TERMINO PARA APELACION EXTRAORDINARIA. SE COMPONE DE DIAS NATURALES.
CONTRADICCION DE TESIS 24/92. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO Y EL QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.- El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver con fecha ocho de agosto de mil novecientos noventa y uno el amparo en revisión número 658/91, promovido por Leopoldo Cárdenas, contra el acto de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consistente en la interlocutoria pronunciada en el toca 2433/90, formando con motivo del recurso de reposición interpuesto en contra del auto de dictado por la propia Sala a través del cual revocó la admisión de un recurso de apelación extraordinaria, sostuvo lo siguiente:
"CUARTO.- Son inatendibles los motivos de inconformidad. El recurrente carece de razón en su planteamiento fundamental, relativo a que el término para interponer la apelación extraordinaria se forma con días hábiles solamente. En efecto, cuando una situación concreta queda comprendida en los o más normas, con sentido o hasta opuesto, pero una de carácter general y la otra se emitió para regir determinada clase de casos, y no existen en la ley positiva reglas para determinar cuál se debe aplicar, en el medio jurídico nacional se ha aceptado, de manera uniforme, para solucionar el conflicto, acudir al llamado principio de especificidad, conforme al cual la disposición especial, en los casos que abarca, constituye la excepción a la general y la excluye. En la cuestión sujeta a estudio se actualizan esas hipótesis, como se demostrará a continuación El artículo 136 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, "Para fijar la duración de los términos los meses se regularán por el número de días que les correspondan, y los días se entenderán de veinticuatro horas naturales, sin perjuicio de que las actuaciones judiciales se sujeten al horario que establecen el artículo 64". Como se puede advertir, la correcta intelección de este precepto revela que los meses integrantes de un plazo procesal se componen por todo el tiempo transcurrido desde la fecha legal de inicio hasta que se complete el número de días naturales que les correspondan en el calendario, ya sean veintiocho, treinta o treinta y uno, de manera que, verbigracia, si comienzan un día primero, concluyen el último del mismo mes;si empiezan a contar desde un día siete, terminan el día seis del mes siguiente; y así en cada caso. Por su parte, el artículo 131 del propio ordenamiento adjetivo preceptúa: "En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales". Esta disposición está dada de modo general y no sólo para ciertos casos. Luego entonces. aunque los dos dispositivos en comento comprenden en principio dentro de sus supuestos a los plazos procesales conformados por meses, el primero es el aplicable, con exclusión del segundo, por ser aquél la norma específica y éste la general. Este conflicto debe resolverse atendiendo al principio de especificidad, conforme al cual las normas dadas para un caso particular excluyen a las generales en donde dicho caso pudiera quedar comprendido. Conforme a este principio, la norma específica es la dada en el artículo 136 que sólo se refiere a la manera de que se componen los meses y los días y la general es la contenida en el 131 aplicable a los términos en general, sin distinguir si se integra por horas, días o meses. Consecuentemente, dentro de los plazos por meses cuentan todos los días, pueden tener o no lugar actuaciones judiciales. Con base en los principios anteriores, tampoco tiene razón el recurrente cuando alega la circunstancia de interponerse en el transcurso del plazo referido para hacer valer la apelación extraordinaria del período vacacional de los órganos judiciales del conocimiento y la publicación en el Boletín Judicial de un acuerdo del Pleno del tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,en el sentido de que en ese lapso no corren términos, pues por lo que toca a que no se practican actuaciones judiciales en ese período, son aplicables los razonamientos expuestos; y tocante al alcance del acuerdo mencionado, éste sólo puede entenderse aplicable a los plazos procesales que se integran por días, acorde con el sentido de las disposiciones legales objeto de interpretación en los párrafos precedentes. Luego entonces, si la juez de Distrito consideró que no deberían descontarse los días de asueto comprendidos entre el dieciséis y el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa, en el cómputo del plazo para interponer el recurso de apelación extraordinaria en el conflicto jurídico que dio lugar al amparo en revisión tal proceder es correcto y apegado a derecho. Además, lo resuelto no implica dejar sin efectos lo acordado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, porque de acuerdo con lo dicho, el citado acuerdo sólo resulta aplicable a los términos integrados por días y no cuando se componen, como en la apelación extraordinaria, por meses. Es incorrecto el alegato en donde se expone que el asunto de debió resolver conforme a lo preceptuado en el artículo 20 del Código Civil para el Distrito Federal, porque en el caso no se da el supuesto de inexistencia de ley aplicable. La circunstancia de que los vocablos término a plazo pudieran ser sinónimos no altera lo decidido, pues el estudio de este órgano colegiado resolvió el problema planteando por el recurrente, sin hacer distingos entre una y otra locución. El hecho de que el precedente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, fundamentó de la sentencia recurrida, pudiera no resultar aplicable, por no tratar específicamente un caso en donde se hiciera referencia al período vacacional de los órganos judiciales del conocimiento y la existencia de un acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el sentido de que durante el mismo no transcurrieron términos, resulta irrelevante, porque este Tribunal se avocó al estudio de ese problema concreto y llegó a una conclusión en el mismo sentido a la sostenida en aquella otra ejecutoria, con apoyo en las consideraciones expuestas. Lo infundado del segundo agravio deviene, en principio, de no ser verídica la afirmación del agraviado en el sentido de que la Juez de Distrito soslayó el análisis del segundo concepto de violación, porque basta leer el fallo recurrido, para percatarse de lo contrario. La juzgadora federal desestimó el motivo de inconformidad aduciendo que la facultad expresada en el artículo 718 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se debía entender conferida de manera originaria al tribunal de alzada, por lo que éste al recobrar la jurisdicción, válidamente podía decretar la extemporaneidad del recurso y desecharlo. Lo dicho sirve de sustento para desestimar el argumento en donde se alega que la responsable aplicó incorrectamente el artículo 718 de la ley adjetiva civil de esta localidad, pues la juzgadora federal no estableció que la citada norma regulara directamente una facultad del tribunal de alzada, sino que atribuyó a éste, originariamente tal aptitud. También pone de relieve que la Juez del Distrito no confundió los efectos del recurso en comentarios con los de los de la apelación ordinaria; y si bien pudiera considerarse que la a quo federal no se pronunció expresamente respecto del concepto de violación en donde se sostuvo que el proceder de la responsable, al desechar el recurso sin agravio de parte interesada, implicaba suplir la queja en un caso no permitido, tal circunstancia no irroga el recurrente ningún agravio, porque al ser correcta tal actuación oficiosa del tribunal de alzada al calificar el grado, implica que no se dio supleción. Finalmente, la circunstancia de que la a quo federal hubiera referido a la apelante como la parte que debió expresar los agravios de la extemporaneidad del recurso de apelación extraordinaria, cuando en realidad debió hacer referencia a quien interpuso la reposición (parte actora o apelada) también resulta irrelevante y no irroga a Leopoldo Cárdenas ningún agravio, porque la indicada equivocación sólo podría dar lugar a la improcedencia o a la declaración de ser infundado el recurso de reposición, en el evento de que resultara fundado el argumento de que el tribunal de alzada carecía de facultad para estudiar oficiosamente la oportunidad del recurso, lo cual no es así. Consecuentemente, al no resultar fundados los motivos de impugnación ni encontrar este Tribunal algún motivo legal para suplir la queja, se debe confirmar la sentencia recurrida."
Por su parte el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito en la sentencia dictada con fecha seis de febrero de mil novecientos noventa y dos en el amparo en revisión 1199/91, promovido por Yolanda Penilla del Castillo contra el acto del la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consistente en la resolución pronunciada en el toca 984/91, formado con motivo de un recurso de un recurso de apelación extraordinaria interpuesto por la propia quejosa, sostuvo lo siguiente:
"CUARTO.- La Tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia número 22, publicada en la página 50 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 13-15, Enero Marzo de 1989, sostiene el siguiente criterio: 'SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA IMPLICA UN EXAMEN CUIDADOSO DEL ACTO RECLAMADO.- El artículo 76 bis, fracción VI, de la ley de Amparo, establece que las autoridades que conozcan del juicio de garantías deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos previstos en la propia ley, cuando se advierte que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Este dispositivo no puede ser tomado literalmente, pues si así se hiciera su contenido se volvería nugatorio habida cuenta que contra los actos de autoridad arbitrarios o ilegales, el agraviado siempre podra defenderse a través del juicio constitucional, de manera que la indefensión prevista nunca se presentaría; en cambio, una saludable interpretación del citado numeral permite sostener que la suplencia en la deficiencia de la demanda, ha lugar cuando el examen cuidadoso del problema que se plantea hace patente que la responsable infringió determinadas normas en perjuicio del quejoso, quien como consecuencia de ello, quedó colocado en una situación de seria afectación a sus derechos que de no ser corregida, equivaldría a dejarlo sin defensa.' Con apoyo en dicha jurisprudencia, así como en el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, se debe suplir la deficiencia de los agravios, porque este tribunal advierte que, en la especie ha habido en contra de la quejosa recurrente un violación manifiesta a la ley que la dejó sin defensa, de conformidad con los razonamientos que a continuación se expresan: En principio, es conveniente dejar asentado, que de las constancias procesales aparece demostrado lo siguiente: a) Ante el Juez Décimo Noveno del Arrendamiento Inmobiliario de esta capital, Alicia Minvielle de Carranza, en su carácter de arrendadora, demandó de Yolanda Penilla de Castillo, en su calidad de inquilina, la terminación del contrato de arrendamiento celebrado respecto del departamento tres, de la casa número siete, de la calle de Tanana, colonia del Valle de esta ciudad (ver fojas cuarenta y nueve a cincuenta y uno del expediente constitucional); b).- Por auto del veintiocho de agosto de mil novecientos noventa, el Juez natural tuvo por acusada en su contra, ordenando que las subsecuentes notificaciones posteriores al emplazamiento, aún las de carácter personal, se le hicieran por Boletín Judicial (ver foja sesenta y cuatro del expediente constitucional); c).- El veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa, el juez a quo dictó la sentencia en la que declaró terminado el contrato de arrendamiento base de la acción y condenó a la demandada a la desocupación y entrega de la localidad arrendada. Dicho fallo se notificó a la demandada hoy inconforme por Boletín Judicial del veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa, tal y como se había ordenado en el auto en el que se tuvo por acusada la rebeldía correspondiente, surtiendo sus efectos al día siguiente (ver fojas setenta y seis a setenta y ocho vuelta del expediente natural); d).- El doce de marzo de mil novecientos noventa y uno, la demandada interpuso recurso de apelación extraordinaria ante el juez natural, que fundó en las fracciones II y III del artículo 717 del Código de Procedimientos Civiles (ver fojas noventa y seis a noventa y nueve del expediente constitucional); e).- Por auto de catorce de marzo de mil novecientos noventa y uno, el juez a quo admitió el recurso de apelación extraordinaria, sin hacer calificación de grado, y lo remitió a la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia de esta capital (ver foja ciento dieciséis del expediente constitucional); f).- Mediante proveído del doce de abril de mil novecientos noventa y uno, la Sala ad quem revocó la admisión del recurso de apelación extraordinaria por haberse presentado de manera extemporánea el referido recurso. Dicho proveído se notificó por Boletín Judicial el cinco de abril de mil novecientos noventa y uno, surtiendo sus efectos al día siguiente (ver foja 119 del expediente constitucional); g).- El diecisiete de abril de mil novecientos noventa y uno, la apelante hoy recurrente interpuso recurso de reposición en contra del mencionado proveído (ver foja ciento veinte del expediente constitucional); h).- El veinte de mayo de mil novecientos noventa y uno, la Sala responsable resolvió el recurso de reposición interpuesto por la apelante, confirmando el auto por virtud del cual desechó por extemporáneo el recurso de apelación extraordinaria de mérito (ver fojas ciento veintiséis y ciento veintiséis vuelta del expediente constitucional); i).- En contra de dicha resolución y su ejecución, la inconforme promovió juicio de garantías indirecto ante el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal (ver fojas uno a nueve del expediente constitucional); j).- El juez federal negó el amparo solicitado, por considerar ajustada a derecho la resolución de reposición dictada, por la responsable, en la que confirmó el auto dictado por la propia responsable, por virtud el cual desechó por extemporánea la apelación extraordinaria interpuesta (ver fojas ciento veintinueve a ciento treinta vuelta del expediente constitucional); k).- En contra de dicha sentencia, la inconforme interpuso recurso de revisión, el cual es materia de esta ejecutoria. Con independencia de lo expresado por la quejosa en sus agravios, este tribunal advierte que el recurso de apelación extraordinaria fue interpuesto oportunamente al día de la notificación de la sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 717 del Código de Procedimientos Civiles, tal y como se demostrará a continuación. En efecto, debe considerarse oportuna la presentación del recurso de apelación extraordinaria, ocurrida el doce de marzo de mil novecientos noventa y uno, el haberse notificado la sentencia de primer grado por Boletín Judicial el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa, y surtido sus efectos al día siguiente: porque el término de tres meses fijado por el artículo 717 del Código de Procedimientos Civiles para la presentación de dicho recurso, empezó a correr a partir del día tres de diciembre de mil novecientos noventa, es decir al día hábil siguiente al de la fecha en que surtió sus efectos la notificación de la sentencia de primer grado, y concluyó el treinta de abril de mil novecientos noventa y uno; puesto que al tratarse de un término judicial fijado para la interposición de un recurso, tiene aplicación el artículo 131 del Código de Procedimientos Civiles, que establece que en ningún término se contarán los días en que no pueden tener lugar actuaciones judiciales; de ahí que en la especie, el cómputo respectivo para determinar la oportunidad de la presentación del recurso, debe hacerse descontando los días hábiles, esto es sin tomar en cuenta los días 1, 2, 8, 9 y 15 al 31 del mes de diciembre de 1990; los días 1, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 del mes de enero de 1991; los días 2, 3, 5, 9, 10, 16, 17, 23 y 24 del mes de febrero de 1991; los días 2, 3, 9, 10, 16, 17, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 del mes de marzo de 1991; los días 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 del mes de abril de 1991; contándose solamente para tales efectos, los días hábiles correspondientes al término de tres meses siguientes al día de la notificación de la sentencia apelada, esto es, los días 3 al 7 y del 10 al 14 de diciembre de 1990; 1 al 4, 7 al 11, 14 al 18, 21 al 25 y 28 al 31 del mes de enero de 1991; 1, 4, 6, 7, 8, 11 al 15, 18 al 22 y 25 al 28 del mes de febrero de 1991; 1, 4 al 8, 11 al 15, 18 al 20, 22, 25 y 26 del mes de marzo de 1991; 1 al 5, 8 al 12, 15 al 19, 22 al 26, 29 y 30 del mes de abril de 1991; siendo éste último día para presentar el recurso oportunamente, tal y como ocurrió en la especie, en que como se dijo, el escrito respectivo se presentó el doce de marzo de mil novecientos noventa y uno. Esto es así pues se insiste, al tratarse de un término judicial fijado para la interposición de un recurso, el cómputo de los tres meses fijado para determinar la oportunidad de la presentación de mencionado recurso, debe hacerse descontando los días inhábiles. En apoyo a lo anterior, se cita en lo conducente, el criterio sostenido por este Tribunal Colegiado, al resolver el amparo en revisión 269/91.- Roberto Escobar Gutiérrez, 16 de mayo de 1991.- Unanimidad de votos.- Ponente: José Luis Caballero Cárdenas. Dicho criterio establece lo siguiente: "ARRENDAMIENTO. TERMINO PARA CUMPLIR VOLUNTARIAMENTE LA SENTENCIA QUE CONDENA AL INQUILINO DE CASA HABITACION A DESOCUPARLA, DEBE COMPUTARSE POR DIAS NATURALES.- Tomando en consideración que los treinta días a que se refiere el último párrafo del artículo 525 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, no se concedieron para que el inquilino haga valer un derecho, oponga una excepción o defensa, "ni para que interponga un recurso", sino para que se evite el cumplimiento forzoso de la sentencia, el cómputo del plazo citado debe hacerse por días naturales, en primer lugar, porque es un plazo que dicho ordenamiento contempla como caso de excepción, y es de explorado derecho que una norma de excepción prevalece sobre la regla general, y en segundo lugar, porque lo dispuesto por el precepto en cita implica que el enjuiciado posea el inmueble treinta días más, o sea, que conserve su calidad de arrendatario en el plazo posterior a la fecha en que se le notificó la ejecución de la sentencia que declaró terminada la relación arrendaticia, y como el arrendamiento se cumple día con día, sean hábiles o no, pues es una relación contractual regulada por el Código Civil, el plazo en cuestión debe ser computado por días naturales, ya que incluso el arrendatario deberá pagar la renta correspondiente al mismo". Como consecuencia de lo antes expuesto, procede revocar la sentencia recurrida que negó el amparo solicitado, y en su lugar debe concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Dicho amparo debe hacerse extensivo a los actos de ejecución."
Con motivo de la anterior sentencia dicho Tribunal Colegiado formuló la tesis I.5o.C. 461 C., publicada en las páginas 420 y 421 del Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, cuyo texto es el siguiente:
"APELACION EXTRAORDINARIA, COMPUTO DEL TERMINO PARA LA PRESENTACION DEL RECURSO DE, DEBE HACERSE DESCONTANDO LOS DIAS INHABILES.- Es oportuna la presentación del recurso de apelación extraordinaria; porque el término de tres meses fijado por el artículo 717 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal para la presentación del recurso de mérito, empezó a correr a partir del día hábil siguiente al de la fecha en que surtió sus efectos la notificación de la sentencia de primer grado, y concluyó el día del mes y año que se precisa; pues por tratarse de un término judicial establecido para la interposición de un recurso, tiene una aplicación el artículo 131 del ordenamiento citado, que dispone que en ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales; de ahí que en la especie, el cómputo del término respectivo para determinar la oportunidad de la presentación del recurso, debe hacerse descontando los días inhábiles.
TERCERO.- Si existe contradicción de tesis entre las sostenidas por el Cuarto y el Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, toda vez que, mientras que el primero de dichos Tribunales considera, en esencia, que el término de tres meses para la interposición de la apelación extraordinaria, a que se refiere el artículo 717 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se compone de días naturales, el otro Tribunal Colegiado, estima que se integra exclusivamente con días hábiles.
Para mayor comprensión del problema, conviene transcribir a continuación, los artículos 131, 136 y 717 del citado código adjetivo, en torno a los cuales gira la presente contradicción, mismos que son del tenor literal siguiente:
Artículo 131.- "En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales."
Artículo 136.- "Para fijar la duración de los términos, los meses se regularán por el número de días que les correspondan, y los días se entenderán de veinticuatro horas naturales, sin perjuicio de que las actuaciones judiciales se sujeten al horario que establece el artículo 64."
Artículo 717.- "Será admisible la apelación dentro de los tres meses que sigan al día de la notificación de la sentencia: I. Cuando se hubiere notificado el emplazamiento al reo, por edictos, y el juicio se hubiere seguido en rebeldía; II.- Cuando no estuvieren representados legítimamente el actor o el demandado, o, siendo incapaces, la diligencias se hubieren entendido con ellos; III.- Cuando no hubiere sido emplazado el demandado conforme a la ley; IV.- Cuando el juicio se hubiere seguido ante un juez incompetente, no siendo prorrogable la jurisdicción."
Ahora bien, esta Tercera Sala resuelve que la tesis que debe prevalecer, es la sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, porque además de que la interpretación sistemática de estos tres dispositivos, realizada por dicho Tribunal conduce a la conclusión de que el término de tres meses para la interposición de la apelación extraordinaria se compone de días naturales, esto es, que en él se deben incluir días hábiles e inhábiles; existen razones de otra índole que corroboran ese conclusión.
En efecto, primeramente debe decirse que son correctas las consideraciones fundamentales de la resolución del Cuarto Tribunal Colegiado, en que sustentó la tesis que está es contradicción con la del otro Tribunal, y por ello, a fin de evitar repeticiones inútiles, tales consideraciones se tienen por reproducidas aquí, mas, aparte de lo aducido por aquel Tribunal Colegiado, como se dijo, existen otras razones que hacen concluir que el término de referencia se compone de días naturales, pues en un principio, tomando en cuenta que en todo mes natural necesariamente están comprendidos días inhábiles, como son los sábados y domingos, en los cuales no funcionan los tribunales, resulta contrario a la razón que la establecer el término en meses y no en días, se haya tenido el propósito de excluir los días inhábiles, pues lo más lógico es pensar que si se consideró que el término debía ser de tres meses, éstos tendrían que integrarse con días naturales, lo mismo que sucedería si se hablara de semanas o de años, ya que en estos dos últimos supuestos, al igual que en los términos por meses, no es concebible su integración exclusivamente con días hábiles, puesto que los meses, como las semanas y los años, necesariamente incluyen días en los que los tribunales están inactivos. Además, si se arribara a la conclusión de que el término en cuestión se compone, exclusivamente de días hábiles, en la práctica se estaría generando un obstáculo insalvable desde el punto de vista legal, como sería el consistente en determinar de cuantos días deberán constar los meses que integran dicho término, puesto que, en el derecho positivo, no existe precepto alguno que establezca de cuantos días deben constar los meses. En cambio, como el artículo 136 del ya citado código procesal civil, establece que "para fijar la duración de los términos, los meses se regularán por el número de días que les correspondan", al estimar que el término de que se trata se compone de días naturales, los meses que se computarían en la forma que el Cuarto Tribunal Colegiado señaló en su resolución, esto es, se atendería al número de días que le corresponda a cada mes conforme al calendario, ya sean, veintiocho, veintinueve, treinta o treinta y un días, de tal manera que, por ejemplo, si el primer mes del término correspondiente, empieza a correr un día primero, concluya el día último; si comienza en día siete, concluya el seis del mes siguiente, etcétera.
Por otro lado, independientemente de que al no haber precepto alguno que establezca de cuantos días deben constar los meses, sí se aceptara que los tres meses de que se compone dicho término, se integran sólo con días hábiles; se daría lugar para que en la práctica se fijara de manera arbitraria y al margen de la ley, el número de días de que deben constar tales meses, mismos que tal vez podrían ser de treinta, de treinta y uno, de veintiocho o veintinueve días, o tal vez de un número diverso; puesto que además de no haber precepto legal al respecto, no se podía regir la cuestión por lo que dispone el artículo 136, en tanto al computar días hábiles no podrían sujetarse al mes natural; existe el inconveniente de que los tres meses de referencia, sólo serían teóricamente, ya que, verbi gratia, si se pretendiera computar tres meses de treinta días hábiles cada uno, esos tres meses se convertirían casi en cuatro naturales, y en el supuesto de que se interpusieran vacaciones de quince días hábiles, los tres meses se convertirían en cuatro meses y medio, aproximadamente, todo lo cual revela que si se concluye que dicho término se compone de días hábiles, simplemente, no es posible contarlo por meses.
Sobre este particular, resulta convincente analizar el cómputo que realizó el Quinto Tribunal Colegiado en su respectiva resolución, en la cual concluyó que el término de tres meses integrado por días hábiles, en ese caso, se inició el tres de diciembre de mil novecientos noventa y concluyó el treinta de abril de mil novecientos no venta y uno, lo cual implica que los supuestos tres meses se convirtieron en cinco naturales, aproximadamente. Luego, es evidente que tratándose de días hábiles, no es posible contar los términos por meses. En otras palabras, los términos en días hábiles son incompatibles con los meses, puesto que, si se computan en días hábiles, en la realidad no es posible contarlos por meses, máxime que, se repite, no hay dispositivo que establezca de cuantos días deben constatar éstos, y si se cuentan por meses, en ese supuesto tendrán que integrarse con días naturales.
Independientemente de lo anterior, debe decirse que si bien es cierto que esta Suprema Corte de Justicia, reiteradamente ha sostenido el criterio en el sentido de que tratándose de términos procesales, stricto sensu o sea, lo que se otorgan a las partes en un juicio, para que hagan valer un derecho, deben computarse en días hábiles, porque es obvio que al encontrarse inactivos los Tribunales, las partes no pueden hacer valer sus derechos, y que en la especie, podría afirmarse, que nos encontramos en presencia de un término de tal naturaleza, en la medida que se estableció para hacer valer la apelación extraordinaria en los juicios civiles también es verdad que, de ninguna de las tesis que sobre el particular se han sostenido (ver jurisprudencia número 1931, publicada en la página 3111, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Salas y Tesis, y las tesis relacionadas con esa jurisprudencia, que aparecen a continuación de ella), se desprende que se haya abordado la cuestión en función de términos procesales integrados por meses, como sucede en la especie, y es ésta precisamente la razón sustancial por la que se estima que aquéllos se componen de días naturales, pues tratándose de términos procesales, pero integrados por días, esta Tercera Sala reitera su postura original en el sentido de que se componen los días hábiles, siendo la última ocasión en que se ratificó ese criterio, al resolver la contradicción de tesis 33/92 entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, en sesión del día catorce de diciembre de mil novecientos noventa y dos.
Con independencia de lo antes expuesto, no puede perderse de vista que los términos procesales, a los cuales se ha hecho referencia, se caracterizan por ser otorgados a las partes dentro de un juicio, para ejerciten un derecho, como sería el hacer valer un recurso propiamente dicho, como el de revocación o la apelación (ordinaria), y en esas hipótesis, resulta claro que de computarse los términos incluyendo los días inhábiles, obviamente se verían reducidos en perjuicio de las partes, porque al no funcionar los tribunales, éstas no estarían en aptitud de tener acceso al expediente e imponerse de los autos para preparar adecuadamente el recurso. Sin embargo, tomando en cuenta que la apelación extraordinaria tiene una especial naturaleza, a tal grado que no pocos autores afirman que no const
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/312-a66c6d89/termino-para-apelacion-extraordinaria-se-compone-de-dias · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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