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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL MINISTRO INSTRUCTOR ESTÁ FACULTADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY RELATIVA, PARA DESECHAR PRUEBAS QUE NO TENGAN RELACIÓN CON LA LITIS O NO INFLUYAN EN LA RESOLUCIÓN.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 124/99, RELATIVO A LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 6/98. · Registro digital (IUS): 6348
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA, ESTADO DE PUEBLA Y OTROS MUNICIPIOS DE LA MISMA ENTIDAD.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, , Pág. 823.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 124/99, RELATIVO A LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 6/98. AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA, ESTADO DE PUEBLA Y OTROS MUNICIPIOS DE LA MISMA ENTIDAD.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.

SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-En lo sustancial, la parte recurrente aduce lo siguiente:

a) Que la resolución recurrida viola en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 51 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con lo que disponen los artículos 219, 227, 228 y 229 del Código Federal de Procedimientos Civiles, porque se revoca lo ordenado en las resoluciones de dieciséis de febrero y cuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve en cuanto a los requerimientos formulados a los Municipios de Aljojuca y Nealtican sin invocar fundamento legal alguno.

b) Que la resolución recurrida viola en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 31 de la ley reglamentaria de la materia, porque las actas levantadas con motivo de las reuniones de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal de los Municipios de Aljojuca y Nealtican, que tuvieron verificativo el veintidós de septiembre y el veintiocho de junio de mil novecientos noventa y siete, constituyen documentos que guardan relación con la controversia planteada, por lo que la abstención de requerir las documentales lo priva de la oportunidad de ofrecer pruebas.

c) Que se viola en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, porque al determinar el Ministro instructor que resultaba innecesario requerir nuevamente a los Ayuntamientos las documentales solicitadas, porque no constituyen prueba directa para el análisis de la litis planteada, está prejuzgando sobre el valor que debe atribuírsele a una prueba sin que exista fundamento legal para ello.

SEXTO.-Los agravios antes sintetizados resultan infundados en atención a las siguientes consideraciones.

Efectivamente, en primer lugar, debe señalarse que es inexacto que el proveído recurrido transgreda en perjuicio del recurrente lo dispuesto por el artículo 51 de la ley reglamentaria de la materia, en virtud que tal numeral únicamente establece la procedencia del recurso de reclamación; dicho numeral textualmente dispone:

"Artículo 51. El recurso de reclamación procederá en los siguientes casos: I. Contra los autos o resoluciones que admitan o desechen una demanda, su contestación o sus respectivas ampliaciones; II. Contra los autos o resoluciones que pongan fin a la controversia o que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un agravio material a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva; III. Contra las resoluciones dictadas por el Ministro instructor al resolver cualquiera de los incidentes previstos en el artículo 12; IV. Contra los autos del Ministro instructor en que se otorgue, niegue, modifique o revoque la suspensión; V. Contra los autos o resoluciones del Ministro instructor que admitan o desechen pruebas; VI. Contra los autos o resoluciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tengan por cumplimentadas las ejecutorias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y VII. En los demás casos que señale esta ley."

Ahora bien, de la lectura del proveído recurrido no se desprende que con la determinación del Ministro instructor, en el sentido de no requerir nuevamente a los Ayuntamientos actores la presentación de las actas de veintidós de septiembre y veintiocho de junio de mil novecientos noventa y siete, solicitadas por las demandadas, se limite o restrinja la facultad de las partes para que puedan interponer el recurso de reclamación a que se refiere el transcrito artículo 51 de la ley reglamentaria de la materia.

Por otra parte, tampoco se transgreden los artículos 227, 228 y 229 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de la materia, toda vez que tales numerales prevén la procedencia del recurso de revocación, cuando de alguna manera se desconoce, limita o restringe en la determinación recurrida; pero además, con independencia de lo anterior resulta necesario destacar que no puede actualizarse transgresión a tales preceptos del código adjetivo federal, en la medida en que el recurso de revocación a que se refieren aquéllos, no es un medio de impugnación admitido expresamente en la ley reglamentaria de la materia, requisito necesario para que pueda operar la supletoriedad del citado código adjetivo, porque si bien el artículo 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla la supletoriedad, para su aplicación debe atenderse a dos aspectos:

a) Que la ley reglamentaria de la materia acoja una institución respecto de la cual se pretenda la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles; y

b) Que la institución comprendida en la ley reglamentaria de la materia no tenga reglamentación o bien, que conteniéndola, sea deficiente.

En consecuencia, si la institución del recurso de revocación no se encuentra contemplada en la ley reglamentaria de la materia, es claro que sobre el particular no es aplicable la supletoriedad y, consecuentemente tampoco se puede actualizar violación alguna a tales preceptos.

Por otro lado, la circunstancia de que el Ministro instructor haya considerado innecesario requerir nuevamente a los Ayuntamientos actores la presentación de las actas levantadas con motivo de las reuniones de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, que se llevaron a cabo el veintidós de septiembre y veintiocho de junio de mil novecientos noventa y siete, de ninguna manera se traduce en una revocación de lo ordenado en los diversos proveídos de dieciséis de febrero y cuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve, por los cuales requirió a los Municipios de Aljojuca y Nealtican las citadas actas, toda vez que en términos de lo dispuesto por el artículo 31 de la ley reglamentaria de la materia, el Ministro instructor está facultado para desechar de plano aquellas pruebas que no guarden relación con la controversia o no influyan en la sentencia definitiva.

Por tanto, si en el caso que nos ocupa el Ministro instructor hizo un análisis de las constancias de autos, del acto impugnado y del objeto que se pretende probar con las actas de veintidós de septiembre y veintiocho de junio de mil novecientos noventa y siete, observando que para probar las reuniones y jerarquización de obras realizadas por los comités para los que se ofrecieron las referidas actas, y antes se habían presentado diversas actas de los Ayuntamientos para los mismos efectos, válidamente pudo concluir que las actas aludidas ya no eran prueba directa para el análisis constitucional materia de la controversia; y esta determinación en forma alguna se traduce en una revocación de lo ordenado en los proveídos de dieciséis de febrero y cuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve, sino que el Ministro instructor hizo uso de la facultad conferida por el citado artículo 31 de la ley reglamentaria de la materia, que le autoriza a desechar de plano aquellas pruebas que no guarden relación con la controversia o no influyan en la sentencia definitiva.

Desde diverso aspecto, el hecho de que el Ministro instructor estimara innecesario requerir nuevamente a los Ayuntamientos actores la presentación de las actas de veintidós de septiembre y veintiocho de junio de mil novecientos noventa y siete, no conlleva a concluir que se prive a la recurrente de la oportunidad de ofrecer pruebas, pues una cosa es privar a las partes del derecho que tienen de ofrecer pruebas y otra el desecharlas de plano por no guardar relación con la controversia o porque no influyan en la sentencia definitiva, circunstancia esta última que fue lo que aconteció en la especie y para llegar a tal conclusión, el Ministro instructor se apoyó en los siguientes elementos:

a) Que el acto impugnado lo constituye la aprobación, promulgación, publicación y aplicación de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial estatal el día veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho.

b) Que con la exhibición de las citadas actas se pretende probar las reuniones y jerarquización de obras llevadas a cabo por los Comités de Planeación para el Desarrollo de los Municipios.

c) Que el ofrecimiento de esa prueba sólo tendría como objeto constatar que el veintidós de septiembre y el veintiocho de junio de mil novecientos noventa y siete, en los Ayuntamientos de Aljojuca y Nealtican, Puebla, tuvo verificativo la sesión de los referidos Comités de Planeación.

d) Que además, para probar las reuniones y jerarquización de obras realizadas por los comités, para lo que se ofrecen las referidas actas, ya se ofrecieron diversas actas de dichos Ayuntamientos para el mismo efecto.

De lo anterior se desprende que con las referidas actas de veintidós de septiembre y de veintiocho de junio de mil novecientos noventa y siete, las autoridades demandadas están en aptitud de probar las reuniones y jerarquización de obras realizadas por los Comités de Planeación para el Desarrollo de los Municipios; pero además, los extremos que se pretende probar se encuentran acreditados con las diversas actas ofrecidas por los Ayuntamientos actores; de todo lo cual se concluye, que tal como lo consideró el Ministro instructor, las aludidas actas no constituyen una prueba directa para el análisis de los actos impugnados, consistentes en la aprobación, promulgación, publicación y aplicación de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial estatal el día veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho.

A mayor abundamiento, debe destacarse que si bien los conceptos de invalidez que los Ayuntamientos actores enderezan contra la creación y operación de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, tal impugnación la hacen derivar de la aprobación, promulgación, publicación y aplicación de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial estatal el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho; de lo que resulta que son inconducentes las aludidas actas por referirse a hechos anteriores a la expedición de la ley combatida, es de suerte que las mismas no influirán en la sentencia definitiva.

Finalmente, si bien es cierto que en el proveído recurrido no se citan expresamente los preceptos de la ley en que el Ministro instructor apoya su decisión, también lo es que, dados los razonamientos que sustentan dicho proveído, debe considerarse que encuentran su apoyo en las reglas procesales del artículo 31 de la ley reglamentaria de la materia, que facultan al Ministro instructor a desechar de plano aquellas pruebas que no guarden relación con la controversia o no influyen en la sentencia definitiva. Por tanto, al haber actuado el Ministro instructor dentro de las facultades que la ley le otorga, debe considerarse jurídicamente acertada su determinación.

En las referidas condiciones, ante lo infundado de los agravios esgrimidos, lo procedente es confirmar el auto recurrido.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 51, fracción V, 52 y 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, se resuelve:

ÚNICO.-Es procedente pero infundado el recurso de reclamación interpuesto por el delegado de las autoridades demandadas, contra el auto del Ministro instructor fechado el veinte de abril de mil novecientos noventa y nueve.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Vicente Aguinaco Alemán y presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Fue ponente el señor Ministro José Vicente Aguinaco Alemán.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6348-95c241f3/controversia-constitucional-el-ministro-instructor-esta-facultado-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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