TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS CONTROVERSIAS SUSCITADAS ENTRE LA DIRECCIÓN DE PENSIONES DEL ESTADO Y SUS AFILIADOS, RELATIVAS A LAS CUOTAS O APORTACIONES, POR ACTUAR EN CALIDAD DE AUTORIDAD.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 55/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIO: MARCO ANTONIO BELLO SÁNCHEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presentes las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados involucrados en las respectivas ejecutorias, siendo las que a continuación se transcriben.
Las consideraciones expuestas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en las ejecutorias que dictó al resolver los juicios de amparo directo números 299/98 y 35 /99, en lo conducente, son las siguientes:
En relación con el juicio de amparo directo número 299/98 promovido por Lucio Castellanos Oregel, resolvió:
"V. ... Sentado lo anterior, se pasa ahora al análisis de los conceptos de violación identificados en la demanda de garantías como ‘VI.E’, que atacan las consideraciones de la recurrida. Debe decirse en principio, que aun de convenir con el peticionario de garantías respecto a que la Sala aplicó retroactivamente los numerales 57 y 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en lugar de los relativos de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque al admitirse la demanda de nulidad todavía se encontraban vigentes sus normas, resulta intrascendente puesto que en esencia las disposiciones legales se reprodujeron y el cambio sólo operó con relación al nombre del tribunal; además, como enseguida se verá aquellos conceptos de violación que miran sobre la competencia del Tribunal de lo Administrativo son esencialmente fundados. Asiste razón al quejoso cuando señala que la naturaleza del acto cuya nulidad demanda, no es laboral sino administrativa y por lo tanto, competencia del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco. Así es, no es verdad que la materia de la reclamación en el juicio de nulidad derive del incumplimiento del Ayuntamiento (entidad pública donde el quejoso presta sus servicios), para efecto de sus derechos de jubilación ante la autoridad demandada, porque si bien el acto constitutivo del reclamado consiste en el oficio 354/97, suscrito por el director de Finanzas de la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco (fojas 35 a 37 del expediente administrativo), que devuelve al Ayuntamiento cantidades cotizadas a favor, entre otros, del quejoso, precisamente para efectos de la prestación de pensiones, porque consideró indebida tal cotización ya que no coincidía con las ordinarias, según las nóminas que obran en sus archivos, también lo es, que en ningún momento el promovente del juicio anulatorio, se quejó del incumplimiento de las prestaciones laborales por parte de su patrón, el Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, tanto es así que basta la lectura de los conceptos de anulación para evidenciarlo, es más, ni siquiera la señaló como demandada, sino que todos estos atacan precisamente lo actuado por la autoridad emisora del oficio, como es, entre otras cosas, la incompetencia de tal funcionario por carecer de facultades, por lo tanto, no se está en presencia de una controversia entre quien presta el servicio (el quejoso) y el que lo recibe (el Ayuntamiento), atendiendo a la misma definición de ‘relación laboral’ que la a quo cita en su resolución y transcribió del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Luego, el hecho de que las aportaciones para la prestación del servicio de pensiones necesariamente tengan que realizarse sobre partes integrantes del salario, así como que la ‘pretensión’ del aquí quejoso de que se incluyan las ‘compensaciones’ para tal efecto, sean cuestiones participativas de naturaleza laboral, no le otorgan al asunto tal carácter, sino que debe ser catalogado como administrativo, por encajar precisamente en la hipótesis prevista en el artículo 65 de la Constitución Política de esta entidad federativa, 57 y 67, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco y 1o. de la Ley del Procedimiento Administrativo para este Estado, los que señalan que corresponde al Tribunal de lo Administrativo, entre otras cuestiones, dirimir los pleitos de carácter administrativo que se susciten entre los organismos descentralizados del Estado, con los particulares, y conocerán al respecto, de los juicios que se instauren en contra de las resoluciones definitivas de las autoridades dependientes, de esos organismos descentralizados del Estado, cuando actúen como autoridades que causen agravio a los particulares. De manera que si el juicio de nulidad se promovió contra la Dirección de Pensiones del Estado, quien en términos del artículo 76 de la Ley de Pensiones de esta entidad federativa es un organismo público descentralizado, autorizado para la realización y cumplimiento de objetivos de seguridad social para los servicios públicos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, donde se trata de elucidar un pleito entre el aquí quejoso y dicha autoridad, con motivo de la aplicación de la citada ley de índole administrativa, misma que en sus artículos 77 y 81 estatuyen que es a la propia Dirección de Pensiones a quien corresponde la aplicación y cumplimiento de tal legislación, es evidente que el Tribunal de lo Administrativo es el órgano facultado legalmente para dirimir la controversia relativa, para resolver sobre la legalidad o subsistencia del oficio 354/97. Sobre el tópico y por las razones invocadas, se comparte el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página quinientos sesenta y siete, del Tomo II, septiembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del título y sinopsis siguiente: ‘INCOMPETENCIA; EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE ES INCOMPETENTE PARA DIRIMIR LAS CONTROVERSIAS RELATIVAS A LA INSCRIPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL Y EL PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).-La inscripción al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y el pago de aportaciones al mismo, no son prestaciones de carácter laboral propiamente dichas, sino más bien deben ser catalogadas como de naturaleza administrativa, por ser de dicha índole la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y sus Municipios y de los organismos coordinados y descentralizados, que las contempla; misma que en su artículo 5o. estatuye que es el propio instituto a quien corresponde la aplicación y cumplimiento de tal legislación. Lo anterior, se corrobora con lo dispuesto por los artículos 1o., 2o. y 5o. fracción I del reglamento interior administrativo del instituto citado, que en su orden dice: «Artículo 1o. El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, como organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de México, tiene a su cargo los asuntos relacionados con el establecimiento de un régimen de seguridad social a favor de los servidores públicos y de sus familiares o dependientes económicos, tendientes a mejorar sus condiciones económicas, sociales y culturales, así como para proteger su salud.»; «Artículo 2o. El gobierno y la administración del instituto así como el trámite y resolución de los asuntos de su competencia corresponden al consejo directivo; el director, para los efectos de este reglamento tendrá el carácter de director general; y a la comisión administrativa mixta quienes para la mejor distribución y desarrollo del trabajo podrán delegar en funcionarios subalternos cualquiera de sus facultades, salvo aquellas que la ley de seguridad social disponga que deban ser ejercidas directamente por ellos.»; «Artículo 5o. El consejo directivo es el órgano supremo de gobierno y administración del instituto y tendrá las facultades siguientes: I. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México, de sus Municipios y de los organismos coordinados y descentralizados.». Así pues, no existe ninguna razón para estimar que el Tribunal de Arbitraje del Estado es el órgano facultado legalmente para dirimir la controversia relativa a la inscripción de los servidores públicos en el régimen de seguridad social que la ley establece en beneficio de estos últimos, y el pago de las cuotas correspondientes; dado que según puede observarse de los preceptos transcritos, ello compete al instituto encargado de la prestación de los servicios de seguridad social a los trabajadores al servicio del Estado.’. Son inatendibles los conceptos de violación donde sostiene que las ‘compensaciones’ que recibe del Ayuntamiento como trabajador de éste, de acuerdo con los artículos 13 y 29 de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, forman parte del salario base para calcular el monto de una pensión otorgada por la Dirección de Pensiones, y que, por ende, no sea verdad que pretenda con la demanda anulatoria que la compensación se le reconozca como parte integral de su sueldo, al estar así establecida en la ley. Tales afirmaciones están encaminadas a nulificar el oficio reclamado en el procedimiento administrativo, ya que en éste se devuelven las cuotas correspondientes, entre otros, de la quejosa, al Ayuntamiento de Guadalajara, porque se consideró que fueron indebidamente cotizadas, al ser superiores a las que ordinariamente se venían cotizando. De ahí que, de hacerse pronunciamiento al respecto, se estaría resolviendo uno de los aspectos que miran al fondo del asunto, lo que técnicamente no cabe para el órgano del amparo, conforme a las jurisprudencias números 497 y 538, que aparecen publicadas en las páginas trescientos veintiocho y trescientos cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1917-1995, de texto: ‘SENTENCIAS DE AMPARO. SE CONCRETAN A RESOLVER SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO.-Sólo pueden resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que se reclama, y nunca sobre cuestiones cuya decisión compete a los tribunales del fuero común.’, y ‘TRIBUNALES FEDERALES DE AMPARO, ATRIBUCIONES DE LOS.-No son revisores de los actos de la autoridad común; no pueden legalmente, ni aun mediante el juicio de amparo, sustituir su criterio discrecional al de las autoridades del fuero común, sino que únicamente deben examinar si los actos que se reclaman son o no, violatorios de garantías.’. Finalmente, resulta intrascendente el análisis del motivo de queja, consistente en que la a quo, en contravención al artículo 72 de la Ley del Procedimiento Administrativo, resolvió el recurso de reclamación fuera del plazo de cinco días previsto en tal numeral, pues aun conviniendo con el quejoso, tal concepto devendría inoperante al resultar imposible, físicamente, la restitución en el goce de la garantía individual violada, porque no es posible retrotraer el tiempo, para que la interlocutoria reclamada se pronuncie en el término legal. Así las cosas, lo que procede es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para que el tribunal responsable deje insubsistente el fallo reclamado y dicte otro en el que atienda las consideraciones aquí vertidas."
En relación con el juicio de amparo directo número 35/99, promovido por Sara Mena Naranjo, resolvió:
"V. ... Además, como enseguida se verá, aquellos conceptos de violación que miran sobre la competencia del Tribunal de lo Administrativo son esencialmente fundados. Al respecto, tiene razón la quejosa cuando señala que la naturaleza del acto cuya nulidad demandó ante la responsable, no es laboral sino administrativa y por tanto, competencia del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco. Así es, no es verdad que la materia de la reclamación en el juicio de nulidad derive del incumplimiento del Ayuntamiento (entidad pública donde la quejosa presta sus servicios) para efecto de sus derechos de jubilación ante la autoridad demandada, porque si bien el acto constitutivo del reclamado consiste en el oficio DF 354/97, suscrito por el director de Finanzas de la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco (fojas 33 a 35 del expediente administrativo), que devuelve al Ayuntamiento cantidades cotizadas a favor entre otros, de la quejosa, precisamente, para efectos de la prestación de pensiones, porque consideró indebida tal cotización ya que no coincidía con las ordinarias según las nóminas que obran en sus archivos, también lo es, que en ningún momento la promovente del juicio anulatorio, se quejó del incumplimiento de las prestaciones laborales por parte de su patrón, el Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, tanto es así que basta la lectura de los conceptos de anulación para evidenciarlo, es más, ni siquiera la señaló como demandada, sino que lo atacado es precisamente lo actuado por la autoridad emisora del oficio, como es, entre otras cosas, la incompetencia de tal funcionario, por carecer de facultades, para rechazar las cantidades cotizadas para efectos jubilatorios, por lo tanto, no se está en presencia de una controversia entre quien presta el servicio (la quejosa) y el que lo recibe (el Ayuntamiento), atendiendo a la misma definición de ‘relación laboral’ que la a quo cita en su resolución y transcribió del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Luego, el hecho de que las aportaciones para la prestación del servicio de pensiones necesariamente tengan que realizarse sobre partes integrantes del salario, así como que la pretensión del aquí quejoso en que se incluyan las compensaciones para tal efecto, sean cuestiones participativas de naturaleza laboral, no le otorgan al asunto tal carácter, sino que debe ser catalogado como administrativo, por encajar precisamente en la hipótesis prevista en el artículo 65 de la Constitución Política de esta entidad federativa, 57 y 67, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco y 1o. de la Ley del Procedimiento Administrativo para este Estado, los que señalan que corresponde al Tribunal de lo Administrativo entre otras cuestiones, dirimir los pleitos de carácter administrativo que se susciten entre los organismos descentralizados del Estado con los particulares, y conocerán al respecto de los juicios que se instauren en contra de las resoluciones definitivas de las autoridades dependientes de esos organismos descentralizados del Estado, cuando actúen como autoridades que causen agravio a los particulares. De manera que si el juicio de nulidad se promovió contra la Dirección de Pensiones del Estado, quien en términos del artículo 76 de la Ley de Pensiones de esta entidad federativa es un organismo público descentralizado, autorizado para la realización y cumplimiento de objetivos de seguridad social para los servicios públicos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, donde se trata de elucidar un pleito entre el aquí quejoso y dicha autoridad, con motivo de la aplicación de la citada ley de índole administrativa, misma que en sus artículos 77 y 81 estatuye que es a la propia Dirección de Pensiones a quien corresponde la aplicación y cumplimiento de tal legislación, es evidente que el Tribunal de lo Administrativo es el órgano facultado legalmente para dirimir la controversia relativa, para resolver sobre la legalidad o subsistencia del oficio 354/97. Sobre el tópico y por las razones invocadas, se comparte el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página quinientos sesenta y siete, del Tomo II, septiembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del título y sinopsis siguiente: ‘INCOMPETENCIA; EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE ES INCOMPETENTE PARA DIRIMIR LAS CONTROVERSIAS RELATIVAS A LA INSCRIPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL Y EL PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).-La inscripción al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y el pago de aportaciones al mismo, no son prestaciones de carácter laboral propiamente dichas, sino más bien deben ser catalogadas como de naturaleza administrativa, por ser de dicha índole la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y sus Municipios y de los Organismos Coordinados y Descentralizados, que las contempla; misma que en su artículo 5o. estatuye que es el propio instituto a quien corresponde la aplicación y cumplimiento de tal legislación. Lo anterior, se corrobora con lo dispuesto por los artículos 1o., 2o. y 5o., fracción I del reglamento interior administrativo del instituto citado, que en su orden dice: «Artículo 1o. El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, como organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de México, tiene a su cargo los asuntos relacionados con el establecimiento de un régimen de seguridad social a favor de los servidores públicos y de sus familiares o dependientes económicos, tendientes a mejorar sus condiciones económicas, sociales y culturales, así como para proteger su salud.»; «Artículo 2o. El gobierno y la administración del instituto así como el trámite y resolución de los asuntos de su competencia corresponden al consejo directivo; el director, para los efectos de este reglamento tendrá el carácter de director general; y a la comisión administrativa mixta quienes para la mejor distribución y desarrollo del trabajo podrán delegar en funcionarios subalternos cualquiera de sus facultades, salvo aquellas que la Ley de Seguridad Social disponga que deban ser ejercidas directamente por ellos.»; «Artículo 5o. El consejo directivo es el órgano supremo de gobierno y administración del instituto y tendrá las facultades siguientes: I. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México, de sus Municipios y de los Organismos Coordinados y Descentralizados.». Así, pues, no existe ninguna razón para estimar que el Tribunal de Arbitraje del Estado es el órgano facultado legalmente para dirimir la controversia relativa a la inscripción de los servidores públicos en el régimen de seguridad social que la ley establece en beneficio de estos últimos, y el pago de las cuotas correspondientes; dado que según puede observarse de los preceptos transcritos, ello compete al instituto encargado de la prestación de los servicios de seguridad social a los trabajadores al servicio del Estado.’. Son inatendibles los conceptos de violación donde sostiene que las ‘compensaciones’ que recibe del Ayuntamiento como trabajador de éste, de acuerdo con los artículos 13 y 29 de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, forman parte del salario base para calcular el monto de una pensión otorgada por la Dirección de Pensiones, y que, por ende, no sea verdad que pretenda con la demanda anulatoria que la compensación se le reconozca como parte integral de su sueldo, al estar así establecida en la ley. Tales afirmaciones están encaminadas a nulificar el oficio reclamado en el procedimiento administrativo, ya que en éste se devuelven las cuotas correspondientes, entre otros, de la quejosa, al Ayuntamiento de Guadalajara, porque se consideró que fueron indebidamente cotizadas, al ser superiores a las que ordinariamente se venían cotizando. De ahí que, de hacerse pronunciamiento al respecto, se estaría resolviendo uno de los aspectos que miran al fondo del asunto, lo que técnicamente no cabe para el órgano del amparo, conforme a las jurisprudencias números 497 y 538, que aparecen publicadas en las páginas trescientos veintiocho y trescientos cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1917-1995, del texto: ‘SENTENCIAS DE AMPARO. SE CONCRETAN A RESOLVER SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO.-Sólo pueden resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que se reclama, y nunca sobre cuestiones cuya decisión compete a los tribunales del fuero común.’, y ‘TRIBUNALES FEDERALES DE AMPARO, ATRIBUCIONES DE LOS.-No son revisores de los actos de la autoridad común; no pueden legalmente, ni aun mediante el juicio de amparo, sustituir su criterio discrecional al de las autoridades del fuero común, sino que únicamente deben examinar si los actos que se reclaman son o no, violatorios de garantías.’. Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver el diverso amparo directo 299/98, promovido por Lucio Castellanos Oregel, mediante ejecutoria de doce de enero de mil novecientos noventa y nueve. Así las cosas, lo que procede es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para que el tribunal responsable deje insubsistente el fallo reclamado y dicte otro en el que atienda las consideraciones aquí vertidas."
Con motivo de las anteriores resoluciones, el tribunal contendiente sostuvo la siguiente tesis:
"Novena Época
"Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: X, agosto de 1999
"Tesis: III.1o.A.66 A
"Página: 806
"TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO, LA DEMANDA CONTRA LA DIRECCIÓN DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, POR LA NULIDAD DE UN OFICIO QUE DEVUELVE CANTIDADES APORTADAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL, NO ES CONTROVERSIA DE ÍNDOLE LABORAL, SINO ADMINISTRATIVA, Y CORRESPONDE SU CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN AL.-La controversia relativa a la nulidad de un oficio emitido por la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco, mediante el cual devuelve al Ayuntamiento de Guadalajara cantidades cotizadas a favor de un trabajador de éste, no es un asunto de carácter laboral, sino administrativo, y corresponde su conocimiento y resolución al Tribunal de lo Administrativo, ya que no se trata de un pleito con motivo de relaciones de trabajo, esto es, entre quien presta el servicio subordinado físico o intelectual y quien lo recibe, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, a fin de conferir la competencia al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, porque si bien las citadas cantidades cotizadas se refieren a aportaciones para la prestación del servicio de pensiones, que se realizan sobre partes integrantes del salario, y ello participa de la naturaleza laboral, como el demandante no es trabajador de la Dirección de Pensiones, sino del Ayuntamiento de Guadalajara, y su demanda anulatoria versa sobre la indebida aplicación de la Ley de Pensiones estatal, de índole administrativa, la cual, en sus artículos 77 y 81 estatuye que es a la propia Dirección de Pensiones a quien corresponde la aplicación y cumplimiento de tal legislación, el asunto encaja en la hipótesis prevista por el artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 57 y 67, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Estatal y 1o. de la Ley del Procedimiento Administrativo, los que otorgan competencia al Tribunal de lo Administrativo para conocer, entre otras cuestiones, de las controversias de carácter administrativo que se susciten entre los particulares y los organismos descentralizados del Estado, cuando éstos actúen como autoridades que causen agravio a aquéllos, a cuya categoría pertenece la Dirección de Pensiones, en términos del artículo 76 de la Ley de Pensiones."
CUARTO.-El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en las ejecutorias que dictó al resolver los juicios de amparo directo números 297/98, 298/98, 287/98, 338/98 y 38/99, sostuvo lo que a continuación se transcribe:
En relación con el juicio de amparo directo número 297/98, promovido por Esteban Villaseñor Guardado, resolvió:
"CUARTO. ... Pues bien, como cuestión previa debe decirse que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la tesis de jurisprudencia número 10/90, visible en las páginas seiscientos setenta y siete a seiscientos ochenta y siete del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Jurisprudencia por contradicción de tesis, Tomo I, que resolvió la contradicción de tesis varios 6/88, entre las sustentadas por la Segunda y Cuarta Salas de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional, de rubro: ‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO, SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE.’, estableció, en lo relativo: ‘TERCERO.-Con objeto de definir la naturaleza de la relación jurídica existente entre servidores públicos en general y el Estado, se toma en cuenta que a partir del cinco de diciembre de mil novecientos sesenta en que se adicionó al artículo 123 constitucional el apartado B, se establecieron las bases conforme a las cuales el Congreso de la Unión debía expedir leyes sobre el trabajo que rigieran entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal por una parte, y sus trabajadores por la otra; en dichas bases se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes, aunque no iguales, a los establecidos en el apartado A para los obreros en general; al efecto, resulta ilustrativo observar que en la iniciativa de reforma correspondiente, se dijo: «La adición que se propone al texto constitucional comprende la enumeración de los derechos de los trabajadores y consagra las bases mínimas de previsión social que aseguren, en lo posible, tanto su tranquilidad y bienestar personal, como los de sus familiares; jornada máxima, tanto diurna como nocturna, descansos semanales, vacaciones, salarios, permanencia en el trabajo, escalafón para los ascensos, derechos para asociarse, uso del derecho de huelga, protección en caso de accidentes y enfermedades, así profesionales como no profesionales, jubilación, protección en caso de invalidez, vejez y muerte, centros vacacionales y de recuperación, habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, así como las medidas protectoras indispensables para las mujeres durante el periodo de la gestación, en el alumbramiento y durante la lactancia.».-Asimismo, deben destacarse las reglas que quedaron consignadas en las fracciones IX y XII, primer párrafo, relativas a que los servidores públicos sólo pueden ser suspendidos o cesados por causa justificada y que los conflictos individuales o colectivos ... serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria.-Así pues, el apartado B del artículo 123 constitucional, equipara la relación entre Estado y empleado con una relación laboral y establece las bases para que aquél asuma una posición jurídica similar a la de un patrón, lo que se confirma con lo dispuesto entre otros preceptos, por los artículos 46 y 46 bis, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que establecen, respectivamente, las causas legales que motivan la separación del trabajador sin responsabilidad para el Estado y la obligación de que cuando el servidor incurra en algunas de ellas, se levante el acta circunstanciada correspondiente que servirá de documento fundatorio para que el titular de la unidad burocrática demande ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la separación del trabajador, esto es, la ley establece que cuando ocurran determinadas causas de separación, el Estado, a través de sus órganos, debe solicitar la autorización del referido tribunal para cesar a un servidor público, resultando significativo que a los separados por otras causas, otorga el derecho de reclamar ante el tribunal que el despido fue injustificado mediante el ejercicio opcional de las acciones de reinstalación o indemnización, circunstancias todas ellas, demostrativas de que en la relación examinada, el Estado no actúa con la potestad e imperio que derivan de su soberanía y que constituyen las características propias de los actos de autoridad, sino que la fuerza y evolución del derecho positivo han hecho que la relación con dichos servidores se conduzca como si fuera un patrón.-Es importante señalar que esta equiparación no comprende a todos los servidores al servicio del Estado, pues la fracción XIII del apartado constitucional en examen excluye a cuatro grupos: «XIII. Los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como el personal del servicio exterior, se regirán por sus propias leyes ...».-Ahora bien, haciendo a un lado la excepción que establece el precepto constitucional que se acaba de transcribir, se observa que la fracción XII creó la jurisdicción burocrática al erigir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como el órgano competente para dirimir todas las controversias que se susciten entre el Estado y sus servidores, sujetos a la relación sui generis que antes se puso de manifiesto, salvo los conflictos que se susciten entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores ...’.-Ahora bien, aun cuando el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sirvió de sustento al criterio antes mencionado, alude expresamente a las relaciones entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, sin incluir las relaciones de los trabajadores al servicio de los Estados y los Municipios, ya la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la jurisprudencia 24/95, consultable en las páginas ciento treinta y siete a ciento cincuenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Jurisprudencia por contradicción de tesis, Tomo I, Primera Parte, que resolvió la contradicción de tesis número 11/94, entre las sustentadas por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados del Segundo Circuito, de rubro: ‘POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.’, estableció, en lo que aquí interesa, lo siguient
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6349-1d239d73/tribunal-de-lo-administrativo-del-estado-de-jalisco · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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