PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. TRATANDOSE DE ACTUACIONES QUE REQUIERAN EJECUCION PARA QUE EL AGRAVIO SE ACTUALICE, EL TERMINO PARA QUE PROMUEVA AMPARO DEBERA EMPEZARSE A COMPUTAR A PARTIR DE QUE PRETENDAN EJECUTARSE EN SU PERJUICIO.
CONTRADICCION DE TESIS 22/92. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 11, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de una contradicción entre tesis sustentadas por dos Tribunales Colegiados en materia común diversa a la penal, administrativa, civil y laboral.
En efecto, los artículos 24, fracción XII, 25, fracción XI, 26, fracción XI, y 27, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen la competencia de la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Salas de la Suprema Corte, respectivamente, para conocer de las contradicciones entre tesis que en amparos en las materias penal, administrativa, civil y laboral sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito. Sin embargo, las expresiones que en estos preceptos legales se contienen "contradicciones entre tesis que en amparos en materia penal, sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito..."; "contradicciones entre tesis que en amparos en materia administrativa..."; "contradicciones entre tesis que en amparos en materia civil..."; y "contradicciones entre tesis que en amparos en materia laboral, sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito...", no deben interpretarse literalmente para concluir que la competencia de cada una de las Salas de la Suprema Corte se determina atendiendo a que las tesis se sustenten en amparos penales, administrativos, civiles o laborales independientemente de los criterios que entren en contradicción al resolverse esos amparos. La especialidad de las Salas hace lógico que resuelvan las contradicciones cuando los criterios relativos se sustenten sobre temas penales, administrativos, civiles y laborales pero no cuando en amparos en esas materias se sustenten criterios sobre otra clase de materias que entren en contradicción con los sostenidos por otro Tribunal Colegiado de Circuito. Si el tema no es especializado sino de materia común, por un lado, no se da la justificación de la especialidad de la Sala para conocer de la contradicción entre tesis en ese tema; y por otro, se abre la posibilidad de una nueva contradicción entre los criterios que llegaran a sustentar las diversas Salas de la Suprema Corte al resolver las contradicciones entre tesis de Tribunales Colegiados establecidas en amparos penales, administrativos, civiles y laborales sobre un tema no especializado, con lo que no se supera la inseguridad jurídica que trata de resolverse mediante la denuncia de la contradicción.
También existe peligro de que los Tribunales Colegiados de Circuito interpreten que al no tratarse de un tema especializado de cada Sala, no les obliga la jurisprudencia o ésta sólo obliga en los asuntos de la materia de la Sala pero no en otros, lo que sería absurdo, refiriéndose la tesis a una materia común, como ocurre con los temas en materia de amparo.
Por las razones señaladas y conforme con lo previsto por el artículo 11, fracción XV de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, corresponde al Pleno de la Suprema Corte conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito sobre temas no especializados en las materias penal, administrativa, civil y laboral.
Es aplicable al respecto la tesis jurisprudencial 9/1992 emitida por el Tribunal Pleno que dice:
"COMPETENCIA EN CONTRADICCION DE TESIS EN MATERIA COMUN. CORRESPONDE AL PLENO Y NO A LAS SALAS.-Los artículos 24, fracción XII, 25, fracción XI, 26, fracción XI, y 27, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal deben interpretarse en el sentido de que la competencia de cada una de las Salas de la Suprema Corte para conocer de la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, se determina atendiendo a la materia a que se refieren los criterios que entran en contradicción y no la del amparo en que se dicte la resolución. Por razones de la especialidad, compete a las Salas conocer de las contradicciones cuando los temas que tratan los criterios en contradicción sean de la especialidad de la Sala, pero no cuando aborden cuestiones comunes a todas ellas, aunque se pronuncien en amparos cuyas materias les compete. Si los criterios en contradicción no se refieren a cuestiones de la competencia especializada de la Sala, sino que corresponden a las materias comunes, no se justifica que aquéllas conozcan de este tipo de contradicciones; además, de admitir que las Salas asumieran competencia en esos casos, se abriría la posibilidad de una nueva contradicción entre los criterios que, al respecto llegaran a sustentar, con lo que no se lograría la seguridad jurídica que se persigue con la denuncia de contradicción. Por ello, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11, fracción XV, de la ley orgánica citada, debe interpretarse que corresponde al Pleno de la Suprema Corte conocer y resolver ese tipo de contradicciones."
En la presente denuncia de contradicción si bien las tesis sustentadas por el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito lo son en amparos en materia civil, los criterios relativos se refieren a una materia común, según deriva de las tesis respectivas, que textualmente señalan:
"PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. OPORTUNIDAD PARA PROMOVER AMPARO.-La persona extraña a juicio puede promover demanda de amparo indirecto contra todo procedimiento judicial que afecte su esfera jurídica al trastocar o vulnerar sus derechos, por ser todo el juicio el acto generador de la sentencia dictada en el mismo que crea, declara o constituye un derecho o una condena que se opone, afecta o invade los diversos derechos del tercero, lo que implica un agravio directo y personal como lo señala el artículo 4o. de la Ley de Amparo, sin necesidad de estimar que la oportunidad del amparo depende de que se ejecute en su contra la sentencia dictada en el juicio que se señaló como acto reclamado, ya que la referida oportunidad está regulada por el artículo 21 de dicha ley que establece varios supuestos, siendo uno de ellos la facultad de intentar el juicio constitucional contra actos de tribunales judiciales dentro del juicio cuando el tercero haya tenido conocimiento de ellos, lo cual es acorde a lo dispuesto por el artículo 107 constitucional que en su fracción tercera, inciso c), establece la procedencia del amparo cuando se reclaman actos de tribunales judiciales que afecten a personas extrañas a juicio, sin limitar esta facultad a condición de que se ejecuten en su contra, lo que a su vez es congruente con el principio de que el amparo procede contra actos dentro o fuera de juicio, ya que el acto reclamado señalado como 'todo el juicio' implica las actuaciones habidas dentro de él como violación a la garantía de audiencia; y su ejecución corresponde a actos decretados concluido el juicio, por culminar este último con la sentencia definitiva, como lo señala la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción VII, que distingue y establece la procedencia del amparo contra actos en juicio, fuera de juicio, después de concluido, o bien que afecten a personas extrañas, como puede ser todo el juicio, supuesto que también se apoya en lo dispuesto por el artículo 1o. de la Ley de Amparo al indicar que el juicio de garantías tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos de autoridad que violen garantías individuales, pudiendo ser uno de estos actos todo el juicio que afecte al tercero extraño, como también lo estatuye el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, que distingue la acción constitucional de que es titular el tercero extraño a juicio, como una acción autónoma, que se rige por sus propios principios, y procede contra actos ejecutados 'dentro' de juicio, como es todo el procedimiento; o bien fuera de juicio como lo es su ejecución. Por tanto, si la quejosa se ostentó como tercera extraña a juicio de donde deriva tal sentencia por no haber sido emplazada al mismo y por esto reclamó la violación directa a la garantía de audiencia que establece a su favor el artículo 14 constitucional, no es necesario que se dicte un mandamiento de ejecución para que hasta entonces se pueda considerar que la sentencia de mérito le cause el perjuicio que contempla el artículo 4o. de la Ley de Amparo."
"PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, OPORTUNIDAD PARA PROMOVER EL JUICIO DE GARANTIAS.-El artículo 73, fracción XII de la Ley de Amparo establece que se entenderán por actos consentidos tácitamente, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que la propia ley prevé. Sin embargo, cuando el quejoso no es parte en el juicio del que provienen los actos reclamados, sino que es un tercero extraño, no es admisible estimar que deba promover juicio de garantías en contra de las actuaciones previas al mandamiento de la ejecución que se pretenda llevar a cabo en su perjuicio, pues precisamente por ser ajeno a la controversia suscitada, tales actuaciones, no le causan por sí mismas el agravio personal y directo a que se refiere el artículo 4o. de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de garantías, sino que esos actos afectarían por principio a las partes del juicio, quienes al estar en condiciones de promover los recursos de ley pueden lograr su modificación, revocación o nulificación. En cambio, cuando las resoluciones dictadas en un juicio pretenden ejecutarse en perjuicio de ese tercero extraño, es cuando a éste se le causa el agravio personal y directo, y es hasta entonces cuando se justifica la promoción del juicio de amparo. De ahí que si el tercero no está en condiciones legales de promover juicio de amparo contra las actuaciones previas a la ejecución que sí afecta su esfera jurídica, se impone concluir que el conocimiento de esas actuaciones previas sin la consiguiente promoción del juicio de garantías dentro del plazo legal, no implica consentimiento tácito alguno, sino que el mandamiento de ejecución en su perjuicio, la notificación o el conocimiento del mismo constituirán los elementos que deban tomarse en cuenta para determinar la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo."
Debe precisarse que no sólo en la materia civil existen personas extrañas al juicio, sino que ello puede presentarse en materias diversas y, por tal razón, se afirma que el criterio a que se refiere la tesis en contradicción, a saber, la oportunidad para promover el juicio de garantías por tales personas, versa sobre una materia común.
SEGUNDO.-El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 26/92, sostuvo el criterio que es materia de la presente denuncia de contradicción de tesis.
De la copia certificada del fallo pronunciado por el Tribunal Colegiado referido con fecha catorce de febrero de mil novecientos noventa y dos en el recurso de queja 26/92 deriva que los antecedentes del caso fueron los siguientes:
Yolanda Contreras viuda de Casasola promovió juicio de amparo, al que correspondió el número 9/92, señalando como autoridades responsables al Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Federal, a la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y al director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, y como actos reclamados, de la primera autoridad, todo lo actuado en el juicio civil reivindicatorio, registrado bajo expediente 615/89, seguido por la sucesión de Mario Casasola Zapata en contra de María Trinidad Valencia Ramírez, incluyendo la sentencia que puso fin a dicho juicio dictada con fecha primero de febrero de mil novecientos noventa y uno, así como el auto de ejecución que dictó con fecha tres de enero de mil novecientos noventa y dos; de la segunda autoridad, la sentencia de trece de mayo de mil novecientos noventa y uno, dictada en el toca 610/91, que confirmó la de primera instancia antes precisada y, de la última autoridad citada, la ejecución del auto de tres de enero de mil novecientos noventa y dos señalado.
La Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, por resolución de diecisiete de enero de mil novecientos noventa y dos, desechó la demanda de amparo respecto de los actos reclamados de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Federal consistentes, respectivamente, en todo lo actuado en el juicio natural 615/89 y en la resolución dictada en el toca 610/91, y admitió la misma por lo que se refiere al auto de ejecución de tres de enero de mil novecientos noventa y dos, dictado por el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Federal, y su ejecución reclamada del director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal.
Inconforme la quejosa, Yolanda Contreras viuda de Casasola, interpuso recurso de queja, del que tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito quien, por sentencia de catorce de febrero de mil novecientos noventa y dos, declaró fundado el recurso de queja 26/92. Las consideraciones que sustentan dicha resolución son las siguientes:
"TERCERO.-Son fundadas las inconformidades aducidas por la recurrente, porque si ésta compareció al juicio de garantías del que emana el presente recurso, ostentándose como tercera extraña al juicio registrado bajo el número 615/89, seguido por la sucesión de Mario Casasola Zapata, en contra de María Trinidad Valencia Ramírez, alegando que jamás fue emplazada como parte en el juicio aludido, ni se le dio intervención en forma que tuviera oportunidad de ser oída en defensa del dominio que legalmente le corresponde sobre el cincuenta por ciento del predio cuya prescripción se decretó y a este efecto señaló como actos reclamados los siguientes: 'Del C. Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Federal, reclamo todo lo actuado en el juicio reivindicatorio registrado bajo el expediente número 615/89, seguido en el juzgado a su cargo por Casasola Zapata Mario su sucesión, en contra de María Trinidad Valencia Ramírez, incluyendo la sentencia de 1o. de febrero de 1991 que puso fin a ese juicio y el auto que la declaró firme' y de la 'La H. Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, reclamo su sentencia de 13 de mayo de 1991, dictada en el toca número 610/91, que confirma la diversa de primera instancia precisada en el párrafo precedente'; así como el auto de ejecución dictado por el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Federal y que es como sigue: 'México, Distrito Federal a tres de enero de mil novecientos noventa y dos, a sus autos el escrito de cuenta del promovente y en ejecución de sentencia definitiva pronunciada en el presente juicio a costa de ocursante expídasele por duplicado copia certificada de la misma y gírese oficio al C. Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio para que la inscriba en el folio que se indica, para que sirva de título de propiedad de la señora Ma. Trinidad Valencia Ramírez, así lo proveyó y firma la C. Juez Cuarto de lo Civil. Doy fe. Notifíquese.'; y por su parte la Juez de Distrito desechó la demanda de amparo por lo que hace a los actos reclamados en primer término, aplicando en la especie la jurisprudencia cuyo rubro es: 'PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, OPORTUNIDAD PARA PROMOVER EL JUICIO DE GARANTIAS.-El artículo 73 fracción XII, de la Ley de Amparo establece que se entenderán por actos consentidos tácitamente, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que la propia ley prevé. Sin embargo, cuando el quejoso no es parte en el juicio del que provienen los actos reclamados sino que es un tercero extraño, no es admisible estimar que deba promover juicio de garantías en contra de las actuaciones previas al mandamiento de la ejecución que se pretenda llevar a cabo en su perjuicio, pues precisamente por ser ajeno a la controversia suscitada, tales actuaciones no le causan por sí mismas el agravio personal y directo a que se refiere el artículo 4o. de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio constitucional, sino que esos actos afectarían por principio a las partes del juicio, quienes al estar en condiciones de interponer los recursos de ley pueden lograr su modificación, revocación o nulificación. En cambio, cuando las resoluciones dictadas en un juicio pretenden ejecutarse en perjuicio de ese tercero extraño, es cuando a éste se le causa el agravio personal y directo y es hasta entonces cuando se justifica la promoción del juicio de amparo. De ahí que si el tercero no está en condiciones legales de promover juicio en comento contra las actuaciones previas a la ejecución que sí afecta su esfera jurídica, se impone concluir que el conocimiento de esas actuaciones previas sin la consiguiente promoción del juicio de garantías dentro del plazo legal, no implica consentimiento de ejecución en su perjuicio, (sic) notificación o el consentimiento del mismo constituirán los elementos que deban tomarse en cuenta para determinar la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo'; resulta por lo anterior, que la resolución de la Juez de Distrito es ilegal, porque la jurisprudencia de mérito se refiere a que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado se hace consistir en actuaciones previas al mandamiento de ejecución dictadas dentro del juicio en el cual es tercera extraña, sin embargo dejó de advertir que los actos reclamados por los cuales se desechó la demanda de garantías, están íntimamente vinculados con el mandamiento de ejecución dictado por el Juez Cuarto de lo Civil de esta capital, el tres de enero del presente año, de manera que si este último acuerdo (auto de ejecución), es una consecuencia legal y necesaria de las actuaciones dictadas en el procedimiento respecto del cual la hoy inconforme no tuvo intervención alguna, es incuestionable que dada la relación que guardan entre sí las actuaciones previas con el mencionado mandamiento de ejecución, es evidente que debió admitirse la demanda respecto de todos los actos reclamados, toda vez, que, tratándose de un tercero extraño a la prosecución de un juicio, es evidente que dicho juicio (acto reclamado) sí le causa un perjuicio legal, ya que mediante ese procedimiento judicial la autoridad judicial declara o constituye un derecho en favor de una de las partes que afecta al diverso derecho que tiene el tercero extraño, como sucede en la especie cuando se resolvió en el juicio ordinario civil seguido por Mario Casasola Zapata en contra de María Trinidad Valencia Ramírez que esta última es la propietaria de un bien inmueble por prescripción adquisitiva, y la ahora quejosa Yolanda Contreras viuda de Casasola, tercera extraña, alega en el amparo indirecto que con ese juicio se transgrede y trastoca su propio derecho de propiedad respecto del mismo inmueble, de tal manera que, si el juicio ordinario constituye el fundamento y el sustento de la sentencia que declaró el derecho de propiedad por prescripción a la referida demanda, afectando el derecho de propiedad alegado por la tercera extraña, este último puede y debe legalmente combatir la inconstitucionalidad de todo el juicio ordinario porque debió formar parte de él como demandada, a fin de ser oída y vencida en el mismo una vez debatido su derecho de propiedad; por ende, al tercero extraño al juicio no sólo lo perjudica el acto de ejecución, como molestia a su posesión, sino todo el juicio y en especial la sentencia definitiva dictada porque esta resolución es la que declara o constituye el derecho que perjudica a la tercero extraña. En efecto, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado la siguiente tesis de jurisprudencia: 'PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, FECHA PARA COMPUTO DEL TERMINO DE AMPARO.- El plazo para pedir amparo contra los actos en el juicio en que no es parte y que afecten sus intereses, le corre desde la fecha en que tiene conocimiento de dichos actos'. (Tesis consultable en la página 2097 del Apéndice al Semanario Judicial de 1917 a 1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes). Puede apreciarse que en esta jurisprudencia de nuestro máximo y más Alto Tribunal de la República, claramente establece que 'El plazo para pedir amparo contra los actos en el juicio en que no es parte', se refiere en este párrafo a que se puede pedir amparo contra 'actos en el juicio' y no sólo contra actos fuera de juicio, lo que implica que el tercero sí puede señalar como acto reclamado todo el juicio, pues estas actuaciones son dentro del juicio, en tanto que la sola ejecución es un acto fuera de juicio. A su vez esta jurisprudencia señala que el tercero debe promover la demanda de amparo indirecto contando el término 'desde la fecha en que tiene conocimiento de dichos actos', lo cual debe entenderse desde que conoce la existencia del juicio que afecta a sus derechos, ya que de aceptarse que sólo la ejecución causa perjuicio, la jurisprudencia debería indicar que el plazo para promover el amparo debe contarse a partir de la fecha en que se ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado con todo lo cual, debe concluirse que también en la especie la oportunidad para promover la demanda de amparo fue correcta, porque se promovió el juicio dentro del plazo de 15 días contados a partir de que el quejoso 'conoció' el juicio que señala como reclamado en su totalidad, todo lo cual es acorde a lo establecido por la Ley de Amparo, puesto que esta legislación también se refiere en su artículo 21 a que, 'El término para la interposición del amparo será de 15 días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos'. Así pues, la Ley de Amparo en el artículo 21 transcrito, establece cuatro supuestos para promover el amparo con la debida oportunidad y que son: a). 15 días a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclama; esto es, que este supuesto se refiere a las partes que intervienen en el juicio; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos; este segundo supuesto es el aplicable al tercero extraño, pues se refiere a cuando el quejoso conoce la existencia del acto que reclama, no de su ejecución; c) O de su ejecución, supuesto que se aplica precisamente a actos fuera de juicio reclamados en amparo, y d) O al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos, presupuesto general para partes y terceros extraños. Por consecuencia, el tercero extraño a juicio puede intentar amparo indirecto cuando tenga conocimiento de los actos, es decir, cuando se entera de que existe un acto judicial (en el caso) que afecta o invade su esfera jurídica oponiendo un derecho ajeno al propio, sin necesidad de esperar a que se ejecute ese acto, puesto que éste es otro supuesto de interposición de demanda de amparo, según se entiende de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. La H. Suprema Corte de Justicia de la Nación también sentó jurisprudencia en estos términos: 'PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO. NO NECESITA AGOTAR RECURSOS ORDINARIOS PARA OCURRIR AL AMPARO.-Los terceros extraños afectados por determinaciones judiciales dictadas en procedimientos a que son ajenos, no están obligados a agotar recursos ordinarios o medios legales de defensa antes de ocurrir al amparo.', (Tesis publicada en la misma obra, misma página 2097). Esta tesis, al señalar que los terceros extraños pueden acudir al juicio de amparo indirecto sin agotar recursos ordinarios, claramente acepta el supuesto de que, aun estando el juicio en trámite debido a la posibilidad de acudir a recursos ordinarios, el tercero extraño queda relevado de agotarlos e impugnar el propio juicio en vía de amparo, lo cual también implica que sí puede pedir el amparo oportunamente antes de que se ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado en su naturaleza de juicio. Corrobora lo anterior la jurisprudencia número 1295 ibídem, página 2098, que dice: 'PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, PROCEDENCIA DE AMPARO.-Puede interponer amparo contra actos en el juicio que la perjudique, sin estar obligada a entablar otras acciones distintas.'; esto es, si la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación dispone en la tesis última copiada que el tercero extraño puede 'interponer amparo contra actos en el juicio', se entiende dentro del juicio, como lo es todo el procedimiento que lo integra, ya que, de prevalecer el criterio del Juez de Distrito de que sólo procede intentar la demanda hasta que se ejecuta la sentencia del juicio la referida jurisprudencia así lo señalaría. Lo anteriormente considerado se confirma con los diversos criterios que, si bien no integran jurisprudencia, sí sientan precedente, y que son: 'PERSONA EXTRAÑA A JUICIO.-Contra los actos que afecten a sus posesiones o derechos, procede concederle el amparo, aunque el mandamiento sea general y no ordene precisamente el despojo de determinados bienes. Quinta Epoca: Tomo XXVI, página 1919. Tabares Jesús.' y 'PERSONAS EXTRAÑAS AL JUICIO, AMPARO PEDIDO POR LAS, CONTRA LOS PROCEDIMIENTOS DE REMATE.-Conforme a la fracción IX del artículo 107 constitucional, los terceros extraños al juicio pueden promover el amparo contra actos ejecutados fuera de juicio o después de concluido, sin estar obligados a agotar los recursos o medios de defensa que concedan las leyes comunes, y no obsta a lo anterior, lo prevenido en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo en el sentido de que en los casos de ejecución de sentencia, y especialmente en los de remate, el juicio de garantías debe promoverse contra la resolución final o el auto que apruebe o desapruebe el remate, pues esta disposición se refiere exclusivamente a las partes en el juicio y no a los terceros extraños; y por lo que se refiere a la fracción V del artículo 114 citado, que establece que los terceros extraños pueden solicitar amparo por actos, dentro o fuera de juicio, que los afectan, siempre que la ley común no establezca recurso o medio de defensa debe decirse que esta disposición está en pugna con el texto de la fracción IX del artículo 107 constitucional, que no impone dicha limitación a los terceros, y, por lo mismo, no debe aplicarse. Quinta Epoca: Tomo LXX, página 2888. Garza Santiago A.'. De ambos textos se llega a la inteligencia de que el juicio de amparo indirecto se puede promover cuando se afectan los derechos sustantivos en general, como actos dentro de juicio, todo el juicio, o la ejecución de éste, con tal de que la acción constitucional se ejercite dentro de los plazos ya comentados del artículo 21 de la Ley de Amparo. Con motivo de las razones expuestas, este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, no comparte el criterio sustentado por el diverso Cuarto Tribunal Colegiado en que se apoyó el Juez de Distrito para desechar parcialmente la demanda de amparo interpuesta por el aquí recurrente, y que es del tenor siguiente: (Se transcribe dicha jurisprudencia que es materia de la contradicción) ... pues en síntesis este Segundo Tribunal sostiene que la persona extraña al juicio puede interponer la demanda de amparo indirecto contra todo el procedimiento judicial que afecte a su esfera jurídica al trastocar, o vulnerar sus derechos, por ser todo el juicio el acto generador de la sentencia dictada en el mismo que crea, declara o constituye un derecho o una condena que se opone, afecta o invade los diversos derechos del tercero, lo que implica un agravio directo y personal como lo señala el artículo 4o. de la Ley de Amparo, sin necesidad de estimar que la oportunidad del amparo depende de que se ejecute la sentencia dictada en el juicio que se señaló como acto reclamado, ya que la referida oportunidad está regulada por el artículo 21 de la Ley de Amparo que establece varios supuestos, siendo uno de ellos la facultad de intentar el juicio constitucional contra actos de tribunales judiciales dentro del juicio cuando el tercero haya conocido de ellos, lo cual es acorde a lo dispuesto por el artículo 107 constitucional que en su fracción tercera inciso c) establece la procedencia del amparo cuando se reclaman actos de tribunales judiciales que afecten a personas extrañas al juicio, sin limitar esta facultad a condición de que se ejecuten en su contra, lo que a su vez es congruente con el principio de que el amparo procede contra actos dentro de juicio y fuera de juicio, toda vez que el acto reclamado señalado como todo el juicio implica las actuaciones habidas dentro de él; y su ejecución corresponde a actos decretados concluido el juicio, por culminar este último con la sentencia definitiva, tal y como lo señala la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107 fracción VII que distingue y establece la procedencia del amparo contra actos en juicio, fuera de juicio, después de concluido, o bien que afecten a personas extrañas a juicio, fracción VII del artículo 107 constitucional que tampoco condiciona al tercero extraño a ejercitar su acción constitucional hasta la ejecución del acto reclamado, sino que establece en forma general que dicho amparo procede contra actos que afecten a personas extrañas, como puede ser todo el juicio, supuesto que también se apoya en lo preceptuado por el artículo 1o. de la Ley de Amparo al indicar que el juicio de garantías tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos de autoridad que violen garantías individuales, pudiendo ser uno d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26-3d0fa30f/persona-extrana-a-juicio-tratandose-de-actuaciones-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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