DERECHO DEL TANTO Y NULIDAD DE LA ESCRITURA DE COMPRAVENTA REALIZADA EN CONTRAVENCION A AQUEL. LOS JUECES DEL ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO SON COMPETENTES PARA CONOCER DE TALES CUESTIONES CUANDO SE HAGAN VALER MEDIANTE RECONVENCION Y DERIVEN DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FINCA URBANA DESTINADA A LA HABITACION (LEGISLACION DEL DISTRITO FEDERAL).
CONTRADICCION DE TESIS 36/92. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y SEXTO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sostiene la tesis de jurisprudencia, que se encuentra publicada con el número 20, visible a fojas 27, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 52, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y dos, que literalmente expresa:
"ARRENDAMIENTO. NULIDAD DE COMPRAVENTA RECONVENIDA, COMPETENCIA PARA RESOLVERLA.- En virtud de que el requisito establecido por el artículo 60-D de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, para que los Jueces del arrendamiento inmobiliario conozcan de una controversia, es que la contienda se derive de un contrato de arrendamiento de un bien inmueble ubicado en el Distrito Federal; es de estimarse que el Juez de materia inquilinaria, y no un Juez civil, es el competente para resolver la reconvención de nulidad de la escritura de compraventa fundatoria de la acción, por no poder desvincularse ésta del contrato de arrendamiento base de la acción principal, puesto que la pretendida nulidad de la escritura con la cual el actor acreditó su legitimación como causahabiente del primitivo arrendador, se encuentra vinculada jurídicamente al referido contrato arrendaticio, toda vez que el aviso de venta que se afirma omitió dar al inquilino el aludido arrendador, y el derecho del tanto que aquél dijo le asistía para adquirir la propiedad del inmueble controvertido, provienen precisamente de un contrato de arrendamiento de finca urbana destinada a habitación y de las normas contenidas en los artículos 2448 I y 2448 J, fracciones I y II del Código Civil para el Distrito Federal; por todo lo cual, para establecer en estos casos la competencia, debe atenderse a las cláusulas del propio contrato de arrendamiento, a fin de determinar la existencia del derecho de preferencia por el tanto en favor del inquilino, y si hubo o no incumplimiento de las obligaciones contraídas por el arrendador.
"QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
"Amparo directo 2170/90.- Juan Gutiérrez Hernández.- 9 de agosto de 1990.- Unanimidad de votos.- Ponente: Efraín Ochoa Ochoa.- Secretario: Eduardo Francisco Núñez Gaytán.
"Amparo directo 3710/90.- María Elena Salvatori viuda de Palacios.- 18 de octubre de 1990.- Unanimidad de votos.- Ponente: Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez.- Secretaria: Eleonora Murillo Castro.
"Amparo directo 4891/90.- Víctor David Benítez Sánchez.- 15 de noviembre de 1990.- Unanimidad de votos.- Ponente: José Luis Caballero Cárdenas.- Secretario: Alejandro Javier Pizaña Nila.
"Amparo directo 5911/90.- Ernesto Ramírez Navarro.- 7 de marzo de 1991.- Unanimidad de votos.- Ponente: Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez.- Secretaria: Eleonora Murillo Castro.
"Amparo directo 71/92.- Cormetal, S.A. de C.V.- 19 de marzo de 1992.- Unanimidad de votos.- Ponente: Efraín Ochoa Ochoa.- Secretario: Eduardo Francisco Núñez Gaytán."
TERCERO.- Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo civil 7128/91, promovido por Constanza García de Gamboa, en sesión de trece de agosto de mil novecientos noventa y dos, por unanimidad de votos, en la parte que interesa para la resolución del presente asunto, sostuvo el siguiente criterio:
"En efecto, en principio, el quejoso aduce que resulta erróneo el razonamiento vertido por la Sala responsable en el sentido que los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario carecen de competencia para conocer y resolver asuntos que versen sobre la propiedad o demás derechos reales; sobre esto, debe decirse que contrariamente a lo que aduce el quejoso, la Sala responsable resolvió correctamente al señalar que los Jueces citados carecen de competencia para conocer de asuntos que versen sobre la propiedad y demás derechos reales sobre inmuebles, debido a que de ellos deben conocer los Jueces de lo civil, atento a lo que establece la fracción II, del artículo 54 de la ley orgánica del tribunal de referencia.
Ciertamente, el precepto legal invocado establece que: 'Los Jueces de lo Civil conocerán: ...II.- De los juicios contenciosos que versen sobre la propiedad o demás derechos reales sobre inmuebles, siempre que el valor de éstos sea mayor de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general, vigente en el Distrito Federal, excepto si se controvierten en (sic) relacionadas con el patrimonio de familia, que la competencia corresponde a los Jueces de lo Familiar...'"
"Así las cosas y para una mejor comprensión del análisis que se realiza, es pertinente distinguir inicialmente dos situaciones a saber: la primera, cuando el ejercicio del derecho del tanto se plantea en vía de excepción y la segunda, cuando aquél se hace valer reconvencionalmente. En el primero de los casos mencionados el Juez del Arrendamiento si es competente para conocer de dicho derecho preferencial en atención a que la excepción interpuesta tiene como finalidad destruir la acción ejercitada por lo que la función del juzgador consiste en determinar únicamente si éste es procedente o no para lograr su objetivo; en tanto que en la segunda hipótesis, la reconvención constituye una acción distinta y autónoma que influye en la competencia del Juez, por lo que de dicha cuestión debe conocer un Juez de lo Civil.
En el caso concreto, estamos frente a la segunda hipótesis antes mencionada, pues el ejercicio del derecho consagrado en el artículo 2448-I del Código Civil para el Distrito Federal, fue hecho valer en la contrademanda; acción reconvencional que perseguía como finalidad la nulidad de la compraventa que consta en el instrumento notarial 3741 del once de abril de mil novecientos ochenta y ocho, respecto del edificio 102, de las calles de Linares de la colonia Roma Sur de esta Ciudad, así como el cumplimiento del derecho del tanto, por lo que si el ejercicio de éste tiene como objetivo primordial la adquisición de la propiedad de un inmueble mediante la celebración de un contrato de compraventa, resulta evidente que en términos del precitado artículo, sobre dicha controversia debe conocer un Juez civil, porque precisamente el derecho del inquilino se hace consistir en el cumplimiento de determinadas condiciones establecidas en el código sustantivo para ser preferido en la adquisición de un inmueble determinado; ello aunado al hecho que en términos del artículo 60-D del mismo ordenamiento legal, se delimita el conocimiento de los Jueces del arrendamiento de inmuebles destinados a habitación, comercio, industria o cualquier otro giro, sin que en momento alguno se le esté permitido dilucidar respecto al derecho de adquisición de propiedad sobre el inmueble del que pueda gozar el inquilino.
Ahora bien, esta consideración obedece a la circunstancia de que la competencia entendida como la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones y emitir el acto correspondiente, sólo puede tener su origen en una disposición legal o reglamentaria expresa, en virtud de que las normas que la regulan son de orden público y no pueden quedar al arbitrio del juzgador; ello, aunado a que para resolver una cuestión de competencia debe tenerse como premisa fundamental la naturaleza de los actos reclamados y su concordancia con la vía intentada, toda vez que ésta en modo alguno se surte por la interpretación que de determinado precepto legal realice el quejoso ni por analogía o mayoría de razón sino como se asentó con anterioridad, emana exclusivamente del ordenamiento legal y no como lo aduce el agraviado al pretender que en la especie opere la prórroga de jurisdicción de los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario.
Efectivamente, aun cuando es verdad que la prórroga de jurisdicción existe en algunos casos y que ésta es definida por la doctrina como la facultad que ejerce un Juez o tribunal que la tiene propia, al conocer de ciertos negocios que no le están atribuidos por las reglas generales que han precedido a su institución sino por la circunstancia de que se sometieron a su conocimiento por voluntad de las partes, también lo es que dicha prórroga está sujeta a principios que deben ser observados destacando entre éstos, la imposibilidad de que aquélla se verifique cuando por razón de materia el Juez se encuentra impedido por disposición de la ley para conocer del asunto.
Al respecto, afirma Caravantes, citado por Eduardo Pallares en su Diccionario de Derecho Procesal Civil, que: '...para que se verifique la prórroga de jurisdicción, es menester que se tenga alguna jurisdicción que se pueda prorrogar y extender, porque no teniéndola, no se puede efectuar, según se infiere del derecho.'"
"De los elementos anteriores, se sigue, como se señaló con antelación, que siendo en el caso concreto el Juez del Arrendamiento Inmobiliario incompetente para resolver de cuestiones relativas sobre la propiedad o demás derechos reales por disposición expresa del artículo 54 de la multicitada Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero Común del Distrito Federal y que la materia de su conocimiento se constriñe exclusivamente al arrendamiento en términos del artículo 60-D del propio ordenamiento legal, es evidente que no procede la mencionada prórroga de jurisdicción.
"A mayor abundamiento, es pertinente señalar que la intención del legislador al crear los juzgados del arrendamiento inmobiliario, según se desprende del diario de debates del dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, fue precisamente agilizar y especializar en determinados juzgados el conocimiento de tales asuntos, separando la competencia de los Jueces de lo Civil y los de nueva creación, determinando explícitamente la materia sobre los que cada uno de ellos debe conocer y en tales condiciones, resulta evidente que el juzgador no puede ir más allá del espíritu de la ley.
Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia sustentada por el Pleno de nuestro máximo Tribunal consultable en la Quinta Epoca, Tomo VIII, página cuatrocientos nueve, que se transcribe a continuación: 'COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES.- La competencia no se surte por mayoría de razón sino que la establece la ley en favor de las autoridades y respecto de los negocios que quiere sean de su conocimiento.'"
"En otro aspecto, debe decirse que el derecho del tanto que consagra el artículo 2448-I del Código Civil, sí puede desvincularse en cuanto a su finalidad del pacto locativo, pues en tanto el primero persigue la adquisición preferencial de un inmueble, el segundo, se constriñe a conceder el uso y goce de la localidad arrendada, por lo que aun cuando es verdad que aquél nace a la vida jurídica con base en el propio contrato de arrendamiento una vez que éste pretende ser ejercitado, cobra autonomía, debiéndose plantear en la vía y forma correctas en atención a su naturaleza cuya finalidad como se ha repetido a lo largo de esta ejecutoria no es otra sino la adquisición de un bien inmueble."
CUARTO.- Las transcripciones que anteceden, así como el análisis de las ejecutorias en las que se sustentan, ponen de relieve la contradicción de tesis denunciada por Constanza García de Gamboa, quejosa en el juicio de amparo directo 7128/91 resuelto por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el que se sustenta una de las tesis mencionadas, que se produce porque mientras el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sostiene que los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal son competentes para resolver la reconvención de nulidad de la escritura de compraventa fundatoria de la acción, por no poder desvincularse ésta del contrato de arrendamiento, base de la acción principal, toda vez que el aviso de venta que afirma omitió dar al inquilino el aludido arrendador, y el derecho del tanto que aquél dijo le asistía para adquirir la propiedad del inmueble controvertido, provienen precisamente de un contrato de arrendamiento de finca urbana destinada a habitación y de las normas contenidas en los artículos 2448 I y 2448 J, fracciones I y II del Código Civil para el Distrito Federal; el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sostiene que tratándose de controversias acerca de arrendamiento, no puede haber prórroga de jurisdicción de la Juez del conocimiento cuando el ejercicio del derecho del tanto se hace valer reconvencionalmente, ya que se ejercita una acción autónoma que influye en la competencia del Juez del Arrendamiento, y en términos del artículo 60-D, de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, los Jueces del arrendamiento sólo pueden conocer de aquellas controversias que se suscitan en materia de arrendamiento de inmuebles destinados a habitación, comercio, industria o cualquier otro giro, sin que en momento alguno les esté permitido dilucidar respecto al derecho de adquisición de propiedad sobre el inmueble del que pueda gozar el inquilino, lo cual es de la competencia de un Juez civil, atento a lo establecido en la fracción II del artículo 54 de la ley orgánica referida, y por ello, el derecho del tanto sí puede desvincularse en cuanto a su finalidad del pacto locativo, pues en tanto el primero persigue la adquisición preferencial de un inmueble, el segundo se constriñe a conceder el uso y goce de la localidad arrendada.
QUINTO.- Sentado lo anterior, es procedente que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se avoque al estudio de la presente contradicción de tesis, a fin de determinar cuál de los dos criterios que sustentan los mencionados Tribunales Colegiados que motivaron la denuncia formulada, es el que debe prevalecer.
En la especie, se estima que la tesis que debe prevalecer es la que sustenta el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por las razones que a continuación se expresan:
Como se advierte, la cuestión toral de la contradicción consiste en establecer cuál juzgador del fuero común del Distrito Federal, es competente para conocer de la demanda reconvencional opuesta en un juicio ordinario civil de arrendamiento de fincas urbanas destinadas a habitación, que se refieran al reconocimiento u otorgamiento del derecho del tanto y a la nulidad del contrato de compraventa que se hubiere celebrado respecto del inmueble arrendado, en contravención a aquél.
Para lograr una mayor claridad en la resolución del presente asunto, conviene recordar que la jurisdicción es la potestad de que se hallan investidos los Jueces para aplicar las leyes en los juicios civiles, penales o administrativos, a efecto de decidir las cuestiones litigiosas que en ellos se ventilan. En la República Mexicana, constituida en un sistema federal, la división de la jurisdicción por razón del territorio, se divide en: Federal, que se ejerce en todo el territorio nacional, y en asuntos federales; y, local, que se distribuye entre los Estados que la integran y el Distrito Federal, en asuntos que no sean de carácter federal. A su vez, tanto la jurisdicción federal como la local se fragmenta por razón de territorio o materia, de acuerdo con las Leyes Orgánicas de los Tribunales de la Federación y la del Distrito Federal, así como las relativas a los Tribunales de los Estados.
En este orden de ideas, la competencia es la porción de jurisdicción que la ley atribuye a los órganos jurisdiccionales para conocer de determinados juicios o negocios debiéndose distinguir entre la competencia constitucional y competencia jurisdiccional, sobre cuyo tema esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que por la primera debe entenderse la capacidad que de conformidad con lo dispuesto en los preceptos de la Constitución Federal, corresponde a un determinado fuero, para juzgar sobre determinadas materias, y por la segunda, la capacidad de un órgano, parte integrante de un tribunal, para conocer, con exclusión de los demás órganos que dependen del mismo tribunal, y de tribunales del mismo fuero, de un asunto determinado; esto es, en el primer caso es capacidad exclusiva de los tribunales de un fuero, el conocimiento del asunto, mientras que en el segundo, los diversos órganos que integran los tribunales de ese fuero, tienen capacidad para conocer del negocio y sólo por razones de técnica jurídica, o de eficiencia y rapidez de solución, se divide entre ellos la competencia.
El criterio anterior deriva de la tercera tesis relacionada a la número 393 que puede consultarse en la página 659, de la Segunda Parte, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que literalmente expresa:
"COMPETENCIA CONSTITUCIONAL Y JURISDICCIONAL, NATURALEZA DE LAS."
"Por competencia constitucional debe entenderse la capacidad que de conformidad con lo dispuesto en los preceptos de la Carta Federal, corresponde a un tribunal de determinado fuero, para juzgar sobre determinadas materias, y por competencia jurisdiccional, la capacidad de un órgano parte integrante de un tribunal, para conocer, con exclusión de los demás órganos que dependen del mismo tribunal, y de tribunales del mismo fuero, de un asunto determinado: esto es, en el primer caso, es capacidad exclusiva de los tribunales de un fuero, el conocimiento del asunto, mientras que en el segundo los diversos órganos que integran los tribunales de ese fuero, tienen capacidad para conocer del negocio y sólo por razones de técnica jurídica, se divide entre ellos la competencia; de tal manera, que la resolución por virtud de la cual un tribunal decide su incompetencia constitucional, implica que la cuestión que le fue sometida, por ningún órgano de su fuero puede ser resuelta, y que, en consecuencia, se trata de una materia que corresponde a tribunales diversos en tanto que la resolución dictada por un tribunal, en los casos de competencia jurisdiccional, sólo produce el efecto de que el asunto se lleva al conocimiento de otro tribunal del mismo fuero."
"Quinta Epoca: Tomo XLIV, página 300. Magaña S. Serafín y coag. Tomo LXXII, página 2462. Cía. de Servicios Públicos de Nogales, S. A."
En la especie, las resoluciones que originaron las tesis que se confrontan, se pronunciaron en relación a juicios provenientes de Juzgados del Fuero Común del Distrito Federal, por lo que se refieren a un conflicto de competencia de jurisdicción.
En efecto, el juicio que dio origen al amparo directo 7128/91, fallado por el sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, se suscitó con motivo de la demanda que formuló el apoderado de Julieta Mariscal Vallados, subrogataria de Pedro Vallados Valdez, en contra de Constanza García de Gamboa, en la que reclamó la declaración de terminación del contrato de arrendamiento, y como consecuencia, la desocupación y entrega del departamento arrendado, al pago de daños y perjuicios, así como el de las rentas vencidas y que se siguieran venciendo hasta la entrega y desocupación del departamento arrendado, juicio del que tocó conocer al Juez Trigésimo Séptimo del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal. La demandada reconvino de la parte actora, la nulidad de la compraventa a que se contrae el instrumento notarial 3741, el cumplimiento del derecho del tanto, así como el pago de daños y perjuicios y de los gastos y costas judiciales. Lo anterior revela que la causa de pedir en este juicio fue el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes.
Por otra parte, el juicio de amparo directo 4891/90 que se tramitó ante el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, se originó de la demanda que promovió Ricardo Said Narche, en contra de Víctor David Benítez Sánchez, en la que solicitó la terminación del contrato de arrendamiento y, como consecuencia, la desocupación y entrega del departamento arrendado, el pago de las rentas adeudadas hasta el momento de la entrega del inmueble y de los gastos y costas judiciales, habiéndole correspondido conocer de dicha demanda al Juez Primero del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal al contestar la demanda, la parte demandada opuso como defensa la de falta de acción, apoyándose en lo pactado en un contrato de promesa de compraventa suscrito entre las partes y en que como inquilino, tenía a su favor el derecho del tanto; asimismo, reconvino la formalización del contrato de arrendamiento "subordinado pero independiente al de promesa de compraventa", el registro de dicho contrato ante la autoridad competente y la prórroga, por dos años, del contrato reconvenido.
Por lo que respecta al amparo directo 2170/90 resuelto por el Quinto Tribunal Colegiado del Primer Circuito, se derivó de la demanda promovida ante el Juez Décimo Quinto del Arrendamiento Inmobiliario en el Distrito Federal, por Francisco Hernández González, en contra de Juan Gutiérrez Hernández, en la que solicitó la declaración judicial de terminación del contrato de arrendamiento, la desocupación y entrega del inmueble arrendado y el pago de los gastos y costas del juicio, en el que el demandado opuso como excepción la de falta de acción y derecho del actor, aduciendo que la escritura pública de compraventa que el actor acompañó a su demanda era nula de pleno derecho, al no haberse respetado el derecho del tanto, y reconvino la declaración de nulidad de dicha escritura, con fundamento en los artículos 2448-I y 2448-J del Código Civil para el Distrito Federal.
Ahora bien, la competencia de un órgano jurisdiccional, puede determinarse en la ley orgánica que la rija, por las siguientes causas: 1.- Por razón de la función; 2.- Por razón de la cuantía; 3.- Por razón del territorio; 4.- Por razón de la causa, o sea, de las cuestiones jurídicas que constituyen la materia del proceso; 5.- Por razón de las personas; 6.- Por razón de la prevención; 7.- Por razón de la acumulación; 8.- Por razón de la conexidad de las causas; 9.- Por prórroga expresa o tácita; 10.- Por reconvención; 11.- Por razón de turno, es decir, de la distribución de los negocios; 12.- Por remisión.
En el caso específico, interesa definir las causas identificadas con los números 4, 9 y 10, dado que son éstas sobre las que existe controversia.
4.- La competencia por razón de la causa, o sea, de las cuestiones jurídicas que constituyen la materia del proceso, es aquella que se distribuye entre los tribunales tomando en cuenta la causa de pedir, es decir, el hecho jurídico que da nacimiento a la acción o el título en que ésta se funda, como por ejemplo, la celebración de un contrato de arrendamiento, el otorgamiento de un poder, la ejecución de un acto delictuoso, etcétera.
9.- La competencia por razón de prórroga es el acto tácito o expreso de las partes, por virtud del cual hacen competente a un Juez, que conforme a las reglas generales de competencia, no lo es para conocer del juicio sino cuando aquéllas se someten a su jurisdicción.
Algunos de los principios que rigen la prórroga, son los siguientes:
A.- Cuando el Juez es incompetente por razón de la materia para conocer de un juicio, no procede la prórroga. Caravantes dice a este respecto: "Para que se verifique la prórroga de jurisdicción, es menester que se tenga alguna jurisdicción que se pueda prorrogar y extender, porque no teniéndola, no se puede efectuar, según se infiere del derecho".
B.- La prórroga puede ser voluntaria o legal. A su vez, la voluntaria puede ser expresa o tácita. Hay prórroga o sumisión expresa, cuando los interesados renuncian clara y terminantemente al fuero que la ley les concede y designan con toda precisión al Juez a quien someten. La tácita tiene lugar: Por el hecho de que el demandante acuda al Juez incompetente, entablando su demanda; porque el demandado conteste la demanda o reconvenga al actor sin oponer la excepción de incompetencia; cuando el que ha promovido una competencia, desista de ella; por el hecho de que un tercero interponga una tercería o concurra por cualquier motivo al juicio.
La prórroga legal tiene lugar en los casos de reconvención y de tercería.
C.- La prórroga por razón del territorio es legal, y tiene lugar cuando un litigante se somete a un Juez que no es competente por razón del territorio, y siempre que no sea incompetente por razón de la materia.
D.- Cuando en una misma demanda se ejercitan acciones contra diversas personas que tienen distintos domicilios, se prorroga la competencia del Juez respecto de los demandados que no están sujetos a su jurisdicción (prórroga por acumulación de acciones).
10.- La competencia por reconvención o contra demanda se puede definir como la petición o nueva demanda que dirige el demandado contra el actor ante el mismo Juez que le emplazó, en oposición a la demanda del contrario, y algunos de los principios a que está sujeta son los siguientes: a) Las contrademandas pueden ser idem causa o causas dispari. Las primeras son aquellas que dimanan de la misma causa o título de que procede la demanda principal. Las segundas se fundan en causa diversa que puede ser de naturaleza del todo distinta a la que dio nacimiento a la acción; b) El demandado sólo puede reconvenir si tiene capacidad procesal para obrar como actor; c) Ni la ley ni la doctrina admiten que el actor, a su vez, reconvenga al demandado con motivo de la contrademanda presentada por éste; d) No puede entablarse reconvención contra la parte actora en sentido formal, es decir, contra el apoderado o representante legal del actor; e) La reconvención procede en toda clase de juicios, pero deberá hacerse precisamente al contestar la demanda; f) No es procedente la reconvención cuando el Juez que conoce del juicio es incompetente rationae materiae para conocer de aquélla; g) La incompetencia por razón de la cuantía, no es obstáculo para admitir la reconvención por la prórroga que ésta produce; h) Los efectos que produce la reconvención son los siguientes: 1o.- Que la demanda y la contrademanda se ventilen en un mismo proceso y de acuerdo con los trámites correspondientes a la demanda; 2o.- Que se prorrogue la jurisdicción del Juez en los términos de lo dispuesto en los siguientes artículos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal "153.- Se entienden sometidos tácitamente:... II.- El demandado, por contestar la demanda o reconvenir al actor..."; "160.- En la reconvención, es Juez competente el que lo sea para conocer de la demanda principal aunque el valor de aquélla sea inferior a la cuantía de su competencia, pero no a la inversa".
Ahora bien, debe decirse que en el caso específico la contradicción de tesis deriva de la interpretación que se ha dado a los artículo 54 y 60 D, de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común para el Distrito Federal que respectivamente disponen:
"Artículo 54. Los Jueces de lo Civil conocerán:
I. De los negocios de jurisdicción voluntaria, cuyo conocimiento no corresponde específicamente a los Jueces de lo Familiar, del Arrendamiento Inmobiliario y de lo Concursal.
II. De los juicios contenciosos que versen sobre la propiedad o demás derechos reales sobre inmuebles, siempre que el valor de éstos sea mayor de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo diario general, vigente en el Distrito Federal, excepto si se controvierten cuestiones relacionadas con el patrimonio de familia, en que la competencia corresponde a los Jueces de lo Familiar;
III. De los demás negocios de jurisdicción contenciosa, común y concurrente, cuya cuantía exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo diario general, vigente en el Distrito Federal, excepto en los concernientes al derecho familiar, del Arrendamiento Inmobiliario y de lo Concursal;
IV. De los interdictos;
V. De la diligenciación de los exhortos, rogatorias, suplicatorias, requisitorias, y despachos; y
VI. De los demás asuntos que les encomienden las leyes.
Se exceptúan de su competencia todos los asuntos o controversias relativos al arrendamiento de inmuebles en que la competencia corresponde a los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario.'"
"Artículo 60 D.- Los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario conocerán de todas las controversias que se susciten en materia de arrendamiento de inmuebles destinados a habitación, comercio, industria o cualquier otro uso, giro o destino permitidos por la ley."
Ahora bien, en el capítulo IV del título sexto del Código Civil para el Distrito Federal, que se refiere al arrendamiento de fincas urbanas destinadas a la habitación, se previene en el artículo 2448, lo siguiente: "Las disposiciones de este capítulo (que abarca de dicho numeral al 2448 L) son de orden público e interés social. Por tanto, son irrenunciables y en consecuencia, cualquier estipulación en contrario se tendrá por no puesta."
En cuanto al derecho del tanto, éste se consigna en el artículo 2448 I, que dice: "Para los efectos de este capítulo, el arrendatario, si está al corriente en el pago de la renta, tendrá derecho a que, en igualdad de condiciones, se le prefiera a otro interesado en el nuevo arrendamiento del inmueble. Asimismo, tendrá el derecho del tanto en caso de que el propietario quiera vender la finca arrendada."
Las reglas a las que deberá sujetarse el ejercicio del derecho del tanto, se contienen en el artículo 2448 J, las cuales son:
"I. En todos los casos el propietario deberá dar aviso en forma indubitable al arrendatario de su deseo de vender el inmueble, precisando el precio, términos, condiciones y modalidades de la compraventa.
II. El o los arrendatarios dispondrán de 15 días para notificar en forma indubitable al arrendador su voluntad de ejercitar el derecho del tanto en los términos y condiciones de la oferta.
III. En caso de que el arrendador cambie cualquiera de los términos de la oferta inicial estará obligado a dar un nuevo aviso en forma indubitable al arrendatario, quien a partir de ese momento dispondrá de un nuevo plazo de quince días para l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/308-7d1b63ef/derecho-del-tanto-y-nulidad-de-la-escritura · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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