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Modo: Corpus Pro

PARTIDOS POLÍTICOS. AL ESTAR SUJETA SU PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS ELECTORALES A LO QUE DISPONGA LA LEY ORDINARIA, CONFORME AL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL, EL ARTÍCULO 50 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO QUE ESTABLECE QUE LOS QUE HAYAN OBTENIDO SU REGISTRO EN EL AÑO ANTERIOR AL DE LA REALIZACIÓN DE LOS COMICIOS, NO PODRÁN COALIGARSE NI FUSIONARSE, NO ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE ASOCIACIÓN O REUNIÓN PREVISTA POR EL DIVERSO ARTÍCULO 9o. DEL PROPIO ORDENAMIENTO SUPREMO.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 16/99. · Registro digital (IUS): 6223
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PARTIDO CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Enero de 2000, , Pág. 473.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 16/99. PARTIDO CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA. SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, en el domicilio particular del secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autorizado para recibir promociones de término, y al día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Dante Delgado Rannauro, en su calidad de presidente del Comité Directivo Nacional del Partido Convergencia por la Democracia, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de las disposiciones y autoridades que a continuación se señalan:

"Los órganos legislativos y ejecutivos que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas: 1) H. LIII Legislatura del Congreso del Estado de México, con domicilio en Plaza Hidalgo s/n, Palacio del Poder Legislativo; colonia Centro, C.P. 50000, Toluca de Lerdo, Estado de México. 2) C. Gobernador Constitucional del Estado de México, con domicilio en Lerdo Poniente 300, colonia Centro, C.P. 50000, Toluca de Lerdo, Estado de México, y 3) C. Secretario general de Gobierno del Gobierno del Estado de México, con domicilio en Lerdo Poniente 300, colonia Centro, C.P. 50000, Toluca de Lerdo, Estado de México. La norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se hubiere publicado: 1. Se reclama como norma general impugnada el Código Electoral del Estado de México, únicamente por lo que hace a los artículos 50 y 63 fracción VIII. 2. El medio oficial en el que se publicó la norma es la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de México, en fecha 9 de octubre de 1999 (como se acredita con la gaceta que se adjunta para los efectos legales a los que haya lugar)."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:

"1. En fecha 9 de octubre de 1999, mediante Decreto Número 125 expedido por la LIII Legislatura del Estado de México, se publicó en la Gaceta del Gobierno del Estado de México reformas a diversos artículos entre los cuales únicamente se interpone la acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 50 y 63 fracción VIII del Código Electoral del Estado de México, entre los cuales destacan los que se hayan precisado en el proemio de la presente por tildarse de inconstitucionales por las razones que se expresarán en los conceptos de invalidez. 2. De conformidad con lo establecido en el artículo segundo transitorio del decreto, el mismo entró en vigor el mismo día de su publicación, es decir el 9 de octubre de 1999. 3. Para la fecha en que se publicó el decreto antes referido Convergencia por la Democracia partido político nacional, ya contaba con el registro, toda vez que lo adquirió en fecha 30 de junio de 1999, como se acredita con la documental en la que se certifica la obtención del registro. 4. Convergencia por la Democracia partido político nacional de conformidad con lo que establece la fracción II del párrafo II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desea participar en las elecciones a celebrarse el 2 de julio de 1999, para la renovación del Congreso del Estado de México en la elección de diputados y en la renovación de Ayuntamientos, pero los artículos que se tildan de inconstitucionales le impiden su participación, violentando con ello los mandatos de la Constitución, en sus artículos 9o. y 41 párrafo segundo, fracción I, como se acredita con los ..."

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la actora son los siguientes:

"Primero. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: ‘En los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.’, puntualizando que con la acepción ‘individuo’ se cobija a las personas jurídicas o morales, es decir, a aquellos entes que por su naturaleza no pueden tener las condiciones de individuos particulares o personas, como los son los ciudadanos, ello de conformidad con que nuestra organización, como partido político, tiene personalidad jurídica propia, además de ser entidad de interés público, por así definirlo la propia Carta Magna en su artículo 41, párrafo segundo, fracción I; por tanto, se hace acreedor de las garantías a que se refiere el artículo 1o. y no le pueden ser restringidas ni suspendérsele, ya sea por autoridad, ya sea por la ley electoral, pues la suspensión o restricción de garantías está regulada por el artículo 29 de la Constitución General de la República, refiriéndose a hechos totalmente diferentes a la promulgación de leyes, en concreto las electorales, las que deben tener como finalidad, según prescriben las fracciones I y II del párrafo segundo del artículo 41, garantizar que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus funciones, es decir, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyendo a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso a los ciudadanos al ejercicio del poder de acuerdo a los principios e ideales que postula Convergencia por la Democracia. Ahora bien, el partido al que represento, ha obtenido su registro como partido político nacional como se acredita con la documental que corre agregada; obtenido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral que es la autoridad adecuada para expedir el mismo, atento a lo que establece el párrafo segundo del artículo 31 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que lo hace acreedor a toda serie de prerrogativas en materia de derechos político electorales, siendo de esos derechos ‘el más importante’ poder participar en las elecciones estatales y municipales como lo establece la fracción I del artículo 41 ya citado que prescribe: ‘Artículo 41. ... Párrafo segundo. La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas conforme a las siguientes bases: I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales ...’. Quiso el legislador que un partido político nacional pudiera participar en las elecciones sin restricción alguna en cuanto como se ve en la fracción segunda del párrafo segundo del artículo en análisis. Como se ha dicho, si nuestra organización es acreedora a todas las prerrogativas que le confiere la Constitución, entre ellas destaca igualmente el derecho de asociación y reunión que consagra el artículo 9o. el cual textualmente dice: ‘Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. ...’. Dicho precepto consagra el derecho de asociación, el cual implica la libertad para que nuestro partido político pueda hacer alianza, que no es otra cosa que asociarse con otro partido político, teniendo una misma finalidad que es la de postular un mismo candidato en una elección ya sea de carácter estatal (candidato a diputado) o municipal (candidato a presidente municipal, síndico o regidor), tomando además como punto de partida el que no está prohibido ni limitado el derecho de los ciudadanos de ser postulados por dos partidos como candidatos a un puesto de elección popular, ya que el artículo 35 en sus fracciones II y III señalan como una prerrogativa del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular y asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica de los asuntos políticos del país. Nada más pacífico para la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo que las elecciones constitucionales para la renovación del poder. Bajo este criterio, un partido político nacional, además de ser una entidad de interés público, tiene derecho a participar en las elecciones locales y municipales como se ha demostrado y que su finalidad es contribuir en la vida democrática del país mediante la renovación periódica de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, haciendo posible el acceso a los ciudadanos al ejercicio del poder; de ahí que toda limitación a sus fines que son promover la participación del pueblo, es atentar contra los postulados de la Constitución General de la República como lo hizo el legislador del Estado de México en sus artículos 50 y 63 fracción VIII, del Código Electoral del Estado de México, los cuales establecen: ‘Artículo 50. Los partidos políticos locales o nacionales que hayan obtenido su registro en el año anterior al de la realización de los comicios, no podrán coaligarse ni fusionarse entre sí o con otros partidos políticos.’. ‘Artículo 63. Fracción VIII. Los partidos políticos nacionales que acrediten ante el instituto su registro obtenido en el Instituto Federal Electoral, con posterioridad a la fecha marcada en el artículo 37 de este ordenamiento, recibirán las prerrogativas establecidas en este código, excepto las comprendidas en el periodo de campaña.’. Como se ve, es clara la contradicción que existe entre el artículo 50 del Código Electoral del Estado de México con los postulados de la Constitución General de la República, ya que impide a los partidos políticos a que se coaliguen y fusionen entre sí, impidiendo con ello la postulación conjunta de candidatos en las elecciones a celebrarse el 2 de julio del año 2000, pues al establecer que los partidos políticos nacionales que hayan obtenido su registro en el año anterior de la elección, es decir durante todo el año de 1999, no podrán coaligarse ni fusionarse entre sí, siendo este precepto contradictorio con el propio artículo 37, párrafo primero del propio Código Electoral del Estado de México, ya que éste menciona que para poder participar en las elecciones, los partidos políticos nacionales o estatales deberán haber obtenido su registro correspondiente por lo menos un año antes del día de la jornada electoral, en todo caso el artículo 37 condiciona a que la participación de los partidos políticos en las elecciones se haga cuando se ha obtenido el registro un año antes del día de la jornada electoral y no limita a que se hagan coaliciones o fusiones de partidos para postular a un mismo candidato. Cabe mencionar que el artículo 50 se encuentra dentro del capítulo segundo del libro segundo del Código Electoral del Estado de México, refiriéndose a la obtención de registro de los partidos políticos locales, pues se trata de una ley electoral únicamente aplicable para el Estado de México, atento a lo que establecen los artículos 1o. y 3o. de dicho ordenamiento. Es decir que el legislador originalmente quiso que dicha limitante a coaligarse en las elecciones, desde luego locales fuera en principio para los partidos políticos locales, como se puede apreciar en el texto anterior a la reforma, con lo que pretende aplicar además de manera retroactiva la ley, lo que está prohibido por el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que señala que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, pues como se ha mencionado nuestro partido político obtuvo su registro con anterioridad (30 de junio de 1999) a la entrada en vigor del Decreto Número 125 de la LIII Legislatura del Congreso del Estado de México que es de fecha 9 de octubre de 1999. A la vez el artículo 63, fracción VIII, tiene relación estrecha con el artículo 50 ya citado, pues señala que cuando se ha obtenido el registro con posterioridad a la fecha marcada no se darán prerrogativas en el periodo de campaña, esto es, pretenden no sólo que nuestro organismo político no participe, sino que además no tenga prerrogativa de ley que consiste en el financiamiento público para el desempeño de sus funciones que como se ha establecido atentan contra los postulados de la Constitución General de la República en su artículo 41, párrafo segundo, fracción II, ya que obliga a que la ley (en este caso el Código Electoral del Estado de México) en tratándose de elecciones que repercutan en el Estado de México, garantice que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades que como hemos dicho es promover la participación en la vida democrática del país, recogiéndose dicho principio en el artículo 12 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de México. Establecemos igualmente que dicho artículo viola además lo establecido por el artículo 14 constitucional, porque se nos pretende aplicar en forma retroactiva lo establecido en las fracciones VII y IX del artículo 63 del Código Electoral del Estado de México, por las siguientes razones: 1. La fecha de la obtención del registro que como partido político obtuvimos data de fecha 30 de junio de 1999. 2. En esa fecha no entraba en vigor lo establecido en el artículo 63, ya que únicamente decía: ‘Artículo 63. El instituto celebrará con el organismo estatal correspondiente, los convenios en materia de radio y televisión para que los partidos políticos puedan gozar de las prerrogativas señaladas en este código. Los partidos políticos tendrán derecho a participar conjuntamente en un programa especial, que establecerá y coordinará la dirección de partidos políticos, para ser transmitido dos veces al mes por radio y televisión. Además, durante los procesos electorales, emplearán, por lo menos, la mitad del tiempo que les corresponda, para difundir el contenido de sus plataformas electorales.’. 3. De conformidad a lo establecido en el artículo 57 del Código Electoral del Estado de México, por prerrogativas a que tiene derecho Convergencia por la Democracia debe entenderse lo siguiente: ‘Los partidos políticos tendrán las siguientes prerrogativas: I. Gozar de financiamiento público para el ejercicio de sus actividades ordinarias y para su participación en las campañas electorales de gobernador, diputados y Ayuntamientos del Estado. Tendrán derecho a esta prerrogativa los partidos que obtengan por lo menos el 1.5% de la votación efectiva del Estado; II. Tener acceso a la radio y televisión propiedad del Gobierno del Estado, en los términos que establezca este código.’. 4. La reforma al artículo 63, entró en vigor a partir del día de su publicación en la Gaceta del Gobierno, según lo dispone el artículo segundo transitorio del Decreto Número 125 de la H. LIII Legislatura del Estado de México, que fue en fecha 9 de octubre del año que transcurre. Como se ve en fecha 30 de junio de 1999, nuestro partido al haber obtenido el registro como partido político nacional, contaba ya con el derecho a financiamiento público, y además acceso a radio y televisión, atento a lo que dispone el artículo 58, fracción III, que no fue reformado en el Decreto 125 ya comentado, por lo que al imperio de esa norma, debe concederse la prerrogativa de ley, es decir, el financiamiento público, así como el acceso a la radio y televisión, pues de aplicar en forma retroactiva el artículo 63 reformado, implica retrotraer en tiempo la vigencia de la ley, lo cual está prohibido por la norma constitucional."

CUARTO. En la demanda se señalan como violados los artículos 1o., 9o., 14, 17, 41, párrafo segundo, fracciones I y II y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Mediante proveído de fecha doce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, y turnar el asunto al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

SEXTO. Por auto de quince de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, el Ministro instructor admitió la demanda relativa y ordenó emplazar a las autoridades responsables para que rindieran su respectivo informe, correr traslado al procurador general de la República para lo que a su competencia corresponde y requerir a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que expresara su opinión.

SÉPTIMO. El gobernador y el secretario general de Gobierno, ambos del Estado de México, al presentar su informe, en síntesis, manifestaron lo siguiente:

1. La intervención del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México y del secretario general de Gobierno, respectivamente, en la creación de la norma general impugnada, se limitó a la promulgación, publicación y refrendo en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", correspondiente al nueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

2. Los actos de promulgación, publicación y refrendo realizados por el titular del Poder Ejecutivo y por el secretario general de Gobierno, respectivamente, se sustentan en los artículos 77 y 80, de la Constitución Política del Estado de México, 7o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la misma entidad. Los preceptos citados, establecen la obligación constitucional del gobernador del Estado de México de promulgar y publicar las leyes, decretos y acuerdos que le sean comunicados por la legislatura y la del secretario general de Gobierno de refrendarlos para su validez.

3. Los actos realizados por el gobernador del Estado y el secretario general del Gobierno se ajustan plenamente a las disposiciones jurídicas mencionadas, toda vez que:

a) El dictamen legislativo de mérito fue sometido a consideración de la H. LIII Legislatura, la que en sesión celebrada el nueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve, aprobó el Decreto Número 125, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México.

b) En la misma fecha, la H. LIII Legislatura comunicó al Ejecutivo del Estado de México, la expedición del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México, adjuntándole el decreto, las exposiciones de motivos de las iniciativas y el dictamen legislativo correspondiente.

c) Atento a lo anterior, el gobernador del Estado de México procedió a promulgar y publicar el Decreto Número 125, en la "Gaceta del Gobierno", del nueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve y el secretario general de Gobierno a refrendarlo.

4. En la presente acción de inconstitucionalidad concurre la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII en relación con los artículos 60 y 65 del ordenamiento invocado. En el caso, la norma general cuya invalidez se reclama fue promulgada y publicada en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el nueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve. Por lo que el plazo de 30 días naturales para la interposición de la demanda de acción de inconstitucionalidad venció el ocho de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, tomando en cuenta que el mes de octubre tiene 31 días y de acuerdo con el artículo 60, en materia electoral todos los días son hábiles.

5. La presente demanda fue presentada hasta el día nueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tal virtud, es evidente que la demanda se presentó fuera del plazo establecido por el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualizándose la causa de improcedencia del juicio prevista por el artículo 19, fracción VII del ordenamiento legal invocado.

OCTAVO. El presidente y secretario de la Diputación Permanente de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de México al rendir su informe, en síntesis adujeron lo siguiente:

1. Resulta improcedente la acción de inconstitucionalidad que ejercita el actor, en atención a que los partidos políticos no tienen garantías individuales, por lo cual, el artículo cuya invalidez se reclama no violenta los principios consagrados por los artículos 9o. y 14 de la Carta Magna.

2. Las exposiciones de motivos de las iniciativas que sustentan las reformas, contienen argumentos sobre la pertinencia y justificación de la medida legislativa propuesta, en relación con la reforma del artículo 50 del Código Electoral del Estado de México, se expresa en uno de los textos que en congruencia con lo señalado en el artículo 41, fracción I de nuestra Carta Magna que establece el derecho de los partidos políticos con registro nacional de participar en las elecciones estatales y municipales, se propone establecer a éstos la condición señalada en el propio artículo, para los partidos políticos locales, que determinen haber obtenido su registro en el año anterior al de los comicios para coaligarse o fusionarse, obedeciendo a los principios de imparcialidad y equidad, ya que al participar por primera ocasión en un proceso electoral local, dichos partidos políticos no han acreditado la representatividad suficiente para ser sujetos de los mismos derechos de aquellos que han demostrado ser los legítimos conductores de la voluntad ciudadana.

3. De los elementos que conforman los artículos antes y después de su reforma, se desprende, que da el mismo trato a los partidos políticos locales como a los nacionales, partiendo de que al participar por primera ocasión en un proceso electoral local, dichos partidos políticos no han acreditado la representatividad suficiente, atendiendo a que obtuvieron su registro en el año anterior al de la realización de los comicios, dando un tratamiento igual a todos los partidos políticos, sin importar que se trate de locales o nacionales, por lo cual la reforma no constituye una contravención a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Los artículos 50 y 63, fracción VIII del Código Electoral no contravienen disposición alguna de la Constitución Política Federal, ya que el actor, al reformarse los artículos, aún no tenía acreditado su registro ante el Instituto Electoral del Estado de México, tal como lo expone el artículo 38, párrafo II del Código Electoral del Estado de México, por lo que su participación era simple expectativa, por lo que no era sujeto de sus disposiciones; en razón de lo anterior, el artículo cuya invalidez se reclama no le irroga perjuicio alguno a la parte actora, ya que al estar impedido para participar, al no haber obtenido su registro en el año anterior al de la realización de los comicios, no puede coaligarse ni fusionarse con otros partidos políticos, ya que se encuentra sujeto a las disposiciones que enmarca el Código Electoral del Estado de México.

5. La reforma a los artículos 50 y 63, fracción VIII del Código Electoral del Estado de México no es contraria al artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a que los citados artículos de ninguna forma coartan el derecho de asociación o reunión, en atención a que sólo son aplicables para los partidos políticos que hayan obtenido su registro en el año anterior al de la realización de los comicios en la entidad; en razón de lo anterior, los artículos cuya invalidez se reclama, no son contrarios al artículo 9o. de la Constitución Política Federal, ya que tiene el carácter de general, abstracta e impersonal, y que sólo limita y le es aplicable a los partidos políticos, ya sean locales o nacionales, cuando hayan obtenido su registro un año anterior a la realización de los comicios, no así expresa limitación para coartar el derecho de asociación o reunión pacífica con cualquier objeto lícito, y mucho menos prohíbe a los ciudadanos de la República para tomar parte en los asuntos políticos del país, por lo cual no contraviene lo dispuesto por el artículo 9o. de la Carta Magna; por otra parte, tampoco coartan el derecho a los ciudadanos mexicanos para organizarse en grupos políticos, ya que sólo establece la limitación a los partidos políticos cuando obtengan su registro un año anterior al proceso electoral, de lo que de ninguna manera coarta el derecho para organizarse en grupos políticos.

6. Los artículos 50 y 63, fracción VIII del Código Electoral del Estado de México no violan en perjuicio del actor el principio de irretroactividad de la ley consagrada en el artículo 14 constitucional, porque no se le está dando efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, ya que el actor se sujetó a los derechos y obligaciones previstos en el Código Electoral del Estado de México al momento de haber acreditado ante el Instituto Electoral del Estado su registro como partido político nacional, mismo que se tuvo por acreditado a través del acuerdo publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México de fecha veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en el que además se le notificó al actor que en virtud de que su registro surtió efectos a partir del primero de agosto de mil novecientos noventa y nueve, no podía participar en el proceso electoral del año dos mil que se celebrará en el Estado de México, fecha en la cual ya había entrado en vigor la reforma a los artículos 50 y 63, fracción VIII del Código Electoral del Estado de México, y si bien es cierto que antes de la reforma el artículo 50 no incluía a los partidos nacionales que hubiesen obtenido su registro en el año anterior al de la realización de los comicios, para poder coaligarse ni fusionarse entre sí o con los partidos políticos nacionales, también lo es que se encontraban en vigor diversas disposiciones del propio Código Electoral que prohibían la participación en las elecciones cuando no habían obtenido su registro correspondiente, por lo menos un año antes del día de la jornada electoral, como es el caso del artículo 37 que para poder participar en las elecciones, los partidos políticos locales o nacionales deberán haber obtenido el registro correspondiente, por lo menos un año antes del día de la jornada electoral.

7. Los artículos cuya invalidez se demandan no se aplican retroactivamente al hoy actor, en atención a que, para que una ley sea retroactiva se requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, y esta última circunstancia es esencial, por lo cual si su registro surtió efectos a partir del primero de agosto de mil novecientos noventa y nueve, y su acreditación ante el Instituto Electoral del Estado de México lo obtuvo mediante acuerdo emitido por el propio instituto, publicado el veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y nueve, mismo que se ordenó notificarle, precisándole en el considerando X de ese acuerdo que no podía participar en los comicios electorales del año dos mil que se celebrarán en el Estado de México, en razón de que el artículo 37 del Código Electoral del Estado de México, establece como requisito que el otorgamiento de registro de partidos políticos locales o nacionales, es de un año antes de la jornada electoral, la que en el presente caso se celebrará el día dos de julio del año dos mil, evidentemente el artículo 50 del Código Electoral del Estado de México al señalar que los partidos políticos locales o nacionales que hayan obtenido su registro en el año anterior al de la realización de los comicios, no podrán coaligarse ni fusionarse entre sí o con otros partidos políticos y lo establecido en el artículo 63, fracción VIII, de ninguna manera obran sobre el pasado ni lesionan derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, por lo que estos artículos no contravienen lo preceptuado por el artículo 14 constitucional.

8. Los artículos 50 y 63, fracción VIII del Código Electoral del Estado de México, no son contrarios al párrafo primero del artículo 41 de la Carta Magna, que establece que los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales, ya que el mismo está ajustado a este artículo de la Constitución Política Federal y a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, ya que precisamente este artículo preceptúa que la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral, por lo que la Constitución Política Federal remite en forma expresa a las determinaciones del Código Electoral del Estado de México que en forma clara y precisa en su artículo 37, establece que para poder participar en las elecciones, los partidos políticos locales o nacionales deberán haber obtenido el registro correspondiente, por lo menos un año antes del día de la jornada electoral, lo que de ninguna manera priva a los partidos políticos nacionales del derecho a participar en las elecciones estatales y municipales, sino sólo limita a aquellos partidos políticos que se sitúan en ese supuesto, para participar en las elecciones en el Estado de México.

9. En términos del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos nacionales tienen derecho a participar en las elecciones estatales y municipales; en este contexto el Código Electoral del Estado de México, establece disposiciones de orden público y de observancia general, para regular la organización, funciones, derechos y obligaciones de los partidos políticos, l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6223-008867e5/partidos-politicos-al-estar-sujeta-su-participacion-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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