PARTIDOS POLÍTICOS. AL ESTAR SUJETA SU PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS ELECTORALES A LO QUE DISPONGA LA LEY ORDINARIA, CONFORME AL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL, EL ARTÍCULO 50 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO QUE ESTABLECE QUE LOS QUE HAYAN OBTENIDO SU REGISTRO EN EL AÑO ANTERIOR AL DE LA REALIZACIÓN DE LOS COMICIOS, NO PODRÁN COALIGARSE NI FUSIONARSE, NO ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE ASOCIACIÓN O REUNIÓN PREVISTA POR EL DIVERSO ARTÍCULO 9o. DEL PROPIO ORDENAMIENTO SUPREMO.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 15/99. PARTIDO ALIANZA SOCIAL.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Lago Lima y José Antonio Calderón Cardoso, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo del Estado de México, así como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Alianza Social, promovieron acción de inconstitucionalidad en contra de las disposiciones y autoridades que a continuación se señalan:
"Autoridades responsables: 1. C. Lic. Arturo Montiel Rojas. Gobernador Constitucional del Estado de México. Quien tiene su domicilio en: Lerdo Poniente 300, Col. Centro, C.P. 50000, Toluca de Lerdo, Estado de México. 2. H. LIII Legislatura del Estado de México. Quien tiene su domicilio en: Plaza Hidalgo s/n Palacio del Poder Legislativo, Col. Centro, C.P. 50000, Toluca de Lerdo, Estado de México. Acto reclamado: El Decreto No. 125, por el que se reforma el artículo No. 50 del Código Electoral del Estado de México, publicado en la Gaceta de Gobierno de la misma entidad, de fecha 9 de octubre del presente año."
SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que adujo la actora son los siguientes:
"VII. Conceptos de invalidez. El artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se viola en perjuicio del ‘Partido Alianza Social’, por el contenido del Decreto No. 125, emitido por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de México Arturo Montiel Rojas, y aprobado por la H. LIII Legislatura del Estado de México y publicado el 9 de octubre del año en curso, en la Gaceta del Gobierno de la misma entidad, y por el cual se priva del derecho de reunión y asociación, que consagra el artículo 9o. constitucional en comento, en la inteligencia de ser en coalición el derecho a reunirse o asociarse como partido político con otros partidos políticos, específicamente en su artículo 50 y que a la letra dice: ‘Artículo 50. Los partidos políticos locales o nacionales que hayan obtenido su registro en el año anterior al de la realización de los comicios, no podrán coaligarse ni fusionarse entre sí o con otros partidos políticos.’. Este artículo 50 aparte de no permitir la coalición entre partidos políticos, se encuentra mal redactado y de difícil interpretación, si no es que de imposible interpretación, toda vez que no se alcanza a entender, cómo pudiera ser posible la fusión entre sí de un partido político, ya que es más fácil comprender la coalición y la fusión con otros partidos, que entre sí, lo que nos deja en un completo estado de indefensión al no poder comprender, ni interpretar dicho artículo. En cuanto a la no coalición, ni fusión para con otros partidos políticos, es completamente opuesto a lo consagrado en nuestra Carta Magna que nos otorga ese derecho como antes quedó señalado. El artículo 41 fracción (sic) I y III, se viola en nuestro perjuicio con la publicación y aplicación del artículo 50 que se menciona en la Gaceta del Gobierno del Estado de México de fecha 9 de octubre del año en curso, en razón de que se le impide al ‘Partido Alianza Social’ la participación en las elecciones estatales y municipales del próximo proceso electoral del año 2000, para los efectos de tener la intención de coaligarse o fusionarse con otros partidos, con la finalidad de promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática y no entre sí como lo señala el contenido del artículo 50 de la Gaceta de Gobierno. Lo anterior perjudica al ‘Partido Alianza Social’, por encontrarse a través de sus dirigentes nacionales y estatales en pláticas con otros representantes de partidos políticos, con la finalidad de llegar a una coalición, que beneficie y ayude al desarrollo de la democracia de nuestro país, situación que no se podrá llevar a cabo por el contenido del multicitado artículo 50 que está prohibiendo dicha garantía, y hasta en tanto no se modifique su contenido, le causará a nuestro partido daños y perjuicios de cuantiosas e innumerables dimensiones políticas de imposible reparación. Por lo que se refiere a los derechos estipulados en los tratados internacionales a los cuales se adhiere nuestro país, también se infringen en lo que se refiere al derecho de asociación y reunión que estos mismos protegen, en ese sentido la ‘Declaración Universal de los Derechos Humanos’ aprobada por la 183 Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, y que en su artículo 20 dice: ‘1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.’. Así mismo el ‘Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos’ adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la asamblea general en su resolución 2200a (XXI), de 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor: 23 de marzo de 1976 de conformidad con el artículo 49. El artículo 22 a la letra dice: ‘1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. 2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o moral públicas o los derechos y libertades de los demás.’. En la ‘Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre’, Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia en 1948. Derecho de asociación. ‘Artículo XXII. Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden.’. Pacto de San José Costa Rica. ‘Convención Americana sobre Derechos Humanos’, en su artículo 16 relativo a la libertad de asociación: ‘1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos, o de cualquier otra índole ...’. Artículo 1o. párrafo segundo, 36 numeral 1 inciso e), 56 numeral 2, y 58 al 64 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. La relación que existe entre estos artículos y los constitucionales antes expuestos, son en lo relativo al derecho de coalición de los partidos políticos, que también se ven infringidos en forma directa y clara por la publicación y aplicación del artículo 50 contenido en la Gaceta de Gobierno, de fecha 9 de octubre del año en curso. La inconstitucionalidad que se deriva de la publicación y aplicación del citado artículo 50, contenido en la Gaceta del Gobierno del Estado de México en su Decreto No. 125, de fecha 9 de octubre del año en curso; además de infringir los artículos constitucionales antes señalados, se contrapone a los tratados internacionales que fueron aprobados por el presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, así mismo contraviene lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Lo anterior se respalda con los criterios de la Corte en las tesis jurisprudenciales 303,925, de la Quinta Época, Primera Sala, del Semanario Judicial de la Federación, en el Tomo LXXXIX, página 775, ‘INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES.’. Y la que se encuentra en el registro 303,912, Quinta Época, en Pleno, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXIX, a página 597, ‘INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES, SUPREMA CORTE, FACULTADES EXCLUSIVAS DE LA.’. ‘INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES. Esta Suprema Corte tiene facultad de resolver respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley o de un acto de autoridad, siempre que exista petición o instancia de parte, que se siga el procedimiento establecido por la ley, o sea, el juicio de amparo, y se oiga la defensa de la autoridad responsable, y que, actuando en ese procedimiento y no en otro diverso, se pronuncie sentencia que se ocupe tan sólo del caso concreto y singular al cual se refiere la queja, limitándose a proteger y amparar al agraviado, pero sin hacer declaración general respecto de la ley o acto que motivare aquélla. Incumbe también a la Suprema Corte de Justicia, la defensa de la Constitución en otro caso previsto por el artículo 105 de la propia Carta Magna. Conforme a esa norma, «corresponde sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las controversias que se susciten ... entre los poderes de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos ...». Tal controversia tampoco se abre de oficio; precisa para su planteamiento la demanda del poder que se sienta ofendido o atacado, para que se justifique la intervención de la Suprema Corte de Justicia, por medio de un procedimiento que, entretanto no se lo fije la ley, es el de un juicio ordinario, donde se oye a la parte demandada. Por tanto, en este caso, la facultad de conocimiento está subordinada también a la existencia de una instancia de parte interesada, y el fallo debe producirse dentro del procedimiento antes citado y no fuera de él. El artículo 133 de la Constitución, es conformativo del régimen federal y evita el predominio de las leyes locales sobre la Constitución, estableciendo con firmeza, la supremacía de la misma Carta Fundamental; pero no es fuente de competencia de la cual resulte la facultad de los tribunales federales, y, por tanto, de la Suprema Corte, para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley. Obliga a los Jueces de los Estados a proceder siempre conforme a la Constitución, obligación que, por lo demás, no es tan sólo de estos funcionarios, sino de todas las autoridades, cuyos actos tienen la presunción de constitucionalidad, que cede únicamente ante la eficacia decisiva de un fallo judicial federal que la excluye. Este fallo no puede producirse sino mediante la controversia que prevé el artículo 103 constitucional, esto es, mediante el juicio de amparo, satisfaciéndose las condiciones antes mencionadas. Existe también la fracción XII del artículo 107 constitucional, que obliga a los alcaides y carceleros a obrar conforme a la Constitución, poniendo en libertad a los reos, si no reciben oportunamente el auto de prisión preventiva; pero este caso se estima como de excepción, aun dentro del mismo artículo 107, que establece las bases del juicio constitucional de garantías o de amparo. Nota: ver Ley de Amparo vigente.’. ‘INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES, SUPREMA CORTE, FACULTADES EXCLUSIVAS DE LA. El artículo 133 de la Constitución está indicando en forma terminante, que ese mandamiento constitucional rige para la Justicia Local de todas las entidades federativas; por lo cual, frente a un conflicto entre la legislación de los Estados, incluso sus respectivas Constituciones y la Ley Fundamental de la República más las leyes reglamentarias de la Constitución Federal y los tratados, los Jueces deberán atenerse a la Carta Magna de la Unión y desacatar las disposiciones en contrario, de las leyes locales de cualquiera categoría que fueren; pero de ningún modo el artículo 133 invocado obliga a los Jueces Federales a declarar por sí y ante sí la inconstitucionalidad de ninguna ley expedida por el Congreso Federal; con tanta mayor razón, que es atribución exclusiva de la Suprema Corte fijar la inconstitucionalidad de las leyes, y esto nada más en los términos precisos que determinan los artículos 103, 105 y 107 de la Ley Fundamental, o sea, por la vía única de la controversia en la cual sean debidamente oídas las partes en conflictos; es decir, en cuanto se demande la declaración de inconstitucionalidad de una ley.’."
TERCERO. En la demanda se señalaron como violados los artículos 9o. y 41, fracciones I y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO. Mediante proveído de fecha doce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, y turnar el asunto al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
QUINTO. Por auto de quince de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, el Ministro instructor admitió la demanda relativa y ordenó emplazar a las autoridades responsables para que rindieran su respectivo informe, correr traslado al procurador general de la República para lo que a su competencia corresponde y requerir a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que expresara su opinión.
SEXTO. El gobernador del Estado de México, al presentar su informe, en síntesis, manifestó lo siguiente:
1. La intervención del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México y del secretario general de Gobierno, respectivamente, en la creación de la norma general impugnada, se limitó a la promulgación, publicación y refrendo en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", correspondiente al nueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve.
2. Los actos de promulgación, publicación y refrendo realizados por el titular del Poder Ejecutivo y por el secretario general de Gobierno, respectivamente, se sustentan en los artículos 77 y 80, de la Constitución Política del Estado de México, 7o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la misma entidad. Los preceptos citados, establecen la obligación constitucional del gobernador del Estado de México de promulgar y publicar las leyes, decretos y acuerdos que le sean comunicados por la legislatura y la del secretario general de Gobierno de refrendarlos para su validez.
3. Los actos realizados por el gobernador del Estado y el secretario general del Gobierno se ajustan plenamente a las disposiciones jurídicas mencionadas toda vez que:
a) El dictamen legislativo de mérito fue sometido a consideración de la H. LIII Legislatura, la que en sesión celebrada el nueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve, aprobó el Decreto Número 125, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México.
b) En la misma fecha, la H. LIII Legislatura, comunicó al Ejecutivo del Estado de México, la expedición del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México, adjuntándole el decreto, las exposiciones de motivos de las iniciativas y el dictamen legislativo correspondiente.
c) Atento a lo anterior, el gobernador del Estado de México procedió a promulgar y publicar el Decreto Número 125, en la "Gaceta del Gobierno", del nueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve y el secretario general de Gobierno a refrendarlo.
4. En la presente acción de inconstitucionalidad concurre la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII en relación con los artículos 60 y 65 del ordenamiento invocado. En el caso, la norma general cuya invalidez se reclama fue promulgada y publicada en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el nueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve. Por lo que el plazo de 30 días naturales para la interposición de la demanda de acción de inconstitucionalidad venció el ocho de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, tomando en cuenta que el mes de octubre tiene 31 días y de acuerdo con el artículo 60, en materia electoral todos los días son hábiles.
5. La presente demanda fue presentada hasta el día nueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tal virtud, es evidente que la demanda se presentó fuera del plazo establecido por el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualizándose la causa de improcedencia del juicio prevista por el artículo 19, fracción VII del ordenamiento legal invocado.
SÉPTIMO. El presidente y secretario de la Diputación Permanente de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de México al rendir su informe, en síntesis adujeron lo siguiente:
1) Resulta improcedente la acción de inconstitucionalidad que ejercita el actor, en atención a que los partidos políticos no tienen garantías individuales, por lo cual, el artículo cuya invalidez se reclama no violenta los principios consagrados por los artículos 9o. y 14 de la Carta Magna.
2) Las exposiciones de motivos de las iniciativas que sustentan las reformas, contienen argumentos sobre la pertinencia y justificación de la medida legislativa propuesta. En relación con la reforma del artículo 50 del Código Electoral del Estado de México, se expresa en uno de los textos que en congruencia con lo señalado en el artículo 41, fracción I, de nuestra Carta Magna, que establece el derecho de los partidos políticos con registro nacional de participar en las elecciones estatales y municipales, se propone establecer a éstos la condición señalada en el propio artículo, para los partidos políticos locales, que determina haber obtenido su registro en el año anterior al de los comicios para coaligarse o fusionarse, obedeciendo a los principios de imparcialidad y equidad, ya que al participar por primera ocasión en un proceso electoral local, dichos partidos políticos no han acreditado la representatividad suficiente para ser sujetos de los mismos derechos, de aquellos que han demostrado ser los legítimos conductores de la voluntad ciudadana.
3) De los elementos que conforman el artículo antes y después de su reforma, se desprende que da el mismo trato a los partidos políticos locales como a los nacionales, partiendo de que al participar por primera ocasión en un proceso electoral local, dichos partidos políticos no han acreditado la representatividad suficiente, atendiendo a que obtuvieron su registro en el año anterior al de la realización de los comicios, dando un tratamiento igual a todos los partidos políticos, sin importar que se trate de locales o nacionales, por lo cual la reforma no constituye una contravención a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4) El artículo 50 del Código Electoral no contraviene disposición alguna de la Constitución Política Federal, ya que el actor al reformarse el artículo aún no tenía acreditado su registro ante el Instituto Electoral del Estado de México, tal como lo expone el artículo 38, párrafo II, del Código Electoral del Estado de México, por lo que su participación era simple expectativa, y que todavía no era sujeto de sus disposiciones. En razón a lo anterior, el artículo cuya invalidez se reclama no le irroga perjuicio alguno a la parte actora, ya que al estar impedido para participar al no haber obtenido su registro para el año anterior al de la realización de los comicios, no puede coaligarse ni fusionarse con otros partidos políticos, ya que se encuentra sujeto a las disposiciones que enmarca el Código Electoral del Estado de México.
5) La reforma al artículo 50 del Código Electoral no es contraria al artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a que de ninguna forma coarta el derecho de asociación o reunión, ya que sólo es aplicable para los partidos políticos que hayan obtenido su registro en el año anterior al de la realización de los comicios, limitante que se extiende sólo a los que se encuentran en ese supuesto, no así para los demás partidos políticos que han acreditado haber obtenido su registro con anterioridad.
6) La norma general cuya invalidez se reclama no es contraria al artículo 9o. de la Constitución Política Federal, ya que tiene el carácter de generalidad, abstracción e impersonalidad, y que sólo limita y le es aplicable a los partidos políticos, ya sean locales o nacionales, de coaligarse o fusionarse cuando hayan obtenido su registro un año anterior a la realización de los comicios, sin coartar el derecho de asociación o reunión pacífica con cualquier objeto lícito, y mucho menos prohíbe a los ciudadanos de la República para tomar parte en los asuntos políticos del país, por lo cual no contraviene lo dispuesto por el artículo 9o. de la Carta Magna.
7) El artículo 50 del Código Electoral del Estado de México no viola el principio de elecciones libres consagrada en el párrafo primero del artículo 41, de la Constitución Política Federal, en atención a que el Código Electoral del Estado de México contiene disposiciones de orden público y de observancia general en el Estado de México, que regula las normas constitucionales relativas a la organización, función, derechos y obligaciones de los partidos políticos, por lo cual el actor, al someterse a las disposiciones del código en cita, tiene el derecho y la obligación de acatar lo que la ley determine respecto de su intervención en el proceso electoral, en su carácter de entidad de interés público. Por lo que el artículo 50 del Código Electoral del Estado de México, no es contrario al párrafo primero del artículo 41 de la Carta Magna. Ya que este artículo preceptúa que la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral, por lo que la Constitución Política Federal remite en forma expresa a las determinaciones del Código Electoral del Estado de México que en forma clara y precisa en su artículo 37 establece que para poder participar en las elecciones, los partidos políticos locales o nacionales deberán haber obtenido el registro correspondiente, por lo menos un año antes del día de la jornada electoral, lo que de ninguna manera priva a los partidos políticos nacionales del derecho a participar en las elecciones estatales y municipales, sino sólo limita a aquellos partidos políticos que obtuvieron su registro un año anterior a la jornada electoral para participar en las elecciones en el Estado de México.
8) El artículo 50 del Código Electoral del Estado de México no coarta la libertad del actor para participar en las elecciones de diputados y miembros de Ayuntamientos, toda vez que el actor, al sujetarse a las disposiciones del Código Electoral, se encuentra automáticamente en lo previsto por su artículo 37, por lo que la reforma al artículo 50 no le causa perjuicio alguno ni mucho menos viola algún precepto constitucional.
OCTAVO. Por oficio número TEPJF-P-576/99, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación remitió la opinión de la Sala Superior con relación a la presente acción de inconstitucionalidad, en la que manifestó lo siguiente:
"Opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en respuesta a la consulta formulada por el señor Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 68, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atendiendo a los conceptos de invalidez que expone el Partido Alianza Social, en el correspondiente apartado de su escrito de demanda, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, formula su opinión en los siguientes términos. Antes de proceder a emitir la opinión solicitada, en el sentido de establecer si la reforma aprobada al artículo 50 del Código Electoral del Estado de México, publicado en la Gaceta de Gobierno de la misma entidad, con fecha nueve de octubre del año que transcurre, es violatoria o no de los artículos 9o. y 41, bases I y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario puntualizar brevemente qué son los partidos políticos y las coaliciones electorales. Según el Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, México, Miguel Ángel, Porrúa, Grupo Editorial, segunda edición, mil novecientos noventa y ocho, los vocablos ‘partido político’ derivan de pars, parte y polis ciudad; lo que significa, una parte de la colectividad política que interviene en la vida del gobierno de un Estado. La doctrina define a los partidos políticos como grupos organizados que se proponen conquistar, conservar o participar en el ejercicio del poder, gobernando un Estado, a fin de hacer valer el programa político, económico y social que comparten sus miembros; es decir, son instituciones surgidas en el contexto de una legislación nacional o local, libremente formadas por ciudadanos de diferentes sectores de la población, que al sumar su inquietud política a la defensa de sus intereses (manifestados en su programa ideológico), buscan, por medio de su organización, a través de una estrategia, alcanzar el poder por la vía electoral, y una vez conseguido, mantenerse en él. En razón de que, a través del voto hacen posible el acceso de los ciudadanos al gobierno, son una institución trascendental en la democracia moderna. En nuestro país, a partir de la reforma electoral de mil novecientos setenta y siete, en la que tuvo lugar la llamada ‘constitucionalización de los partidos políticos’, se reconoció a éstos, a nivel de la Carta Magna, como entidades de interés público, que tienen como finalidades esenciales, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y además, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Con motivo de esta reforma, se estableció que los partidos políticos nacionales tendrían derecho a participar en las elecciones estatales y municipales. A propósito del tema, debe dejarse aclarado que la denominación de ‘partido político nacional’ como lo es el actor, se reserva, para efectos legales, a las organizaciones políticas que obtengan su registro como tal ante el Instituto Federal Electoral. En la especie, el citado instituto determinó otorgar su registro al accionante. Como se decía, a partir de la reforma constitucional en materia electoral de mil novecientos setenta y siete, se determinó que los partidos políticos nacionales tendrían derecho a participar en las elecciones estatales y municipales. En la exposición de motivos correspondiente, se estimó que, por ser dichos entes los mejores canales para la acción política del pueblo, su papel no debía limitarse exclusivamente a tomar parte en los procesos electorales federales, y se agregó que, considerando la importancia de la vida política interna de las entidades federativas, se reconocía el derecho de que pudieran intervenir, sin necesidad de satisfacer nuevos requisitos u obtener otros registros, en las elecciones estatales y en las destinadas a integrar las comunas municipales. De la misma forma, el dictamen de las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Primera de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados, sostuvo que era lógico que si los partidos políticos eran el instrumento para la acción política del pueblo, su intervención no debería reducirse sólo a los procesos electorales federales, por lo que se tendría que reconocer que podrían competir, sin la satisfacción de nuevos requisitos o de otros registros, en las elecciones para renovar los poderes estatales o municipales. Como se ve, en el procedimiento de reforma a que se hizo alusión, se reconoció expresamente que los partidos políticos nacionales podían participar también en los procesos electorales locales, sin la necesidad de sujetarse a reglas adicionales, respecto a su constitución y registro. Por otra parte, tocante a las coaliciones, cabe mencionar que esta palabra, de acuerdo con la Enciclopedia Jurídica Omeba, tomo III, Buenos Aires, Argentina, Editorial Driskill, mil novecientos noventa y dos, se deriva del latín coalitum, que quiere decir, reunir, juntarse. Para la propia enciclopedia, dicha voz significa unión, liga. Además, en dicha obra se invoca al autor Guillermo Cabanellas, para quien coalición es: ‘la confluencia de actividades para un fin momentáneo, siendo permanente en la asociación.’. El citado autor distingue la coalición de la asociación, pues afirma que la primera ‘es una existencia de hecho, visible y concreta’; mientras que la segunda ‘es una comunidad diferente al hombre aislado’. Según el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia de dicha lengua, Madrid, Espasa Calpe, vigésima primera edición, mil novecientos noventa y dos, coaligarse (o coligarse), equivale a unirse o confederarse unos con otros para algún fin. Existen diversos tipos de coaliciones, como son las electorales, las de trabajadores, etcétera. Debido al tema de esta opinión, sólo se aludirá a las citadas en primer término. Las coaliciones electorales representan una modalidad de la contienda política; tienen por objeto que dos o más partidos políticos postulen a un candidato común en alguna elección, el cual competirá bajo un solo registro. Algunos doctrinistas sostienen que la política es el arte de la negociación, que se lleva a cabo con la finalidad de cumplir diversos objetivos relacionados con el poder; en razón de lo anterior, afirman que en ciertas ocasiones, las coaliciones se hacen necesarias, pues a través de ciertas reglas construidas por quienes las integran, pueden superarse diversos conflictos políticos. Así, la necesidad de ganar comicios o impedir a otros que lo hagan, sujetándose, desde luego, a las reglas de competencia fijadas de antem
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6224-5e526593/partidos-politicos-al-estar-sujeta-su-participacion-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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