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Modo: Corpus Pro

CUSTODIA DE MENORES. LA MEDIDA PROVISIONAL RELATIVA, ES ACTO DE IMPOSIBLE REPARACION, RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/91. · Registro digital (IUS): 205
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Noviembre de 1992, , Pág. 23.

CONTRADICCION DE TESIS 5/91. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis planteada con apego a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo, y 11, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Conviene añadir que si bien del análisis de las tesis respecto de las cuales se hace la denuncia de la contradicción, se observa que, en principio, parecería ser un asunto en materia especializada, por haberse sustentado al resolver controversias en materia civil, lo cierto es que se aborda una cuestión genérica de procedencia del amparo indirecto respecto a una medida provisional de custodia de menores, por lo que para resolverla resulta aplicable, en uno de sus criterios, la tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno a que se hará referencia, éste es competente para conocer del asunto ya que, además, sólo de ese modo puede garantizarse la seguridad jurídica, en virtud de que este Alto Tribunal es el indicado para establecer el alcance y correcta interpretación de la tesis correspondiente, respecto de los casos distintos de actos dentro del juicio, producidos en las diversas materias jurídicas.

Al respecto debe añadirse que cuando el Pleno sustenta una tesis de jurisprudencia, la misma resulta obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales de la República, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo. Ahora bien, este principio debe entenderse referido no únicamente al criterio específico que se sustenta, sino también en cuanto a los genéricos, sin que pueda aceptarse que no se viola la jurisprudencia cuando con motivo de un caso específico diferente a la hipótesis, también específica, examinada por el Pleno, se adopta por un tribunal inferior un criterio que se opone al criterio genérico establecido por el órgano supremo de este Alto Tribunal. Así, por ejemplo, al estudiar y resolver ese órgano el problema de la procedencia del amparo indirecto respecto de la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad, sin ulterior recurso, se estableció jurisprudencialmente que resulta improcedente esa vía debiendo reclamarse, en su caso, en amparo directo cuanto se impugne la sentencia definitiva. Ese criterio se refirió, de modo claro, al problema específico relatado y resulta obvio que si un órgano jurisdiccional sostuviera que contra ese tipo de resoluciones que desechan la excepción de falta de personalidad, sin ulterior recurso, procede el amparo indirecto, violaría la jurisprudencia. Pero igual ocurriría si al examinar otro problema específico de actos dentro del juicio, se apartara del criterio genérico en el que se funda la tesis relatada que se refiere a lo que debe entenderse como "acto de imposible reparación", a saber, el que afecta directamente derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales. Por las razones anteriores también resulta necesario que sea el Pleno el que se avoque al conocimiento de este tipo de asuntos para que, gradualmente, vaya clarificando las diversas situaciones que, sobre el tema genérico a debate, pueden llegar a presentarse.

En consecuencia, como en el caso se plantea, en esencia, la cuestión relativa a la procedencia o improcedencia de la vía de amparo indirecto y, en concreto, la interpretación del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe considerarse que se trata de una materia común o general de amparo, que resulta de la competencia del Pleno.

SEGUNDO.- Cabe destacar, en primer término, que en los presentes autos aparece la razón asentada por el actuario adscrito a la Tercera Sala, de once de abril de mil novecientos noventa y uno, por medio de la cual hace constar que se entregaron al agente del Ministerio Público Federal las copias del acuerdo que admitió esta contradicción de tesis y la denuncia que la originó, así como de las resoluciones pronunciadas por los Tribunales Colegiados, tal como se ordenó por proveído de cuatro de abril del mismo año.

El artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dispone:

"Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que lo integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.".

En la especie, los treinta días para que el procurador general de la República emitiera su parecer en relación con la presente contradicción de tesis, comenzaron a correr el quince de abril de mil novecientos noventa y uno y terminaron el veintisiete de mayo siguiente, pues la notificación del auto en que se le dio vista para el efecto indicado, surtió efectos el doce de abril de dicho año, descontándose los días trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de abril, primero, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de mayo por haber sido sábados y domingos inhábiles, y el primero de mayo por haberse suspendido labores en esta Suprema Corte de Justicia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Amparo.

Consecuentemente, como en el caso el procurador general de la República se abstuvo de exponer, por sí o por conducto de uno de los agentes del Ministerio Público Federal, su parecer en relación con la presente contradicción de tesis, debe entenderse que no estimó pertinente intervenir en este asunto en virtud de que la facultad que le concede el artículo acabado de transcribir, es potestativa y no obligatoria, luego, procede se dicte la resolución que corresponda sin la opinión de mérito.

Es aplicable la tesis LXXXVII/90, aprobada por la Tercera Sala en sesión privada de dos de julio de mil novecientos noventa, por unanimidad de cuatro votos, que señala:

"CONTRADICCION DE TESIS. LA ABSTENCION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA DE EXPONER SU PARECER DEBE ENTENDERSE EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTIMO PERTINENTE INTERVENIR EN ELLA.- El artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo, concede una facultad potestativa al procurador general de la República para que, por sí o por conducto del agente del Ministerio Público Federal que al efecto designe, emita su parecer dentro del plazo de treinta días en relación con las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, cuando el mencionado servidor público se abstiene de formular su parecer en el término de referencia, debe entenderse que no estimó pertinente intervenir en el asunto de que se trata, lo que, por consiguiente, vuelve procedente se dicte la resolución que corresponda sin la opinión de mérito.".

TERCERO.- El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en el juicio de amparo en revisión 280/88, en la parte conducente, señaló:

"No obstante de que el fallo recurrido es incongruente, puesto que, por un lado, se analiza el fondo del asunto debatido y, por otro, en el punto resolutivo del mismo, se concluye que debe de sobreseerse en el juicio de garantías, de todas maneras, innecesario resulta el estudio de los agravios que el quejoso expresa al respecto, toda vez que este tribunal advierte que en el caso se surte una causal de improcedencia, la cual se impone examinar previamente por ser una cuestión de orden público conforme a la jurisprudencia 158, visible en la página 262, de la Octava Parte, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: 'IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.'. En efecto, el acto que el agraviado reclama a la responsable consistente en el proveído que dictó el ocho de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, dentro del juicio civil ordinario número 196/98, en el que se negó a admitir el recurso de revocación que hizo valer en contra de un acuerdo emitido con anterioridad (6 de enero de 1988, foja 12 de los autos del juicio de garantías), en el que se requirió al quejoso para que dentro de un término de veinticuatro horas, reintegrara a los menores Rodrigo y María Laura de apellidos Villaseñor Cueva, al domicilio que ocupa su progenitora, por haberse acordado con antelación a su favor la custodia provisional de los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo, se haría acreedor a la medida de apremio prevista en la fracción IV del artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; no es de los considerandos de ejecución irreparable, toda vez que por ser provisional el referido depósito, en la sentencia definitiva que se llegare a dictar en el aludido juicio, se resolverá si debe o no subsistir, ya que es de explorado derecho que ese depósito por tener el carácter de provisional, su eficacia y subsistencia depende en todo de la resolución que ponga fin al litigio, y sin que por otra parte pueda considerarse dicho acto ejecutado fuera de juicio; criterio éste que encuentra apoyo por analogía tanto en la jurisprudencia 236, como en la cuarta de la tesis relacionada con la diversa jurisprudencia 124, que aparecen visibles a fojas 662, 369-371, de la Cuarta Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que respectivamente dicen: 'PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS.- El secuestro de bienes como providencia precautoria no es acto de ejecución irreparable, porque en la sentencia que se pronuncie en el juicio, se resolverá si debe o no subsistir, y contra esa sentencia se puede interponer el amparo; por la misma consideración, no es acto que deje sin defensa al quejoso, y por último, tampoco puede considerarse como un acto ejecutado fuera de juicio.'. Y 'DEPOSITO DE PERSONAS, CONSTITUCIONALIDAD DE LAS DISPOSICIONES DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE NUEVO LEON QUE REGLAMENTAN EL.- El segundo párrafo del artículo 14 constitucional no contiene un principio de carácter absoluto. Sufre varias restricciones, a través de distinto procedimiento, entre ellos el que se refiere al depósito de personas como acto prejudicial, al secuestro de bienes en el juicio ejecutivo y en los embargos precautorios, etcétera. En todos esos procedimientos existe una afectación de los derechos del particular que se origina antes de haberse concluido el juicio correspondiente, pero que no por esto son inconstitucionales, puesto que en ninguno de ellos se impide que el particular afectado tenga completa libertad para defenderse, después de que el acto prejudicial ha cumplido su función jurídica de asegurar la satisfacción de los intereses que van a cuestionarse en el juicio relativo. La jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia número 839 del novísimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, consigna: <<El secuestro de bienes como providencia precautoria, no es acto de ejecución irreparable, porque en la sentencia que se pronuncie en el juicio se resolverá si debe o no subsistir, y contra esa sentencia se puede interponer el amparo; por la misma consideración, no es acto que deje sin defensa al quejoso, y por último, tampoco puede considerarse como un acto ejecutado fuera del juicio.>>. El depósito de personas como acto prejudicial, está destinado a producir efectos jurídicos dentro de un juicio, y su eficacia y subsistencia dependen en todo de la resolución que ponga fin al litigio. Así se desprende del contenido de los artículos 176 y 179 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León. El depósito de personas como acto prejudicial responde a la conveniencia de autorizar legalmente la separación material de los cónyuges, cuando uno de éstos intenta demandar o acusar al otro; pero también a la necesidad de proteger la persona o intereses de los hijos menores de edad y del cónyuge que promueve el depósito, en peligro por la situación de desaveniencia surgida. Así, la ley cuida de establecer que sólo los Jueces de primera instancia pueden decretar el depósito de personas, que en el procedimiento relativo deberá proceder con toda rapidez, y que <<la casa donde se deposita la mujer casada será en todo caso designada por el Juez y debe ser el depositario persona de notoria honorabilidad y buenas costumbre>>, de acuerdo con el artículo 174 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León. Ahora bien, la conveniencia y necesidad de que se habla no se produce cuando la mujer vive separada de su marido, es decir, cuando la separación de hecho entre los cónyuges comprende un espacio de tiempo bastante para considerar que no existe motivo alguno de que la ley sancione como acto prejudicial la separación de hecho que ya prevalece, pues en este caso, la mujer no necesita de la protección que hubiere significado su depósito. Pero cuando la ausencia de la mujer del hogar, es transitoria y muchas veces impuesta por diversas circunstancias, indudablemente que está facultada para tutelar su interés y el de sus hijos promoviendo el depósito como acto prejudicial. La consideración en contrario significaría propiciar situaciones injustas e ilegales. Por lo tanto, no puede estimarse que los artículos 167 al 191 de aquel ordenamiento sean inconstitucionales.'".

CUARTO.- Por su parte, en el considerando relativo de la sentencia dictada en el amparo en revisión 183/88, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, sostuvo el siguiente criterio:

"A fin de cumplir con lo previsto por el artículo 195, fracción III, de la Ley de Amparo, una vez que la integró, el Cuarto Tribunal en Materia Civil del Primer Circuito, remitió a este colegiado copia certificada de la tesis de jurisprudencia 1, que es del tenor siguiente: 'EJECUCION IRREPARABLE (INTERPRETACION DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.- En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, nos conduce a determinar que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad, en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien lo sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución irreparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se consideró admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado puedan revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente, además de que la aceptación del criterio indicado traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza; al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenara la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos; el que conminara a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etcétera, pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrían reparar en una actuación posterior en el juicio ya que verbigracia, en el caso de embargo, el derecho al goce y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa, no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etcétera; y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y , en otros, se harían cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva.'. Y este tribunal comparte el criterio acabado de transcribir, dado que ciertamente existen determinados actos que, verificados dentro de juicio e inclusive con la denominación de provisionales, ocasionan realmente un perjuicio irreparable, como por ejemplo (y las razones que conforman esa hipótesis surgen también en el problema que constituye la materia del juicio constitucional), la fijación de alimentos provisionales, la cual, como su nombre lo dice, no obstante ser de vigencia temporal, sí ocasiona un perjuicio de imposible reparación, toda vez que, en efecto, por cuanto al acreedor, pudiera hacérsela insuficiente, o bien, si se le negare ya no podría subsistir (qué mayor daño pudiera haber), y respecto del deudor, el numerario que tuviera que irrogar jamás lo recuperaría. Se afirma que en la especie se dan las mismas circunstancias de irreparabilidad, en virtud de que es indudable que cualquiera de los cónyuges que se ve privado de la posesión de los hijos menores, esa molestia jamás le podrá ser restituida a pesar de que la sentencia le fuere favorable, ya que como el tiempo no se puede regresar, nunca podrá ser reparable en el lapso que no tuvo la custodia de sus hijos.

Consiguientemente, contra lo afirmado por el Juez de Distrito, sí procede amparo indirecto en el caso que se comenta, pues sí cabe contra la determinación adoptada en cuanto a cuál de los cónyuges corresponde la custodia de sus menores hijos, no hay razón para que no pudiera pensarse igual cuando se trata de la revocación, o negativa a ella, en la medida aludida. Sólo por analogía se invoca la ejecutoria sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado de este Circuito, visible en la página 103 de la Tercera Parte del Informe de 1985, que dice: 'ALIMENTOS PROVISIONALES, EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA LA FIJACION DE. (LEGISLACION DE JALISCO).- La resolución que fija alimentos provisionales, ordena su pago, así como el embargo de bienes del deudor, para posteriormente sacar a su venta, como lo faculta el artículo 698 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, debe estimarse como un acto de los que prevé la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo por cuanto que puede causar perjuicios al quejoso que al no poder ser enmendados durante el curso del procedimiento, ni en la sentencia definitiva, deben ser considerados de imposible reparación pues, por una parte, la resolución relativa de conformidad con lo que dispone el artículo 696 del enjuiciamiento civil jalisciense, no admite recurso alguno que pueda revocarla, modificarla o nulificarla , y por otra, es imposible su reparación en la sentencia con la que culmina el juicio, en virtud de que las resoluciones sobre alimentos provisionales, sólo tienen vigencia durante la tramitación del juicio y lo decidido al respecto no puede ser abordado en la decisión definitiva, ya que, ésta, en todo caso, sólo se ocupará, por lo que al tema concierne, sobre la procedencia de alimentos a partir de su dictado, pero no sobre las pensiones alimenticias provisionales, cubiertas voluntaria o coactivamente con anterioridad, cuya existencia descansa en que se decretan para que los acreedores subsistan mientras se tramita el juicio, esto es, que por su naturaleza -uso y consumo-, es patente que una vez satisfechos los alimentos provisionales en la forma ordenada, es imposible su recuperación.'".

QUINTO.- Del análisis de la parte considerativa de las resoluciones respecto de las cuales se estima por el denunciante que se dio contradicción de criterios, este Pleno considera que así sucedió, pues independientemente de situaciones de detalle, se advierte que mientras un Tribunal Colegiado de Circuito estimó que en contra de una determinación provisional de custodia de menores en un juicio de divorcio, procedía el amparo directo, el otro llegó a la conclusión de que lo procedente era el amparo indirecto.

Procede, en consecuencia, determinar cuál es el criterio que debe prevalecer como jurisprudencia.

SEXTO.- Este Tribunal Pleno estima que con el carácter de jurisprudencia, debe prevalecer el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en los términos que se precisan en esta resolución.

En efecto, en la especie debe determinarse si la resolución que determina la custodia de menores, como medida provisional, es impugnable por la vía del amparo indirecto ante Juez de Distrito o si, por el contrario, debe combatirse hasta que se dicte la sentencia definitiva a través del amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito; para ello se considera pertinente analizar los preceptos tanto de la Constitución, como de la Ley de Amparo, que señalan los supuestos en que procede una u otra vía.

El artículo 107, fracción III, de la Constitución, dispone:

"Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103, se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley; de acuerdo con las bases siguientes:

III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:

a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten el orden y la estabilidad de la familia.

b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; ..."

Por su parte, la Ley de Amparo, en sus artículos 114, fracción IV, y 158, establece:

"Artículo 114.- El amparo se pedirá ante Juez de Distrito:

IV.- Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación;..." "Artículo 158.- El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos y resoluciones indicados. Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales de derecho a falta de la ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa ...".

De la lectura de los preceptos legales antes transcritos, se llega a la conclusión de que respecto a las violaciones que se cometan durante el procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se determina la procedencia del amparo indirecto cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación (de acuerdo con el inciso b) de la fracción III del artículo 107 constitucional), o que tengan, sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación (en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo), así como cuando afecten a personas extrañas al juicio.

En tales condiciones, habrá que establecer si la resolución que se dicta dentro de un juicio de divorcio, en relación a la custodia provisional de menores, encuadra dentro de la regla general antes apuntada, por constituir una violación procesal que afecta las defensas del quejoso, trascendiendo al sentido del fallo, o si por el contrario, puede quedar subsumida dentro del caso de excepción por tratarse de un acto en el juicio cuya ejecución es de imposible reparación.

Ahora bien, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, considera que las resoluciones que se dictan en el juicio, relativas a la custodia provisional de menores, no es de aquellas que sean de imposible reparación, al poder ser reparables al dictarse la sentencia definitiva en el juicio natural.

Sin embargo, este Tribunal Pleno compartiendo el punto de vista que sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la ejecutoria motivo de la contradicción denunciada, estima que una interpretación lógica y sistemática de los dispositivos aplicables al caso, lleva a la conclusión de que, tratándose de actos de privación de menores como medida provisional en un juicio, sí son actos de imposible reparación, al no admitirse reparación en la sentencia, toda vez que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando, como consecuencia de ellos, se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo tutelado en las garantías individuales previstas en la Constitución Federal, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate; en el caso concreto, se vulnera el que se prive al progenitor de la custodia de sus hijos menores, con la consecuencia de no tener el goce y disfrute de ellos, así como el que ellos, ante esa situación, sean afectados en su seguridad, lo que trae implícito un daño de carácter irreparable, habida cuenta de que aun suponiendo que la sentencia que pusiera fin al juicio fuera favorable al progenitor al que se le hubiera privado de la custodia de sus hijos y lo restituyera en su gozo, de ningún modo podría restituirle la privación de que fue objeto por el tiempo en que estuvo en vigor la medida provisional, ni tampoco a los hijos se les podría restituir la seguridad de que fueron privados en el lapso co

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/205-97cf7e22/custodia-de-menores-la-medida-provisional-relativa-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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