COMODATO. CORRESPONDE AL ACTOR DEMOSTRAR SU EXISTENCIA Y NO DEDUCIRLA EL JUZGADOR, POR EXCLUSION, DEL EXAMEN DE OTRAS SITUACIONES JURIDICAS QUE NO DEMOSTRO EL DEMANDADO.
CONTRADICCION DE TESIS 19/93. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-En la parte relativa de la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, se dice:
"... En cambio son sustancialmente fundadas las inconformidades que se expresan en relación a que la Sala responsable aplicó indebidamente el artículo 2502 del Código Civil, al tener por r demostrada la celebración del contrato de comodato cuya terminación le fue demandada a la aquí quejosa, no obstante que la actora María Josefina del Valle Reyes no aportó pruebas bastantes para ello, pues sólo ofreció una acta de posesión del departamento controvertido, que le fue expedido por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado, así como unas diligencias de jurisdicción voluntaria, que contienen la notificación hecha a la aquí inconforme, en el sentido de ser voluntad de la tercero perjudicado de dar por terminado el contrato de comodato. Que por tanto, al darles pleno valor probatorio a esos documentos para tener por demostrado el comodato, violó el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles. Se afirma que son esencialmente fundadas las alegaciones relacionadas con ese aspecto pues para tener por demostrado el contrato de comodato entre las partes, la Sala sostuvo que éste quedó acreditado con el acta de entrega de posesión de vivienda, expedida por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado, de fecha nueve de agosto de mil novecientos setenta y cuatro; con las copias certificadas de las diligencias de jurisdicción voluntaria tramitadas ante el Juzgado Trigésimo Séptimo de lo Civil de esta ciudad, con la confesional de la demandada en lo principal, aquí quejosa, quien aceptó ocupar el departamento litigioso. Esto lo afirmó porque, en su concepto, la aquí quejosa no aportó dato alguno que destruyera la acción, y que como el contrato de comodato no requiere formalidad alguna, entonces el consentimiento puede ser expreso o tácito, y por lo mismo se comprueba con la fuerte presunción que resulta después de excluir la relación de arrendamiento y la de compraventa que la quejosa alegó tener con la actora, pero que como aquélla no acreditó en autos haber tenido el carácter de arrendataria, primero, y luego el de compradora, ello conducía a la necesaria comprobación del comodato cuya terminación le fue demandada. Este tribunal advierte que la afirmación hecha por la Sala responsable resulta acorde con el criterio que aparece sustentado en la ejecutoria número 1053/84 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito publicada con el número 10 en las páginas 48 y 49, Tercera Parte, del Informe de Labores rendido en el año de 1985 por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe: 'COMODATO, LA PRUEBA PRESUNCIONAL ES SUFICIENTE PARA ACREDITARLO POR EXCLUSION DE OTROS ACTOS JURIDICOS.-Los motivos de inconformidad son fundados, ya que el tribunal responsable, debió adminicular la prueba testimonial ofrecida por la actora, con la prueba confesional a cargo del demandado y con los demás indicios de autos, en base a que el dicho de los testigos, dadas las circunstancias, no puede considerarse vago o contradictorio, porque el concepto predio comprende también el de casa, sin que pueda llevar al extremo de un rigorismo legal la apreciación de la testimonial ofrecida y desahogada por la parte actora, porque como ya se vio, los testigos coinciden en lo esencial y su dicho es digno de asociarse a las demás pruebas desahogadas; motivo por el cual se estima que el tribunal de alzada verificó un mal uso del arbitrio judicial al calificar la prueba testimonial y no enlazarla con las demás, transgrediendo los preceptos legales que invocó el quejoso, máxime si se aprecia que se demostró en autos, que el demandado admitió saber que el actor adquirió el predio, en el cual el primero construyó con su dinero (del segundo) unos cuartos, y aceptó que lo ayudó al morir uno de sus hijos y a adquirir el inmueble, admitiendo en el desahogo de la confesional a su cargo, que no paga renta por el uso del inmueble; y aún cuando dijo que vive como dueño, porque el hoy quejoso compró en su representación el terreno, no acreditó tal extremo, como ya se dijo con antelación, motivo por el cual contrariamente a lo que dice la Sala responsable, la confesión que produjo el reo produce efectos en lo que le perjudica. Luego entonces, frente al reconocimiento expreso de que la casa en disputa la ocupa el demandado a título gratuito y de que éste no acreditó su acción reconvencional de ser el legítimo dueño, como lo declaró la Sala responsable en su sentencia combatida, amén de que no acreditó que el inmueble se adquiera en su representación, no puede reputarse su posesión como una tenencia sin título, generándose la obligada conclusión de que el detentador ejerce una posesión derivada que sólo puede encuadrarse en la relación contractual de comodato, ya que no existe otra figura jurídica en la que pueda enmarcarse; por lo que sí se reúnen los requisitos del artículo 2497 del Código Civil pues de la confesión aunada a las demás probanzas, se desprende que el actor le concedió al demandado el uso gratuito de una cosa no fungible como es el inmueble de que se trata, con la obligación implícita de restituirla individualmente'. La consideración en que se basa el fallo reclamado, como el que se sustenta en la citada tesis, no las comparte este Tribunal Colegiado, dado que, considerarlo de ese modo, en realidad se traduce en arrojar la carga probatoria a la demandada en lo principal respecto de los extremos de sus excepciones y defensas, así como de su acción reconvencional para que, en caso de no demostrarlos, se tenga por acreditada la acción deducida en su contra, no sin antes obligar al actor a que sea precisamente él quien deba necesariamente comprobar los elementos de su acción, con tal independencia de lo que en contrario hubiera alegado su contraparte. Así, la Sala responsable no debió estimar que, por exclusión, el comodato quedó demostrado por la circunstancia de que no se puso de manifiesto una relación de arrendamiento o de compraventa entre las partes, pues debió exigir de la actora María Josefina del Valle Reyes que hubiese aportado elementos de convicción suficientes, que condujeran a concluir fundadamente, que en efecto, la relación jurídica existente entre las partes era de la comodante-comodataria, y sin embargo esto no lo hizo así. De este modo debió considerarlo la responsable, porque precisamente el ejercicio de la acción supone la existencia de un derecho, que sólo podrá ser tutelado por el órgano jurisdiccional si ante él queda demostrado, por lo que conforme al artículo 2497 del Código Civil para el Distrito Federal, en este caso, la actora en lo principal necesariamente debió acreditar: a) haber transmitido el uso de una cosa no fungible, b) que esto se verificó gratuitamente, y c) que la demandada se obligó a restituirla individualmente. Si tales elementos no se comprueban por cualquier medio, la acción debe declararse improcedente, ya que, además de ser de orden público el cumplimiento de los requisitos exigidos para su ejercicio, el Juez debe analizarlos aún de oficio, y solamente si éstos se acreditan, habrá de considerar entonces las excepciones que se hubieran opuesto, dado que estas últimas sólo tienden a destruir o debilitar la acción. Considerarlo de otro modo significaría desplegar la carga probatoria hacia el demandado en lo concerniente a sus excepciones, y relevar de ello a la actora en lo que hace a su acción, es decir, a que por exclusión de cualquier otra relación jurídica entre las partes, se tuviera por demostrado un contrato de comodato respecto del que no se tienen mayores datos, lo que contravendría la regla contenida en el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que dispone que las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. Cabe advertir que el anterior criterio ha sido sustentado ya por este Tribunal Colegiado en las ejecutorias de amparo números 1171/91, 3859/92 y 4538/92, de fechas siete de noviembre de mil novecientos noventa y uno, catorce de octubre de mil novecientos noventa y dos y trece de enero de mil novecientos noventa y tres, respectivamente. Por tanto, asiste razón a la inconforme cuando sostiene que con las pruebas aportadas por la actora no se acreditó el contrato que ésta invocó, puesto que el acta de posesión de vivienda, fechada el diecinueve de agosto de mil novecientos setenta y cuatro, expedida en favor de María Josefina del Valle Reyes respecto del inmueble en litigio, solamente demuestra que a ella le fue entregada la posesión del inmueble por parte del representante del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado, después de haber cumplido con los requisitos para su adquisición en propiedad; esto es, comprueba una relación jurídica entre la actora y la mencionada institución, pero ninguna entre las partes en litigio. Las copias certificadas de las diligencias de jurisdicción voluntaria descritas, tampoco son útiles para ese fin, ya que sólo acreditan que a la inconforme se notificó el deseo de María Josefina del Valle Reyes de dar por terminado un contrato de comodato que dijo haber celebrado con aquélla, mas de ninguna forma que éste realmente se hubiese pactado, es decir no acreditan el presupuesto de que partieron. Tampoco la Sala debió tomar en cuenta la confesional de la inconforme, en cuanto dijo habitar en el inmueble litigioso, porque aún cuando así lo aceptó, ello lo hizo argumentando tener una calidad diversa a la de comodataria, desconociendo por tanto haber celebrado el contrato que alegó la actora. En consecuencia, al haber considerado que con esas pruebas se acreditó el contrato de comodato, la Sala obró de manera incorrecta porque de ninguna forma ponen de manifiesto su existencia. De ello se sigue que la resolución reclamada resulta ilegal, y en reparación de la violación constitucional cometida en perjuicio de la quejosa habrá de otorgársele el amparo solicitado. En razón de lo anterior, se estima ya innecesario el examen de la alegación que vierte la inconforme acerca de la prescripción de la acción deducida en su contra, pues con independencia de lo que se resolvió respecto de ella, cabe decir que la violación que se hubiese cometido se verá reparada con motivo de la concesión del amparo que ahora se le hace, porque ambos aspectos se relacionan con la misma materia. De lo antes dicho resulta que se suscita la contradicción de tesis entre la ya transcrita, que sustenta el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y la que sostiene este Tribunal Colegiado en la presente ejecutoria, en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, y dado que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 26, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por virtud de que ambas tesis se sustentan en juicios de amparo directo en materia civil, procede denunciarla ante la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de este órgano colegiado."
TERCERO.-En la parte conducente de la ejecutoria pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, se sostiene lo siguiente:
"... En los dos últimos conceptos de violación, que se estudian conjuntamente por su estrecha relación que guardan entre sí, el peticionario de garantías sostiene que la Sala responsable vulnera en su perjuicio los artículos 419, 421 y 423 del Código de Procedimientos Civiles, al concluir que con la prueba testimonial a cargo de Raúl Hermosillo Crespo y Carlos Ramírez Hernández no se acreditó el comodato, por que el primero dijo que Luis Batalla Hernández le prestó la 'casa' y el segundo que le prestó el predio, lo cual no es vago ni contradictorio; añade el inconforme que la prueba testimonial debió enlazarse a las demás, toda vez que las presunciones legales hacen prueba plena, debiendo establecerse el enlace entre el hecho demostrado y el que se trata de deducir, lo cual estima que se probó con el contrato privado de compraventa del inmueble, con la confesional del demandado y con la testimonial a que se refirió en este concepto, citando el precedente jurisprudencial que estima aplicable. Los motivos de inconformidad que anteceden son fundados, ya que el tribunal responsable, debió adminicular la prueba testimonial de referencia a la prueba confesional a cargo del demandado y a los demás indicios de autos, en base a que el dicho de los testigos, dadas las circunstancias, no puede considerarse vago o contradictorio, porque el concepto predio comprende también el de casa, sin que se pueda llevar al extremo de un rigorismo legal la apreciación de la testimonial ofrecida y desahogada por la parte actora, porque como ya se vió, los testigos coinciden en lo esencial, y su dicho es digno de asociarse a las demás pruebas desahogadas; motivo por el cual se estima que el tribunal de alzada verificó un mal uso del arbitrio judicial al calificar la prueba testimonial y no enlazarla con las demás, transgrediendo los preceptos legales que invocó el quejoso; máxime si se aprecia que se demostró en autos, que el demandado José Oropeza León, admitió saber que el actor Luis Batalla Hernández adquirió el predio en el cual el primero y construyó con su dinero (del segundo) unos cuartos, y aceptó que lo ayudó al morir uno de sus hijos y al adquirir el inmueble, admitiendo en el desahogo de la posición segunda en la confesional a su cargo que no paga renta por el uso del inmueble; y aun cuando dijo que vive como dueño porque el hoy quejoso compró en su representación el terreno, no acreditó tal extremo, como ya se dijo con antelación, motivo por el cual, contrariamente a lo que dice la Sala responsable, la confesión que produjo el reo produce efectos en lo que le perjudica. Luego entonces, frente al reconocimiento expreso de que la casa en disputa la ocupa el demandado a título gratuito y de que éste no acreditó su acción reconvencional de ser el legítimo dueño, como lo declaró la Sala responsable en su sentencia combatida, amén de que no acreditó que el inmueble se adquiriera en su representación, no puede reputarse su posesión como una tenencia sin título, generándose la obligada conclusión de que el detentador ejerce una posesión derivada que sólo puede encuadrarse en la relación contractual de comodato, ya que no existe otra figura jurídica en la que pueda enmarcarse; por lo que sí se reúnen los requisitos del artículo 2497 del Código Civil, pues de la confesión aunada a las demás probanzas, se desprende que el actor le concedió al demandado el uso gratuito de una cosa no fungible como lo es el inmueble de que se trata, con la obligación implícita de restituirla individualmente; estando probada la acción de terminación de comodato con base en lo dispuesto en el artículo 2511 del Código Civil, que establece que, si no se ha determinado el uso o el plazo del préstamo, el comodante podrá exigir la cosa cuando le pareciere. Analógicamente, es aplicable al particular, la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 14 de la Cuarta Parte del Volumen CXV, de la Sexta Epoca del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice: 'COMODATO, TIENE QUE CONSIDERARSE PROBADO POR VIRTUD DE PRESUNCIONES, ENTRE ELLAS LA QUE RESULTA DE EXCLUIR LA RELACION CONTRACTUAL DE ARRENDAMIENTO.-Frente a un reconocimiento expreso de una persona de que la finca que ocupa es propiedad de otra persona a la que no paga renta por el disfrute del inmueble, no puede reputarse la posesión del reo, como una tenencia sin título, pues tal presupuesto lo rechazan las dos partes contendientes, y esas circunstancias generan la obligada conclusión de que el detentador ejerce una posesión derivada que sólo puede encuadrarse en la relación contractual del comodato por exclusión de la relación del arrendamiento que hace destacar el ocupante al admitir que su disfrute es gratuito: al tratarse en la especie de un contrato verbal, tenía necesariamente el sentenciador, ya sea el Juez o el tribunal de alzada, que resolver la controversia de acuerdo con las presunciones que fueran menester, por virtud de las cuales no puede hablarse de violación en perjuicio del quejoso. Amparo directo 5525/64. Felícitas Aguirre viuda de Lara y María Petra Lara de Montoya. 6 de enero de 1976. 5 votos. Ponente: Mariano Azuela.'. El criterio que se apunta, ha sido sostenido por este propio Tribunal Colegiado, al resolver los amparos directos números 1106/83 y 1223/83, promovido por María de la Paz Domínguez y Díaz por sí y como albacea de la sucesión de Félix Domínguez Espinoza y por María de la Paz Ordóñez García viuda de Franco y otra, respectivamente, según sentencias emitidas en sesión de fecha veintinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y tres. En consecuencia, siendo conculcatorio de garantías el acto reclamado, debe concederse al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, y dicte la que en derecho sea procedente, sobre la base de que en autos se probó el contrato de comodato materia de la litis."
CUARTO.-Previamente al estudio de la cuestión planteada, debe precisarse si en el caso existe contradicción de tesis entre los criterios sustentados por los dos Tribunales Colegiados de Circuito de que se trata.
De la lectura de los considerandos transcritos de las ejecutorias de amparo que anteceden, se concluye que sí existe la contradicción de tesis denunciada, ya que en tanto que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sostiene que en el ejercicio de la acción de terminación de contrato de comodato corresponde al actor demostrar su existencia y no tenerlo por acreditado mediante la exclusión de otros actos jurídicos que no probó el demandado, ya que esto implicaría arrojar la carga de la prueba a la parte demandada respecto de hechos y cuestiones que corresponde probar a la parte actora, conforme a la regla general que impera sobre este principio procesal; el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, considera que la existencia del contrato de comodato queda probada con la sola circunstancia de que el demandado admita que vive en un inmueble gratuitamente, porque dicha convención no requiere de formalidad alguna, y que por ende, su celebración se prueba con la presunción que resulta de excluir los actos contractuales que adujo en vía de excepción la parte demandada, y que no justificó en el juicio natural.
En esas condiciones, como en el caso existe contradicción entre las tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito anteriormente precisados, procede que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida cuál debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia en los términos de los artículos 197-A y 192 de la Ley de Amparo.
QUINTO.-Esta Tercera Sala estima que debe prevalecer el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en atención a lo siguiente:
La acción, en términos generales, aceptados por la doctrina, es un derecho subjetivo procesal, distinto del derecho sustancial hecho valer, consistente en la facultad de pedir de los órganos jurisdiccionales su intervención para la aplicación de una norma abstracta al caso concreto.
Así se puede afirmar que la acción es un medio que da la ley para obtener el reconocimiento de un derecho violado, o de uno desconocido, cuyo ejercicio está supeditado a la voluntad de la parte a quien corresponde, y sujeta al resultado de las defensas opuestas por el demandado.
De la misma manera, a partir del concepto de la acción, se puede establecer su integración esencialmente por tres elementos: los sujetos, la causa eficiente y el objeto. Criterio que esta Tercera Sala comparte en la tesis que aparece publicada en las páginas 739 a 741 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LVII, de la Séptima Epoca, que dice:
"ACCIONES, ELEMENTOS DE LAS.-Las acciones constan de tres elementos; las personas o sujetos, es decir, el sujeto activo al que corresponde el poder de obrar y el pasivo frente al cual se da ese poder; la causa eficiente de la acción, que viene a ser un interés que sirve de fundamento a la acción correspondiente y que de ordinario tiene a su vez dos elementos; un derecho y un estado de hecho contrario a ese derecho (causa petendi); y finalmente el objeto, que es el efecto a que tiende el poder de exigir lo que se pide en la demanda (petitum), y como lo que inmediatamente se pide es la actuación de la ley, el objeto a cuya consecución tiende esa actuación, se denomina propiamente objeto mediato de la acción. El artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles, vigente en el Distrito Federal, dispone que cuando haya varias acciones contra una misma persona, respecto de una misma cosa y provengan de una misma persona, deben intentarse en una sola demanda; agregando que por el ejercicio de una o más, quedan extinguidas las otras. La mente del legislador, al dictar esta disposición, fue indudablemente evitar la multiplicación indefinida de los juicios, que de otra manera acarrearía un estado de incertidumbre en cuanto a las resoluciones jurídicas, a la vez que obtener el planteamiento íntegro de las cuestiones o dificultades surgidas entre dos o más particulares, originadas por un mismo acto jurídico y relacionadas con una misma cosa. Esta finalidad que se propuso alcanzar el legislador, con el precepto que se estudia, es indudable que la consideró de interés público, puesto que la sancionó con la pérdida de las acciones que no se ejercitaran en los términos indicados, y si esto sucede tratándose de diversas acciones, con mayor razón debe aplicarse la disposición citada en los casos en que el actor divide el objeto de la acción, deduciéndola en dos juicios, y aun cuando pudiera decirse que tratándose de un precepto que establece una sanción, no cabe la aplicación del mismo, por analogía, debe tenerse en cuenta que esta interpretación del repetido artículo 31, no es propiamente analógica y que aun cuando la interpretación restrictiva de un precepto no excluye la referencia al fin propuesto por el legislador, en relación con casos que si no los prevé expresamente, sí aparecen comprendidos evidentemente en su punto de vista, por mayoría de razón, tanto más, cuanto que en una interpretación estrictamente gramatical del citado precepto, resultaría profundamente transtornadora del ordenamiento procesal, en alguno de sus aspectos, que se reputan por el legislador de interés público, como son los relativos a la competencia y a las formas del juicio. Los artículos 144 y 149 del mismo ordenamiento procesal civil, establecen que la competencia de los tribunales se determinará por la materia, la cuantía, el grado y el territorio, y que la jurisdicción por razón de territorio, es la única que se puede prorrogar, lo que significa que la competencia por razón de cuantía, no puede quedar al arbitrio de las partes, pues de ser así, el actor podría dividir el objeto de su acción, de acuerdo con su conveniencia, hasta el grado de hacer que un negocio del que debiera conocer un Juez de primera instancia, lo fallara uno de paz, cosa contraria a la naturaleza de estos juicios, cuyas características se fundan en que los negocios cuya cuantía no excede de doscientos pesos, tienen lugar generalmente entre personas de pocas posibilidades y que por lo regular desconocen la técnica del derecho, circunstancia por la que se autoriza a los Jueces de Paz para que dicten su sentencia a verdad sabida, sin necesidad de sujetarse a las reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos en conciencia."
En la parte que interesa al presente estudio, de la tesis transcrita se desprende que los sujetos son actor y demandado, personas que, respectivamente, representan a quien ejerce la acción y en contra de quien se ejerce; la causa es un estado de hecho y de derecho, que es la razón por la cual corresponde la acción; y el objeto es la pretensión del demandante tanto en su aspecto genérico como específico, esto es, la obtención de la intervención del órgano jurisdiccional a fin de alcanzar la actuación de la ley, así como la finalidad concreta que se persigue en cada caso en particular.
Ahora bien, el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establece:
"Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones."
De lo expuesto deriva que los hechos constitutivos encuadran precisamente en el elemento de la acción identificado como la causa.
Ciertamente, si la causa de la acción es un estado de hecho y de derecho, que es la razón por la cual corresponde su ejercicio, de esta forma el elemento que nos ocupa se traduce en los hechos constitutivos de la acción, es decir, los hechos o negocios jurídicos que le dan nacimiento, por ejemplo la celebración de un contrato, el otorgamiento de un poder, la posesión de un predio, etcétera.
De esta forma, la carga de la prueba por parte del actor respecto de los hechos constitutivos de la acción que ejercita resulta congruente, pues son el fundamento de tal medio de defensa, es decir, los hechos invocados como base de la demanda. Por esta razón, la doctrina define precisamente la causa de la acción como el título o motivo de la acción, es decir, el hecho que la genera.
En estas condiciones, los hechos cuya prueba está a cargo del actor como requisito necesario e indispensable para la procedencia de su acción, dependerá en cada caso de la causa eficiente en que se funde, por ello deben observarse en la distribución de la carga de la prueba, las reglas establecidas al respecto en general en la legislación procesal civil de nuestro sistema, y específicamente por lo que hace al Distrito Federal en el artículo 282, que establece lo siguiente:
"ART. 282. El que niega sólo será obligado a probar: I. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; II. Cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor el colitigante; III. Cuando se desconozca la capacidad; IV. Cuando la negativa fuere elemento constitutivo de la acción."
Estas reglas reflejan, sin lugar a dudas, los principios dispositivos del proceso civil y de igualdad de las partes, conforme a los cuales, el ejercicio de la acción, su desarrollo a través del proceso, los límites de la acción y la propia actividad del Juez, se regulan por la voluntad de las partes contendientes, con las limitaciones impuestas por la propia legislación, y, que no obstante que el actor y el demandado ostenten intereses distintos, ambos tienen el mismo derecho de pedir justicia y por tanto de afirmar y probar los hechos que les interese demostrar al juzgador a fin de obtener resolución favorable.
En este sentido, la carga de afirmar y probar debe distribuirse entre ambas partes, según los hechos que quieran sean conocidos por el Juez con el objeto de demostrar la validez de sus pretensiones. Así, por regla general, el actor deberá probar los hechos constitutivos de su acción, y el demandado los impeditivos o extintivos de aquéllos, y en caso de que alguno de estos últimos se acredite, debe convenirse en que, al demandante corresponderá probar los hechos que a su juicio convaliden los constitutivos en que funda su acción.
En suma, la carga de la prueba incumbe a quien invocada en su favor una relación de derecho o una situación jurídica, y en la práctica la aplicación de las reglas de la materia, debe atender a la naturaleza de los hechos que sean su objeto.
Sobre el particular, esta Tercera Sala ha sustentado las siguientes tesis:
"ACCION. FALTA DE PRUEBA DE LA .-Dado que la ley ordena que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción, es indudable que, cuando no los prueba, su acción no puede prosperar, independientemente de que la parte demandada haya o no opuesto excepciones y defensas."
Tesis de jurisprudencia número 19, visible en la página 27 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917 a 1988.
"ACCION, HECHOS CONSTITUTIVOS DE LA.-De acuerdo con el artículo 281 en relación con el 1o., el 2o. y el 255, fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles del D. F., supletorio, en el caso, de la legislación mercantil, la autoridad judicial no solamente está facultada, sino que tiene la obligación de examinar los hechos constitutivos de la acción y, por ello mismo, ver si se cumplen los requisitos que para el ejercicio de las acciones requiere dicho artículo 1o., así como también ver si el actor cumple con la obligación que le impone el citado artículo 2o., en concordancia con la también citada fracción VI del 255, en cuanto a la expresión o prueba de la causa de la acción, la clara determinación de la clase de prestaciones exigidas al demandado y la clase de acción ejercitada."
Tesis relacionada en 4o. lugar de la jurisprudencia número 18, página 25 de la citada compilación.
"ACCION, PRUEBA DE LA (LEGISLACION DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 228 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, establece que el actor debe probar su acción, y precisando el sentido de esta disposición, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene establecida tesis jurisprudencial en el sentido de que 'dado que la ley ordena que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción, es indudable q
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/120-eb5a2442/comodato-corresponde-al-actor-demostrar-su-existencia-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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