CONTRADICCION DE TESIS 35/93 INEXISTENTE.
CONTRADICCION DE TESIS 35/93. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Y TERCER Y QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. Resulta necesario transcribir la parte relativa de las ejecutorias dictadas en los amparos directos en dónde se sostienen los criterios que se estiman contradictorios, a efecto de proceder a su análisis en la presente resolución y poder determinar sobre la posible contradicción de tesis.
El Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mediante ejecutoria de fecha veinticinco de junio de mil novecientos noventa y dos, resolvió el amparo directo número 7/92, Quejoso: J. Jesús Haces Alarcón, en la que, en su considerando quinto, señaló:
"QUINTO. Los conceptos de violación que se analizan son sustancialmente fundados:
"La autoridad responsable para revocar la sentencia de primera instancia en esencia sostuvo: que la actora demandó la pérdida de los derechos de la patria potestad sobre sus menores hijos a su ex-cónyuge J. Jesús Haces Alarcón, invocando como causal la falta de ministración de alimentos, para ese efecto anexó copia certificada deducida del expediente 276/88, de la que infirió que el demandado no había exhibido las pensiones a partir de febrero a julio de mil novecientos noventa, por lo cual, estimó que la carga le correspondía al demandado, a fin de justificar que había cumplido con esa obligación, y, que de la copia certificada infirió que el demandado incumplió con la obligación de pago de alimentos, porque se concretizó la hipótesis del artículo 628 fracción III del Código Civil conclusión a que llegó, toda vez que el demandado no probó sus aseveraciones y dio por acreditada la referida causal al quedar demostrado que no proporcionó a la actora los medios adecuados que permitan el desarrollo de su persona, y que trae consigo el peligro de que se afecte no sólo su salud y su seguridad, sino también su aspecto moral.
"En contra de estas consideraciones el quejoso aduce en esencia que la actora falseó la demanda ya que el hecho medular de su reclamación, lo hizo consistir en que no exhibió las pensiones alimenticias de los meses de febrero a julio de mil novecientos noventa, lo que se contradice en las constancias procesales, porque al contestar la reclamación opuso como excepciones la de oscuridad e improcedencia de la acción, porque a la fecha de la contestación o sea el veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa, no debía cantidad alguna por ese concepto. Lo anterior lo justificó con la copia certificada íntegra del juicio de divorcio voluntario del expediente 276/88, dónde aparece que dichas pensiones alimenticias fueron recibidas por la actora el veinticuatro del citado mes, por lo que al presentar su demanda el veintisiete del citado mes y año, no le adeudaba cantidad alguna; la Sala no advierte que la conducta procesal de la actora se contradice con las constancias, ya que la pensión del mes de enero fue recogida por esta última hasta el veintidós de junio de mil novecientos noventa, afirma hechos de ninguna manera probados y la autoridad responsable comete el gravísimo error de apreciación e interpretación de las actuaciones en mi perjuicio, porque jamás se obligó a pagar alimentos a la actora sino a sus menores hijos; también la Sala no advirtió que se garantizó en el juicio de divorcio voluntario el cumplimiento de la obligación de alimentos a través de una fianza por la cantidad de dos millones de pesos, por lo que al existir una garantía como sucede en la especie no se puede dar por probada la causal que se invoca; la Sala tampoco toma en consideración que el cumplimiento de las obligaciones de dar alimentos no puede equipararse a una obligación lisa y llana en virtud de que las cuestiones familiares se rigen por disposiciones especiales al tenor de los artículos 486 al 521 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado; así como que tampoco apreció los diversos recibos exhibidos por concepto de pago de inscripción, colegiatura y pago de cuota al Colegio Benavente y a la Asociación de Padres de Familia, por educación de uno de sus menores hijos, por lo cuál en ningún momento abandonó sus deberes de padre de familia.
"Asiste razón al quejoso, atento a las siguientes consideraciones:
"En efecto, María de Lourdes Robles Gómez, demandó la pérdida de los derechos de la patria potestad sobre los menores J. Jesús y Luis Alberto ambos de apellido Haces Robles, a su ex cónyuge J. Jesús Haces Alarcón, invocando como causal principal el abandono de su deber de ministrar alimentos, poniendo en peligro la salud y la seguridad de los niños.
"El artículo 628 del Código Civil para el Estado es del tenor siguiente: 'Los derechos que la patria potestad confiere a quien o quienes la ejercen se pierde: I. Cuando el que la ejerza cometa algún delito grave o intencional contra el menor; II. Cuando el titular de ella sea condenado por delito intencional, a una pena de prisión inconmutable; III. Cuando por costumbres depravadas de quienes la ejerzan, malos tratamientos o abandono de sus deberes frente a sus hijos o nietos, en su caso, pueda comprometer la salud, la seguridad o la moralidad del menor, aunque esos hechos no sean penalmente punibles; IV. Cuando el padre, madre, abuelo o abuela, en su caso: a) Expongan a su hijo o nieto; b) Abandonen a su hijo o nieto por más de tres meses, si este quedó a cargo de alguna persona; c) Abandonen a su hijo o nieto por más de tres meses, si el menor no hubiere quedado al cuidado de una persona y el abandono sea intencional. V. En los casos de divorcio, cuando la ley lo establece'.
"De la transcripción anterior se desprende que la fracción III del precepto citado, contempla las siguientes hipótesis, por las que pierde la patria potestad.
"a) Por costumbres depravadas de quienes la ejerzan.
"b) Por malos tratamientos.
"c) Abandono de sus deberes frente a sus hijos o nietos.
"De los supuestos antes transcritos, se advierte que se requiere además que a consecuencia de esa conducta se pueda comprometer la salud, seguridad o la moralidad del menor, y en la especie la causal en la cual la Sala responsable se apoyó la dio por probada fue la última de ellas al señalar que con la exhibición del pago efectuado por el demandado ante el Juzgado Segundo de lo Familiar de esta ciudad de Puebla, de fecha trece de agosto de mil novecientos noventa y noventa, por la cantidad de dos millones cuatrocientos mil pesos, correspondientes a los meses de febrero a julio del año antes citado, de ello infirió que no cumplió con la obligación de pago de alimentos en forma legal y consecuentemente dedujo el abandono de la obligación con sus menores hijos.
"Ahora bien, la Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo I, páginas 42 y 43 nos señala que por abandono de personas debe entenderse lo siguiente:
"'a) Abandono. El abandono consiste en dejar a la persona en situación de desamparo material, con peligro para su seguridad física (10), llevándola a un lugar o dejándola donde se encontraba. El desamparo moral no implica el delito (11). Ni le implica el simple desamparo material sin peligro para la seguridad física (12). El abandono no se confunde, por consiguiente, con la exposición del incapaz (13). Lo punible en síntesis, es el desamparo peligroso para la persona física del abandono. Se discute si es una condición del abandono el alejamiento del autor de la persona de la víctima (14). Se discute también si se trata de un delito de acción o de omisión (15). Así como si admite o no tentativa (16); o si es un delito instantáneo o permanente (16 Bis). Por lo general es un delito de peligro'.
"En consecuencia, por abandono para efectos del artículo 628 fracción III del Código Civil del Estado de Puebla, en relación a la patria potestad, debe entenderse dejar a la persona o a sus hijos en una situación de desamparo material, con peligro para sus seguridad física.
"Además, debe precisarse que de la hipótesis que se analiza no se desprende durante qué tiempo o lapso debe ser ese abandono, lo que implica que esa falta de cumplimiento debe ser en forma total y con ello se pueda comprometer la salud, seguridad o la moralidad del menor, situación que como ocasiona graves consecuencias tanto para el progenitor como para los hijos, requiere de pruebas plenas y totales que no dejen lugar a duda sobre dicho abandono, tal como se sostiene en la jurisprudencia número 204, visible a página 605 de la Cuarta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1985, que dice:
"'PATRIA POTESTAD, PRUEBAS PARA LA PERDIDA DE LA. Como la condena a la pérdida de la patria potestad acarrea graves consecuencias perjudiciales tanto para los hijos como para el progenitor, para decretarla en los casos excepcionales previstos en la ley, se requiere de pruebas plenas e indiscutibles, que sin lugar a dudas hagan manifiesta la justificación de la privación.'
"Como se desprende de lo anterior, la pérdida de la patria potestad acarrea gravísimas consecuencias tanto para el padre como para los hijos, de ahí que los extremos de la hipótesis prevista en el inciso c) deben quedar demostrados en forma plena, esto es el abandono del padre de sus deberes frente a sus hijos, y que con ello se pueda comprometer la salud, seguridad o moralidad del menor, situaciones que no están demostradas en el caso a estudio.
"Esta afirmación se hace, en virtud de que por escrito presentado el trece de agosto de mil novecientos noventa, el demandado exhibió ante el juzgado del conocimiento la cantidad de dos millones cuatrocientos mil pesos, relativos a las pensiones alimenticias de los meses de febrero a julio del citado año (foja 150). Pensiones que por acuerdo de veintiuno del mismo mes y año, fueron puestas a disposición de la parte actora (foja 149 vuelta).
"Lo anterior implica que cuando María de la Lourdes Robles Gómez presentó su demanda ejercitando la acción de pérdida de la patria potestad el veintisiete de agosto del referido año, según se advierte del sello fechador de recibido del juzgado natural, ya estaban depositadas las pensiones alimenticias cuya omisión invocó como causal para la pérdida de la patria potestad.
"Tal situación demuestra por sí sola, que si bien es cierto que el demandado no cumplió oportunamente con la obligación de exhibir mes a mes la pensión alimenticia para sus menores hijos, no es menos cierto, que ello sólo significa un retraso de varios meses en el cumplimiento de su obligación del pago de alimentos.
"Asimismo debe afirmarse que tampoco está demostrado en autos que el demandado hubiera dejado en desamparo material a sus menores hijos, con peligro para la seguridad o la moralidad de los mismos, sino todo lo contrario.
"Esto es así, porque obran en autos, los recibos expedidos por el Colegio Benavente respecto a la inscripción del menor J. Jesús Haces Robles por la cantidad de noventa mil pesos, otro relativo al pago de colegiaturas del ciclo escolar de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, a junio de mil novecientos noventa, por la cantidad de seiscientos ochenta y cinco mil pesos, y un tercero como pago de cuotas a la Asociación de Padres de Familia de la citada escuela, respecto del menor de referencia por el mismo ciclo escolar por la cantidad de veinte mil pesos (fojas 106,107 y 108). Documentos que fueron aportados por el hoy quejoso y que desvirtúan el abandono a que se refiere la autoridad responsable de sus obligaciones, toda vez que dentro del ciclo escolar de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, a junio de mil novecientos noventa, quedan comprendidos los meses en los que el deudor se retrasó en sus pagos de alimentos a favor de sus menores hijos y con esto no se puso en peligro la salud y la seguridad de los mismos, puesto que con dichos documentos se corrobora de manera plena que el demandado no ha descuidado el cumplimiento de sus deberes frente a sus hijos ni tampoco se ha comprometido la salud, la seguridad o la moralidad de los menores.
"Respecto a lo que afirma la Sala responsable, en cuanto a que las pensiones alimenticias no fueron exhibidas en forma puntual porque ello se hizo en un solo depósito que amparaba seis mensualidades y por tanto considera que no cumplió en términos del artículo 1794 del Código Civil; sobre el particular debe decirse, que si bien el aludido precepto señala lo siguiente: 'El pago se hará en el tiempo designado en el contrato, salvo disposición de la ley en otro sentido', el retraso en el cumplimiento de la obligación no tiene como consecuencia forzosa y necesaria que se tenga por acreditada la causal hecha valer, pues para ello debe probarse también que se comprometió la salud, la seguridad o la moralidad de los menores, lo que en el caso no acontece por las razones que antes se dieron. Además cabe destacar que en el convenio no se señaló ni día ni lugar para cumplir con dicha obligación.
"Para corroborar lo anterior se transcribe dicho convenio: 'CONVENIO QUE CELEBRAMOS LOS SUSCRITOS J. JESUS HACES ALARCON Y MARIA DE LOURDES ROBLES GOMEZ, MISMO QUE REGULARA LA SITUACION JURIDICA DE NUESTROS HIJOS, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO MATRIMONIAL, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 433 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, POR LO QUE NOS SUJETAMOS A LA SIGUIENTES: CLAUSULAS. PRIMERA. Durante la vigencia de nuestro matrimonio manifestamos haber procreado dos hijos de nombres LUIS ALBERTO y J. JESUS, ambos de apellidos HACES ROBLES. SEGUNDA. Por lo que hace a la guarda y custodia de nuestros hijos, convenimos que durante el procedimiento y después de ejecutoriado el divorcio estarán a cargo de su madre MARIA DE LOURDES ROBLES GOMEZ. TERCERO. Por lo que se refiere a la patria potestad de nuestros menores hijos, ésta quedará establecida de acuerdo a lo que dispone el artículo 598 del Código Civil para el Estado. CUARTA. Ambas partes manifestamos que el lugar en dónde vivirá MARIA DE LOURDES ROBLES GOMEZ, será la casa marcada con el número trescientos diez y nueve (sic) de la calle Cuarenta y uno poniente de esta ciudad de Puebla durante el procedimiento y después de ejecutoriado el divorcio. QUINTA. El que suscribe J. JESUS HACES ALARCON, manifiesta que durante el procedimiento y después de ejecutoriado el divorcio, vivirá en la casa marcada con el número cinco mil ciento trece de la calle Siete 'A' Sur de ésta ciudad de Puebla. SEXTA. La señora MARIA DE LOURDES ROBLES GOMEZ, manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra embarazada. SEPTIMA. El que suscribe J. JESUS HACES ALARCON, se obliga a pagar la cantidad de $400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), mensuales para la manutención de sus hijos. OCTAVA. Ambas partes manifiestan que J. JESUS HACES ALARCON, podrá visitar a sus hijos tantas cuantas veces sea necesario. NOVENA. Ambas partes convenimos que la expresión aquí manifestada se eleve a la categoría de sentencia ejecutoriada, formando parte de la que se dicte en el presente juicio'.
"Habida cuenta de lo anterior, se llega al conocimiento que la Sala de apelación valoró en forma incorrecta las pruebas aportadas en el juicio generador, ya que con la sola certificación exhibida por la parte actora no se puede concluir como lo hace dicha autoridad de alzada, que quedaba concretizada la hipótesis del artículo 628 fracción III del Código Civil para el Estado, sin advertir que con las pruebas del demandado ahora quejoso se demuestra lo contrario, esto es que el aquí quejoso no incurrió en el abandono de su obligación de otorgarles alimentos a sus menores hijos, ni tampoco comprometió la salud o la seguridad de los mismos, sino lo que ocurrió fue un simple retardo en la exhibición de las pensiones alimenticias.
"En esas condiciones como la Sala responsable otorgó valor en forma incorrecta a las constancias procesales y no advirtió que con las pruebas del demandado acreditó sus excepciones opuestas, por tanto al estimar lo contrario violó en perjuicio del quejoso los artículos 14 y 16 constitucionales, lo que conduce a otorgarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Se cita en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 225 visible a páginas 373 y 374 de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, que dice: 'PRUEBAS APRECIACION DE LAS, VIOLATORIA DE GARANTIAS. La apreciación de las prueba que haga el juzgador, en uso de la facultad discrecional que expresamente le conceda la ley, no constituye por sí sola, una violación de garantías, a menos que exista una infracción manifiesta en la aplicación de las leyes que regulan la prueba o en la fijación de los hechos, o la apreciación sea contraria a la lógica'.
"'Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución de la autoridad señalada con ese carácter al tenor de la jurisprudencia número 70, visible a página 118 de la Octava Parte, del Apéndice en consulta que dice: 'AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta'.
"Dada la conclusión a que se llegó resulta innecesario el análisis de los restantes conceptos de violación, pues a consecuencia de los que resultaron fundados debe quedar sin efecto la sentencia combatida en términos de la jurisprudencia número 106, visible a página 167, de la Octava Parte del Apéndice antes citado cuyo sumario dice: 'CONCEPTOS DE VIOLACION CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae como consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos'."
TERCERO. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, sostiene en su tesis jurisprudencial número 7, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo V, Enero-Junio de 1990, Segunda Parte-2, páginas 706 y 707, lo siguiente:
"PATRIA POTESTAD, PERDIDA DE LA, BASTA LA POSIBILIDAD DE UN PERJUICIO PARA GENERARSE. Para que se surta la hipótesis legal de la pérdida de la patria potestad prevista en la fracción III del artículo 444 del Código Civil para el Distrito Federal, consistente en el abandono de los deberes de padre, no se requiere que el menoscabo en los valores del menor que la ley protege, se produzcan en la realidad, pues para ello basta que el proceder del padre incumplido genere la posibilidad de que se ocasionen esos perjuicios, debiéndose precisar a este respecto únicamente las probables consecuencias que racionalmente pudieron haberse ocasionado en detrimento del menor con la conducta del padre incumplido, y no las demás circunstancias que hubiesen acontecido en la realidad o los efectos que dicha conducta hubiese producido, pues al establecer el precepto de referencia el vocablo 'pudiera', impone la obligación de hacer la valoración del caso, en función únicamente de las consecuencias normales que la aludida conducta por sí misma pudo producir, y no de las consecuencias que realmente haya causado, toda vez que no necesariamente hay identidad entre lo que ocurrió y lo que pudo ocurrir".
La parte considerativa que interesa de las ejecutorias que sirvieron para formar el criterio jurisprudencial antes transcrito, dicen:
1. Amparo directo 615/88. Quejosa: María Patricia Méndez Goyri. Sesión de siete de abril de mil novecientos ochenta y ocho.
"QUINTO. Como se desprende de las consideraciones que sustentan la sentencia reclamada y de las impugnaciones que en su contra expresa la quejosa en los conceptos de violación, mismos que debido a la íntima relación que guardan entre sí se estudiarán en su conjunto, en el presente caso el problema fundamental estriba en determinar si se actualizó la causal de pérdida de la patria potestad, prevista en la fracción III del artículo 444 del Código Civil, porque el demandado hubiese incurrido en abandono de sus deberes de padre, por falta de ministración de alimentos al menor hijo de ambos contendientes, durante el período comprendido entre abril de mil novecientos ochenta y dos, y agosto de mil novecientos ochenta y cinco, y para ello, será preciso determinar previamente, si es necesario que esa falta de ministración de alimentos comprometa efectivamente la salud, la seguridad o la moralidad del menor, o bien, si únicamente se requiere, para que la causal se actualice, que pudieran comprometerse los valores de referencia, aunque en la realidad esto no llegara a ocurrir; pues en tanto que, por una parte, la Sala responsable sostiene que es necesario, para que se tipifique la causal de que se trata, que el incumplimiento realmente comprometa la salud, la seguridad o la moralidad del menor, por la otra, la quejosa aduce que esto no es necesario, puesto que para que proceda la aludida causal, basta que la conducta impugnada genere la posibilidad de que se produzcan los efectos no deseados por la ley, aunque éstos no se lleguen a manifestar en la realidad.
"Ahora bien, el artículo 444, fracción III, del Código Civil dispone: '444. La patria potestad se pierde: III. Cuando por costumbres depravadas de los padres, malos tratamientos o abandono de sus deberes pudiera comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos, aun cuando esos hechos no cayeran bajo la sanción de la ley penal.' De conformidad con este precepto, son tres los elementos de la acción de perdida de la patria potestad a que se refiere la fracción en comento, a saber: a) Que quien ejerza la patria potestad tenga costumbre depravadas, dé malos tratamientos a los hijos o abandone sus deberes para con ellos; b) Que pueda comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos, y c) La relación de causa a efecto entre el abandono de los deberes de los padres y el daño que puedan sufrir los hijos.
"De conformidad con lo anterior y desentrañando el sentido exacto de la norma, se desprende que para que surta la hipótesis legal de pérdida de la patria potestad en estudio, no se requiere que el menoscabo en los valores del menor, que la ley protege, se produzcan en la realidad, pues para ello basta que con el proceder del padre incumplido, se genere la posibilidad de que se ocasionen esos perjuicios. De esta forma, para determinar en el caso concreto si se actualiza o no la causal de que se trata, es preciso que el mismo se aprecie tomando en consideración tan solo las probables consecuencias que racionalmente pudieron haberse ocasionado en perjuicio del menor con la conducta del padre, sin que se deban considerar las demás circunstancias que hayan acontecido en la realidad o los efectos que dicha conducta haya producido, pues al establecer el precepto de referencia el vocablo 'pudiera', impone la obligación de hacer la valoración de caso, en función únicamente de las consecuencias normales que la aludida conducta por sí misma pudo producir, y no de las consecuencias que realmente haya causado, toda vez que no necesariamente hay identidad entre lo que ocurrió y lo que pudo ocurrir; sin que para tal efecto obste el hecho de que en el momento de emitir el juicio correspondiente, ya se hubiesen conocido las consecuencias de la conducta impugnada y que ésta no haya producido perjuicio alguno al menor, puesto que la sanción que impone el precepto legal en comento, no tiene su fundamento en las consecuencias que la conducta hubiese causado en la realidad, sino tan solo en las que pudo producir, las cuales además, pueden llegar a conocerse racionalmente, tomando en consideración todas las circunstancias del caso.
"Razonar en sentido contrario como se hace, llevaría a admitir la conclusión de que determinados efectos no se pudieron producir, en virtud de que en la realidad no se produjeron, es decir, de que no existe más posibilidad que la que realmente acontece, lo cual no es apegado a la razón, pues el hecho de que un evento se haya producido de determinada forma, no significa necesariamente, que hubiese carecido de la posibilidad de manifestarse de alguna otra manera, ni impide que, haciendo uso de la razón, se puedan conocer esas otras formas en que pudo llevarse a cabo."
2. Amparo directo 2865/88. Quejosa: Concepción Rocío Pérez Manzano. Sesión de seis de octubre de mil novecientos ochenta y ocho.
"QUINTO. Son fundados los conceptos de violación expresados por la quejosa, mismos que debido a la íntima relación que guardan entre sí se estudiarán en su conjunto, pues como lo sostiene, no estuvo en lo correcto la Sala responsable al revocar el tercer resolutivo de la sentencia de primera instancia y absolver al demandado de la pérdida de la patria potestad, bajo el argumento de que no procedía imponer dicha condena, porque la causal de divorcio en que la quejosa apoyó la acción y por la cuál se declaró disuelto el vínculo matrimonial, prevista en la fracción XVIII del artículo 267 del Código Civil, no contempla la modalidad de cónyuge culpable y de cónyuge inocente. En efecto, son fundados los anteriores motivos de inconformidad, ya que si bien es verdad que la causal de referencia no contempla la modalidad a que alude la Sala responsable, puesto que únicamente exige para que proceda, que se acredite la separación de los cónyuges, por mas de dos años, independientemente de las causas que hayan motivado esta separación, también es verdad que en el presente caso ese argumento es irrelevante, puesto que la quejosa no hizo derivar su reclamación de que se condenara al demandado a la pérdida de la patria potestad, de los hechos relativos a la causal de divorcio aludida, referentes a que ha estado separada por más de dos años de su marido, sino de la diversa circunstancia de que éste no ha cumplido con sus obligaciones alimenticias, desde la fecha en que viven separados; y tal argumentación de la actora es apta para que se resolviera favorablemente a sus pretensiones, pues de conformidad con el artículo 283, en relación con el 444, fracción II, ambos del Código Civil, el Juez que conoce de un asunto de divorcio y pronuncia sentencia declarando disuelto el vínculo matrimonial, tiene la obligación, al emitir el fallo, de fijar la situación de los hijos en todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad; su pérdida, limitación o suspensión, según el caso, gozando de la más amplias facultades para tal efecto; y ante tales circunstancias, dicho juzgador no únicamente puede, sino que debe decidir sobre la condena a la pérdida de la patria potestad, cuando en autos quedan acreditados los extremos que la conforman aunque ésta no derive directamente de la causal por la que se haya decretado el divorcio, y aunque tampoco se haya demandado como acción autónoma e independiente de éste; pues al imponer el precepto la obligación al Juez, de fijar en la sentencia de divorcio la situación de los hijos en lo relativo a la patria potestad, facultándolo ampliamente para tal efecto, sustrae esa decisión del Juez, del ámbito de las acciones y pretensiones que se hubiesen deducido en el juicio, pues al obligarlo a decidir las cuestiones relativas a este punto, precisamente al pronunciar la sentencia que declare disuelto el vínculo matrimonial, constriñe la cuestión planteada, a la sola voluntad del juzgador, quién debe pronunciarse a ese respecto, en cuanto tenga los elementos de juicio necesarios para ello.
"Sentado de esta forma lo anterior, procede determinar a continuación, si efectivamente quedaron acreditados los hechos en que la actora apoyó su reclamación, referentes al incumplimiento en que incurrió el demandado, de sus obligaciones de ministrar al menor hijo habido en el matrimonio; y, a este respecto, se advierte que tal extremo sí quedó justificado en autos, con la propia confesional del quejoso, quién al absolver posiciones admitió que dejó de suministrar alimentos desde la fecha de la separación sin justificar la excusa que adujo para no proporcionarlos; y esta conducta se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del artículo 444 del código indicado, que contempla la pérdida de la patria potestad, pues resulta inconcuso que con tal omisión, el quejoso pudo comprometer la salud del menor e inclusive su vida, puesto que no es factible que un ser humano pueda sobrevivir un lapso como el indicado, sin recibir alimentación.
"No obsta a la anterior consideración, las circunstancias que en contra alude la Sala responsable, en el sentido de que las necesidades del menor fueron atendidas durante ese período por la parte actora, pues a este respecto debe tomarse en consideración que para que se surta la hipótesis legal de la pérdida de la patria potestad en estudio, no se requiere que el menoscabo, en los valores del menor que la ley protege, se produzcan en realidad, pues para ello basta que el proceder del padre incumplido genere la posibilidad de que se ocasionen esos perjuicios, debiéndose precisar a este respecto únicamente las probables consecuencias que racionalmente pudieron haberse ocasionado en perjuicio del menor con la conducta del padre incumplido, y no las demás circunstancias que hubiesen acontecido en la realidad o los efectos que dicha conducta hubiese producido, pues al establecer el precepto de referencia el vocablo 'pudiera', impone la obligación de hacer la valoración del caso, en función únicamente de las consecuencias normales que la aludida conducta por sí misma pudo producir, y no de las consecuencias que realmente haya causado, toda vez que no necesariamente hay identidad entre lo que ocurrió y lo que pudo ocurrir; sin que para tal efecto obste el hecho de que en el momento de emitir el juicio correspondiente, ya se hubiesen conocido los efectos de la conducta impugnada y que ésta no haya producido perjuicio alguno al menor, puesto que la sanción que impone el precepto legal en comento, no tiene su fundamento en los resultados que la conducta hubiese causado en la realidad, sino tan sól
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6033-7e4e9d2d/contradiccion-de-tesis-35-93-inexistente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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