de Ruelas, consideró, en lo que interesa, lo siguiente:
"CUARTO.-Es sustancialmente fundado el concepto de violación hecho valer sobre el particular. Pero antes, para una mayor comprensión del asunto, se considera útil mencionar los siguientes antecedentes: En escrito presentado el veintinueve de abril de mil novecientos ochenta y nueve, LUCIO SANCHEZ ALCALA demandó a PETRA GARCIA DE RUELAS, por la terminación del arrendamiento que celebraron en relación a la finca materia de la litis y otras prestaciones. Previo el emplazamiento respectivo, la ahora quejosa contestó el libelo y opuso excepciones. Seguido el juicio por sus demás etapas, en sentencia de veintitrés de febrero del año en curso, el a quo resolvió el asunto favorablemente al actor. Inconforme la promovente con ese fallo, mediante ocurso de dos de marzo del presente año interpuso en su contra el recurso de apelación, mismo que se declaró inadmisible en el proveído que luego fue confirmado en la resolución que constituye el acto reclamado. Ahora bien, el artículo 639 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, antes de la reforma que tuvo por el Decreto 13841 de treinta y uno de diciembre del año anterior, publicado en el Periódico Oficial del Estado de once de enero del presente año, y en vigor un día después según lo señala el artículo primero transitorio, establecía que en los juicios sumarios la apelación únicamente era admisible cuando el interés del asunto fuera superior a mil pesos, siempre que las resoluciones recurridas fueran las sentencias definitivas o bien las interlocutorias que decidieran sobre las excepciones de falta de personalidad o de capacidad. A partir de la reforma mencionada dicho precepto quedó así: 'En estos juicios sólo será admisible la apelación, cuando el interés del negocio exceda del importe de cuarenta días de salario mínimo y se interponga contra la sentencia definitiva o contra la interlocutoria que decida sobre las excepciones de falta de personalidad o de capacidad. En ambos casos, el recurso se admitirá en el efecto devolutivo'. A su vez el artículo 2o. transitorio del mismo decreto previene que: 'Los juicios que se estén tramitando al entrar en vigor el presente decreto se regirán por las disposiciones anteriores'. Ahora bien, es obvio que, conforme a lo explicado, cuando cobró vigencia el decreto aludido todavía se hallaba en trámite el juicio natural, puesto que la sentencia de primer grado se dictó, según se dijo, hasta el veintitrés de febrero acabado de pasar. Está claro entonces, contra lo que asegura el ad quem, que al asunto indicado le resultan aplicables las disposiciones anteriores del Código de Procedimientos Civiles del Estado y no las vigentes. Al no haberlo estimado así el ad quem viola, en perjuicio de la quejosa, la garantía consignada en el artículo 14 constitucional referente a que: 'A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna'. Al respecto se invocan las jurisprudencias 1655 y 1656 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que en su orden previenen: 'RETROACTIVIDAD DE LA LEY, SE PROTEGE CONTRA LA, SI CAUSA PERJUICIO.-La Constitución General de la República consagra el principio de la irretroactividad cuando la aplicación de la ley causa perjuicio a alguna persona; de donde es deducible la afirmación contraria, de que pueden darse efectos retroactivos a la ley, si ésta no causa perjuicio.', y 'RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES DE PROCEDIMIENTO.-La retroactividad de las leyes de procedimiento cabe cuando se trata de la forma con arreglo a la cual puede ser ejercido un derecho precedentemente adquirido, pero no cuando ese derecho ha nacido del procedimiento mismo, derecho del que no puede privarse a nadie por una ley nueva y que hizo nacer excepciones que pueden ser opuestas por el colitigante; mas la tramitación del juicio debe, desde ese punto sujetarse a la nueva ley.'. Consiguientemente, debe concederse la protección federal para el efecto de que la Sala responsable dicte nueva resolución en sustitución de la reclamada, en la que declare fundado el recurso de revocación hecho valer por la ahora quejosa y admita, por tanto, la apelación que ella misma interpuso contra la sentencia de primera instancia. No representa obstáculo alguno a lo anterior, la estimación que hace la Sala acerca de que el multicitado numeral 639 sólo regula lo referente a la apelación pero no alude a la fecha en que se haya iniciado el procedimiento en primera instancia, dado que, según quedó establecido, el referido artículo 2o. transitorio expresamente dispone que basta con que el juicio respectivo se encontrara en trámite al entrar en vigor las reformas, para que le sean aplicables los preceptos anteriores a ese decreto. Por lo expuesto y con apoyo en el artículo 190 de la Ley de Amparo, se resuelve: ... "
CUARTO.-Del examen de los criterios sostenidos por los Tribunales Colegiados referidos en los juicios de amparo que se han mencionado, se llega a la conclusión de que existe la contradicción de tesis denunciada, ya que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito considera que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del Decreto Número 13841 publicado el once de enero de mil novecientos noventa en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversos artículos del Código de Procedimientos Civiles de esa entidad federativa, los juicios que se encontraban en trámite debían sujetarse a las normas contenidas en el decreto, en tanto que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito sostiene que conforme a lo establecido en dicho artículo transitorio, era suficiente que el juicio natural se encontrara en trámite para que le fueran aplicables las disposiciones legales anteriores a la entrada en vigor del decreto aludido.
En consecuencia, al existir la contradicción de que se habla, procede que esta Sala decida cuál de las tesis debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, en términos de lo dispuesto por los artículos 192, último párrafo, y 197-A de la Ley de Amparo.
QUINTO.-Esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que debe prevalecer la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en el sentido de que una recta interpretación del artículo segundo transitorio del Decreto Legislativo Número 13841, expedido por el Congreso del Estado de Jalisco y publicado en el Periódico Oficial de ese Estado el once de enero de mil novecientos noventa, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversos artículos del Código de Procedimientos Civiles de esa entidad federativa, conduce a estimar que las normas contenidas en el propio decreto deben tener aplicación incluso en los juicios que estuvieran en trámite en la fecha en que entró en vigor dicho acto legislativo.
Efectivamente, el decreto del que se hace mérito reformó y adicionó una ley de carácter procesal, como lo es el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Las leyes procesales, por regla general, aun aplicadas a procedimiento ya iniciados o que estén en trámite al entrar en vigor, no pueden producir efectos retroactivos. Así lo ha considerado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno, como puede verse en la tesis publicada con el número 72 en la página ochocientos setenta y cuatro del Informe rendido por su presidente al terminar el año de mil novecientos ochenta y ocho, Primera Parte, cuyo contenido es: "RETROACTIVIDAD. NO EXISTE DENTRO DE UNA LEY PROCESAL POR REGLA GENERAL.-Una ley procesal está formada, entre otras cosas, por normas que otorgan facultades que dan la posibilidad jurídica a una persona de participar en cada una de las etapas que conforman el procedimiento y al estar regidas esas etapas por las disposiciones vigentes en la época en que van naciendo, no puede existir retroactividad mientras no se prive de alguna facultad con que ya se contaba; por tanto, si antes de que se actualice una etapa del procedimiento el legislador modifica la tramitación de éste, suprime un recurso, amplía un término, modifica la valoración de las pruebas, etcétera, no existe retroactividad de la ley, ya que la serie de facultades que dan la posibilidad de participar en esa etapa, al no haberse actualizado ésta, no se ven afectadas.". El criterio aludido también se sostuvo en la diversa tesis que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Volumen 58, página sesenta, cuyo contenido es: "RETROACTIVIDAD. LAS LEYES PROCESALES NO PUEDEN PRODUCIRLA.-Es sabido que tratándose de procedimientos por estar éstos bien constituidos por actos sucesivos, es decir, por no ser actos que se desarrollen en un solo momento, se van rigiendo por las disposiciones vigentes en la época en que tienen verificativo, y por esto, las leyes de procedimiento no pueden producir efectos retroactivos.". La excepción a la regla general a que se alude en el párrafo inmediato anterior se dará cuando la aplicación de la nueva norma no afecte sólo la manera conforme a la cual pueda ejercerse un determinado derecho sino que lesione propiamente uno que haya nacido del procedimiento mismo, en términos de lo establecido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que aparece publicada con el número 1656 en las páginas dos mil seiscientos ochenta y seis y dos mil seiscientos ochenta y siete del Apéndice 1917-1988 al Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES DE PROCEDIMIENTO.-La retroactividad de las leyes de procedimiento cabe cuando se trata de la forma con arreglo a la cual puede ser ejercido un derecho precedentemente adquirido, pero no cuando ese derecho ha nacido del procedimiento mismo, derecho del que no puede privarse a nadie por una ley nueva y que hizo nacer excepciones que pueden ser opuestas por el colitigante; mas la tramitación del juicio debe, desde ese punto, sujetarse a la nueva ley.".
Ahora bien, el artículo segundo transitorio del Decreto Número 13841, publicado el once de enero de mil novecientos noventa en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", por medio del cual se reformaron y adicionaron diversos artículos del Código de Procedimientos Civiles de esa entidad federativa textualmente dispone:
"Los juicios que se estén tramitando al entrar en vigor el presente decreto, se regirán por las disposiciones anteriores". Como se puede apreciar, en la referida norma transitoria el legislador utilizó la expresión "disposiciones anteriores" y aun cuando el vocablo "anterior" (singular de "anteriores") gramaticalmente significa preceder en lugar o en tiempo, una interpretación acorde con el criterio que sostiene el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que las leyes procesales por regla general no pueden producir efectos retroactivos, lleva a considerar que el legislador del Estado de Jalisco hizo uso de la palabra mencionada con la significación relativa al factor lugar, no al temporal, y que por ende al establecer que los juicios que se estuvieran tramitando al entrar en vigor el decreto se regirían por las disposiciones anteriores, se refirió a las normas reformadas y adicionadas del Código de Procedimientos Civiles estatal, por ser éstas las que antecedían en lugar a los preceptos transitorios; máxime si se tiene en cuenta que en la exposición de motivos de la iniciativa que dio origen al decreto legislativo que se ha venido mencionando, presentada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, ninguna referencia se hizo acerca del fundamento del artículo segundo transitorio, ni la Comisión de Justicia del Congreso Estatal, que se encargó de la presentación del proyecto de decreto, realizó consideración especial sobre el particular, habiéndose aprobado el dispositivo transitorio tal y como fue propuesto en la iniciativa y proyecto referidos. Además, es importante destacar que en la exposición de motivos de la iniciativa del decreto se expresó que ésta tenía como finalidad adecuar el Código de Procedimientos Civiles estatal a la realidad socioeconómica existente, a efecto de lograr "... con mayor celeridad los fines torales de la administración de justicia a la que aspiraron los constituyentes de origen, criterio que tenderá hacia la optimización de dicho servicio público de vital importancia para el Estado ..."; de lo cual se deriva la clara intención de agilizar el trámite de los conflictos en aras del principio de celeridad procesal, por lo que la interpretación congruente con el propósito del legislador, tiene que conducir a estimar, como ya se dijo, que el vocablo "anteriores", utilizado en el artículo segundo transitorio, se usó con la significación referida al factor espacial, esto es, a la precedencia en lugar, no en tiempo; y consecuentemente, lo que el autor de la ley dispuso fue que los juicios que se estuvieran tramitando al entrar en vigor el decreto de reformas y adiciones a la ley procesal civil, se regirían por las disposiciones reformadas o adicionadas.
Por las razones que se han expuesto, esta Tercera Sala coincide con el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número 631/90; y en consecuencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, la tesis correspondiente quedará redactada con los siguientes rubro y texto: "CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO. NORMAS CONFORME A LAS CUALES DEBEN REGIRSE LOS JUICIOS QUE ESTABAN EN TRAMITE AL EMPEZAR LA VIGENCIA DEL DECRETO NUMERO 13841, QUE REFORMO Y ADICIONO DIVERSOS ARTICULOS DEL.-El artículo segundo transitorio del Decreto Número 13841, publicado el once de enero de mil novecientos noventa en el Periódico Oficial 'El Estado de Jalisco', por medio del cual se reformaron y adicionaron diversos artículos del Código de Procedimientos Civiles de esa entidad federativa, textualmente dispone: 'Los juicios que se estén tramitando al entrar en vigor el presente decreto, se regirán por las disposiciones anteriores'. Como se puede apreciar, en la referida norma transitoria el legislador utilizó la expresión 'disposiciones anteriores', y aun cuando el vocablo 'anterior' (singular de 'anteriores') gramaticalmente significa preceder en lugar o en tiempo, una interpretación acorde con el criterio que sostiene el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que las leyes procesales por regla general no pueden producir efectos retroactivos, lleva a considerar que el legislador del Estado de Jalisco hizo uso de la palabra mencionada con la significación relativa al factor lugar, no al temporal, y que por ende al establecer que los juicios que se estuvieran tramitando al entrar en vigor el decreto se regirían por las disposiciones anteriores, se refirió a las normas reformadas y adicionadas del Código de Procedimientos Civiles estatal, por ser éstas las que antecedían en lugar a los preceptos transitorios; máxime si se tiene en cuenta que en la exposición de motivos de la iniciativa que dio origen al decreto legislativo que se ha venido mencionando, presentada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, ninguna referencia se hizo acerca del fundamento del artículo segundo transitorio, ni la Comisión de Justicia del Congreso Estatal, que se encargó de la presentación del proyecto de decreto, realizó consideración especial sobre el particular, habiéndose aprobado el dispositivo transitorio tal y como fue propuesto en la iniciativa y proyecto referidos. Además, es importante destacar que en la exposición de motivos de la iniciativa del decreto se expresó que ésta tenía como finalidad adecuar el Código de Procedimientos Civiles estatal a la realidad socioeconómica existente, a efecto de lograr '... con mayor celeridad los fines torales de la administración de justicia a la que aspiraron los constituyentes de origen, criterio que tenderá hacia la optimización de dicho servicio público de vital importancia para el Estado ...'; de lo cual se deriva la clara intención de agilizar el trámite de los conflictos en aras del principio de celeridad procesal, por lo que la interpretación congruente con el propósito del legislador, tiene que conducir a estimar, como ya se dijo, que el vocablo 'anteriores', utilizado en el artículo segundo transitorio, se usó con la significación referida al factor espacial, esto es, a la precedencia en lugar, no en tiempo; y consecuentemente, lo que el autor de la ley dispuso fue que los juicios que se estuvieran tramitando al entrar en vigor el decreto de reformas y adiciones a la ley procesal civil, se regirían por las disposiciones reformadas o adicionadas."
Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 26 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Sí existe contradicción entre las tesis sustentadas por el Primer y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, al dictar sentencia en los juicios de amparo directo números 631/90 y 633/90, respectivamente.
SEGUNDO.-Se declara que debe prevalecer la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito al resolver el juicio de amparo directo 631/90, en los términos precisados en esta resolución.
TERCERO.-Remítase de inmediato la tesis jurisprudencial que se sustenta al Semanario Judicial de la Federación, así como al Pleno y demás Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales Colegiados de Circuito y Jueces de Distrito, en acatamiento a lo previsto por el artículo 195 de la Ley de Amparo.
Notifíquese y cúmplase; vuelvan los autos a los Tribunales Colegiados de origen y, en su oportunidad archívese el presente asunto.
Así, lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente José Trinidad Lanz Cárdenas, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Mariano Azuela Güitrón, Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez y Miguel Montes García. Fue ponente el cuarto de los señores Ministros antes mencionados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/328-21378c5e/codigo-de-procedimientos-civiles-del-estado-de-jalisco · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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