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Modo: Corpus Pro

ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS PARA USO HABITACIONAL. EL ARRENDATARIO PUEDE ELEGIR CUALQUIER VIA, ORAL O ESCRITA, PARA EXPRESAR SU VOLUNTAD DE PRORROGA, CON TAL DE QUE PUEDA SER CLARAMENTE COMPRENDIDO POR EL ARRENDADOR (ARTICULO 2448 C DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/93. · Registro digital (IUS): 2186
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCERO, CUARTO Y QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Tercera Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Noviembre de 1994, , Pág. 65.

CONTRADICCION DE TESIS 2/93. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCERO, CUARTO Y QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al pronunciar sentencia en el juicio de amparo directo número DC4730/92, se apoyó en las siguientes consideraciones en relación a la materia de la contradicción denunciada:

Amparo directo DC 4730/92.

"El quinto concepto de violación es fundado, porque es cierto que la Sala responsable hizo incorrecta interpretación de lo dispuesto por el artículo 2448 C del Código Civil para el Distrito Federal.

"El artículo 2448 C del ordenamiento de referencia, que por cierto es de orden público e interés social, y por tanto irrenunciable, establece que la duración mínima de todo contrato de arrendamiento, de fincas destinadas para habitación, es de un año forzoso para arrendador y arrendatario, y que será prorrogable, a voluntad del arrendatario, hasta por dos años más, siempre y cuando se encuentre al corriente en el pago de las rentas. El contenido de dicho precepto pone de manifiesto que el legislador, en lo referente a contratos de arrendamiento de fincas destinadas a la habitación, derogando el principio de autonomía de la voluntad, que rige en los contratos, establece que, aun sin el consentimiento del arrendador, éste permanezca sujeto a una obligación, lo que se traduce en una prerrogativa para el arrendatario, consistente en que dicho contrato de arrendamiento pueda ser prorrogable hasta por dos años más, mediante: a) La sola manifestación de voluntad del inquilino, y b) Siempre y cuando éste se encuentre al corriente en el pago de las rentas.

"Elemento fundamental para obtener la prórroga legal es la voluntad del arrendatario, y la ley no previene forma para expresarla; por tanto, debe estarse a lo dispuesto en los artículos 1832 y 1859 del Código Civil para el Distrito Federal, y por ello es menester referirse a ella.

"Forma y formalismo o formalidades son conceptos que se emplean a menudo en el campo jurídico como sinónimos, y crean confusión, por lo que es necesario deslindar su preciso significado jurídico.

"En el ámbito del derecho, las manifestaciones de la voluntad que son capaces de producir efectos son las que se hacen visibles, o patentes, y que son susceptibles de ser apreciadas por alguien distinto del autor del acto. Esto es, para que trascienda en el campo jurídico la voluntad interna del sujeto, dirigida a crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas, es necesario que la exteriorice y cobre presencia en el mundo exterior. La voluntad que permanece en la mente del sujeto no tiene ninguna trascendencia. Luego, se puede afirmar que se requiere de una forma para hacer visible la expresión de la voluntad y dar certeza al acto jurídico, como pueden ser los signos verbales, escritos o la realización de una conducta, etcétera; de tal suerte que no hay acto jurídico que no tenga forma.

"Concepto distinto es el de formalismo o formalidad del acto jurídico, porque aquí el ordenamiento jurídico señala cómo debe exteriorizarse la voluntad para que dicho acto tenga validez; o, incluso, existencia.

"Por principio habrá libertad en la forma. Así, el derecho puede dejar una libertad completa para que la voluntad se exprese en el acto jurídico, de suerte que todo medio, ya sea la palabra, la acción, el signo, el silencio, etcétera, sean propios para producir el efecto deseado, y para que el contenido de la voluntad pueda ser claramente comprendido. El derecho puede también limitar la voluntad en cuanto a los medios de expresión. Así, algunas veces la ley hace depender de una forma de expresión determinada, la realización del objeto perseguido, de manera que si se omite esta forma de expresión, la voluntad no es apta para producir efectos, y el acto se sanciona con nulidad, o bien genera efectos limitados. Otras veces, la ley dispone que la inobservancia de la forma prescrita origine la imposición de una pena, completamente independiente al acto, pues esa sanción en nada afecta a éste; por ejemplo, cuando se impone multa al autor del acto, por inobservar la forma precisa para su emisión.

"La forma de la primera especie, es decir, aquella cuya inobservancia afecta la validez del acto mismo o produce la limitación de sus efectos, es la que genera la noción del acto jurídico formal. Desde este punto de vista, el acto jurídico formal es aquel en el que la inobservancia de la forma jurídicamente prescrita para la manifestación de la voluntad, encuentra una sanción que repercute en el acto mismo.

"Es pertinente aclarar que, si bien toda forma decretada, o impuesta, limita la voluntad en la elección de sus medios de expresión, no toda restricción de esta especie basta para considerar formal al acto al cual se aplica. Esto puede entenderse mejor, si se tienen en cuenta las maneras a través de las cuales la ley limita la voluntad, en cuanto a los medios en que ésta puede expresarse. Así, la limitación puede hacerse de manera negativa. Esta limitación se da, cuando la ley proscribe cierto modo de expresión o exteriorización del acto, por ejemplo, cuando prohíbe que la voluntad se manifieste tácitamente, o cuando no se permite la conclusión de un acto en un momento determinado.

"La limitación puede hacerse también de manera positiva. Esto ocurre cuando la ley fija expresamente y de manera cierta, el modo en que ha de expresarse la voluntad para la emisión del acto jurídico. Cuando la ley regula esa limitación de manera negativa, se está ante una restricción de forma, pero no ante la presencia de un acto formal. El acto formal se presenta más bien en la segunda manera de limitación de la expresión de la voluntad, o sea, cuando el modo de expresión de ésta es fijado de antemano en la ley. Es aquí cuando se da verdaderamente el acto formal, cuya validez depende de que se haya utilizado la forma legalmente determinada, que es lo que constituye la formalidad o formalismo. En este caso, la validez del acto está ligada a esa forma y, como se ve, al sujeto que emite el acto no se le deja libertad de elección en la manera de expresarse.

"En cambio, cuando la limitación de la libertad en los modos de expresión se hace de manera negativa, el acto no es formal, puesto que aun cuando en este caso hay cierta restricción, a fin de cuentas, la forma con que el autor ha querido hacer posible su acto es su propia obra. La forma es elegida dentro de las distintas opciones que escapan de la restricción impuesta por la ley. Es cierto que ésta pone obstáculos en la elección de la forma, pero el emisor del acto puede escoger todas aquellas que no estén expresamente prohibidas.

"Como se puede advertir, esta situación es distinta a aquella en que la ley impone una forma determinada, es decir, cuando la limitación se hace de manera positiva, pues en este caso, el autor del acto está constreñido a expresar su voluntad en la forma impuesta, para lograr el efecto jurídico propuesto.

"De aquí resulta que en el acto jurídico no formal, su autor no está constreñido a utilizar una forma determinada. La voluntad es más o menos libre respecto a la forma de expresión; por este motivo cabe hablar de forma libre cuando existe carencia de forma, y de forma no libre cuando existe el formalismo de los actos jurídicos.

"Los conceptos antes precisados son definidos en los mismos términos por la doctrina. Véase a Iherig en su obra 'El Espíritu del Derecho Romano.', versión española de Enrique Príncipe y Sotorres, Tomo III, página 181 y siguientes, citado por Manuel Gual Vidal en la Revista General de Derecho y Jurisprudencia, México 1934, página 107 y siguientes en su artículo 'El Formalismo en los contratos. Estudio del problema en nuestro derecho.'.

"El Código Civil del Distrito Federal también acoge el puntualizado concepto de acto formal en sus artículos 1832 y 1833, que se refieren a la 'forma' en los contratos. En cada uno de esos preceptos se dispone: 'En los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente designados por la ley', y cuando la ley exija 'determinada forma para un contrato mientras que éste no revista esa forma no será válido, salvo disposición en contrario; pero si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que se dé al contrato la forma legal.'.

"En tales dispositivos se aprecia que el legislador distingue entre el acto formal y el que no lo es, porque en principio se deja en libertad a los contratantes, para que manifiesten su voluntad de la manera más variada en los actos jurídicos, de suerte que sea capaz de producir el efecto deseado (el artículo 1803 prevé que el consentimiento puede ser expreso o tácito), y bastará que la manifestación externada sea claramente comprensible, y que de ella se pueda desprender la manera y términos en que su autor quiso obligarse. En otras palabras, como la ley, en este caso, no prescribe que la voluntad de los contratantes se deba expresar de una manera cierta y determinada, para que el contrato sea válido o se limiten sus efectos, no se está ante la presencia de un acto formal. Sin embargo, en dichas normas se prevé claramente que, cuando la ley exija determinada forma para un contrato, si éste no reviste esa forma, no será válido; es patente que aquí el legislador contempla y distingue al acto formal, ya que la validez del acto está ligada a esa forma determinada exigida por la ley, y el sujeto que la emite no tiene ninguna libertad de elección en la manera de expresarse. Es decir, se está frente a una limitación de las llamadas positivas, donde verdaderamente se da el acto formal.

"El artículo 2448 C del Código Civil para el Distrito Federal no limita, expresamente y de manera cierta, el modo en que ha de expresarse la voluntad del arrendatario para obtener la prórroga legal, y para que sea considerada válida. No se está ante una limitación positiva, y por tanto no se trata de un acto formal. Del contenido del precepto de referencia, más bien se aprecia que la expresión de la voluntad del arrendatario, para ese efecto, es libre, es decir, el inquilino puede elegir cualquier medio para expresar su voluntad, como puede ser la palabra, oral o escrita, o los signos inequívocos (artículos 1796, 1803, 1832, 1833, 2398 y 2448 L del Código Civil para el Distrito Federal), y basta que el medio elegido sea propio y que el contenido de la voluntad pueda ser claramente comprendido. Ciertamente existe una restricción, que se desprende de la propia ley, consistente en que el acto no se exprese con un no hacer. Esto es así, porque aun cuando el dispositivo en comento nada dice, en cuanto a la forma en que debe declararse la voluntad del inquilino, y ello pudiera llevar a la conclusión, conforme a lo expuesto, de que, entonces, dicha voluntad pueda ser manifestada de cualquier forma sin aparente restricción, lo cierto es que, al contemplar el artículo 2478 el contrato reconducido, que nace de la inercia de los contratantes, después de haber concluido el plazo fijado, resulta manifiesto que la ley da efectos específicos al silencio del inquilino, y con ello proscribe esta forma de expresión de la voluntad para obtener la prórroga legal; por tanto, si bien se está en presencia de una restricción formal, de carácter negativo, no se está frente a un acto formal, porque fuera de dicha restricción, la voluntad del arrendatario puede manifestarse de las maneras más variadas, lo que conduce a robustecer la afirmación de que el legislador no considera al acto de prorrogar, como acto formal. Lo expuesto evidencia que carece de sustento jurídico que al arrendatario se le exija, para hacer valer su derecho de prórroga, no la sola manifestación expresa de su voluntad; sino que tal declaración se haga a través de demanda judicial, y únicamente de esa manera surta efectos; pues si bien es cierto que esa es una de las tantas formas de externar la voluntad, no es el único medio para hacerlo; por tanto, si la ley no impone que la declaración expresa de la voluntad sea por medio de demanda judicial, como acto formal, el juzgador no tiene por qué establecer ese límite. Además, no debe soslayarse que el ejercicio de la acción ante las autoridades jurisdiccionales presupone, conforme a los artículos 1, 2 y 255, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que el actor tenga interés en que intervenga el juzgador, a fin de lograr para sí la actualización de su derecho protegido, lo que no puede conseguir por propia mano, a consecuencia de un estado de hecho contrario a derecho, o de incertidumbre sobre éste, provocado por el demandado (el interés es la medida de la acción); para que de esa manera, el accionante obtenga, de modo forzado, de su contraparte, el cumplimiento de la obligación insatisfecha o el respeto al derecho desconocido.

"Impera en las relaciones humanas el principio de buena fe, consistente en que las partes cumplan voluntariamente con las obligaciones que les corresponden, sin necesidad de ser forzadas a hacerlo, y sólo para el caso en que no ocurra así, la ley instituye el derecho de acción, pues no debe olvidarse que los juicios son considerados como males necesarios, y por ello sólo en caso de necesidad, deben instarse. Por ello, se tiene que concluir que resulta ilógico y contrario a derecho que se constriña a alguien -el arrendatario-, a expresar su voluntad a través de la demanda judicial, para obtener el nacimiento de su derecho la prórroga en el caso, antes de saber si ese derecho no se le reconociera de manera voluntaria; sobrecargando de paso, innecesariamente, el volumen del trabajo de los tribunales.

"En consecuencia, si la Sala responsable está considerando que, para tener por perfeccionada la prórroga a que se refiere el artículo 2448 C del Código Civil para el Distrito Federal, se hace necesario que el inquilino la solicite a través de la demanda que presente ante la autoridad judicial, iniciando con ello la controversia, antes del vencimiento del contrato, resulta manifiesto que conforme a lo expuesto, es ilegal su resolución, toda vez que está limitando la expresión de la voluntad del arrendatario a una sola forma, como es la demanda judicial, que ni el artículo 2448 C precisado, ni ningún otro precepto del Código Civil para el Distrito Federal, establecen que sea única, toda vez que el acto de prorrogar el contrato no es formal.

"En el caso, la voluntad del inquilino fue exteriorizada por acto positivo, con lo cual no se infringió la prohibición implícita de la ley, de que la voluntad no debe manifestarse con un 'no hacer' o una abstención; sino que el inquilino ejercitó su derecho dentro de la libertad de formas que le otorga el artículo 1832 del Código Civil para el Distrito Federal.

"Al demostrarse lo erróneo de la premisa sobre la que la ad quem desestimó la prórroga contrademandada por la quejosa, y apareciendo de las pruebas que la inquilina ofreció en el juicio, consistentes en las copias certificadas de la queja administrativa 05760/91, tramitada ante la Procuraduría Federal del Consumidor, que la arrendataria expresó su voluntad de obtener la prórroga legal el veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y uno; es decir, el día del vencimiento del contrato de arrendamiento base de la acción de terminación, y que además se encontraba al corriente en el pago de las rentas, como lo confesó el actor al absolver la posición siete, y que incluso también reconoce, al absolver la posición diecisiete, que estaba enterado de la voluntad de la arrendataria de obtener la prórroga del contrato de arrendamiento; circunstancias éstas que por cierto, la Sala responsable además reconoce en el considerando segundo de su sentencia, resulta manifiesto que debe concederse el amparo a la quejosa, para el efecto de que la Sala responsable pronuncie otra ejecutoria, en la que modifique la sentencia reclamada, deje intocado el considerando tercero que no es materia de estudio en esta ejecutoria, y siguiendo los lineamientos que se precisan en esta sentencia de amparo, dé por acreditada la prórroga que ejercitó expresamente la quejosa.

"Este tribunal no comparte las tesis que con el carácter de jurisprudencia, ni las aisladas, sostenidas por el Tercer Tribunal y Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en las que de manera expresa o implícita, se emite un criterio opuesto al de este tribunal, en cuanto a que en ellas se concluye que, para considerar que se ha hecho valer el derecho a la prórroga, a que se refiere el artículo 2448 C del Código Civil para el Distrito Federal, resulta necesario que la voluntad del inquilino se manifieste a través de la promoción de demanda judicial, presentada ante Juez del arrendamiento inmobiliario en la vía de controversia de arrendamiento.

"Las jurisprudencias en cuestión están publicadas en las páginas 71 y 72 de la Gaceta número 47 del Semanario Judicial de la Federación, correspondientes al mes de noviembre de 1991, y las tesis en las páginas 426, 427, 578 y 579 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo IX, abril de 1992, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que son del siguiente tenor literal: 'ARRENDAMIENTO. EL PROCEDIMIENTO ANTE LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PARA RECLAMAR LA PRORROGA DEL, ES IMPROCEDENTE POR NO SER ESTA LA AUTORIDAD IDONEA.' (Se transcribe en el considerando tercero de este fallo, página diecisiete). 'ARRENDAMIENTO. NO PROCEDE LA PRORROGA DEL, EN JURISDICCION VOLUNTARIA POR NO SER ESTA LA VIA IDONEA.' (Se transcribe a foja veintisiete de esta resolución), y, 'ARRENDAMIENTO, EFECTOS DE LA PRORROGA SOLICITADA EN TIEMPO PERO NO EN LA VIA IDONEA.' (Se transcribe a foja cuarenta y uno de esta resolución). 'PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER DE ACCIONES CIVILES.' (Se transcribe a foja cuarenta y cuatro de esta resolución).

"De los textos transcritos se desprende que los argumentos en que se apoyan los criterios que no se comparten son, en síntesis, los siguientes:

"a) En el primero de los criterios se sostiene que el acto de prorrogar, a que se refiere el artículo 2448 C del Código Civil para el Distrito Federal, para que surta efectos jurídicos, debe intentarse con toda oportunidad, a través de la acción jurisdiccional, ante el Juez competente, porque es quien debe dirimir la controversia.

"b) En el segundo y el tercero de los criterios, se sostiene que el medio para que el inquilino haga valer su deseo de prorrogar el contrato de arrendamiento, no lo son las diligencias de jurisdicción voluntaria; sino sólo la vía contenciosa, porque es en ella donde el arrendatario puede demostrar que solicitó la prórroga con toda oportunidad, y que se encuentra al corriente en el pago de rentas, y porque sólo en juicio, el arrendador puede hacer valer las excepciones o defensas que estime pertinentes, y tiene la oportunidad de defenderse de las pretensiones del arrendatario, pues únicamente a través de una sentencia de fondo, se establecerá la procedencia de la prórroga, por lo que este derecho, solicitado a través de las diligencias de jurisdicción voluntaria, carece de consistencia jurídica.

"c) En el cuarto de los criterios se sostiene, nuevamente, que el derecho de prorrogar el contrato de arrendamiento, sólo se puede ejercitar a través de una acción civil, y que por tanto, la manifestación relativa, hecha ante la Procuraduría Federal del Consumidor, quien no es un órgano jurisdiccional, no tiene efectos jurídicos de género alguno, ni vincula a los tribunales civiles, para conocer o admitir la oportunidad del ejercicio de ese derecho de prórroga, como si éste se hubiera deducido en tiempo y forma ante los tribunales judiciales competentes.

"Tocante al inciso a), este Tribunal Colegiado no comparte las consideraciones acerca de que sólo a través de la vía jurisdiccional, en la que se tramite la controversia en materia de arrendamiento, se pueda manifestar, con la oportunidad debida, la voluntad de hacer uso de la prórroga legal, a que se refiere el artículo 2448 C del Código Civil para el Distrito Federal, porque limitar al autor la forma de expresar su voluntad a ese medio, de suerte que si se omite esa forma de expresión, la voluntad no sea susceptible de producir efectos, es considerar al acto de prorrogar como acto formal, lo que debe estar previsto en la ley, y ésta no considera al acto de prorrogar, como acto formal; luego la expresión de la voluntad del inquilino es libre.

"La única restricción consiste en que el acto no se exprese con un no hacer; pero fuera de esta restricción, puede manifestarse de las maneras más variadas. Además, la circunstancia de que el legislador prescinda de la voluntad del arrendador para que opere dicha prórroga no significa, forzosamente, que el arrendador se niegue a respetar la prórroga que el inquilino pretenda, cumpliendo con uno de los principios básicos que inspiran la celebración de los contratos: la buena fe; ya que precisamente, cuando falta este cumplimiento voluntario, es cuando se justifica la vía jurisdiccional para lograr el respeto al derecho desconocido, y su ejecución forzada.

"Respecto a los incisos b) y c), se considera por este tribunal que el arrendatario, para obtener la prórroga del contrato de arrendamiento, debe satisfacer, exclusivamente, los dos requisitos que marca la ley: a) Manifestar expresamente su voluntad, y b) Encontrarse al corriente en el pago de las rentas. El primer elemento, es decir, la voluntad, ya se demostró que tiene eficacia jurídica cuando se exterioriza, a través de cualquier medio elegido por su autor, pues para la validez de esa manifestación, la ley no prevé formalidades determinadas. Entonces, como el artículo 2448 C, del ordenamiento sustantivo antes citado, no precisa que el inquilino deba 'pedir', sino más bien, a que su voluntad conste en el mundo exterior, de manera fehaciente y con la suficiente claridad para que sea comprensible que se desea hacer uso de tal derecho, verbigracia: la manifestación de la voluntad del inquilino exteriorizada con toda oportunidad a través de las diligencias de jurisdicción voluntaria, o ante la Procuraduría Federal del Consumidor, resulta inconcuso que exigirle al inquilino que 'pida' la prórroga, es introducir o agregar un requisito, que la ley no le impone; por tanto, es posible concluir que el acto de optar por la prórroga del arrendamiento, unilateralmente realizado, no necesita para ser eficaz, forzosamente, de la intervención de los órganos jurisdiccionales. Por otro lado, el principio de buena fe que rige en la celebración de los contratos, indica que las partes, ordinariamente, cumplen voluntariamente con lo que a cada una le corresponde, y sólo en caso, anormal, de incumplimiento, se llega al juicio, por el interés que tiene el accionante de regularizar su situación; luego, la oportunidad de defensa de una y otra parte, la tendrán los interesados en la controversia hipotética que se origine, en cualquier momento, por la crisis de la relación jurídica, en donde el inquilino, para hacer que se respete el derecho a la prórroga, tendrá que acreditar que hizo valer su voluntad oportunamente, y que se encontraba al corriente en el pago de las rentas, y el arrendador tendrá la ocasión, a su vez, de hacer valer lo que estime pertinente; juicio en el cual se pondrá remedio a esa situación irregular, estableciendo el derecho que corresponda. En consecuencia, por estas razones, este Tribunal Colegiado no comparte los criterios sostenidos en las tesis de referencia.

"Al suscitarse la contradicción de tesis en los términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, y como se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 26, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que ambas tesis se sustentaron en juicios de amparo en materia civil, procede denunciarlas ante la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia."

TERCERO.-El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sostiene la tesis de jurisprudencia publicada con el número veinte en la página setenta y uno de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuarenta y siete, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y uno, que literalmente expresa:

"ARRENDAMIENTO. EL PROCEDIMIENTO ANTE LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PARA RECLAMAR LA PRORROGA DEL, ES IMPROCEDENTE POR NO SER ESTA LA AUTORIDAD IDONEA.-La Procuraduría Federal del Consumidor carece de facultades para resolver sobre la prórroga a que se refiere el artículo 2448, inciso C, del Código Civil, pues el hecho de que dicha autoridad realice actos relacionados con el arrendamiento y particularmente en beneficio de la parte arrendataria, tal participación de esta autoridad sólo puede ser considerada como de carácter auxiliar de los tribunales de justicia del fuero común, como lo es en el caso de que se trata, aun cuando también lo puede ser en auxilio de otro órgano jurisdiccional estatal; por consiguiente, para considerar jurídicamente que el beneficio de la prórroga en cuestión se ha hecho valer oportunamente, es menester que la misma se intente ante un Juez del arrendamiento inmobiliario, autoridad ésta que conforme a la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común, es quien legalmente tiene la facultad de dirimir controversias relacionadas con el género del arrendamiento.

"Amparo directo 3203/88. Mario Hernández Pacheco. 27 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Secretario: Vicente C. Banderas Trigos.

"Amparo directo 5453/90. Juan Manuel Cortés. 25 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Rojas Aja. Secretario: Francisco Sánchez Planells.

"Amparo directo 3117/91. Luis Sánchez Pliego, su sucesión y otra. 27 de junio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Secretario: Juan Manuel Hernández Páez.

"Amparo directo 3159/91. Ana María Acevedo viuda de Pérez. 8 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Rojas Aja. Secretario: Enrique Ramírez Gámez.

"Amparo directo 4437/91. María del Refugio Villarreal Sánchez. 12 de septiembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Secretario: Vicente C. Banderas Trigos."

Los precedentes que conforman la tesis de jurisprudencia de que se trata, son del tenor siguiente, en lo conducente:

Amparo directo DC 3203/88.

"Los motivos de inconformidad que se consignan en el capítulo de conceptos de violación resultan infundados. En efecto, de la lectura que se realiza a las constancias y actuaciones que conforman al juicio natural a las que se les concede valor probatorio pleno al tenor de lo previsto en los artículos 129, 195 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles en aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se llega al convencimiento de que la sentencia definitiva, ahora combatida en esta vía constitucional, de manera alguna resulta infractora de las normas secundarias y constitucionales a que se refiere el quejoso; ello es así, porque aun cuando el artículo 2448 inciso C de la ley sustantiva, contempla el beneficio para el arrendatario consistente en que, cuando éste se encuentre al corriente en el pago de las rentas podrá obtener el beneficio de la prórroga del contrato por el término de dos años, también es que contrariamente a lo sostenido por el hoy inconforme, dicha prórroga no opera por el simple transcurso del tiempo, sino que es necesario que la misma se haga valer oportunamente; esto es, antes de que fenezca el término forzoso del arrendamiento, como al afecto así lo consideró la Sala responsable, en la parte relativa del fallo que ahora se combate.

"Igualmente y como corolario a lo anterior, debe decirse que este tribunal constitucional no comparte el razonamiento del peticionario de garantías en cuanto a que la Procuraduría Federal del Consumidor, tiene facultades para resolver sobre la prórroga a que se refiere el numeral antes invocado, pues el hecho de que dicha autoridad realice actos relacionados con el arrendamiento y particularmente en beneficio de la parte arrendataria, tal participación de esta autoridad, sólo puede ser considerada como de carácter auxiliar de los tribunales de justicia del fuero común, como lo es en el caso de que se trata, aun cuando también lo puede ser en auxilio de otro órgano jurisdiccional estatal; por consiguiente, para considerar jurídicamente que el beneficio de la prórroga en cuestión se ha hecho valer oportunamente, es menester que la misma se intente con los requisitos previos antes señalados ante un Juez del arrendamiento inmobiliario, autoridad ésta que conforme a la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común, es quien legalmente tiene la facultad de dirimir controversias relacionadas con el género del arrendamiento; de tal suerte que, si conforme a las constancias del principal, se advierte que el enjuiciado hoy quejoso, al contestar la demanda reconvino la prórroga del correspondiente contrato, es claro que esta acción por extemporánea resulta improcedente, como también así se consideró en el fallo ahora atacado; no obstante lo anterior, y por cuanto al trámite administrativo que el arrendatario realizó ante la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, según constancias certificadas que al juicio principal acompañó; de las mismas no puede ni siquiera presuntivamente considerarse, que oportunamente se intentó la prórroga de arrendamiento de que se trata, en virtud de que según esas constancias no fue posible hacer saber al arrendador el reclamo del inquilino para obtener la ya mencionada prórroga de contrato, todo lo cual y como atinadamente lo advirtió la Sala responsable, resulta infructuosa la pretensión del arrendatario."

Ampar

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2186-7b6a1e4d/arrendamiento-de-fincas-urbanas-para-uso-habitacional-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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