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Modo: Corpus Pro

FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LAS OBLIGACIONES FISCALES. EL ARTÍCULO 51 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE, NO ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 52/97. · Registro digital (IUS): 6231
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Enero de 2000, , Pág. 83.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 52/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO: ENRIQUE ZAYAS ROLDÁN.

CONSIDERANDO:

TERCERO. La resolución del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se emitió el veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, al resolver el juicio de amparo directo 1583/89, en cuya parte que interesa a esta contradicción, a la letra dice:

"SEXTO. Merece un estudio preferente el primer concepto de violación expresado por la quejosa, ya que, en él, aduce la inconstitucionalidad del artículo 51 del Código Fiscal de la Federación (reformado por decreto de veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día treinta y uno de diciembre de ese año), por estimarlo violatorio de la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Carta Magna.

"Refiere, en síntesis, que al reformarse el artículo 51 del código tributario y suprimirse de su texto aquella parte en que se obligaba a las autoridades a comunicar a los contribuyentes o responsables solidarios, circunstanciadamente, los hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de los deberes fiscales, se dio paso a un precepto violatorio de la garantía de audiencia.

"El concepto de violación que esgrime la quejosa es fundado.

"A efecto de demostrar esa afirmación es necesario partir de la aplicación de ese precepto en la sentencia reclamada, con la intención de advertir la operancia del agravio; continuar después con la determinación del texto del precepto impugnado, en su redacción anterior y en la vigente, dado que se discute por haber sido reformado; y, finalmente, proceder al examen de la juridicidad del ordenamiento y la de sus consecuencias en el asunto concreto.

"Así, debe decirse que en el juicio de nulidad 473/92, del que conoció la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, la hoy quejosa impugnó la resolución contenida en el oficio 118060 de once de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, por el que se determinó su situación fiscal y se le impuso una multa por la cantidad de $1'575,000.00 (un millón quinientos setenta y cinco mil pesos 00/100 en moneda nacional). Como fundamento de ese acto, entre otros, se citó el artículo 51 del Código Fiscal de la Federación.

"La entonces actora en sus agravios adujo, entre otras cosas, precisamente la violación a la garantía de audiencia, porque antes de la emisión de la resolución impugnada, no se le dio la oportunidad de alegar y probar lo que a sus intereses conviniera.

"Las demandadas al contestar en ese punto la pretensión de la actora señalaron, en lo sustancial, que sí se le dio esa oportunidad de intervenir, alegar y probar, pues se le solicitaron diversos documentos y la actora acató el requerimiento.

"Finalmente -y aquí lo importante-, la Sala responsable estimó:

"‘Este órgano precisa en primer término que por lo que hace a la inconstitucionalidad de las leyes fiscales en las cuales se basó la autoridad para emitir la resolución impugnada, este órgano colegiado carece de competencia para resolverla, dado que corresponde a los tribunales de amparo determinar las controversias que se susciten sobre la constitucionalidad de leyes, reglamentos o decretos de acuerdo a los artículos 103 y 107 constitucionales, resultando aplicable, asimismo, la jurisprudencia No. 258 sustentada por la Sala Superior de este tribunal, cuyo tenor es el siguiente: «COMPETENCIA. EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN CARECE DE ELLA PARA RESOLVER CONTROVERSIAS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES, REGLAMENTOS O DECRETOS.» (Quedó transcrita). Hecha la anterior aclaración, esta juzgadora determina que el concepto de anulación analizado es inoperante jurídicamente para desvirtuar la presunción de validez y legalidad de que se encuentra investida la resolución impugnada, acorde a lo ordenado por el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación en vigor, dado que como se observa de las pruebas aportadas por la propia enjuiciante, a través del oficio 102-A-13-IV-11713 de fecha 30 de septiembre de 1987, el administrador fiscal regional del Sur del Distrito Federal le requirió la exhibición de diversa documentación a efecto de revisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa de Steptik, S.A. de C.V., y que dicho requerimiento fue desahogado por el representante legal de la ahora demandante mediante escrito presentado el 6 de enero de 1988, de lo que se concluye que sí se le dio participación a la contribuyente para la elaboración de la resolución impugnada; por otra parte es de señalarse que conforme a los criterios sustentados por los tribunales de amparo, la garantía de audiencia se concede a los particulares en la posibilidad que tienen éstos de impugnar las determinaciones de impuestos formuladas por las autoridades hacendarias, a través del recurso de revocación previsto por el Código Fiscal de la Federación o del juicio de nulidad, y en el caso resulta aplicable la última de las tesis hechas valer en el libelo de demanda, ya que al concluir la liquidadora que la pérdida fiscal declarada era mayor a la determinada, se basó en una situación prevista por el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y no en cuanto a una hipótesis de hecho, resultando aplicable en la especie la tesis de jurisprudencia 20, visible en el Apéndice 1917-1975, Primera Parte, Pleno, página 62 que a la letra expresa: «AUDIENCIA, GARANTÍA DE. EN MATERIA IMPOSITIVA, NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA. Teniendo un gravamen el carácter de impuesto, por definición de la ley, no es necesario cumplir con la garantía de previa audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, ya que el impuesto es una prestación unilateral y obligatoria y la audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la aplicación del impuesto, que es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen, ante las propias autoridades, el monto y cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes el derecho a combatir la fijación del gravamen, una vez que ha sido determinado, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental de audiencia, consagrado por el artículo 14 constitucional, precepto que no requiere necesariamente, y en todo caso, la audiencia previa, sino que, de acuerdo con su espíritu, es bastante que los afectados sean oídos en defensa antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos.». En conclusión, el subadministrador de Auditoría y Revisión Fiscal 1 de la Administración Fiscal del Sur del Distrito Federal, no infringió en perjuicio de la demandante la garantía de audiencia prevista por el artículo 14 constitucional, ya que ésta se encuentra en posibilidad de impugnar la legalidad de dicho acto a través de los medios de defensa que establecen las leyes, y en el caso a través del juicio de nulidad.’

"Como se ve, la Sala responsable no se refirió específicamente al artículo 51 del código tributario tachado de inconstitucional. Pero ello no es obstáculo para la operancia del agravio, si se toma en cuenta que en el acto administrativo sí se aplicó ese precepto; que la responsable estimó que la garantía de audiencia en este caso, no debía ser previa a la emisión del acto; y que, al desestimar los agravios de la actora en este sentido, reconoció la validez del acto.

"Tampoco es óbice que la Sala haya declarado que sí se dio participación a la contribuyente para la elaboración de la resolución impugnada, pues, como se verá más adelante y en su orden, esta apreciación es errónea.

"Establecido así que el concepto de violación es operante, toca ahora referirse al precepto impugnado.

"El artículo 51 del Código Fiscal de la Federación, en su redacción vigente hasta el año de mil novecientos ochenta y seis, establecía:

"‘Artículo 51. Las autoridades fiscales que al ejercer las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48, conozcan de hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, los darán a conocer en forma circunstanciada al contribuyente o responsable solidario, sin que el oficio respectivo constituya resolución fiscal.

"‘Se tendrán por aceptados los hechos u omisiones contra los cuales el contribuyente o responsable solidario no se inconforme o respecto de los cuales no ofrezca pruebas para desvirtuarlos, en los términos del artículo 54, contando el plazo para presentar la inconformidad a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del oficio.

"‘Cuando las autoridades fiscales estén practicando visitas en el domicilio fiscal al contribuyente o responsable solidario, la inconformidad se hará valer junto con la que, en su caso, se presente contra el acta final.’

"El precepto señalado en su texto vigente desde el primero de enero de mil novecientos ochenta y siete, dispone:

"‘Artículo 51. Las autoridades fiscales que al ejercer la facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48, conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución.

"‘Los datos, documentos e informes que los terceros proporcionen, deberán darse a conocer al contribuyente mediante notificación que se efectuará en los términos del artículo 134 de este código.

"‘Cuando las autoridades fiscales conozcan de terceros, en ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48 de este código, hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las obligaciones fiscales de un contribuyente o responsable solidario al que le estén practicando una visita domiciliaria, darán a conocer a éste el resultado de aquella actuación, en el acta final de la citada visita domiciliaria. En este caso se tendrán por aceptados los hechos u omisiones contra los cuales el contribuyente o responsable solidario no ofrezca pruebas para desvirtuarlos en los términos del artículo 54.’

"Ahora bien, el artículo transcrito se encuentra contenido en el título III, denominado ‘De las facultades de las autoridades fiscales’, del Código Fiscal de la Federación; y, por otra parte, el precepto 48 de ese ordenamiento que se cita en aquél, se refiere al ejercicio de las facultades de comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, fuera de una visita domiciliaria, lo que comúnmente se conoce como una ‘revisión en escritorio’.

"Señala el artículo 48 referido:

"‘Artículo 48. Cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, se estará a lo siguiente:

"‘I. La solicitud se notificará en el domicilio manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes por la persona a quien va dirigida y en su defecto, tratándose de personas físicas, también podrá notificarse en su casa habitación o lugar donde éstas se encuentren.

"‘II. En la solicitud se indicará el lugar y el plazo en el cual se debe proporcionar los informes o documentos.

"‘III. Los informes, libros o documentos requeridos deberán ser proporcionados por la persona a quien se dirigió la solicitud o por su representante.’

"Delimitados así los aspectos que se refieren a las redacciones, anterior y vigente, del artículo en estudio y a su ubicación en el ordenamiento jurídico, corresponde ahora pronunciarse sobre su constitucionalidad.

"La razón asiste a la quejosa al sostener que el artículo 51 del Código Fiscal de la Federación es violatorio de la garantía de audiencia prevista en el precepto 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"En efecto, el artículo impugnado en su redacción actual y concretamente en su primer párrafo, resulta violatorio de la garantía de audiencia porque priva al particular afectado de la oportunidad de desvirtuar, antes de la emisión de una resolución definitiva, los hechos u omisiones que la autoridad exactora estime como de incumplimiento de las obligaciones fiscales.

"Una simple comparación entre los textos anterior y vigente de ese artículo 51 permite comprobar la hipótesis anotada.

"Conforme al primero, es decir, al que rigió hasta el año de mil novecientos ochenta y seis, cuando las autoridades en la práctica de una revisión al cumplimiento de las obligaciones, fuera de una visita domiciliaria, conocían de hechos u omisiones que pudiesen entrañar incumplimiento a las disposiciones fiscales, estaban obligadas a darlos a conocer en forma circunstanciada al contribuyente o responsable solidario, y ese comunicado no tenía el carácter de resolución fiscal. Si el contribuyente o el responsable no se inconformaba u ofrecía pruebas para desvirtuar esos hechos u omisiones, éstos se tenían por aceptados.

"Lo que importa destacar es que, con arreglo a ese precepto, el particular gozaba de la oportunidad de desvirtuar ante la propia autoridad, aquellos supuestos de incumplimiento e inobservancia de las disposiciones fiscales, antes de que la resolución se convirtiera en definitiva y, por ende, en ejecutable.

"Por lo contrario, de acuerdo con el texto vigente, en el ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48 del Código Fiscal, si las autoridades conocen de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las normas tributarias, están en posibilidad, sin otro trámite, de determinar las contribuciones omitidas mediante resolución; es decir, basta con que en el ejercicio de esas facultades la autoridad estime que hay hechos u omisiones que entrañan la inobservancia de normas fiscales para que pueda emitir resolución definitiva determinando las contribuciones omitidas.

"Debe ponerse de manifiesto en este punto que, al parecer, la intención del legislador para suprimir la posibilidad del contribuyente de desvirtuar, ante la propia autoridad fiscal los hechos u omisiones, se sustenta en la simplificación administrativa.

"Se dice que ‘al parecer’, porque en la iniciativa de ley del Ejecutivo Federal fechada el quince de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, que dio origen a la reforma del artículo 51 en estudio, nada se dijo respecto de los motivos que condujeron a modificarlo.

"El concepto de ‘simplificación administrativa’ se introdujo en el dictamen que la Comisión de Hacienda y Crédito Público presentó a la Cámara de Diputados, pues en él se asentó:

"‘Por otra parte, se contiene en la iniciativa de que se trata, una propuesta que contempla que cuando las autoridades fiscales al ejercer sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, conozcan de hechos u omisiones que impliquen incumplimiento de las obligaciones fiscales, procederán a determinar las contribuciones omitidas que resulten mediante resolución que emitan, lo que significa también una medida de simplificación administrativa, toda vez que se elimina en tales casos la instancia de la inconformidad, para dar lugar a que en caso de desacuerdo de los contribuyentes con la determinación efectuada por las autoridades, ejerciten directamente los recursos administrativos u otros medios de defensa legales que el propio Código Fiscal o las leyes respectivas les confieren, por todo lo cual la comisión propone que sea aprobada la reforma en comento.

"‘Al respecto, la comisión que suscribe considera oportuno proponer una modificación en la redacción del segundo párrafo del artículo 51 contenido en la iniciativa, en virtud de que el mismo resulta ambiguo y podría originar interpretaciones erróneas en su aplicación, por lo que se sugiere precisar el procedimiento aplicable para la interposición, en su caso, de inconformidad, en aquellos casos en que mediante la práctica de una visita domiciliaria se conozcan de terceros por compulsas, hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales por parte del visitado, por lo que la comisión propone el texto que incluye en este dictamen para el citado precepto.’

"La discusión del proyecto en la Cámara de Diputados, conforme al Diario de los Debates, tuvo especial importancia porque, precisamente, algunos legisladores consideraron que la reforma al artículo 51 del Código Fiscal de la Federación resultaba violatoria de la garantía de audiencia, mientras que otros sostuvieron que no se producía una transgresión a ese derecho.

"En la Cámara de Senadores, el proyecto fue aprobado en lo general, sin que, respecto del problema que se trata, exista algo de importancia de qué dar noticia.

"En estas condiciones, si en el texto del precepto impugnado, concretamente en su primer párrafo, no se contempla la posibilidad previa de que el contribuyente o el responsable solidario desvirtúen los hechos u omisiones en que se apoye la autoridad para emitir una resolución y determinar contribuciones omitidas, es inconcuso que se infringe la garantía de audiencia prevista por el artículo 14 constitucional y que, por ende, ese precepto en la parte señalada es inconstitucional.

"Ciertamente, es un principio actualmente reconocido que las autoridades deben abreviar los procedimientos administrativos en aras de una mayor eficiencia de la administración pública y, en el fondo, en beneficio de los gobernados. Pero, si esa simplificación constituye una necesidad, el respeto de los derechos subjetivos públicos de los gobernados se traduce en una obligación ineludible por parte de las autoridades, que sujeta toda su actuación y sirve de guía al ejercicio del poder público.

"Por esa razón, no es válido simplemente sostener, como lo hace la responsable, que el particular puede impugnar la resolución derivada de la aplicación del artículo 51 del código tributario, mediante el recurso de revocación o en el juicio de nulidad pues, aparte de que se le impide a la autoridad, en la sede administrativa, revisar sus propios actos con vista a los argumentos y pruebas que el particular, en su caso, aporte, se obliga a éste a defender sus derechos bajo el principio de ‘paga y después repite’ que impera en el ámbito tributario; y la pretendida simplificación dará pauta a la multiplicación de juicios con las molestias y perjuicios que éstos ocasionan.

"Por otra parte, no es obstáculo a la conclusión arribada el razonamiento de la responsable, en el sentido de que en materia tributaria no es necesario que se dé al gobernado, en forma previa a la emisión del acto, la garantía de audiencia, porque esa consideración en este asunto concreto no es aplicable.

"En efecto, la Sala responsable invocó la jurisprudencia número 8, publicada en las páginas veintiséis y siguiente, Primera Parte, Tribunal Pleno, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"‘AUDIENCIA, GARANTÍA DE. EN MATERIA IMPOSITIVA, NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA. Teniendo un gravamen el carácter de impuesto, por definición de la ley, no es necesario cumplir con la garantía de previa audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, ya que el impuesto es una prestación unilateral y obligatoria y la audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la aplicación del impuesto, que es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen, ante las propias autoridades, el monto y cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes el derecho a combatir la fijación del gravamen, una vez que ha sido determinado, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental de audiencia, consagrado por el artículo 14 constitucional, precepto que no requiere necesariamente, y en todo caso, la audiencia previa, sino que, de acuerdo con su espíritu, es bastante que los afectados sean oídos en defensa antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos.’

"Ahora bien, se indica que esa disposición de observancia obligatoria no es aplicable en la especie porque aquí no se trata de los mismos supuestos, es decir, no se somete a discusión o se impugna la fijación del impuesto o la de sus elementos, como prestación unilateral y obligatoria; tampoco se combate su determinación por parte de la autoridad; ni se trata del cobro del impuesto fijado por la ley, que ha de realizarse mediante actos ejecutivos y unilaterales.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha explicado que, en esos supuestos, la garantía de audiencia no necesariamente debe ser previa, porque se correría el riesgo de que se paralizara la función del Estado por falta de recursos.

"Sin embargo, en la presente controversia la afectación de los derechos del contribuyente no tiene sustento en la mera aplicación de la ley impositiva, sino que se origina exclusivamente en un acto de carácter administrativo que depende del arbitrio y consideraciones de una autoridad fiscal.

"Ello es así, porque en este caso ha de partirse de la premisa fundamental de que el acto originalmente impugnado surge, no directamente de la fijación del impuesto, sino del ejercicio de las facultades de la autoridad para verificar la observancia de las disposiciones fiscales, esto es, no se trata en esta controversia ni de la fijación del tributo, de su determinación, ni de su cobro, para que la garantía de audiencia no deba ser previa; el origen del conflicto, así, no surge de la mera aplicación de la ley que establece el impuesto y, por consecuencia, de la afectación de los derechos del contribuyente por la ley, emana de un acto administrativo cuya intención es la de comprobar el acatamiento de las normas tributarias.

"En ese sentido, la garantía de audiencia no impide que, por disposición de la ley que ha fijado el impuesto, la autoridad exactora lo determine y cobre, porque en estos supuestos, el respeto de esa garantía no necesariamente debe ser previo a la emisión del acto. Lo que persigue la audiencia del contribuyente cuando se trata del ejercicio de las facultades de la autoridad, para vigilar el cumplimiento de las leyes fiscales, es que esas actuaciones se desarrollen dentro de un marco de legalidad, permitiéndole demostrar que no ha incurrido en hechos u omisiones que entrañen el incumplimiento de las normas tributarias, es decir, que ha cumplido con sus deberes como contribuyente o responsable solidario.

"Por lo tanto, si la reforma al artículo 51 del Código Fiscal de la Federación suprimió en forma tajante esa posibilidad del particular, es claro que infringe el derecho subjetivo público contenido en el artículo 14 de la Constitución.

"A mayor abundancia, si para el ejercicio de las facultades de comprobación la autoridad puede emplear la visita domiciliaria o desarrollar su función fuera de ella (como sucedió en el caso), no se advierte razón jurídica alguna para otorgar, en la primera, la posibilidad al contribuyente de inconformarse con el desarrollo de esa visita, con la consecuente oportunidad de pruebas, artículo 54 del Código Fiscal citado, y negarla cuando la revisión se lleva al cabo fuera de esa visita; es decir, si la revisión mediante visita domiciliaria y aquélla fuera de ella, son únicamente medios para constatar la observancia de las normas fiscales, no se aprecia fundamento jurídico alguno para tratar de manera distinta al particular, concediéndole en una y negándole en la otra, la posibilidad de desvirtuar los hechos u omisiones que la autoridad califique de incumplimiento de las leyes fiscales.

"Por otra parte, toca ahora referirse a la cuestión anticipada párrafos atrás relativa a que el criterio de las responsables es erróneo, ya que en este asunto no se dio al gobernado la oportunidad de ser oído en defensa de sus intereses.

"En efecto, la responsable estimó que sí se le dio participación a la contribuyente para la elaboración de la resolución impugnada, porque se le requirió diversa documentación a fin de examinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y esa petición fue obsequiada por la hoy quejosa.

"El parecer de la responsable, evidentemente carece de justificación pues, la circunstancia de que efectivamente se haya requerido documentación a la quejosa y que ésta lo haya atendido, no implica más que el inicio del procedimiento de comprobación que regula el artículo 48 del Código Fiscal, pero de ninguna manera significa que se haya respetado al contribuyente la garantía de audiencia, ni ello se advierte de las pruebas allegadas por las partes. Y la razón es obvia, puesto que los hechos u omisiones en que se apoyó la autoridad para determinar las contribuciones omitidas, no se hicieron del conocimiento del causante sino hasta que se emitió la resolución definitiva y, en forma previa a este acto, desde luego, los desconocía, así que no podía probar y alegar nada.

"En las relatadas condiciones y advertida la inconstitucionalidad del artículo 51 del Código Fiscal de la Federación, concretamente en su primer párrafo, porque pugna con el precepto 14 de la Carta Magna, debe concederse al quejoso la protección de la Justicia Federal en contra de la sentencia reclamada, pues no constituye sino la aplicación de un precepto contrario a la Constitución, para el efecto de que la responsable deje insubsistente el acto reclamado y, en su oportunidad, proceda a emitir otro con apego a los lineamientos de esta ejecutoria.

"Vista la conclusión arribada resulta innecesario el estudio de los restantes conceptos de violación pues, independientemente de su resultado, no se variaría la determinación alcanzada."

Dicha ejecutoria motivó la tesis visible en las páginas 575 a 577, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, enero-junio de 1990, Tribunales Colegiados de Circuito, Segunda Parte-2, que a la letra dice:

"FACULTADES DE COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, EL ARTÍCULO 51 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE) ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. El artículo 51 del Código Fiscal de la Federación, en su texto vigente a partir del día primero de enero de mil novecientos ochenta y siete, dispone en su primer párrafo: ‘Artículo 51. Las autoridades fiscales que al ejercer las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48, conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución.’. El dispositivo preinserto se encuentra en el título III, denominado ‘De las facultades de las autoridades fiscales’, del código mencionado; y el artículo 48 de ese ordenamiento, que se cita en aquél, se refiere al ejercicio de las facultades de comprobación del cumplimiento de las facultades fiscales fuera de una visita domiciliaria, lo que comúnmente se conoce como una ‘revisión en escritorio’. El aludido precepto 51 es violatorio de la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional porque priva al particular afectado de la oportunidad de desvirtuar, antes de la emisión de una resolución definitiva, los hechos u omisiones que la exactora estime como de incumplimiento. El texto anterior de ese numeral ordenaba que, cuando las autoridades en la práctica de una verificación, fuera de visita domiciliaria, conocían de hechos u omisiones que pudiesen entrañar la inobservancia de las normas tributarias, estaban obligadas a darlos a conocer en forma circunstanciada al contribuyente o responsable solidario; y ese comunicado no tenía el carácter de resolución fiscal. Si el contribuyente o el citado responsable no se inconformaba u ofrecía pruebas para desvirtuar esos hechos u omisiones, éstos se tenían por aceptados. Por lo contrario, de acuerdo con la norma vigente, si las autoridades conocen de hechos u omisiones de tal naturaleza fuera de una visita, están en posibilidad sin otro trámite de fijar mediante resolución las contribuciones omitidas. De tal manera, al suprimirse la posibilidad de que el contribuyente o el responsable solidario desvirtúen los hechos u omisiones, en que se apoye la autoridad para emitir una resolución y determinar contribuciones omitidas, se infringe la garantía de audiencia prevista por el artículo 14 constitucional. La reforma al precepto 51 señalado, se sustentó (según el dictamen presentado a la Cámara de Diputados), en el principio de la ‘simplificación administrativa’, no obstante, si bien es un principio actualmente reconocido que las autoridades deben abreviar los procedimientos en aras de una mayor eficiencia de la administración pública y, en el fondo, de los propios gobernados, es más trascendente que el respeto de los derechos subjetivos públicos, constituye una obligación ineludible por parte de las autoridades, en tanto que sirve de guía al ejercicio del poder público. Es por ello que no puede sostenerse simplemente, que el particular puede impugnar la resolución derivada de la aplicación del artículo 51 del código tributario mediante recurso de revocación o en el juicio de nulidad, pues, aparte de que se impide a la autoridad en la sede administrativa, revisar sus propios actos con vista a los argumentos y pruebas que el particular en su caso aporte, se obliga a éste a defender sus derechos bajo el principio de la garantía de interés fiscal, y la pretendida simplificación se traducirá en la multiplicación de juicios. Por otra parte, es muy importante poner de manifiesto que los razonamientos precedentes se entienden, exclusivamente, en función del ejercicio de las facultades de comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, pues por esa razón, no son contrarios al principio de que en materia tributaria no es necesario que se dé al gobernado, en forma previa a la emisión del acto, la garantía de audiencia. Este criterio, expuesto por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, se contiene en la tes

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6231-2544a547/facultades-de-comprobacion-de-las-obligaciones-fiscales-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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