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Modo: Corpus Pro

TERCERÍA DE PREFERENCIA. NO LO ES LA SOLICITUD DEL PATRÓN ANTE LA JUNTA PARA QUE SE DECLAREN EXIGIBLES, PREFERENTEMENTE, LOS CRÉDITOS DE LOS TRABAJADORES CON LOS QUE TIENE UN CONFLICTO Y, POR TANTO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 63/98. · Registro digital (IUS): 6358
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO, TERCERO, QUINTO, SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA Y CIRC
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, , Pág. 341.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 63/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO, TERCERO, QUINTO, SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Antes de transcribir las consideraciones en que se sustentan las sentencias en que se produjo la contradicción de tesis que ahora se resuelve, conviene tener en cuenta que todas fueron pronunciadas en los recursos de revisión que interpuso Minerales Industriales, S.A. de C.V., contra las sentencias dictadas en distintos juicios de amparo, en los que demandó la protección de la Justicia Federal contra las resoluciones que dictó la Junta Especial Número Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, dentro del procedimiento de ejecución del laudo dictado en diversos juicios laborales, en los que desechó su solicitud de que se declararan preferentes los créditos de los trabajadores con los que mantiene un conflicto laboral, única y exclusivamente por el importe de un año incluyendo tiempo extraordinario y salarios caídos, conforme a lo previsto en el artículo 123, apartado A, fracción XXIII, de la Constitución Federal y 113 de la Ley Federal del Trabajo, frente a sus acreedores y concursantes dentro del expediente 1772/90, del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, relativo al procedimiento de suspensión de pagos que promovió.

Aunque no se cuenta con copia certificada de esa solicitud, se puede establecer en qué términos se formuló, porque en los agravios que expresó la citada quejosa para combatir las sentencias de amparo que le fueron adversas, refirió los antecedentes del acto reclamado y, especialmente, según su propia expresión, las partes torales de esa solicitud. Además, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, la transcribió parcialmente en la sentencia que dictó en el recurso de revisión 629/97.

Esos antecedentes fueron reproducidos en las sentencias que se dictaron en los recursos de revisión, a excepción de las pronunciadas por el Quinto y el Noveno Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Aun así, en razón de que sustancialmente se hicieron valer los mismos agravios en todos los recursos, se puede sostener que los agravios de los que se ocuparon esos tribunales, contienen los mismos antecedentes, que son del tenor siguiente:

"Antecedentes: 1. Dentro del expediente del juicio natural, existe laudo a favor de los ahora terceros perjudicados. 2. Sin embargo, además del crédito laboral en contra de mi representada, derivada del juicio natural, existen diversos juicios laborales en que ya existe laudo, y por ende, diversos acreedores, juicios que se tramitan ante la propia Junta Especial responsable, con los números de expediente del 265/90 al 313/90, los cuales fueron anteriormente acumulados en el expediente 265/90 de dicha Junta Especial. 3. Además de dichos juicios laborales, existe un procedimiento de suspensión de pagos el cual se encuentra en tramitación ante el Juzgado Segundo de lo Civil de Puebla, Pue., bajo el expediente número 1772/90, y existe designado síndico, respecto de dichos procedimientos. 4. Siendo mi representada deudora de un sinnúmero de trabajadores y de diversos acreedores, es claro que subsistiendo la representación legal de la empresa, ha sido necesario determinar el orden en el que deberán ser hechos los pagos a sus diversos acreedores y entre ellos a los actores preferencialmente, declaración que corresponde hacerla a las autoridades competentes, pues mi representada está en imposibilidad jurídica de determinarlo unilateralmente. 5. Con fecha primero de agosto de mil novecientos noventa y seis, mi representada promovió en vía incidental, en ejercicio de acción declarativa, de preferencia, en carácter de sujeto pasivo de obligaciones de dar, para efectos de que el posible o ya declarado crédito de los actores ahora terceros perjudicados, que podría ser susceptible de ejecución del laudo, con carácter preferente, quedara constreñido en términos del artículo 123 constitucional, apartado A, fracción XXIII, y artículo 113 de la ley de la materia con carácter de preferencial. Las partes torales de dicha solicitud, consisten en: ‘solicitando de esa Junta Especial resuelva que el crédito laboral de los actores generado dentro del expediente en que promuevo, es exigible a mi representada, Minerales Industriales, Sociedad Anónima de Capital Variable, con carácter de preferente, única y exclusivamente en el importe de un año de salarios devengados incluyendo tiempo extraordinario, por tratarse de salario extraordinario, y de los salarios caídos o vencidos, conforme a lo previsto y operante por el artículo 123, apartado A, fracción XXIII, de la Constitución Federal de la República, y por el artículo 113 y relacionados de la Ley Federal del Trabajo, respecto y en directa relación con los créditos de diversos acreedores y/o concursantes dentro del expediente número 1772/990 del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, Estado de Puebla, relativo al procedimiento de suspensión de pagos de mi representada «Minerales Industriales, Sociedad Anónima de Capital Variable». Al efecto, paso a formular las consideraciones de hecho y fundamentos de las acciones declarativas que hago valer en los siguientes términos: Hechos: 1. Mi representada, Minerales Industriales, Sociedad Anónima de Capital Variable, se encuentra en estado de legal suspensión de pagos, tal y como se encuentra resuelto por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, Estado de Puebla, dentro del expediente número 1772/990 de los de dicho juzgado, lo cual justifico con la fotocopia certificada por el notario público número diez de Puebla, Pue., deducido del expediente antes señalado y que se exhibe con carácter de prueba documental dentro del expediente número 265/90 de la Junta Especial Número Trece de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al cual se encuentran acumulados los expedientes del 266/90 al 313/90, todos de la misma Junta Especial a la cual me dirijo. 2. Consta dentro del expediente número 1772/990 del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, Pue., que existe sentencia que en sus puntos resolutivos establece (los cita). Por tanto mi representada, Minerales Industriales, Sociedad Anónima de Capital Variable, se encuentra real y jurídicamente en estado de suspensión de pagos, y existe concurso de acreedores y como con toda claridad se aprecia de la sentencia referida y transcrita en su parte trascendente (puntos resolutivos) como se expresa en el punto de hechos que inmediatamente antecede. 4. Mi representada, Minerales Industriales, Sociedad Anónima de Capital Variable, por tanto, tiene interés jurídico para la determinación por esa Junta Especial mediante el ejercicio de las acciones que se hacen valer en el presente escrito, para que declare la exigibilidad y procedibilidad de los créditos de los actores, con carácter preferencial sobre los de los acreedores de mi representada, con créditos en su favor diversos de los de carácter laboral en que promuevo, a lo previsto por el artículo 123, apartado A, fracción XXIII, de la Constitución Federal de la República y por el artículo 113 y relacionados de la Ley Federal del Trabajo, que en sus partes conducentes preceptúan que: (se transcribe el artículo 123 constitucional, fracción XXIII y artículo 113 de la Ley Federal del Trabajo). Ello a virtud de que subsistiendo la existencia jurídica de mi representada, y por ende, la de su representación legal, y por encontrarse en estado legal de suspensión de pagos y existiendo concurso de acreedores, se dan los supuestos previstos por la fracción XXIII del artículo 123, apartado A de nuestra Carta Magna, y la del artículo 113 de la ley de la materia. Minerales Industriales, Sociedad Anónima de Capital Variable, tiene interés jurídico en la determinación por esa Junta de la exigibilidad con carácter preferencial del crédito de los actores del juicio laboral en cuyo expediente promuevo, conforme a lo previsto por dichos preceptos legales ya transcritos, supuesto que por encontrarse en estados legales de suspensión de pagos y por existir concurso de acreedores, es necesaria la declaración procedente de aplicación del súmmum de haberes de mi representada, en cuanto al carácter preferencial correspondiente. Motivo por el cual, se solicita de esta Junta Especial proceda a declarar la preferencia de los créditos laborales de los actores, operando con tal carácter preferencial, única y exclusivamente en el importe de un año de salarios devengados y de los salarios caídos o vencidos, y en todo caso, respecto del laudo que se emita y/o ya hubiera sido emitido, y que resulte operante, exigible y/o procedente de ser ejecutado, en el expediente dentro del cual promuevo, en términos de ley, preferencia que deberá ser limitada en cuanto a su exigibilidad preferencial en favor de los actores y en relación a mi representada, conforme a lo previsto por el artículo 123, apartado A, fracción XXIII constitucional, por el artículo 113 y relacionados de la Ley Federal del Trabajo, respecto y en directa relación con los créditos de diversos acreedores de mi representada, así como en relación a los acreedores y/o concursantes dentro del expediente número 1772/990 del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, Estado de Puebla, relativo al procedimiento de suspensión de pagos de mi representada Minerales Industriales, Sociedad Anónima de Capital Variable. Procediendo además lo solicitado, respecto de la limitación de la declaración preferencial del crédito laboral de los actores en cuanto al pago de salarios caídos o vencidos, única y exclusivamente por el importe de un año, ya que conforme a lo preceptuado por el artículo 123, apartado A, fracción XXIII y artículo 113 de la ley secundaria, existe la misma finalidad y es de aplicarse analógicamente, y aun por mayoría de razón, dicha preferencia por el importe de un año de los salarios devengados por los trabajadores, y por tanto, con cuanta más razón respecto de los salarios caídos o vencidos; ello conforme a la aplicación del derecho, teleológicamente en apego a las normas constitucionales y de la ley reglamentaria en comento, solicito se declare su carácter preferencial, en términos y para los efectos hechos valer en el presente escrito, constreñidos a los del último año, en cuanto respecta a los salarios caídos o vencidos, en términos de ley.’. Con carácter de mi representada, se ofrecieron ante la Junta Especial responsable: 1. La documental pública; 2. La instrumental y de actuaciones; 3. La presuncional legal y humana ..."

La solicitud que reprodujo parcialmente el Noveno Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, es del tenor siguiente:

"... Minerales Industriales, S.A. de C.V., mediante escrito presentado ante la responsable el uno de agosto de mil novecientos noventa y seis, solicitó de ésta lo siguiente: ‘... con fundamento en lo previsto por el artículo 123, apartado A, fracción XXIII, de la Constitución Federal de la República, en relación con los artículos 1o., 17, 113, 761, 765, 776, 77 (sic), 795, 836 y relacionados de la Ley Federal del Trabajo, en vía incidental vengo a ejercitar acción declarativa de: Preferencia. Para efectos de que el posible o ya declarado crédito laboral de los actores dentro del expediente en que promuevo, que podría ser susceptible de ser ejecutado a mi representada, quede constreñido en términos del artículo 123 constitucional, apartado A, fracción XXIII y artículo 113 de la ley federal de la materia, con carácter de preferencial, en lo referente al crédito laboral a favor de los señores: Bulmaro Reséndiz Martínez, Ramón Teniente Zúñiga, Silvestre Ramírez Torres, Silviano González Herrera, Ignacio Chávez González. Solicitando de esa Junta Especial resuelva que el crédito de los actores generado dentro del presente expediente en que promuevo, es exigible a mi representada, Minerales Industriales, Sociedad Anónima de Capital Variable, con carácter de preferente, única y exclusivamente en el importe de un salario extraordinario y de los salarios caídos o vencidos, conforme a lo previsto y operante por el artículo 123, apartado A, fracción XXIII, de la Constitución Federal de la República y por el artículo 113 y relacionados de la Ley Federal del Trabajo, respecto y en directa relación con los créditos de diversos acreedores y/o concursantes dentro del expediente número 1772/990 del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, Estado de Puebla, relativo al procedimiento de suspensión de pagos de mi representada Minerales Industriales, Sociedad Anónima de Capital Variable.’." (fojas 71 y 72).

CUARTO. La sentencia de veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y siete, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el toca RT. 581/97, dice en lo conducente:

"TERCERO. El estudio de los agravios conduce a determinar lo siguiente: En el primero de los agravios se argumenta que la Juez de Distrito al dictar la sentencia recurrida, aplicó inexactamente los artículos 113, 976, 979, 980 y 981 todos de la Ley Federal del Trabajo, que es requisito sine qua non de procedibilidad para intentar la preferencia de los trabajadores, el que exista el procedimiento de ejecución o secuestro de bienes. Que dicha Juez hizo una interpretación gramatical y aislada de los artículos 976 y 979 de la citada ley. Que tal razonamiento no va de acuerdo a las finalidades del derecho laboral, ni se apega a la hermenéutica jurídica, toda vez que se trata de un análisis e interpretación aislada de dichos preceptos. Que el invocado artículo 980, fracción II, claramente se refiere a que los bienes embargados quedan afectos al pago preferente del crédito laboral, sin que se establezca con carácter de requisito de procedibilidad que exista embargo trabado en el juicio laboral, ya que por lo contrario, dicha norma opera de manera plena en favor del trabajador, pues sostener lo contrario, violaría el principio fundamental del derecho del trabajo de ser tuitivo (sic) para el trabajador. Lo anterior, no varía la determinación de la Juez Federal de negar el amparo solicitado, teniendo en cuenta que la empresa demandada ahora recurrente, manifiesta que en el expediente laboral número 286/90 acumulado al expediente 265/90, presentó ante la autoridad responsable, un escrito de fecha uno de agosto de mil novecientos noventa y seis, en el que concretamente solicitó la acción declarativa de preferencia de créditos, con el objetivo de que se determinara que los créditos a favor de los trabajadores son exclusivamente con los importes de un año de salarios devengados, incluyendo tiempo extraordinario y salarios caídos conforme a lo previsto por los artículos 123, apartado A, fracción XXIII, de la Constitución Federal y 113 de la Ley Federal del Trabajo, fundándose en que existe el expediente número 1772/90, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, Estado de Puebla, en el que se declaró a la empresa demandada quejosa en suspensión de pagos. La Junta responsable, en la resolución que constituye el acto reclamado determinó que la preferencia de créditos que promovió el patrón, es una acción privativa del trabajador y que por ello no ha lugar a obsequiar la petición. Ahora bien, contrario a lo que se alega, como en parte lo consideró la Juez aludida y la autoridad responsable, efectivamente no corresponde al patrón intentar la acción de preferencia de créditos, pues del contenido del invocado artículo 979 se desprende con claridad que únicamente a la parte trabajadora incumbe solicitar ante la Junta de Conciliación, para los efectos del referido artículo 113, que prevenga a la autoridad jurisdiccional o administrativa ante la que se tramiten juicios en los que se pretenda hacer efectivos créditos en contra del patrón, para que, antes de llevar a cabo el remate o adjudicación de los bienes embargados, notifique al solicitante, a fin de que esté en posibilidad de hacer valer sus derechos. Por otra parte, es inexacto que para que proceda la preferencia de créditos, basta con la sola existencia de un laudo que establezca un crédito en favor del trabajador o que se haya efectuado la liquidación del mismo, pues si bien es cierto que el artículo 981 precitado, señala que cuando en los juicios seguidos ante la Junta se haya dictado laudo por cantidad líquida o se haya efectuado la liquidación correspondiente, dicha Junta lo hará saber a la autoridad judicial o administrativa que hubiera sido prevenida en los términos del artículo 980 de la misma ley en consulta, en el cual se precisa que una de las reglas para sustanciar la preferencia de créditos, es que el trabajador deberá solicitarla; luego, si el patrón es quien la promovió en el caso, es evidente como en parte lo apreció la Juez Federal, que la Junta responsable actuó acertadamente al contestarle que no ha lugar. Aduce el recurrente, que el Juez a quo se equivoca también al considerar que el estado de suspensión de pagos, no es suficiente para acreditar la acción incidental de preferencia intentada, pues tal situación es equivalente a la quiebra, prevista como causal por la fracción XXIII del apartado A del artículo 123 constitucional. Debe desestimarse lo argüido, pues el resolutor de primera instancia está en lo correcto al determinar que el hecho de que la quejosa estuviese en estado de suspensión de pagos es irrelevante para acreditar la declaración de preferencia de créditos, lo que se colige al analizar la supracitada fracción XXIII del apartado A del artículo 123 constitucional: ‘XXIII. Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos devengados en el último año, y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualquiera otros en los casos de concurso o de quiebra.’; precepto protector de la clase obrera que estatuye la preferencia de sus créditos, por salarios o indemnizaciones sobre cualesquiera otros en los casos de concurso o quiebra, figuras éstas que de ninguna manera deben considerarse equivalentes a la de suspensión de pagos, pues en todo caso, el artículo 344 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos la considera un procedimiento preventivo de la quiebra. De igual manera, no puede considerarse que el estado del patrimonio del suspenso sea equivalente a un embargo, pues el convenio que en ese procedimiento pueda celebrarse, no puede ser el de liquidar el acervo del patrón en su perjuicio, sino el pago de sus pasivos en condiciones a él favorables. Por último, arguye el inconforme que resulta ilegal la determinación del Juez natural de considerar inoperante el concepto de violación, que hizo consistir en la omisión de estudiar pruebas, respecto de la existencia del estado de suspensión de pagos, pues eran necesarios para acreditar la preferencia promovida. Debe considerarse infundado el agravio en estudio, pues el Juez de amparo resuelve conforme a derecho al considerar inoperante el concepto de violación en comento, pues, como ya se confirmó, resulta irrelevante la existencia del estado de suspensión de pagos para determinar la procedibilidad de la preferencia planteada; por tanto, el estudio de las pruebas en tal sentido es inoperante, tal como lo fundó jurisprudencialmente en su resolución el a quo. No existiendo los agravios planteados, se impone declarar infundado el recurso y confirmar la sentencia recurrida."

A su vez, la ejecutoria de seis de agosto de mil novecientos noventa y siete, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo, en el RT. 593/97, en la parte que interesa, expresa lo siguiente:

"TERCERO. Son infundados e inatendibles los agravios expresados por la empresa recurrente Minerales Industriales, Sociedad Anónima de Capital Variable. La recurrente asevera que el Juez de amparo viola lo dispuesto por los artículos 979 y 980, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, porque de la interpretación armónica de tales preceptos se advierte que el único supuesto para que opere la preferencia de crédito, es la simple existencia de un laudo emitido en un juicio laboral en el que se establezca un crédito en favor de los trabajadores, requisito que la empresa cubrió al exhibir copia fotostática certificada del laudo por cantidad líquida; y agrega que para que proceda la declaración solicitada, no es necesario que exista embargo de bienes sino la simple existencia del crédito, por lo que es ilegal que el Juez de amparo haya negado la protección de la Justicia Federal solicitada aduciendo que para la procedencia de la preferencia, era necesaria la existencia del embargo. No le asiste la razón a la recurrente en el primer agravio, por lo siguiente: El artículo 979 de la Ley Federal del Trabajo establece lo siguiente: ‘Artículo 979. Cuando exista un conflicto individual o colectivo, los trabajadores podrán solicitar a la Junta, para los efectos del artículo 113, que prevenga a la autoridad jurisdiccional o administrativa ante la que se tramiten juicios en los que se pretendan hacer efectivos créditos en contra del patrón, para que, antes de llevar a cabo el remate o adjudicación de los bienes embargados, notifique al solicitante, a fin de que esté en posibilidad de hacer valer sus derechos. Si resultan insuficientes los bienes embargados para cubrir los créditos de todos los trabajadores, se harán a prorrata dejando a salvo sus derechos.’. Contrario a lo alegado por el recurrente, del texto transcrito se advierte que la facultad de promover la declaración de preferencia de créditos es privativa de los trabajadores, y en manera alguna da acción al patrón para promoverla, dado que constituye un medio para preservar los derechos salariales por el último año de labores y las indemnizaciones reclamadas por los trabajadores. Esto así se considera, precisamente por la remisión que hace el artículo 979 de la Ley Federal del Trabajo al 113 del propio ordenamiento legal, pues el efecto de la prevención es que la autoridad jurisdiccional o administrativa, ante la que se tramiten procedimientos tendientes a hacer efectivos créditos fincados contra el patrón, se tomen en consideración los derechos generados por el trabajador solicitante, al momento del remate o adjudicación del bien embargado, y se declare que los mismos son preferentes, respecto de cualquier otro crédito, sea de tipo civil, fiscal o administrativo. Ante tal finalidad de la preferencia de créditos, es claro que no está al alcance de sujetos de distinta calidad a la de los trabajadores, como son los patrones, el gestionar este tipo de medidas con la finalidad de que de los pasivos que soporten, se declare la preferencia de crédito a favor de algún trabajador, pues ni el texto de los citados dispositivos ni la finalidad de esa figura procesal los legitima para hacerlo. Por tanto, la determinación que se revisa es correcta en su conclusión, con independencia de que sean o no correctas las consideraciones en que la sustentó; lo que hace además innecesario el análisis de los restantes motivos de agravio, pues aun cuando tuviera razón la recurrente en lo que en ellos plantea, lo cierto es que la petición que denegó la responsable y por la que se negó el amparo solicitado, resulta improcedente por las razones antes expuestas."

En términos similares el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el toca RT. 595/97, relativo al expediente principal 390/97, emitió la siguiente resolución:

"TERCERO. En primer término, es de precisarse que en cuanto a las transgresiones de las prerrogativas que el recurrente le imputa al a quo, en la jurisprudencia 2/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en las fojas 30 y 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de 1997, se consignó en su rubro: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LOS SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.’, por lo que así se califica lo argüido en lo concerniente. Las alegaciones de la peticionaria en contra de la determinación del resolutor, al considerar que carecía de acción para ejercitar la prelación del acuerdo laboral, porque no había justificado que existía embargo trabado en el procedimiento de trabajo, resultan infundadas, toda vez que aunque no por ese motivo, es de tenerse como certera la conclusión del a quo, ya que en la ley obrera, capítulo II, sección segunda ‘De la preferencia de créditos’, se establece en los numerales: ‘979. Cuando exista un conflicto individual o colectivo, los trabajadores podrán solicitar a la Junta, para los efectos del artículo 113, que prevenga a la autoridad jurisdiccional o administrativa ante la que se tramiten juicios en los que se pretendan hacer efectivos créditos en contra del patrón, para que, antes de llevar a cabo el remate o adjudicación de bienes embargados, notifique al solicitante, a fin de que esté en posibilidad de hacer valer sus derechos.’ ‘980. La preferencia se sustanciará conforme a las reglas siguientes: I. La preferencia deberá solicitarse por el trabajador ante la Junta en que tramite el conflicto en que sea parte, indicando específicamente cuáles son las autoridades ante quienes se sustancian juicios en los que puedan adjudicar o rematar bienes del patrón, acompañando copias suficientes de su petición, para correr traslado a las partes contendientes en los juicios de referencia; II. Si el juicio se tramita ante la autoridad judicial, la Junta la prevendrá haciéndole saber que los bienes embargados están afectos al pago preferente del crédito laboral y que por lo tanto, antes de rematar o adjudicar los bienes del patrón deberá notificar al trabajador a fin de que comparezca a deducir sus derechos; y III. Tratándose de créditos fiscales, cuotas que se adeuden al Instituto Mexicano del Seguro Social o aportación al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, bastará con que la Junta remita oficio a la autoridad que corresponda, indicándole la existencia de juicios laborales, cuyas prestaciones están pendientes de cubrirse, para que antes de adjudicar o rematar los bienes del patrón se proceda conforme al artículo anterior.’ y ‘981. Cuando en los juicios seguidos ante la Junta se haya dictado laudo por cantidad líquida o se haya efectuado la liquidación correspondiente, la Junta lo hará saber a la autoridad judicial o administrativa que haya sido prevenida, en los términos del artículo anterior, remitiéndole copia certificada del laudo, a fin de que se tome en cuenta el mismo al aplicar el producto de los bienes rematados o adjudicados. ...’, de cuyo texto deviene la certidumbre, de que el ejercicio de tal derecho, es exclusivo del obrero porque así se señala expresamente en esos numerales, ya que es éste, la parte a quien beneficia el reconocimiento de esa prioridad, pues con el mismo podrá obtener antes que los demás acreedores del patrón, el importe de las prestaciones que éste le adeuda, y en razón de que carece de ese carácter el hoy recurrente, es indudable que no tiene legitimación para hacer valer esa prelación, y que la Junta responsable al determinarlo así en el impugnado actuó correctamente."

Por otro lado, la ejecutoria emitida el veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y siete, por el Séptimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo, en el toca RT. 607/97, en la parte que interesa, establece:

"CUARTO. Los agravios que se hacen valer en el recurso, resultan en un aspecto infundados y en otro inoperantes. De las constancias del expediente laboral 273/90 acumulado al 265/90 que en copia certificada obra en el sumario de amparo, se advierte que la Junta responsable en el laudo del veinticinco de junio de mil novecientos noventa y seis (f. 71 a 73), condenó a Minerales Industriales, S.A. de C.V., a pagar a los actores Serafín Labra Trejo, Presbítero Ángeles Cruz, Juan Rubio Muñoz, Emilia Martínez Alvarado y Gloria Trejo Trejo, diversas cantidades por concepto de salarios devengados, salarios caídos, horas extras, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. La demandada Minerales Industriales, S.A. de C.V., hoy recurrente, mediante escrito del primero de agosto de mil novecientos noventa y seis (f. 82 a 91), solicitó a la Junta responsable declarara la preferencia de los créditos laborales de los actores, única y exclusivamente por el importe de un año de salarios devengados, salarios caídos y horas extras, en términos del artículo 123, apartado A, fracción XXIII, de la Constitución y artículo 113 de la Ley Federal del Trabajo, por encontrarse en estado legal de suspensión de pagos y existir concurso de acreedores. La Junta responsable, mediante acuerdo del veinte de enero de mil novecientos noventa y siete (f. 99 a 81 sic), dictado en el expediente número 273/90 y su acumulado 265/90, que constituye el acto reclamado en el amparo, determinó que no había lugar a obsequiar la petición formulada por Minerales Industriales, S.A. de C.V., relativa a la declaración jurisdiccional de preferencia de los créditos laborales de los actores, única y exclusivamente por el importe de un año de salarios devengados y salarios caídos, por considerar que la promovente carece de acción y derecho para formular tal solicitud, en virtud de que el derecho de preferencia de créditos es privativo del trabajador, y en esas condiciones, el fundamento en que se apoya la promovente es inaplicable, porque el ejercicio de tal derecho corresponde al trabajador y no a la empresa, agregando que la promovente pretende distinguir donde no lo hace la ley, lo que resulta improcedente, concluyendo que por lo anterior, con fundamento en los artículos 113 y 979 de la Ley Federal del Trabajo, no había lugar a acordar favorablemente la petición relativa a la d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6358-221bbb32/terceria-de-preferencia-no-lo-es-la-solicitud · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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