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Modo: Corpus Pro

INFONAVIT. CONTROVERSIA SOBRE EL PAGO DE CUOTAS AL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 79/92. · Registro digital (IUS): 609
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JOSÉ LUIS BARRAGÁN ESCALERA.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Abril de 1992, , Pág. 200.

Se publica íntegra la ejecutoria del amparo directo 79/92:

México, Distrito Federal, Acuerdo del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito correspondiente a la sesión del día doce de febrero de mil novecientos noventa y dos.

VISTO; para resolver el juicio de amparo número DT-784/92 (79/92), promovido por José Luis Barragán Escalera en contra de actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, del Presidente y Actuario de la misma, que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales y que hizo consistir en el laudo de fecha seis de septiembre del año próximo pasado, pronunciado en el expediente laboral número 606/90, seguido por el quejoso en contra de Editorial Uno, S.A. de C.V.; y,

RESULTANDO:

1. Por escrito presentado el día primero de agosto de mil novecientos noventa ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, José Luis Barragán Escalera demandó de Editorial Uno, S.A. de C.V., entre otras prestaciones, el pago de indemnización constitucional correspondiente por el despido injustificado del que fue objeto y la liquidación de cuotas que omitió cubrir el patrón al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda. En su ocurso inicial manifestó que ingresó a laborar para la demandada el siete de junio de mil novecientos ochenta con la categoría de fotograbador, con un salario diario integrado por la cantidad de treinta y tres mil ciento treinta y cinco pesos setenta y cinco centavos y con un horario de labores de las nueve de la noche a las tres de la mañana de viernes a martes; asimismo, manifestó que el veintinueve de junio de mil novecientos noventa fue despedido de su trabajo, entregándosele el aviso respectivo en el que se le comunicaba que ello se debía a que faltó a sus labores los días dos, once, dieciséis y diecisiete de ese mismo mes y año, que lo anterior fue incorrecto, porque las faltas relativas a los días dieciséis y diecisiete de junio de 1990 no eran injustificadas, pues su jefe inmediato le concedió autorización para ausentarse esos días.

2. La parte demandada contestó la reclamación negando en términos generales la procedencia de las prestaciones exigidas. Respecto de los hechos, manifestó que eran ciertos el horario y la categoría del actor pero falsos el salario y la antigüedad alegados, pues ingresó a prestar sus servicios el dos de enero de mil novecientos ochenta y uno y como remuneración percibió la cantidad de ciento ochenta mil novecientos treinta y seis pesos semanales; asimismo, dijo que sí era cierto que había despedido a aquél pero que ello fue en forma justificada, pues faltó a sus labores sin permiso alguno los días dos, once, dieciséis y diecisiete de junio de mil novecientos noventa. Opuso como excepciones y defensas la de falta de acción, la de oscuridad e imprecisión de la demanda y la de prescripción.

3. Concluida la tramitación del juicio, la Junta responsable con fecha seis de septiembre del año pasado dictó laudo cuyos puntos considerativos y resolutivos dicen: "II.Tomando en cuenta las prestaciones reclamadas por el actor, contenidas en su escrito inicial de demanda (fojas de la 1 a la 8) y la contestación dada (foja de la 23 a la 26), la litis en el presente asunto se considera planteada a efecto de estudiar y resolver las siguientes cuestiones: a). Si el actor fue despedido injustificadamente de su trabajo, o, como alega la demandada, a éste se le rescindió su contrato de trabajo por causa imputables al mismo, y b). En su caso sí proceden las demás prestaciones reclamadas. III. Si bien es cierto que el concepto de la carga procesal de la prueba le corresponde a la parte demandada, cuando alega que le rescindió el contrato laboral al actor, por causas imputables a éste, en el presente caso se da la característica de que el propio actor declaró en su escrito inicial de demanda las siguientes cuestiones: En el hecho 20 (foja 5) dice que el 12 de junio de 1990 le entregó un memorándum a su jefe inmediato, el señor Jesús García, solicitando dos días económicos, que serían los días 16 y 17 de junio, que su propio jefe inmediato le indicó que no había ningún problema en que gozara de los dos días económicos solicitados, más adelante señala (hecho 22) que la licenciada Lourdes Martínez Ortega le indicó, en su privado, que con esa fecha se le rescindía justificadamente su relación laboral, por haber faltado cuatro días sin causa justificada, los días dos, once, dieciséis y diecisiete de junio, alegando que las faltas de los días 16 y 17 de junio de 1990 no eran injustificadas, ya que le había solicitado autorización a su jefe inmediato para faltar esos días, igualmente en ese mismo hecho (foja 7) confesó que recibió el oficio, donde se le comunicaba su despido; manifestando a continuación de que lo anterior se trata de una maniobra en su contra para despedirlo; todo lo anterior conduce a determinar que habiendo confesado el propio actor, en su demanda, que la empresa dio cumplimiento cabal a lo estipulado en la parte final del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, es decir que recibió aviso por escrito expresándole la causa de la rescisión, que igualmente confiesa en su demanda y en su confesional (foja 58 vuelta) que faltó los días dos, once, dieciséis y diecisiete de junio de 1990, alegando que las dos últimas faltas fueron con autorización de su jefe inmediato, se reitera que se concluye que en el presente caso le corresponde al actor probar que efectivamente las faltas del dieciséis y diecisiete de junio de 1990 fueron con autorización de su jefe inmediato, para que probando esto, se considere, en todo caso, que entonces su despido sí fue injustificado. Por las razones anteriores se procede al estudio de las pruebas aportadas por el actor al procedimiento y que tuvieron por objeto probar lo que asentó en su demanda original y así, a fojas 56 existe desahogada la confesional para hechos propios, a cargo de Fernando García Priego y la cual ningún beneficio reporta a los intereses del actor, supuesto que negó las posiciones que se formularon al respecto a la justificación del actor sobre las faltas de asistencia a su trabajo; a igual conclusión se llega al analizar la confesional para hechos propios, a cargo de María de Lourdes Ortega (foja 57 vuelta) ya que igualmente negó aquellas posiciones que se le formularon respecto a la justificación de las faltas del actor; a foja 66 y siguientes existen desahogadas las testimoniales propuestas por el actor y a cargo de Jesús Angel García Ledesma, Florencio Soto Marín y Claudia Caballero, a las cuales esta Junta no les concede valor probatorio alguno ya que el primer testigo dice no saber nada de las preguntas que se le formulan, el segundo dice saber lo declarado (foja 67-vuelta) porque fue testigo y por otra parte lo supo por el mismo actor, es decir, se trata de un testigo de oídas; y en cuanto a la última testigo dice no constarle nada de lo que se le preguntó; a foja 37 existe un memorándum en papel membretado de la empresa, de fecha 12 de junio de 1990 y en el cual el actor solicitó permiso de dos días económicos, los que serán los días 16 y 17 de junio de 1990; este documento carece de valor probatorio en virtud de que le falta la firma de autorización, tratándose además de un documento elaborado unilateralmente por el propio actor sin que la demandada hubiese aceptado haberlo recibido, pero además, a foja 27 existe un supuesto contrato colectivo celebrado entre un sindicato y la empresa demandada, el cual nunca reconoció la emplazada, sin embargo, sin conceder que este contrato hubiese estado vigente en el momento en que se suscitaron los hechos, de la cláusula 25 del citado documento se desprende que el actor hubiese solicitado permiso por dos días económicos, los permisos deberán ser tramitados por conducto del sindicato, cosa que nunca mencionó haber hecho el propio actor; por todo lo anterior se concluye que el actor no probó que las faltas a que se refieren los días 16 y 17 de junio de 1990 le hubiesen otorgado permisos económicos para faltar en las mencionadas fechas y sí por el contrario, la empresa probó que el actor incurrió en causales rescisorios imputables a éste, que le dio el aviso respectivo y que el actor recibió el mencionado oficio; de lo anterior se concluye que es procedente absolver a la demandada de las prestaciones que le reclamó el actor en esta parte de la demanda. IV. Respecto a las demás prestaciones reclamadas, se hacen las siguientes consideraciones: Sí procede el pago de la prima de antigüedad, en virtud de que el presente caso se encuentra dentro de lo que establece el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, en su apartado III, por lo que le corresponde la cantidad de $2,618,000.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS); no procede el pago del tiempo extra reclamado, de un año anterior a la fecha de presentación de la misma, en virtud de la excepción de prescripción propuesta por la demandada, además de no ser clara su reclamación, y por señalar como reclamo de 5 a 6 horas extras, no precisando exactamente el número de horas extras reclamadas, lo que dejan en estado de indefensión a la demandada; tampoco procede el pago de los días descanso reclamados por el actor; en primer lugar, no señala concretamente cuáles fueron esos días y en segundo término, el actor no probó haberlos laborado; no procede el pago de vacaciones, supuesto que la demandada exhibió el recibo de pago de las mismas, según se desprende del inciso "F" de su escrito de ofrecimiento de pruebas (foja 43); tampoco procede el pago de la prima vacacional correspondiente, por las razones anteriores; sí procede el pago del aguinaldo de 1990, dado que la demandada no probó haberlo cubierto al demandante, por lo que por este concepto le corresponde al actor la cantidad de $927,801 (NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS) por 28 días de salario; procede el pago de $100 (CIEN PESOS) por compensación en días laborados a partir del 1o. de agosto de 1989, por las siguientes razones: la demandada no probó haberle cubierto esta prestación al actor pero sí opuso la excepción de prescripción de un año anterior a la fecha del despido, debiéndose abrir incidente de liquidación respecto a este renglón; no procede el pago de 20 días de salario por cada año laborado, en virtud de no estar contemplado dentro de la ley, dado que no se dieron los presupuestos de los artículos 50 y 51 de la Ley Federal del Trabajo; no procede el pago de aumentos de salario ya que procedieron las defensas de la demandada, se dejan a salvo los derechos del actor respecto a los reclamos de cuotas al Infonavit y el reparto de utilidades; procede el pago de los salarios devengados por los días 25, 26, 27 y 28 de junio de 1990, ya que la demandada no probó haberlos cubierto al actor, por lo que le corresponde por este concepto la cantidad de $132,543 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS). Esta liquidación se hace salvo error u omisión y en base al salario de $33,135.75 aceptado por las partes. Por lo expuesto y fundado es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO.- Procedieron parcialmente las prestaciones reclamadas por el actor y en igual forma procedieron las defensas y excepciones de la demandada. SEGUNDO. Se condena a Editorial Uno, S.A. de C.V. a pagarle al actor, José Luis Barragán Escalera, la cantidad de $3,545.801.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS) por prima de antigüedad y aguinaldo, debiéndose abrir incidente de liquidación respecto al reclamo por compensación por jornada nocturna. TERCERO.- Se absuelve a Editorial Uno, S.A. de C.V. de las demás prestaciones que le reclamó el actor José Luis Barragán Escalera en este juicio.".

4. Inconforme el actor con el laudo referido, interpuso, por conducto de la autoridad responsable, demanda de amparo ante el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en turno, que lo fue este Cuarto Tribunal Colegiado, el que mediante acuerdo de presidencia de fecha siete de enero último se avocó a su conocimiento. En su oportunidad se le dio vista al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, turnándose los autos al Magistrado relator para la formulación del proyecto respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La existencia de los actos reclamados quedó acreditado respecto a la Junta, con el informe que rindió sobre el particular y con las actuaciones del expediente que remitió para justificarlos. En cambio, por lo que hace al presidente y al actuario de la misma, no son ciertos los actos reclamados pues de la lectura del expediente remitido se advierte que no tuvieron intervención por sí mismos; por tanto, debe sobreseerse en este aspecto, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis jurisprudencial número 157, visible en la página 140, Quinta Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917- 1985, que a la letra dice: "LAUDOS ABSOLUTORIOS, NO SON SUSCEPTIBLES DE EJECUCION.-No corresponde al presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, intervención alguna tratándose de un laudo absolutorio dictado por la propia Junta, por carecer de ejecución dicho fallo, y por lo mismo, si se señala a ese funcionario como responsable en el amparo que se promueva contra tal laudo, sin que se le impute acto concreto alguno, debe sobreseerse en el juicio de garantías, por lo que a él respecta, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal".

SEGUNDO. El quejoso expresó los siguientes conceptos de violación: "PRIMERO. El artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, dispone que, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre: (hizo transcripción). En el caso que nos ocupa, el suscrito en la demanda que dio origen al juicio laboral, en el cual se pronunció el laudo que se combate en el presente juicio de amparo, reclamé el pago de las prestaciones contenidas en dicho escrito, basándome en los hechos que narré como fundatorios de mi acción, y que para evitar innecesarias transcripciones, me permito remitir a ese H. Tribunal. Ahora bien, Editorial Uno, S.A. de C.V., contestó mi demanda, en los términos que aparecen en su escrito de fecha 13 de septiembre de 1990, desprendiéndose de la lectura de dicho documento que la demandada negó que el suscrito careciera de derecho o acción para reclamar las prestaciones reclamadas, negando en su totalidad todos los hechos contenidos en mi escrito de demanda, por lo que en consecuencia, existió controversia respecto de todos y cada uno de los hechos de la demanda, y que con fundamento en el precepto citado, la carga de la prueba correspondía a la referida empresa al existir controversia respecto de todas y cada una de las fracciones mencionadas en el precepto que nos ocupa, basta para ello, darle lectura a la demanda del suscrito y a la contestación de la misma, producida por Editorial Uno, S.A. de C.V., a su vez ésta en promoción del día 27 de septiembre de 1990, ofreció las pruebas que juzgó adecuadas, sin embargo, la Junta Especial Número 3, en el laudo que se recurre, no hace la valoración y estudio de dichas probanzas, que eran fundamentales para emitir su resolución y sí en cambio, en el considerando III del multicitado laudo, arrojó la carga de la prueba al suscrito, respecto a que efectivamente las faltas del dieciséis y diecisiete de junio de 1990, fueron con autorización de mi jefe inmediato, criterio que es a toda luz violatorio de la disposición expresa contenida al respecto en el precepto precitado. A mayor abundamiento, al existir controversia respecto de todos y cada uno de los conceptos contenidos en el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, resultaba trascendental para el laudo combatido, hacer el estudio de las pruebas aportadas por la demandada al respecto, ya que de eso dependía condenarla al pago de las prestaciones reclamadas por el suscrito, en tal virtud, ese H. Tribunal Colegiado, deberá de analizar las pruebas aportadas por Editorial Uno, S.A. de C.V., con respecto a la fecha de ingreso del suscrito, mi antigüedad, las faltas de asistencia, la causa de rescisión de la relación de trabajo, el contrato de trabajo, el pago de días de descanso y obligatorios, disfrute y pago de vacaciones, los pagos de la prima dominical, vacacional y de antigüedad, monto y pago del salario, el pago de la participación del suscrito en las utilidades de la demandada y la incorporación y aportación al Fondo Nacional de la Vivienda. SEGUNDO.-El artículo 841 de la Ley Federal dispone, que los laudos se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada, y apreciando los hechos en conciencia, sin sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, pero expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoyen. En el considerando III del laudo que se combate, la Junta Especial Número 3, al proceder al estudio de las pruebas aportadas por el actor al procedimiento, y que tuvieron por objeto lo que asenté en mi demanda original, al valorar la prueba confesional para hechos propios a cargo del señor Fernando García Priego, dice: "la cual ningún beneficio reporta a los intereses del actor sobre las faltas de asistencia a su trabajo", lo anterior es inexacto, toda vez que en la recepción de dicha probanza, efectuada en la audiencia del día 29 de octubre de 1990, el absolvente al formularse la posición número 12 en los siguientes términos: 12 P. Que el absolvente adujo como justificación para la rescisión de la relación individual de trabajo con el hoy actor el hecho de que éste había faltado los días dos, once, dieciséis y diecisiete de junio del presente año. R.-No, aclarando que las razones, motivos y fundamentos que se contienen en el aviso de despido que obra en autos son los que motivaron la rescisión de la relación de trabajo del hoy actor con la empresa demandada". Lo anterior es una incongruencia, tomando en consideración que en su escrito de contestación a la demanda, el apoderado legal de Editorial Uno, S.A. de C.V., al contestar el hecho número 22 manifestó que la causa de tal rescisión es que faltó a sus labores sin permiso y sin causa justificada los días 2, 11, 16 y 17 de junio de 1990", de lo anterior se colige, que la persona que firmó el aviso de despido del suscrito por parte de la demandada, señor Fernando García Priego, no le constan los hechos asentados en dicho aviso y que por lo tanto, dicho documento carece de valor probatorio alguno de este proceso, por lo que deberá de considerarse injustificado el despido de que fui objeto, con todas las consecuencias legales que en su caso procedan, como lo es, condenar a Editorial Uno, S.A. de C.V., al pago de las prestaciones que le reclamé en el juicio laboral. TERCERO.- Las Juntas están obligadas a estudiar pormenorizadamente todas y cada una de las pruebas que se les rindan, haciendo el análisis de las mismas y expresando cuáles son las razones de carácter humano que han tenido en cuenta para llegar a tales o cuales conclusiones, sin embargo, la Junta Especial No. 3, en el laudo que se combate, al analizar las testimoniales propuestas por el suscrito a cargo de Florencio Soto Marín, no le concede valor probatorio alguno ya que dice que sabe lo declarado porque fue testigo y por otra parte lo supe por el mismo actor, sin embargo me permito remitir a ese H. Tribunal, a la pregunta número 9 que se le formuló a dicho testigo en audiencia del día 28 de noviembre de 1990, de cuya contestación se desprende que el testigo tenía conocimiento que el suscrito faltó al trabajo el día 12 de junio de 1990, con permiso económico, a mayor abundamiento, al contestar la pregunta 11, dice que el hoy quejoso, sí entregó un memorándum como permiso para los días económicos y por parte, se infiere al contestar la pregunta número 12 que dicho memorándum se lo entregó al señor Jesús García Ledezma, que conforme a la pregunta número 13, era la persona que en el departamento de Fotomecánica al cual estaba adscrito, el suscrito, era el que otorgaba los permisos para ausentarse, por lo anterior, el laudo que se combate, es omiso en estudiar dicho testimonio, que por su trascendencia deberá de hacerlo ese H. Tribunal Colegiado, y que prueba que el suscrito fue objeto de una maniobra de la demandada, para incurrir en supuestas faltas injustificadas cuando contaba con permiso de mi jefe inmediato, señor Jesús García Ledezma para hacerlo para ausentarme los días 16 y 17 de junio de 1990 en concepto de días económicos".

TERCERO. Es infundado el primer concepto de violación.

En efecto, del análisis integral de las constancias que forman el expediente laboral, se advierte que el actor demandó, esencialmente, el pago de la indemnización constitucional correspondiente por el despido injustificado de que fue objeto y la liquidación de cuotas que omitió cubrir el patrón al Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda (fojas 1 a 8); en su ocurso inicial expresó que se le atribuyó el hecho de haber faltado a sus labores los días dos, once, dieciséis y diecisiete de junio de mil novecientos noventa, lo cual fue inexacto porque su jefe inmediato le había concedido permiso para faltar los dos días citados en último término, por lo que sus inasistencias fueron justificadas, de ahí que exigía el pago de las prestaciones mencionadas. Al respecto, la parte demandada, dijo que sí era cierto que había despedido a aquél, pero que ello fue en forma justificada, pues faltó a sus labores sin permiso alguno los días dos, once, dieciséis y diecisiete de junio del novecientos noventa (fojas 23 a 26).

Ahora bien, debe decirse que es inexacto que la Junta hubiese arrojado al actor indebidamente la carga de la prueba, pues en asuntos como el presente, contrario a lo que se alega, toca al patrón nada más probar la causal de rescisión hecha valer, o sea simplemente que el trabajador incurrió en las determinadas faltas de asistencia a sus labores que se le atribuyeron mientras que a éste corresponda acreditar que las mismas fueron originadas por una causa justificada; por tanto fue correcto que en la especie la Junta del conocimiento estimase que era el actor quien debía comprobar la justificación de sus insistencias, con lo que se demuestra lo intrascendente del concepto de violación que se analiza.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis relacionada, visible en la página 99, Quinta Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "FALTAS DE ASISTENCIA, CORRESPONDE AL TRABAJADOR ACREDITAR SU JUSTIFICACION.-No corresponde al patrón que despida a un trabajador, por haber faltado injustificadamente a sus labores, la prueba de la injustificación de las faltas, sino que toca al trabajador acreditar que las mismas fueron motivadas por una causa justificada.".

El segundo concepto de violación también es infundado.

Efectivamente, el hecho de que al absolver posiciones para hechos propios el licenciado Fernando García Priego (fojas 56 y 57), Subgerente de la empresa demandada, hubiese incurrido en una determinada contradicción con lo que manifestó dicha empresa en su contestación, ello de ninguna manera implicó que por tal motivo quedó probada la justificación de las inasistencias del actor a su trabajo, toda vez que a lo que daría lugar esa supuesta contradicción sería a otra situación, pues en modo alguno acreditaría la aludida justificación de las faltas de asistencia, pues esto último no fue aceptado en ninguna de las posiciones que le fueron articuladas al citado absolvente, razón por la cual es obvio que fue correcto que se le negase eficacia jurídica a dicha confesional, con lo que se demuestra lo irrelevante del concepto de violación en estudio.

Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver los juicios de amparo directo números DT-878/87 (178/87) y DT-4264/91 (427/91), promovidos, respectivamente, por Enrique Castellanos Pino y Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100.

Finalmente, el tercer concepto de violación es igualmente infundado.

Ciertamente, fue ajustado a derecho que la Junta responsable negase valor probatorio a la testimonial que ofreció el accionante a cargo de Jesús Angel García Ledezma, Claudia Caballero y Florencia Soto Marín, cuyos atestados obran de la foja 66 a 68 de autos, habida cuenta de que los dos primeros manifestaron en términos generales no tener conocimiento alguno, ni constarles los hechos sobre los que se les interrogó; y, en cuanto al tercero de los nombrados, únicamente dijo que sabía que el actor había solicitado un permiso económico para faltar a sus labores los días dieciséis y diecisiete de junio de mil novecientos noventa y que para ello entregó un memorándum a su jefe inmediato, pero es el caso de que tal deponente en ningún momento declaró saber si efectivamente se concedió autorización verbal o escrita al citado actor para ausentarse esos días; o sea, solamente manifestó que sabía que éste hizo la solicitud respectiva a su jefe inmediato para faltar a sus labores, pero no que se le hubiese otorgado en forma fidedigna el permiso correspondiente, siendo que esto último era trascendente acreditar para estimar justificadas las relacionadas inasistencias, pues nuestro máximo tribunal de justicia ha sustentado reiteradamente el criterio consistente en que no basta que un trabajador haga saber a su patrón de que va a faltar a sus labores determinados días, para estimar como justificadas esas faltas, sino que es indispensable que se otorgue el respectivo permiso; luego entonces, son claras las razones por las cuales fue correcto que no se le concediera valor probatorio a la testimonial de referencia.

Resulta aplicable a esta última consideración, la tesis jurisprudencial número 112, consultable a fojas 101 de la aludida Quinta Parte del referido compendio de jurisprudencia, que textualmente dispone: "FALTAS PREVIO AVISO, SIN PERMISO DEL PATRON.-El hecho de que un trabajador falte a sus labores, previo aviso, no significa que esa falta sea justificada, ya que para que pueda considerarse en esa forma, es menester, que el patrón otorgue el correspondiente permiso.".

Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción II, de la Constitución General de la República y 76 bis de la Ley de Amparo, este Tribunal Federal, supliendo la deficiencia de la queja, se avoca al estudio de una violación cometida por la Junta responsable en perjuicio del quejoso y que éste omitió reclamar.

Dicha Junta indebidamente dejó a salvo los derechos del agraviado en relación con la prestación que reclamó en el inciso k) de su demanda laboral, consistente en: "La liquidación al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit) de las cuotas que fueron omitidas por la demandada a dicha Institución durante todo el tiempo que le presté mis servicios" (foja 2), para que la hiciera valer en la vía y forma correspondientes, en virtud que de conformidad con el artículo 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, es optativo acudir cuando exista controversia respecto a aportaciones que supuestamente omitió el patrón cubrir al Infonavit en perjuicio del trabajador a dicho instituto, ante este último o ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para hacer valer las inconformidades respectivas, pues esta autoridad laboral está obligada a resolver dichas controversias, acorde con lo dispuesto en el precepto legal en comento.

Similar criterio sostuvo este tribunal al resolver el juicio de amparo directo número 410/88 (7324/88), promovido por Juan Dávila, el cual fue fallado el veintisiete de octubre de mil novecientos ochenta y ocho.

En consecuencia, atento a lo anterior, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que se demanda para el único efecto de que la multicitada Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y dicte uno nuevo en el que estime que sí es competente para conocer de la prestación que reclamó el actor en relación con las cuotas que supuestamente omitió cubrir la parte demandada ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda y resuelva lo que proceda conforme a derecho, sin perjuicio de reiterar las condenas y absoluciones contenidas en su laudo.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones III y V de la Constitución General de la República, 76, 77, 78 y 190 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO. En los términos del considerando primero de este fallo, se sobresee en el presente juicio de garantías, por lo que respecta a los actos atribuidos al presidente y al actuario de la Junta responsable.

SEGUNDO. Para el solo efecto que se precisa en la parte final del considerando tercero de este fallo, la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a José Luis Barragán Escalera, en contra del acto de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, que hizo consistir en el laudo de fecha seis de septiembre del año próximo pasado, pronunciado en el expediente laboral número 606/90, seguido por el quejoso en contra de Editorial Uno, S.A. de C.V.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a su lugar de origen, háganse las anotaciones correspondientes y en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito que integran los ciudadanos Magistrados Carlos Bravo y Bravo, Fortino Valencia Sandoval y Jaime C. Ramos Carreón, siendo relator el primero de los nombrados.

Firman el presidente y los Magistrados juntamente con el secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/609-0077788c/infonavit-controversia-sobre-el-pago-de-cuotas-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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