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Modo: Corpus Pro

CONTRADICCION DE TESIS 16/94. INEXISTENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/94. · Registro digital (IUS): 6372
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR UNA PARTE, POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y POR LA OTRA EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Tercera Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Octubre de 1994, , Pág. 87.

CONTRADICCION DE TESIS 16/94. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR UNA PARTE, POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y POR LA OTRA EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

UNICO.-Esta Tercera Sala es incompetente para conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis planteada, debiéndose remitir al Pleno de la Suprema Corte.

Conforme con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, constitucional, 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia los Ministros de la Suprema Corte, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integran o las partes que intervinieran en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer.

Los artículos 24, fracción XII, 25, fracción XI, 26, fracción XI y 27, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen la competencia de la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Salas de la Suprema Corte, respectivamente, para conocer de las contradicciones entre tesis que en amparos en las materias penal, administrativa, civil y laboral sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito. Sin embargo, las expresiones que en estos preceptos legales se contienen "contradicciones entre tesis que en amparos en materia penal, sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito…"; "contradicciones entre tesis que en amparos en materia administrativa…"; "contradicciones entre tesis que en amparos en materia civil…"; y "contradicciones entre tesis que en amparos en materia laboral sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito…", no deben interpretarse literalmente para concluir que la competencia de cada una de las Salas de la Suprema Corte se determina atendiendo a que las tesis se sustenten en amparos penales, administrativos, civiles o laborales, independientemente de los criterios que entren en contradicción al resolverse esos amparos.

La especialidad de las Salas hace lógico que resuelvan las contradicciones cuando los criterios relativos se sustentan sobre temas penales, administrativos, civiles y laborales, pero no cuando en amparos en esas materias se sustenten cualquier tipo de criterios que entren en contradicción con los sostenidos por otro Tribunal Colegiado de Circuito. Si el tema no es especializado sino de materia común, por un lado, no se da la justificación de la especialidad para conocer de la contradicción entre tesis en ese tema; y por otra, se abre la posibilidad de una nueva contradicción entre los criterios que llegaran a sustentar las diversas Salas de la Suprema Corte al resolver las contradicciones entre tesis de Tribunales Colegiados establecidas en amparos penales, administrativos, civiles y laborales sobre un tema no especializado, con lo que no se supera la inseguridad jurídica que trata de resolverse mediante la denuncia de la contradicción.

Son aplicables las tesis de jurisprudencia números 9/91 y 9/92, emitidas por la Tercera Sala y por el Tribunal Pleno, respectivamente, que dicen:

"COMPETENCIA EN CONTRADICCION DE TESIS EN MATERIA COMUN DIVERSA A LA PENAL, ADMINISTRATIVA, CIVIL Y LABORAL. CORRESPONDE AL PLENO DE LA SUPREMA CORTE.-Los artículos 24, fracción XII, 25, fracción XI, 26, fracción XI, y 27, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal no deben interpretarse literalmente para concluir que la competencia de cada una de las Salas de la Suprema Corte para conocer de las denuncias de contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito se determina atendiendo a que las tesis se establezcan en amparos penales, administrativos, civiles o laborales, independientemente de los criterios que entren en contradicción al resolverse esos amparos. La especialidad de las Salas hace lógico que resuelvan las contradicciones cuando los criterios relativos se sustenten sobre temas penales, administrativos, civiles y laborales pero no cuando en amparos en esas materias se sostengan criterios sobre otra clase de materias que entren en contradicción con los sostenidos por otro Tribunal Colegiado de Circuito. Si el tema no es especializado sino de materia común, por un lado, no se da la justificación de la especialidad de la Sala para conocer de la contradicción entre tesis en ese tema; y, por otro, se abre la posibilidad de una nueva contradicción entre los criterios que llegaran a sustentar las diversas Salas de la Suprema Corte al resolver las contradicciones entre tesis de Tribunales Colegiados establecidas en amparos penales, administrativos, civiles y laborales sobre un tema no especializado, con lo que no se supera la inseguridad jurídica que trata de resolverse mediante la denuncia de la contradicción. Por ello y conforme con lo previsto pro el artículo 11, fracción XV, de la ley orgánica citada, corresponde al Pleno de la Suprema Corte conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito sobre temas no especializados en las materias mencionadas."

"COMPETENCIA EN CONTRADICCION DE TESIS EN MATERIA COMUN. CORRESPONDE AL PLENO Y NO A LAS SALAS.-Los artículos 24, fracción XII, 25, fracción XI, 26, fracción XI, y 27, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal no deben interpretarse en el sentido de que las competencias de cada una de las Salas de la Suprema Corte para conocer de la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito, se determina atendiendo a la materia del amparo y no a los criterios que entran en contradicción al resolverse esos amparos. Por razones de la especialidad, compete a las Salas conocer de las contradicciones cuando ambos criterios encontrados se sustentan sobre temas de la especialidad de la Sala, pero no cuando se sustenten criterios contradictorios sobre otra clase de cuestiones, aunque estos criterios se den en amparos cuyas materias les compete. Si los criterios en contradicción no caen dentro de la misma competencia especializada de la Sala, sino de materia común, la especialidad de la Sala no justifica la competencia para conocer de este tipo de contradicciones; además de que se abre la posibilidad de una nueva contradicción entre los criterios que, al respecto, llegaren a sustentar las diversas Salas de la Suprema Corte al resolver tales contradicciones, con lo que no se supera la inseguridad jurídica que trata de resolverse mediante la denuncia de la contradicción. Por ello, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11, fracción XV, de la ley orgánica citada, corresponde al Pleno de la Suprema Corte conocer y resolver la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito sobre cuestiones que no son materia de la competencia especializada de las Salas."

Por las razones señaladas y conforme a lo previsto por el artículo 11, fracción XV, de la ley orgánica del Poder Judicial, corresponde al Pleno de la Suprema Corte conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito sobre temas no especializados en las materias penal, administrativa, civil y laboral.

En la presente denuncia de contradicción, los criterios sustentados se refieren a una materia común, como lo es la relativa a si la resolución de segunda instancia, que ordena la reposición del procedimiento, constituye o no sentencia definitiva o resolución que pone fin al juicio para fines de la procedencia del juicio de amparo directo.

En efecto el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el juicio de amparo directo D.C. 1944/94, sostuvo lo siguiente:

"UNICO.-Este tribunal carece de competencia para conocer del presente negocio, porque el acto reclamado no es un sentencia definitiva ni una resolución que ponga fin al juicio, únicos casos de procedencia del amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. En efecto, el artículo 158 de la Ley de Amparo determina los únicos casos en que los Tribunales Colegiados son competentes para conocer en la vía directa, de los juicios de amparo promovidos contra actos de tribunales judiciales, que se dan cuando los actos reclamados son: a) Una sentencia definitiva. b) Una resolución que ponga fin al juicio. El artículo 46 define, como sentencias definitivas, a las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan recurso ordinario o los interesados hubieren renunciado expresamente a éstos, si la ley lo permite. En el mismo precepto se da la acepción de las resoluciones que ponen fin al juicio, como aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan recurso ordinario. En la resolución reclamada, se decidieron apelaciones interpuestas contra la sentencia recaída en primera instancia en el juicio natural, pero en ella no se decidió el juicio en lo principal, ya que, no se pronunció sobre las pretensiones deducidas ni respecto a las excepciones opuestas, sino únicamente ordenó la reposición del procedimiento, para que una vez tramitada la nueva instrucción, el a quo pudiera resolver el fondo en nueva sentencia. Tampoco es una resolución que ponga fin al juicio, porque más bien ordena la nueva sustanciación de procedimiento, con lo que evidentemente continuará el juicio. Consecuentemente, como en el juicio natural se embargaron bienes de los demandados, la resolución reclamada pudiera tener una ejecución de imposible reparación, lo que actualizaría la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuya competencia corresponde a un Juez de Distrito en materia civil, en términos de los dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que procede remitir la demanda de garantías y sus anexos, al Juzgado de Distrito en materia civil de este circuito, que por turno corresponda, de conformidad con el artículo 47, tercer párrafo, del citado ordenamiento. No es obstáculo para concluir lo anterior, la circunstancia de que se hubiera admitido a trámite la demanda de garantías, ya que el auto de presidencia relativo no causa estado. Es aplicable por analogía la tesis de jurisprudencia de la Tercera Sala consultable en la página 46 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de veintinueve de mayo de mil novecientos noventa, número 59 que dice: 'REVISION. EL AUTO ADMISORIO DEL RECURSO NO CAUSA ESTADO.-El auto admisorio de un recurso de revisión sólo corresponde a un examen preliminar del asunto, pues el estudio definitivo de la procedencia del mismo compete realizarlo a la Sala y, por ello, no causa estado. Por consiguiente, si con posterioridad, se advierte que el recurso de revisión interpuesto es improcedente, el mismo debe desecharse.'. Por otra parte, como en el toca enviado por la Sala responsable, consta copia certificada de la sentencia dictada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, en el juicio de amparo directo D.C. 5416/93, promovido por Moda Hogar, S.A. de C.V., de la lectura de tal fallo constitucional se desprende la existencia de una contradicción del criterio que se sostiene allí, con el sustentado en esta ejecutoria, respecto a si la resolución de segunda instancia que ordena la reposición del procedimiento, constituye o no una sentencia definitiva o una resolución que pone fin al juicio, para fines de la procedencia del juicio de amparo directo. En efecto, la contradicción se evidencia, porque el Sexto Tribunal Colegiado, al resolver el D.C. 5416/93, en el considerando primero se declaró competente, por mayoría de votos, para conocer del juicio, al considerar que: 'Primero.-Este Tribunal Colegiado es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción V, inciso c), y VI de la Constitución General de la República; 158 de la Ley de Amparo y 44, fracción I, inciso c), 79, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el contenido del acuerdo emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho sobre división de circuitos y fijación de competencia territorial, ya que en el caso se reclama una sentencia dictada en un juicio ejecutivo mercantil por un tribunal residente de este circuito.'. Como puede verse en la citada consideración, la mayoría del tribunal consideró que el acto reclamado es una sentencia definitiva o una resolución que puso fin al juicio, dada la aceptación de la competencia y la fundamentación invocada. Empero, como no se exponen razones específicas para motivar tal criterio, este Cuarto Tribunal Colegiado no puede ocuparse de ellas. Consecuentemente, al suscitarse la contradicción de tesis en los términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, y como se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 26, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, atento que ambos criterios se sustentan en juicios de amparo en materia civil, procede denunciarla ante la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la presidenta de este órgano colegiado, para cuya sustanciación envíese copia certificada del expediente de amparo, ya que el original deberá ser devuelto al Juez de Distrito para el trámite correspondiente."

Por su parte el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el amparo directo D.C. 5416/93, sostuvo lo siguiente:

"PRIMERO.-Este Tribunal Colegiado es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción V, inciso c), y VI de la Constitución General de la República; 158 de la Ley de Amparo y 44, fracción I, inciso c), 79, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el contenido del acuerdo emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, sobre división de circuitos y fijación de competencia territorial, ya que en el caso se reclama una sentencia dictada en un juicio ejecutivo mercantil por un tribunal residente en este circuito."

Se estima pertinente dejar asentado en este momento que la resolución transcrita recayó con relación al juicio de amparo en que el acto reclamado consistió en la resolución que pronunció la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el veinte de agosto de mil novecientos noventa y tres en el toca 1591/93 relativo al recurso de apelación interpuesto en el juicio ejecutivo mercantil 367/93, seguido ante el Juez Vigésimo Noveno de lo Civil de la misma localidad, por Banco Internacional, S.N.C. (hoy Sociedad Anónima) contra Moda Hogar, Sociedad Anónima de Capital Variable, Alejandro Ruelas Schaefer y Blanca Rosa Zamacona Sánchez de Ruelas, que ordenó reponer el procedimiento respecto de los dos codemandados mencionados en último lugar. Sin que tenga alguna trascendencia que en razón de esto último se pueda considerar que quedó intocada y por ello surtiendo efectos la condena a la primera demandada, Moda Hogar, Sociedad Anónima de Capital Variable, porque en la sentencia reclamada no se hizo ningún distingo a ese respecto; de modo que dicho fallo simplemente ordena reponer el procedimiento con el fin de integrar adecuadamente la relación jurídico procesal con todas las personas demandadas.

En consecuencia, esta Tercera Sala resulta incompetente para conocer del presente asunto, porque los criterios contradictorios que se denuncian no se refieren a la materia propia de la especialidad, es decir, a la materia civil, sino a una cuestión de amparo en materia común, como es la procedencia del juicio de amparo directo cuando se reclama una resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento en el juicio natural de donde emana el acto reclamado, el cual puede ser de materia penal, administrativa, civil o del trabajo.

Debe destacarse que la multiplicación de Tribunales Colegiados lógicamente provoca que la contradicción entre tesis sostenidas por unos y otros, sea un fenómeno que sólo puede superarse a través de la denuncia respectiva, la que debe resolverse a la brevedad posible por tratarse de una afectación a la seguridad jurídica.

Por estas razones debe remitirse el presente asunto al Pleno de la Suprema Corte para que el propio Ministro ponente designado por la Sala, que ya estudió el tema, presente el proyecto respectivo, dándose prioridad a su vista en el orden correspondiente, lo que se fundamenta en la aplicación analógica del Acuerdo I/88, relativo a los asuntos de la competencia originaria del Pleno que deben pasar a las Salas, pues en él se establece que cuando se de alguna de las hipótesis para tomar esa medida, el asunto que se remita deberá conservarlo en Sala e mismo Ministro como ponente respecto del Pleno, y en el caso al existir la misma razón ya expresada del estudio del asunto por un Ministro, debe aplicarse igual disposición, además de que carece de sentido que se envíe a otro, pues con ello se afectaría la garantía de celeridad en la administración de justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución. Consecuentemente, con base en la aplicación analógica del Acuerdo aludido, debe seguirse tramitación similar a la que en él se especifica, con la única diferencia que en el caso el asunto, radicado en la Tercera Sala pasa al Pleno, bajo la responsabilidad del propio ponente.

En este sentido esta Tercera Sala ha sustentado la tesis de jurisprudencia número 6/92, que dispone:

"TRAMITE DE ASUNTOS QUE PASAN DE LAS SALAS AL PLENO. DEBE AJUSTARSE A LAS REGLAS PREVISTAS EN EL ACUERDO I/88 RELATIVO A LOS ASUNTOS DEL PLENO QUE DEBEN VERSE EN SALA.-De acuerdo con el principio de que donde existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición, así como en la garantía de celeridad en la administración de justicia, prevista en el artículo 17 de la Constitución, debe establecerse que cuando en una Sala se determine que resulta competente para conocer del asunto el Pleno y no ella, debe seguirse por analogía el trámite simplificado debiéndose señalar como ponente a quien ya tenía ese carácter en Sala, toda vez que lógicamente ha realizado el estudio del asunto y está en aptitud de formular el proyecto correspondiente, con mayor prontitud."

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO.-Esta Tercera Sala es incompetente para resolver la denuncia de contradicción de tesis debiéndose remitir al Pleno de la Suprema Corte para los efectos de su competencia.

SEGUNDO.-Conforme al trámite simplificado señalado en el Acuerdo I/88 del Pleno de este Alto Tribunal, formúlese el proyecto de acuerdo de radicación y turno al propio ponente y pase a firma del presidente de este Alto Tribunal.

Notifíquese y cúmplase.

Así, lo resolvió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Carlos Sempé Minvielle, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Miguel Montes García y Diego Valadés. Fue ponente el segundo de los señores Ministros antes mencionados.

Firman el presidente de la Sala y el Ministro ponente con la secretaria de Acuerdos de la misma, que autoriza y da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6372-4ea897b2/contradiccion-de-tesis-16-94-inexistente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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