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Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCION DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/94. · Registro digital (IUS): 3026
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO Y EL SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Mayo de 1995, , Pág. 36.

CONTRADICCION DE TESIS 28/94. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO Y EL SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo D.C. 1944/94, sostuvo lo siguiente:

"UNICO. Este Tribunal carece de competencia para conocer del presente negocio, porque el acto reclamado no es una sentencia definitiva ni una resolución que ponga fin al juicio, únicos casos de procedencia del amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. En efecto, el artículo 158 de la Ley de Amparo determina los únicos casos en que los Tribunales Colegiados son competentes para conocer en la vía directa, de los juicios de amparo promovidos contra actos de tribunales judiciales, que se dan cuando los actos reclamados son: a) Una sentencia definitiva. b) Una resolución que ponga fin al juicio. El artículo 46 define, como sentencias definitivas, a las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan recurso ordinario o los interesados hubieren renunciado expresamente a éstos, si la ley lo permite. En el mismo precepto se da la acepción de las resoluciones que ponen fin al juicio, como aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan recurso ordinario. En la resolución reclamada, se decidieron apelaciones interpuestas contra la sentencia recaída en primera instancia en el juicio natural, pero en ella no se decidió el juicio en lo principal, ya que, no se pronunció sobre las pretensiones deducidas ni respecto a las excepciones opuestas, sino únicamente ordenó la reposición del procedimiento, para que una vez tramitada la nueva instrucción, el a quo pudiera resolver el fondo en nueva sentencia. Tampoco es una resolución que ponga fin al juicio, porque más bien ordena la nueva sustanciación de procedimiento, con lo que evidentemente continuará el juicio. Consecuentemente, como en el juicio natural se embargaron bienes de los demandados, la resolución reclamada pudiera tener una ejecución de imposible reparación, lo que actualizaría la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuya competencia corresponde a un juez de Distrito en materia civil, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que procede remitir la demanda de garantías y sus anexos, al juzgado de Distrito en materia civil de este Circuito, que por turno corresponda, de conformidad con el artículo 47, tercer párrafo, del citado ordenamiento. No es obstáculo para concluir lo anterior, la circunstancia de que se hubiera admitido a trámite la demanda de garantías, ya que el auto de presidencia relativo no causó estado. Es aplicable por analogía la tesis de jurisprudencia de la Tercera Sala consultable en la página 46 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de veintinueve de mayo de mil novecientos noventa, número 59 que dice: `REVISION. EL AUTO ADMISORIO DEL RECURSO NO CAUSA ESTADO. El auto admisorio de un recurso de revisión sólo corresponde a un examen preliminar del asunto, pues el estudio definitivo de la procedencia del mismo compete realizarlo a la Sala y, por ello, no causa estado. Por consiguiente, si con posterioridad, se advierte que el recurso de revisión interpuesto es improcedente, el mismo debe desecharse'. Por otra parte, como en el toca enviado por la Sala responsable, consta copia certificada de la sentencia dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, en el juicio de amparo directo D.C. 5416/93, promovido por Moda Hogar, S.A. de C.V., de la lectura de tal fallo constitucional se desprende la existencia de una contradicción del criterio que se sostiene allí, con el sustentado en esta ejecutoria, respecto a si la resolución de segunda instancia que ordena la reposición del procedimiento, constituye o no una sentencia definitiva o una resolución que pone fin al juicio, para fines de la procedencia del juicio de amparo directo. En efecto, la contradicción se evidencia, porque el Sexto Tribunal Colegiado, al resolver el D.C. 5616/93, en el considerando primero se declaró competente, por mayoría de votos, para conocer del juicio, al considerar que: `Primero. Este Tribunal Colegiado es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción V, inciso c), y VI de la Constitución General de la República; 158 de la Ley de Amparo y 44, fracción I, inciso c), 79, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el contenido del acuerdo emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho sobre división de Circuitos y fijación de competencia territorial, ya que en el caso se reclama una sentencia dictada en un juicio ejecutivo mercantil por un tribunal residente de este Circuito'. Como puede verse en la citada consideración, la mayoría del Tribunal consideró que el acto reclamado es una sentencia definitiva o una resolución que puso fin al juicio, dada la aceptación de la competencia y la fundamentación invocada. Empero, como no se exponen razones específicas para motivar tal criterio, este Cuarto Tribunal Colegiado no puede ocuparse de ellas. Consecuentemente, al suscitarse la contradicción de tesis en los términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, y como se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 26, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, atento que ambos criterios se sustentan en juicios de amparo en materia civil, procede denunciarla ante la Tercera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la presidenta de este órgano colegiado, para cuya sustanciación envíese copia certificada del expediente de amparo, ya que el original deberá ser devuelto al juez de Distrito para el trámite correspondiente".

TERCERO. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el juicio de amparo directo D.C. 5416/93, sostuvo lo siguiente:

"PRIMERO. Este Tribunal Colegiado es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción V, inciso c), y VI de la Constitución General de la República; 158 de la Ley de Amparo y 44, fracción I, inciso c), 79, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el contenido del acuerdo emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, sobre división de Circuitos y fijación de competencia territorial, ya que en el caso se reclama una sentencia dictada en un juicio ejecutivo mercantil por un tribunal residente en este Circuito".

Se estima pertinente dejar asentado en este momento que la resolución transcrita recayó con relación al juicio de amparo en que el acto reclamado consistió en la resolución que pronunció la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el veinte de agosto de mil novecientos noventa y tres, en el toca 1591/93, relativo al recurso de apelación interpuesto en el juicio ejecutivo mercantil 367/93, seguido ante el Juez Vigésimo Noveno de lo Civil de la misma localidad, por Banco Internacional, S.N.C. (hoy Sociedad Anónima) contra Moda Hogar, Sociedad Anónima de Capital Variable, Alejandro Ruelas Schaefer y Blanca Rosa Zamacona Sánchez de Ruelas, que ordenó reponer el procedimiento respecto de los dos codemandados mencionados en último lugar. Sin que tenga alguna trascendencia que en razón de esto último se pueda considerar que quedó intocada y por ello surtiendo efectos la condena a la primera demandada, Moda Hogar, Sociedad Anónima de Capital Variable, porque en la sentencia reclamada no se hizo ningún distingo a ese respecto; de modo que dicho fallo simplemente ordena reponer el procedimiento con el fin de integrar adecuadamente la relación jurídico procesal con todas las personas demandadas.

CUARTO. Como cuestión previa a cualquiera otra debe establecerse si efectivamente existe la contradicción de tesis denunciada.

Con relación a lo anterior es de señalar que de las transcripciones hechas en los considerandos tercero y cuarto de esta ejecutoria, por una parte el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostiene, en esencia, que la resolución de segunda instancia, que ordena la reposición del procedimiento, no constituye sentencia definitiva o resolución que pone fin al juicio, para los fines de la procedencia del juicio de amparo directo.

Por otra parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, implícitamente sostiene que el amparo directo es procedente en el caso que la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento constituye una sentencia definitiva, para los fines de la procedencia del juicio de amparo directo.

Como se ve, en ambos casos se trata un mismo problema consistente en determinar si la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento constituye o no una sentencia definitiva o una resolución que pone fin al juicio, para los efectos de procedencia del juicio de amparo directo. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito estimó que sí y el Sexto que no. Por tanto, cabe concluir que sí existe contradicción entre las tesis que cada uno de dichos órganos jurisdiccionales de control constitucional sostienen.

QUINTO. Para determinar cuál es la tesis que debe prevalecer se hace indispensable establecer el sistema legal de procedencia del juicio de amparo directo, después determinar la naturaleza jurídica de una resolución irrecurrible que ordena reponer el procedimiento y, finalmente, determinar si ésta se adecua a alguno de los supuestos de procedencia.

El artículo 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice:

"El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes: a) En materia penal contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal. c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación en defensa de sus intereses patrimoniales, y d) En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado. La Suprema Corte de Justicia de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos directos que por sus características especiales así lo ameriten".

El artículo 158 de la Ley de Amparo, por su parte establece:

"El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.

"Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales de derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa.

Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio".

De la transcripción de normas se colige que el juicio de amparo directo procede, de manera taxativa, en dos casos:

a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y

b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio.

El artículo 46 de la Ley de Amparo, por su parte conceptúa cada uno de esos casos de la siguiente manera:

Por sentencia definitiva se entiende la que decide el juicio en lo principal y respecto de los cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. El citado dispositivo también considera sentencia definitiva la dictada en primera instancia, en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieran renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedieran, si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia.

Por resolución que pone fin al juicio se entiende, dice el indicado numeral, aquella que sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario por virtud del cual pueden ser modificadas o revocadas.

Respecto a la frase: "decidir el juicio en lo principal" este alto Tribunal se ha pronunciado en los términos que se redactó la tesis de jurisprudencia, publicada con el número 1773, en la página 2840, de la Segunda Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice:

"SENTENCIA DEFINITIVA. Debe entenderse por tal, para los efectos del amparo directo, la que define una controversia en lo principal, estableciendo el derecho en cuanto a la acción y la excepción que hayan motivado la litis contestatio, siempre que, respecto de ella, no proceda ningún recurso ordinario por el cual pueda ser modificada o reformada".

En esas condiciones procede establecer si la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento se encuentra en alguno de los supuestos normativos que ya quedaron precisados.

La reposición del procedimiento implica volver el litigio al estado en que se encontraba antes de haberse cometido alguna ilegalidad o incurrido en omisión de lo procedente e imprescindible en su tramitación, para un nuevo curso ajustado a lo debido.

La resolución de segunda instancia que se ocupa del recurso de apelación contra la sentencia de primer grado que ordena reponer el procedimiento, no puede considerarse como de aquellas que deciden el juicio en lo principal, porque no establece el derecho en cuanto a la acción y a la excepción que motivó la litis contestatio.

Tampoco se puede considerar que se trate de una resolución que pone fin al juicio, sin decidir el conflicto jurídico en lo principal, porque, ya se dijo, la reposición implica que el asunto vuelva a la etapa de instrucción, para que se superen las deficiencias sobre ilegalidad o se colme lo procedente e imprescindible en su tramitación, si se hubiera incurrido en alguna omisión, a fin de resolver el fondo en una nueva sentencia.

En esas condiciones cabe concluir que, en el caso de nuestra atención, no se actualiza ninguno de los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo.

Atento a lo manifestado, este Tribunal Pleno estima que el criterio que debe regir con carácter jurisprudencial es el sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en los términos que se precisan a continuación:

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V de la Constitución General de la República, así como 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede taxativamente cuando se reclama una sentencia definitiva (laudo si se trata de un juicio laboral) o una resolución que pone fin al juicio. La resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento, no se adecua a ninguno de esos supuestos, porque no decide el juicio en lo principal, es decir, estableciendo el derecho en cuanto a la acción y a la excepción que dieron lugar a la litis contestatio y menos aún dio por concluido el juicio, pues esa decisión tiene como finalidad volver el pleito al estado en que se encontraba antes de cometerse la infracción que dio lugar a esa clase de resolución, para un nuevo curso que se ajuste a la disposición expresa de la ley. Por tanto el juicio de amparo directo que se promueva contra una resolución de esa naturaleza es improcedente.

En términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, la tesis jurisprudencial que se sustenta deberá identificarse con el número de orden progresivo que le corresponda dentro de las tesis de jurisprudencia de este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 26, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO. Sí existe contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Cuarto y el Sexto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, al fallar respectivamente los juicios de amparo directo D.C. 1944/44 y D.C. 5416/93, de los índices de dichos tribunales.

SEGUNDO. Se declara que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en los términos precisados en la presente resolución.

TERCERO. Remítase de inmediato la tesis jurisprudencial que se sostiene en la presente resolución al Semanario Judicial de la Federación para su publicación y a la Gaceta del mismo, así como a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales Colegiado y Unitarios de Circuito y a los jueces de Distrito, en acatamiento a lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo.

Notifíquese.

Así, lo resolvió el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de once votos de los señores Ministros: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María del Carmen Sánchez Cordero, Juan N. Silva Meza y presidente José Vicente Aguinaco Alemán, fue ponente el segundo de los señores ministros antes mencionados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3026-d2c6b2d1/amparo-directo-es-improcedente-cuando-se-reclama-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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