CONTRADICCION DE TESIS. ES IMPROCEDENTE LA DENUNCIA QUE SE FORMULA RESPECTO DE RESOLUCIONES EN LAS QUE EL PROBLEMA JURIDICO ABORDADO ES DIFERENTE Y DE LO SOSTENIDO EN ELLAS NO DERIVA CONTRADICCION ALGUNA. * * * CONTRADICCION DE TESIS. PARA QUE SE GENERE SE REQUIERE QUE UNA TESIS AFIRME LO QUE LA OTRA NIEGUE O VICEVERSA. - - -
CONTRADICCION DE TESIS 7/93. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y EL TERCERO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver con fecha dieciséis de marzo de mil novecientos noventa, el amparo directo número 2331/89, promovido por los ahora denunciantes, en contra del acto de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consistente en la sentencia dictada con fecha veinticuatro de abril de mil novecientos ochenta y nueve en el toca 2892/88, formado con motivo del recurso de apelación que hicieron valer los propios denunciantes en contra de la sentencia pronunciada en el juicio ordinario civil que promovieron en contra de Irene Guadalupe Meckelein de la Fuente y Cándido Díaz Gómez, en lo conducente sostuvo lo siguiente:
"QUINTO.-En cuanto al fondo y por lo que concierne a los demás quejosos, resultan sustancialmente fundados los conceptos de violación expuestos tanto en la demanda principal como en su ampliación. En efecto, de las actuaciones judiciales que se tienen a la vista y concretamente de la sentencia reclamada, se advierte que la Sala responsable para desestimar la acción ejercitada en el juicio origen de este amparo, se apoyó en síntesis en lo siguiente: a) Que los enjuiciantes aceptaron la oferta de venta extemporáneamente pues lo hicieron cuando ya se había operado la transmisión de la propiedad y en consecuencia, se extinguió su derecho de preferencia, pues dicha transmisión se perfeccionó en el momento en que Cándido Díaz Gómez manifestó su aceptación, por ser la compraventa un contrato consensual de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1807, 2248 y 2249, todos del Código Civil vigente en el Distrito Federal, y b) Que en el caso justiciable los arrendatarios recurrentes no exhibieron en forma simultánea a su aceptación el importe del precio de la compraventa, lo que, según sostuvo, constituye un requisito indispensable para gozar del ejercicio del derecho del tanto, y que los arrendatarios no cumplieron. Ahora bien, respecto a la primera consideración debe decirse que mediante diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por la ahora tercero perjudicado, señora Irene Guadalupe Mackelein de la Fuente, las cuales se radicaron en el Juzgado Vigésimo Noveno del Arrendamiento Inmobiliario de esta capital bajo el expediente número 317 A/87, dicha promovente solicitó se hiciera saber a los inquilinos de departamentos destinados para habitación del edificio ubicado en Allende número 87 y número 2 de la Plaza de Juan Alvarez, en la colonia centro de esta ciudad, identificando como tales al señor Cándido Díaz Gómez, hoy tercero perjudicado, así como a los ahora quejosos señores Epigmenia López viuda de Díaz, Humberto Niebla Segoviano, María Guadalupe Rosas Molleda, Isabel Arenas, Emilio Sánchez, Julio Salgado Flores, Eduardo Hernández Calderón, Edmundo Vázquez Blanco, Ramón López Martínez, Juana Hernández Camacho, Rosa María Ramírez Sánchez, Genaro Jacobo Contreras, Bertha Sánchez Contreras, Antonio Toshimitsu Hirata y Ahoki, Amparo Torres de Díaz, Francisco Javier Paredes Korber y María Elena Santana García, lo siguiente: a) Que era su voluntad vender el precitado edificio en el precio de $94'440,000.00 (noventa y cuatro millones cuatrocientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), pagadero de riguroso contado al momento de la celebración del contrato de compraventa definitivo, ante el notario público Número Cincuenta y Nueve del Distrito Federal, licenciado Jorge Héctor Falomir Baptista, y, b) Que el inquilino notificado disponía del término de quince días para notificarle a la misma promovente, en forma indubitable, si era su voluntad ejercitar el derecho del tanto en los términos y condiciones de la oferta, bajo el apercibimiento de que de no dar ese aviso en el plazo expresado concluiría su derecho. Asimismo, consta en las copias certificadas que de las mencionadas diligencias de jurisdicción voluntaria se tienen a la vista, que por una parte la notificación de referencia se practicó a sus destinatarios el día diez de junio de mil novecientos ochenta y siete; y, por la otra, que mediante sendos escritos presentados ante el Juez ante quien se radicaron las citadas diligencias, el señor Cándido Díaz Gómez y los aludidos quejosos, en ejercicio del derecho del tanto, aceptaron la oferta, el primero el día once de junio y los segundos el día doce del mismo mes, ambos del precitado año de mil novecientos ochenta y siete, hecha excepción de Edmundo Vázquez Blanco, quien lo hizo en escrito posterior y de Juan Hernández Camacho que no la aceptó, y respecto de los cuales se ha sobreseído en este juicio constitucional. Es de aclararse respecto al escrito de aceptación suscrito por los quejosos mencionados en párrafos anteriores, lo siguiente: Que no pasa inadvertido para este tribunal que el mencionado ocurso también lo suscribieron los peticionarios de garantías Soledad Morales de Reynoso, Moisés Cruz Bautista, Gabriel Domínguez Galán, Raymundo Díaz López y Elena Galán Palacios, a quienes no obstante que no se les notificó lo peticionado en las multicitadas diligencias de jurisdicción voluntaria, es por demás claro que se hicieron sabedores de las mismas, además de que la Sala responsable, según se desprende de la sentencia reclamada, los tuvo como promoventes de la demanda iniciatoria del juicio natural. Asimismo, es de mencionarse que el aludido escrito de aceptación de la oferta, lo suscribieron igualmente Juan Díaz Torres y María de la Luz B. viuda de López, quienes por las razones legales que se contienen en el auto de fecha quince de febrero del año en curso dictado por el presidente de este colegiado, mismo que se dejó transcrito en el resultando sexto de la presente ejecutoria, se subrogaron, respectivamente, en los derechos de Amparo Torres Díaz y Ramón López Martínez, y con tal carácter tienen la calidad de quejoso en este juicio constitucional. En cualquier forma, es evidente que todos ellos, tanto los de casa habitación como los de locales comerciales ejercitaron el derecho del tanto dentro de los quince días que otorga el artículo 2448-J, fracción II, para los primeros y el de diez días que les concede el artículo 2447 en relación con el 2304, para los segundos, todos del Código Civil vigente en el Distrito Federal. En este orden de ideas, resulta inexacto lo que la Sala responsable considera que, por el hecho de que el inquilino Cándido Díaz Gómez, ejercitara su derecho del tanto un día antes de que lo hicieran los enjuiciantes, es razón suficiente para que se excluya a éstos de su derecho, porque una correcta interpretación de los artículos 2447 y 2448-J, fracción II, del código sustantivo en la materia, lleva a la conclusión de que los plazos de diez y quince días que concede a los arrendatarios de locales comerciales y a los inquilinos de casa habitación, respectivamente, es un plazo que no puede ser reducido por el hecho de que cualquiera de los titulares del multicitado derecho del tanto haga uso de él con anticipación, toda vez que los artículos que se comentan establecen claramente término perentorio común dentro del cual puede hacerse valer el derecho del tanto desde el primero hasta el último día. Esto es así, porque el legislador consideró que dentro de dichos plazos los inquilinos pueden tomar una determinación sobre la oferta de venta, sin que se encuentren presionados por el hecho de que cualesquiera de ellos ejercite primeramente dicho derecho, y reducir ese término por esta circunstancia o cualquier otra análoga, viola en perjuicio de los titulares del aludido derecho, las normas secundarias que los ampara. Por otro lado, debe decirse que si bien es verdad que el artículo 2249 del código sustantivo en la materia dispone que por regla general la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se ha convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho, también es verdad que en el caso justiciable la arrendadora comunicó a los inquilinos de casa habitación que era su voluntad vender el inmueble, fijándoles el plazo de quince días para que le notificaran, indubitablemente, si era su voluntad ejercitar el derecho del tanto en los términos y condiciones de la oferta, bajo el apercibimiento de que de no dar ese aviso en el plazo expresado concluiría su derecho. Es indudable, por ello, que la oferta se sujetó a la fijación de un plazo concedido a todos sus destinatarios, sin excepción, para que manifestaran su aceptación. En consecuencia, si uno de esos destinatarios aceptó el primer día posterior a la notificación de la oferta y los restantes el segundo día, no es dable concluir que el contrato se haya formado respecto del primer aceptante, pues los demás, atendiendo a la fijación del plazo al que se sujetó la oferta, también la aceptaron cuando estaba vigente dicho plazo, y cuando también por ellos, en términos del artículo 1604 del Código Civil, la ofertante estaba aún ligada por su policitación. La Sala responsable al sostener que el contrato se perfeccionó respecto del primer aceptante, varió motu proprio lo relativo al plazo al que la oferente sujetó su policitación, y por lo mismo es inconcuso que para que el contrato se formara con relación al primer aceptante, era menester que hubiere concluido el plazo sin que los demás destinatarios de la oferta manifestaran su aceptación. Por lo que se refiere al inciso b) a que antes se hizo alusión, tampoco es cierto lo que afirma el tribunal de alzada en la sentencia reclamada en el sentido de que los inquilinos enjuiciantes estuvieron obligados a exhibir junto con su aceptación el importe del precio del inmueble, como lo afirman los quejosos en los conceptos en estudio, pues de las actuaciones judiciales que se tienen a la vista y en particular de la notificación de venta que les hizo la propietaria del inmueble y que obra a fojas de la ocho a la diez del expediente natural, se advierte con claridad meridiana que la vendedora les manifestó en el inciso c), del escrito aludido, que el precio sería pagadero de riguroso contado al momento de la celebración del contrato de compra venta definitivo, ante notario público Número 59 del Distrito Federal quedando obligados los compradores a pagar en ese momento todos los gastos de escrituración. Sentado lo anterior y habiéndose demostrado que el acto ordenador reclamado violó en perjuicio de los quejoso las garantías consagradas por los artículos 14 y 16 constitucionales, procederá conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Sala responsable dejando subsistente la consideración que formuló en el sentido de que eran fundados los agravios que expresaron los apelantes ahora quejosos en contra de la sentencia dictada por el Juez de primer grado, deje insubsistentes las restantes consideraciones y haciendo abstracción de las mismas dicte nueva resolución en la que analice, en todo caso, todas y cada una de las pretensiones deducidas por los ahora quejosos en su libelo inicial, así como también las excepciones que opusieron los enjuiciados y con base en las pruebas rendidas con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda."
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en su sentencia dictada con fecha quince de diciembre de mil novecientos noventa y dos, en el amparo directo número 5030/92, promovido también por los ahora denunciantes en contra del acto de la referida Segunda Sala, consistente en la sentencia dictada con fecha diez de julio de mil novecientos noventa y dos, en el toca 2892/88, en la parte que interesa expresó lo siguiente:
"CUARTO.-Los conceptos de violación que hacen valer los quejosos Epigmenia López viuda de Díaz, Humberto Niebla Segoviano, Guadalupe Rosas Molleda, Isabel Arenas Hernández, Emilio Sánchez Mendoza, Eduardo Hernández Calderón, Rosa María Ramírez Sánchez, Genaro Jacobo Contreras, Bertha Sánchez Contreras, Antonio Tohimitsu Aoki, Francisco Javier Paredes Korber, María Elena Santana García y Julián Salvado Flores, sustancialmente se refiere a lo siguiente: 1. Que es procedente la acción que dedujeron en el principal dado que aceptaron en tiempo y con sus condiciones la propuesta unilateral que les hizo Irene Guadalupe Meckelein de la Fuente, para la compra del edificio del que son inquilinos y en virtud de que su pretensión es de que al no ser válida la compraventa entre aquélla y Cándido Díaz, la policitación aceptada por los reclamantes es legal y por ello producirá la nulidad de aquella venta consumada; y que al no estimarlo así la Sala viola las garantías que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales. 2. Que la responsable estima que es improcedente la acción intentada porque la debida es la de retracto en razón de que el inmueble se vendió, pero que esto no fue materia de la controversia y en el fallo reclamado debe observarse el principio de congruencia que consigna el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles. 3. Que la sentencia reclamada es violatoria de las garantías ya mencionadas al invocar una jurisprudencia que no es aplicable, ya que los peticionarios aceptaron la oferta dentro del plazo concedido y por tanto es procedente la acción que dedujeron. Por otra parte, los conceptos de violación que aducen los quejosos María de la Luz Ballín o Balbín viuda de López y Juan Díaz Torres, resumiéndolos, versan sobre estos puntos: 1o. Que es ilegal lo considerado por la Sala acerca de la falta de legitimación de Ramón López Martínez y Amparo Torres de Díaz apoyado en que no firmaron la demanda y en su lugar lo hicieron por la primera, María de la Luz Ballín viuda de López y Juan Díaz Torres por la segunda, ya que los primeros eran inquilinos y a su muerte de los citados quejosos se subrogaron en sus derechos. 2o. Aquí se producen los argumentos empleados por los quejosos citados al principio en cuanto a la procedencia de la acción derivada del ejercicio del derecho del tanto. 3o. Se insiste en lo ya anotado sobre la incongruencia de la sentencia reclamada porque no fue materia de la litis la cuestión de que es procedente la acción de retracto. 4o. También se repite que la sentencia de la Sala es violatoria de garantías al invocar una jurisprudencia inaplicable. Los quejosos Gabriel Domínguez Galán, Raymundo Díaz López y Elena Galán Palacios, expresan, en síntesis, estos motivos de queja. 1o. Que es ilegal que carezcan de legitimación, como se establece por la Sala en vista de que no se les notificó en la jurisdicción voluntaria el propósito de vender, ya que tienen el carácter de inquilinos de los locales comerciales A, G y B, respectivamente, del inmueble materia de la controversia, y por ello, al enterarse de que la propietaria quería enajenar el inmueble, se apersonaron en las diligencias de jurisdicción voluntaria haciendo valer el derecho del tanto a su favor que consagra el artículo 2447 del Código Civil, y que por ende, se encuentran legitimados. 2o. Los peticionarios reproducen los motivos de queja ya anotados referentes a la procedencia de la acción inicial. 3o. Que la acción de retracto no fue materia de la controversia y por tanto al tenerse como procedente por la Sala se violó el principio de congruencia; y 4o. Que la Sala viola las garantías de los artículos 14 y 16 constitucionales y el artículo 193 de la Ley de Amparo al invocar una tesis de jurisprudencia no aplicable. QUINTO.-A fin de resolver sobre lo fundado o no de los conceptos de violación que expresan los quejosos, conviene dejar precisado lo siguiente: Se advierte de la sentencia reclamada que la Sala responsable, una vez que dejó establecido quiénes de las personas que aparecen promoviendo la demanda del juicio de origen se encuentran legitimadas en cuanto a la acción deducida, se ocupó del estudio de la acción ejercitada por aquellos que sí están legitimados en la causa, concluyendo que sí tiene derecho al tanto Humberto Niebla Segoviano, Guadalupe Rosas Molleda, Isabel Arena Hernández, Emilio Sánchez Mendoza, Eduardo Hernández Calderón, Epigmenia López viuda de Díaz, Rosa María Ramírez Sánchez, Genaro Jacobo Contreras, Bertha Sánchez Contreras, Antonio Tohimitsu Aoki, Francisco Javier Paredes Korber, María Elena Santana García y Julián Salvado Flores: 'en razón de que aceptaron oportunamente y en las condiciones propuestas, la promesa unilateral o policitación que a la mayoría de ellos les hiciera Irene Guadalupe Meckelein de la Fuente, propietaria del inmueble materia del juicio, según comunicado que formuló por escrito fechado ...'. Más adelante, la Sala abundó acerca de que la aceptación del derecho de tanto cumple las exigencias de la oferta, por las razones que expone y constan en la transcripción de su sentencia que aparece en el considerando tercero de la presente ejecutoria. Sin embargo, y en vista de que el edificio afecto a la policitación fue vendido por la propietaria a Cándido Díaz Gómez, aún antes de que transcurriera el término de quince días concedidos a los inquilinos de ese inmueble para que hicieran uso del apuntado derecho de preferencia por el tanto, dio lugar a que la Sala tuviera como improcedente la acción intentada y en su defecto que resultaba procedente la acción de retracto, invocando al efecto la tesis de jurisprudencia intitulada: 'ACCION DE RETRACTO Y DE DERECHO DEL TANTO.', concluyendo su fallo en los términos de los decisorios ya transcritos en el cuerpo de la presente ejecutoria, que son en el sentido de que los actores legitimados que se señalan no acreditaron la acción ejercitada y los demandados acreditaron parcialmente sus excepciones y defensas, absolviendo a éstos de lo que se le reclamó y tocante a los actores legitimados señalados se reservó el derecho que pudieran tener a su favor para que lo hagan valer en la forma que corresponda. En estos términos, la Sala, a pesar de haber considerado que la acción procedente fue la de retracto, aún en principio, pues a eso equivale haber reservado el derecho que pudieran asistir a los actores a virtud de la venta del inmueble que se hizo al referido Cándido Díaz Gómez, concedió efectos jurídicos al repetido derecho de preferencia por el tanto a favor de los enjuiciantes a que se refirió. SEXTO.-Puntualizado el sentido de la sentencia de la Sala, se advierte que los conceptos de violación que aducen los quejosos citados en primer término en el considerando cuarto del fallo que se pronuncia, son infundados. En efecto, los motivos de inconformidad que se hacen valer parten del supuesto de que dichos interesados aceptaron en sus términos y condiciones la oferta que les hizo Irene Guadalupe Meckelein de la Fuente de vender el edificio del que ellos son inquilinos de los departamentos que respectivamente ocupan. Sobre ese particular, de la copia certificada de foja 9 del juicio de origen, que tiene pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece el escrito de Irene Guadalupe Meckelein de la Fuente que en lo conducente dice. 'c) Que con fundamento en el artículo 2448, fracción I y J del Código Civil, es mi voluntad vender todo el edificio ubicado en el número 87 de la calle de Allende número 2 de Plaza de San Juan Alvarez, colonia centro, código postal 06010 de esta ciudad, en el precio de: $94'440,000.00 (noventa y cuatro millones cuatrocientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), importe del avalúo reciente practicado en el mismo, pagadero de riguroso contado al momento de la celebración del contrato de compraventa definitivo, ante notario público Número Cincuenta y Nueve del Distrito Federal, licenciado Jorge Héctor Falomir Baptista, quien tiene su domicilio en la casa número 116 de la calle de Tlaxcala, colonia Roma, C.P. 06760 de esta ciudad, libre de todo gravamen para el adquirente, quien tendrá la obligación de pagar todos los gastos de escrituración así como los impuestos a su cargo que devengue la operación. d) Que el inquilino notificado dispone del término de quince días para notificar en forma indubitable a la suscrita si es voluntad ejercitar el derecho del tanto en los términos y condiciones de la oferta bajo el apercibimiento de que de no dar aviso en el plazo expresado concluirá su derecho'. De la misma copia certificada de actuaciones (foja 78 del principal) consta el escrito de quienes fueron notificados de la anterior promoción, ante el Juez que conoció de las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por la citada Irene Guadalupe Meckelein de la Fuente, en donde expusieron lo siguiente: 'Venimos a manifestar que es nuestro deseo hacer uso del tanto, que la ley nos concede en los términos de los artículos 2448-I y 2448-J del Código Civil para el Distrito Federal, por lo que los que suscribimos, queremos adquirir proindiviso y con representaciones iguales el referido inmueble en los mismos términos y condiciones en que se nos notificó'. Resulta de las transcripciones anteriores con toda claridad, que los actores quejosos cuyos conceptos de violación se estudian, al responder de ese modo a la policitación de Irene Guadalupe Meckelein de la Fuente, no se ciñeron a lo dispuesto por el artículo 2448-J, fracción II, del Código Civil, pues si bien su citada promoción lo fue dentro del término de quince días señalados por la autora de la oferta y que consigna el precepto legal invocado, no cumplieron conforme a sus propios dichos, con una aceptación lisa y llana de los términos y condiciones de la oferta, pues aunque hicieron esta manifestación no es acorde con su expresión de 'adquirir proindiviso y con representaciones iguales el referido inmueble', que debe entenderse, racionalmente, significa no el propósito de comprar lo ofrecido, o sea el edificio (un todo) precisado en la promoción de la presunta vendedora, sino parte o partes del mismo, ya que así también debe entenderse los vocablos 'representaciones iguales', que serían los departamentos del propio inmueble que ocupan en arrendamiento; o en otras palabras, que sólo manifestaron el propósito de aceptar la oferta de venta de la arrendadora en los términos asentados, que, al mismo tiempo, contradice su dicho de adquirir en copropiedad, o sea convertirse en copropietarios del inmueble (edificio), ya que en esta hipótesis solo tendrían derecho a una parte alícuota respecto del mismo, que es la característica de ese régimen de propiedad antes de efectuarse la división del inmueble. Corolario de lo acabado de exponer es que, independientemente de la acción deducida en el principal sea del derecho del tanto o la acción de retracto, lo esencial es que, atendiendo que la acción procede en juicio aún cuando no se expresa su nombre o se haga equivocadamente, con tal de que se determine con claridad lo reclamado y su fundamento, por el motivo señalado es improcedente, y de esta suerte, los motivos de inconformidad de los quejosos aludidos, que apoyan en un derecho o situación inexistente, emanada de lo dispuesto por el artículo 2448-J, fracción II, del código de la materia, son infundados porque carecen del apoyo legal. SEPTIMO.-En lo que respecta a los conceptos de violación que encierran los capítulos referentes a los quejosos María de la Luz Ballín o Baldín viuda de López y Juan Díaz Torres, y Gabriel Domínguez Galán, Raymundo Díaz López y Elena Galán Palacios, que fundamentalmente parte de que se encuentran legitimados en cuanto a la acción origen del contradictorio y en sus derechos de preferencia por el tanto, o sea que se colocan en la misma situación de los anteriores quejosos, obvia y necesariamente les afecta lo concluido sobre la improcedencia de esa acción, y, por ende sus motivos de inconformidad son infundados. OCTAVO.-Las consideraciones precedentes conducen necesariamente a establecer que la sentencia reclamada de la Sala responsable, al declarar no probada la acción materia del contradictorio origen y absolver a los demandados de las prestaciones relativas, no viola en perjuicio de los quejosos ninguno de los preceptos legales que invocan en su beneficio y por ende tampoco las garantías que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, que da lugar a que se niegue el amparo que solicitan, incluso contra los actos de ejecución que también reclaman porque no impugnados en particular necesariamente siguen la suerte de la referida sentencia."
Finalmente, el propio Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la sentencia dictada con fecha quince de diciembre de mil novecientos noventa y dos, en el amparo directo 5037/92, promovido por Irene Guadalupe Meckelein de la Fuente y Cándido Díaz Gómez, en contra del acto de la misma Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, anteriormente mencionada, que se hizo consistir en la sentencia dictada el diez de julio de mil novecientos noventa y dos, en el toca 2892/88, en lo conducente se apoyó en las siguientes consideraciones:
"CUARTO.-Los quejosos, después de hacer una relación de los antecedentes del juicio origen que culminó con la sentencia que reclaman, concretándolos, hacen valer los siguientes motivos de inconformidad: 1o. Que la sentencia de mérito es contradictoria en sí misma, pues por principio se establece que la acción que se hizo valer fue la derivada del derecho del tanto, y más adelante que resultaba procedente la acción de retracto, deviniendo así que no es clara ni congruente con la demanda y contestación y que la responsable no cumplió con la ejecutoria dictada, ya que no hizo el estudio correspondiente en forma seria, lógica y jurídica, con razonamientos y basada en las constancias del juicio; y después de manifestar que lo antes dicho pone de relieve que la Sala ha procedido con parcialidad en favor de los actores, agregan que la acción deducida aunque no se indicó su nombre, fue la de derecho del tanto. 2o. Se remite este concepto a la materia del antes puntualizado. 3o. En este concepto se comentan en general las consideraciones que hizo la Sala sobre quiénes de los actores se encuentran legitimados. Que la aceptación de la oferta de Cándido Díaz Gómez (a quien vendió la propietaria) y los restantes arrendatarios, fueron oportunos; que la Sala reconoce la forma en que se hizo la policitación a los arrendatarios del inmueble materia del juicio, pero al analizar la aceptación de la oferta pasa por alto que se varió, pues el pretender adquirir el inmueble proindiviso y con representaciones iguales, no es lo mismo que adquirir todo el edificio, como se dijo en la oferta, y por ello la Sala desecha la excepción que opusieron los demandados (y ahora quejosos), quienes abundan en argumentos en el mismo sentido y en contra de lo resuelto por la Sala en sentido adverso, al señalar que la aceptación de la oferta se ajusta a las condiciones señaladas por la propietaria. Más adelante (foja 44 del escrito de conceptos de agravios) los reclamantes se remiten a que visto que no se había aceptado la oferta en los términos propuestos, se formalizó el contrato de compraventa con el arrendatario que realizó la aceptación lisa y llanamente y que fue Cándido Díaz Gómez. Que la Sala, a foja 11 vuelta de su sentencia, afirma que debe modificarse la sentencia definitiva apelada, dejando a salvo los derechos de los demandantes ya especificados, que pudieran tener en su favor para que los hagan valer en la forma que corresponde, lo cual no funda ni motiva la responsable y por tanto deja la puerta abierta a los demandantes, para que ahora sí intenten nuevamente una acción, que se ignora cual sea. Se abunda sobre la improcedencia de esa reserva de derechos que estiman los autores de la queja viola el artículo 82 del Código de Procedimientos Civiles, ya que lo resuelto en esos términos no se apoya en preceptos legales o principios jurídicos, amén de la violación de los diversos numerales que invocan al efecto y, por tanto, de las garantías consagradas por los artículos 14 y 16 constitucionales; y 4o. Se alude a la improcedencia del ejercicio del derecho del tanto por los actores por haber variado los términos de la oferta. QUINTO.-En referencia a los anteriores conceptos de violación, cabe dejar precisado que la sentencia reclamada, según quedó asentado en el resultado décimo primero del fallo que se pronuncia, concluyó en el sentido de que los actores legitimados que ahí se señalan no acreditaron la acción ejercitada y los demandados acreditaron parcialmente su excepciones y defensas, absolviendo a estos últimos de lo que se les reclamó, y tocante a los actores legitimados señalados se reservó el derecho que pudieran tener a su favor para que lo hagan valer en la forma que corresponda. Atendiendo a lo así resuelto, en el primero, segundo y cuarto capítulos de los conceptos de violación, los actores de la queja señalan que el fallo reclamado es contradictorio por la razón que apuntan, exponen argumentos sobre las consideraciones que hizo la Sala acerca de quienes de los actores se encuentran legitimados y se combate que la Sala tuvo como oportuna y procedente la aceptación de la oferta que hicieron los actores, pero son consideraciones que no afectan a los reclamantes, porque lo fundamental es que la Sala, al modificar la sentencia apelada de primer grado, resolvió en los términos señalados en el párrafo que antecede, y siendo así, los conceptos de violación a estudio resultan improcedentes. Respecto al tercer concepto de violación, en su última parte, es fundado. En efecto, si la sentencia reclamada, se repite, resolvió que los actores no probaron su acción, así lisa y llanamente, y a virtud de ello absolvió a los demandados y ahora quejosos de lo que se les reclamó en el escrito inicial del contradictorio, sin dar la Sala razón que fundara y motivara el haber reservado el derecho que pudieran tener los enjuiciantes para hacerlo valer en la forma que corresponda, dicha reserva en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/123-bf08b2c8/contradiccion-de-tesis-es-improcedente-la-denuncia-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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