RECURSO DE REVISIÓN. LOS JUECES PENALES ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONERLO. ARTÍCULO 87 DE LA LEY DE AMPARO.
AMPARO EN REVISIÓN 457/99.
CONSIDERANDO:
II.-La autoridad responsable se encuentra legitimada para interponer el presente recurso de revisión, en atención a las siguientes consideraciones.
El artículo 87 de la Ley de Amparo establece que las autoridades responsables podrán interponer, contra las sentencias dictadas en los juicios de amparo, el recurso de revisión siempre que la resolución combatida afecte directamente el acto reclamado de aquéllas; de tal suerte, a fin de fijar la procedencia el citado medio de impugnación se hace necesario determinar cuándo se afecta el acto que se atribuyó a las autoridades contra cuyos actos se concedió el amparo. De inicio debe señalarse que a fin de dilucidar esa cuestión ha de tenerse en consideración las funciones y facultades de las responsables, es decir, si se trata de una autoridad que realiza funciones materialmente jurisdiccionales o no.
Por otro lado, no debe perderse de vista que si bien toda actividad jurisdiccional participa de la misma naturaleza jurídica, las resoluciones que emitan los órganos estructurados conforme a los distintos campos del derecho, tienen repercusiones también diversas, puesto que en algunas solamente se afectan intereses privados y otras involucran al orden público.
En el caso concreto, la responsable es un Juez del orden penal, quien ahora interpone el presente recurso, autoridad a quien por disposición del artículo 21 constitucional se encuentra encomendada la imposición de las penas derivadas de la comisión de un delito. Ahora bien, a fin de cumplir con ese atributo, al juzgador se le han concedido un cúmulo de facultades, pero también se le han impuesto determinadas obligaciones y aun la normatividad de su actuación involucra cuestiones de responsabilidades del orden penal; así, los Jueces del orden penal tienen por una parte la facultad de decidir cuándo es procedente emitir una orden de aprehensión o sujetar a una persona a proceso penal y finalmente sentenciarla. En la rama del derecho en comento, algunos ordenamientos legales han dotado al juzgador de algunas prerrogativas que lo identifican con el órgano acusador, tal es el caso, de la posibilidad que tiene la autoridad jurisdiccional para reclasificar la figura típica en relación con la cual el Ministerio Público solicitó la expedición de una orden de aprehensión, sustentándose exclusivamente en los hechos que le fueron planteados e incluso al resolverse la apelación en la que se combatió el auto de formal prisión, el Magistrado puede dictar el auto de plazo constitucional atendiendo solamente a los sucesos y no a la clasificación que de ellos efectuó el Ministerio Público -como se advierte de los ordinales 163 y 385 del Código Federal de Procedimientos Penales y del ordinal 163 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guanajuato-; también se ha dado licencia al Juez para que ordene se recaben pruebas para mejor proveer; todo ello, evidencia, que tratándose de la materia penal la autoridad no solamente dirime la controversia entre el particular y el Ministerio Público, sino que tienen a su cargo la protección del orden público, lo que obedece precisamente a la naturaleza del litigio en el que se ventila una conducta que afecta la seguridad pública, valor que precisamente tutela la legislación penal. Así las cosas, es claro que en materia penal no solamente se dilucidan cuestiones que atañen a las partes sino también a la comunidad en general, de ahí, el orden público de esta rama del derecho. Aunado a lo anterior ha de tenerse en cuenta, que los Jueces Penales se encuentran constreñidos a supervisar oficiosamente la ejecución de las sanciones privativas de libertad decretadas por ellos, por lo que su intervención no cesa con el dictado de la sentencia, como ocurre con los Jueces Civiles.
En otro orden de ideas, debe señalarse que las autoridades jurisdiccionales en materia penal están sujetas a un régimen diverso de responsabilidad de aquel que atañe al resto de los tribunales, como se puede observar de las disposiciones del numeral 225 del Código Penal Federal, ordinal que contempla XXVI fracciones, de las cuales ocho se encuentran específicamente formuladas en relación con las autoridades jurisdiccionales en materia penal, lo que aunado a lo establecido en el artículo 210 de la Ley de Amparo, evidencia que los titulares de los órganos del Estado en comento, sí tienen interés en que el acto de ellas reclamado subsista en sus términos, pues de otra manera incurrirían en responsabilidad.
En ese entendido, es indudable que en atención a lo dispuesto por el ordinal 87 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, la autoridad responsable sí está legitimada para impugnar las resoluciones dictadas en los juicios de garantías, en tanto tal autoridad tiene interés en que perdure el acto reclamado, dadas las facultades de que se encuentra investida para proteger el orden y seguridad públicos, así como la responsabilidad que puede derivarse de la emisión del mandato tildado de ilegal.
No obsta para concluir lo anterior, lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada publicada en el Tomo VIII, julio de 1998, página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, y la Segunda Sala de aquel mismo órgano, en la jurisprudencia por contradicción de tesis visible en el Tomo X, julio de 1999, página 338, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, las que son de los rubros siguientes: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES RESPONSABLES CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA." y "TRIBUNALES AGRARIOS. AL ACTUAR COMO ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN LAS CONTROVERSIAS DE SU CONOCIMIENTO, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO.".
Los criterios previamente citados, no resultan aplicables en la especie; el primero de ellos, se refiere al recurso de revisión que eventualmente se interponga contra las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados en amparo directo, supuesto que solamente se actualiza cuando se ataca en la vía uniinstancial una ley, caso en el que por su naturaleza, su tratamiento jurídico es sustancialmente distinto, en esta hipótesis, por disposición de los artículos 158 y 166, fracción IV, del ordenamiento de la materia, la ley no se señala como acto reclamado de manera destacada, ni como autoridades responsables a las encargadas de su formación, promulgación y publicación, en tanto el argumento relativo se encausa exclusivamente como concepto de violación, de ahí que la autoridad jurisdiccional que dictó la sentencia definitiva combatida en esa secuela constitucional, no sea propiamente la emisora de la ley, sino exclusivamente aplicadora y por ello tampoco es la contraparte del quejoso en el juicio de garantías, ni se encuentra legitimada para interponer la revisión, ya que no está legalmente posibilitada para la defensa de leyes secundarias impugnadas por vía de conceptos de violación en amparo directo, toda vez que de estimarse inconstitucional la ley, ello no afecta directamente el fallo reclamado, sino que la insubsistencia de éste deriva de la inconstitucionalidad del dispositivo secundario, acto en el que no intervino la autoridad jurisdiccional.
En la segunda jurisprudencia transcrita, se deriva la falta de legitimación de las autoridades jurisdiccionales para interponer el recurso de revisión, de la función imparcial de impartir justicia y decir el derecho, por lo que no pueden contraponerse al interés del quejoso en el juicio de garantías; empero, no debe pasar inadvertido que en esa jurisprudencia se alude a aquellos litigios en que se dilucidan intereses privados y se ventilan controversias que sólo repercuten en los particulares que intervinieron en el litigio y no a cuestiones en las que intervenga el orden, la seguridad pública y un diverso régimen de responsabilidad del juzgador, como sucede con los Jueces Penales; de ahí, que los criterios en cita, como ya se dijo, resulten inaplicables en la especie.
En ese mismo orden de ideas, no pasa inadvertido que las autoridades jurisdiccionales tienen como característica esencial la imparcialidad y si bien en materias del orden privado, pudiese decirse que al facultar a las autoridades jurisdiccionales para interponer el recurso de revisión, contra las sentencias dictadas en los juicios de amparo, las responsables se sustituyen a una de las partes en litigio; sin embargo, en la rama penal, no ocurre así, ya que como antes se dijo, los Jueces Penales se encuentran vinculados a proteger el orden público, de ahí, que en el supuesto de que interpongan el recurso en cita, lo harán en aras de proteger la seguridad pública, y no en relevo del Ministerio Público.
III.-La sentencia recurrida, se apoya en los siguientes razonamientos: "SEGUNDO.-Son ciertos los actos atribuidos al Juez de primera instancia penal y jefe de grupo de la Policía Judicial del Estado, ambos residentes en la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato, por así reconocerlo expresamente en sus respectivos informes justificados, lo que se corrobora con las copias fotostáticas certificadas del proceso penal número 31/99, que la primera de las mencionadas autoridades adjuntó a su informe como justificación de sus actos, mismas que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de amparo.-TERCERO.-La parte quejosa adujo los conceptos de violación que aparecen insertos en su demanda a fojas tres y cuatro de autos, los que por economía procesal se dan por reproducidos. Es aplicable al respecto la jurisprudencia número 129 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito visible a foja 599, del Tomo VII-Abril de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.’.-CUARTO.-Son fundados los conceptos de violación esgrimidos por el impetrante del amparo, suplidos en su deficiencia en términos de lo señalado en la fracción II, del artículo 76 bis, de la la Ley de Amparo, atento a las siguientes consideraciones: El quejoso reclama de las autoridades señaladas como responsables, la orden de reaprehensión dictada en su contra y la posible ejecución de la misma.-Ahora bien, el Juez responsable remitió las copias fotostáticas certificadas del proceso penal número 31/99, instruido en contra del quejoso ... por el delito de robo en agravio de la empresa ‘Deportivos Super Líder, S.A. de C.V.’, documentales que se agregaron a los autos y fueron debidamente valoradas; de las que se desprenden que el diez de marzo de mil novecientos noventa y nueve, dicha responsable dictó orden de reaprehensión en contra del aquí quejoso, por incumplimiento de las obligaciones a que se sujetó con motivo del beneficio de libertad provisional bajo caución de que disfrutaba, toda vez que el veinticinco de febrero de este año, se dictó un proveído donde se citó al ahora promovente de garantías a la celebración de careos procesales, señalándose para su desahogo las once horas con treinta minutos del día diez de marzo del año en curso, auto que le fue notificado el mismo día por cédula, según la certificación que obra al reverso de dicho auto; asimismo se advierte que por diversas certificaciones levantadas por el secretario del juzgado de mérito, se asentó la imposibilidad de notificar y citar personalmente al quejoso, ya que el domicilio que señaló para tal fin, como boulevard Emiliano Zapata número 402-C de esa ciudad, no se localizó, además de que se consultó a la Dirección de Policía Municipal a fin de que se le proporcionara la ubicación exacta del número 402-C en dicho boulevard, informándoles que esa numeración no existe; razón por la cual se notificó al día siguiente por medio de estrados al amparista el referido proveído.-En principio se advierte que existe una incongruencia fundamental entre las diversas certificaciones asentadas en fecha veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por el secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia Penal de San Francisco del Rincón, Guanajuato, toda vez que la primera de ellas, que obra al reverso del auto de la misma fecha en el que se cita al quejoso a la diligencia de careos procesales, dicho secretario asentó: ‘Notificación al sindicado.-El 25/02/99 se notificó por cédula a ... el auto que antecede.-Doy fe.’. Sin que en autos exista constancia o copia de la mencionada cédula de notificación; además de que, en las certificaciones que obran a fojas ciento once de autos, asentadas también por el referido secretario, hizo constar que ante la imposibilidad de notificar personalmente el multicitado proveído al aquí quejoso en el domicilio que señaló como boulevard Emiliano Zapata 402-C de la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato, procedió a notificar el día veintiséis del mismo mes y año por medio de los estrados de dicho tribunal, motivo por lo cual, se estima que tales contradicciones que existen en las razones descritas con anterioridad, resultan esenciales para considerar fundados los conceptos de violación que expresa el quejoso en su libelo constitucional.-Por otra parte y a mayor abundamiento, debe decirse que el artículo 399 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, establece: ‘Al notificarse al inculpado el auto que le conceda la libertad caucional, se le hará saber que contrae las siguientes obligaciones: presentarse ante el juzgador que conozca de su caso los días fijos que se estime conveniente señalarle y cuantas veces sea citado o requerido para ello; comunicar al mismo juzgador los cambios de domicilio que tuviere, y no ausentarse del lugar sin permiso del citado tribunal, el que no se le podrá conceder por tiempo mayor de un mes ...’.-Ahora bien, como ya quedó precisado con antelación, la autoridad responsable dictó una orden de reaprehensión contra el quejoso, por incumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 399 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, antes transcrito, a que se sujetó dicho agraviado con motivo del beneficio de libertad provisional bajo caución del que gozaba, ello en virtud de que no acudió a la diligencia de careo procesal señalada por el proveído de fecha veinticinco de febrero del presente año, que le fue notificado al indiciado por medio de los estrados del tribunal responsable al día siguiente, pues no se localizó el domicilio para oír y recibir notificaciones, que dicho inculpado señaló como boulevard Emiliano Zapata número 402-C de la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato.-Por otra parte, si bien es cierto que la responsable, por conducto del actuario de su adscripción, trató de hacer del conocimiento del quejoso la fecha para la diligencia de careos procesales, acordado por auto del veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y nueve, en el domicilio que señaló para tal fin, siguiendo los lineamientos que establece la ley; también lo es, que en autos obra el diverso domicilio ubicado en Cascada número 109 de la colonia Guanajuatito de Purísima del Rincón, Guanajuato, señalado por el propio quejoso en el acta de declaración preparatoria, como el domicilio en el que reside.-Tomando en consideración lo anterior y en atención a que el quejoso al acogerse al beneficio de libertad provisional bajo caución, se obligó a residir en el domicilio que señaló en su declaración preparatoria; además de que, dada la trascendencia de las consecuencias que conlleva la revocación del beneficio de libertad provisional bajo caución de que gozaba el aquí quejoso, como lo es su libertad personal, debe decirse, que la responsable estaba en posibilidad de poner en conocimiento del encausado a través de notificación personal en términos de lo señalado por el artículo 101 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, la fecha de la multicitada diligencia de careos, por los medios jurídico-procesales a su alcance, en el diverso domicilio en el que se le puede localizar (Cascada número 109 de la colonia Guanajuatito de Purísima del Rincón, Guanajuato y que señaló como el de su residencia).-En ese orden de ideas, si por una parte existe incongruencia fundamental entre las diversas certificaciones asentadas en fecha veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por el secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia Penal de San Francisco del Rincón, Guanajuato, y si por otra el procesado se obligó a residir en determinado domicilio que proporcionó en su declaración preparatoria y el Juez responsable omitió tomarlo en consideración para notificarle personalmente el auto de fecha veinticinco de febrero del año en curso, no obstante la trascendencia jurídica de la inasistencia del quejoso a la diligencia de careos procesales, violó en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica tutelada por los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo que se impone conceder al peticionario de garantías, el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita.-La protección constitucional se hace extensiva por lo que se refiere a los actos reclamados de la responsable ejecutora jefe de grupo de la Policía Judicial del Estado residente en San Francisco del Rincón, Guanajuato, ya que no se reclaman por vicios propios, sino que su legalidad se hace depender de la atribuida a los actos reclamados de la autoridad ordenadora. Esto tiene su apoyo en la jurisprudencia número 102, visible en la página 66, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo la voz: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.-Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta.’."
IV.-A manera de agravios se expresó:
"Único. Es infundada la resolución del Juez Cuarto de Distrito.-El auto de litis es la orden de reaprehensión contra el justiciable ... porque no acudió a una diligencia de careos que le fue legalmente notificada.-El precedente es que el 25 (veinticinco) de febrero del año en curso, cuando se le iba a notificar al sindicado (sic) el auto que lo citaba para una diligencia, el ministro notificador buscó el domicilio que se proporcionó en la declaración preparatoria para recibir notificaciones de carácter personal, en la ciudad del juicio: boulevard Emiliano Zapata número 402-C de esta ciudad (se anexa copia certificada).-Sin embargo dicho domicilio no existe según averiguó el ministro notificador, por lo que el secretario del juzgado constató con certificación, que la notificación fue por los estrados.-Contra ello el Juez Cuarto de Distrito señaló que existe incongruencia en las certificaciones, pues afirma que el justiciable se obligó a residir en un lugar fuera de la ciudad del juicio, donde debió haberse hecho la notificación.-Determinación que no posee sustento legal.-Por principio de cuentas, es de señalarse que antes de que se interpusiera la demanda de garantías ya se había hecho efectiva la fianza. Así que no hay caución que garantice la libertad del sindicado (sic). Es pues un acto consumado.-En fin, con independencia de lo anterior, el tribunal federal que revisó la legalidad, decide sin apoyo legal: Que se debe citar al justiciable en un domicilio fuera de la ciudad del juicio.-Lo que es incorrecto y el fundamento está en el artículo 100 (cien) del Código de Procedimientos Penales que establece que las personas que intervengan en el proceso, en la primera diligencia, tendrán que designar domicilio para recibir notificaciones, en el lugar.-Así, interpretando literalmente el precepto, dada la claridad, significa que el notificador debía acudir a la búsqueda del domicilio boulevard Emiliano Zapata número 402-C de esta ciudad, donde dijo el sindicado en su aserto preparatorio que recibiría notificaciones. Y así se hizo.-Mas dado que el domicilio no existe, según el ministro notificador, el mismo artículo 100 (cien) del Código de Procedimientos Penales, ordena que debe hacerse por estrados, como también se hizo.-En ese tenor, la determinación del secretario del Juez de Partido de San Francisco del Rincón fue apegada a la legalidad, pues no existe sustento legal para notificar al encargado en otra ciudad ajena a la del juicio.-Precisando que lo que interesa es que la notificación se haya hecho por los estrados, como lo marca la ley. Pues es lo que implica la garantía del ‘debido proceso legal’.-En este orden de ideas, como peroración, debe señalarse: Que la actividad de este órgano jurisdiccional fue siguiendo los lineamientos del artículo 100 (cien) del Código de Procedimientos Penales, al notificar al sindicado por estrados, pues el domicilio que proporcionó en su declaración preparatoria no existe, según el ministro notificador. No existiendo soporte legal para notificar al justiciable en un lugar fuera de donde se localiza el tribunal del juicio. Independientemente de lo anterior, ya no existe caución que garantice la libertad del justiciable."
V.-Son inoperantes e infundados en sus diversos aspectos, los agravios expresados por el impugnante.
Por razón de método, conviene mencionar en primer lugar las consideraciones medulares en que se sustenta el fallo combatido.
Para conceder el amparo solicitado, el Juez de Distrito, adujo: Que existía incongruencia entre las diversas certificaciones asentadas en fecha veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por el secretario de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia Penal de San Francisco del Rincón, Guanajuato, toda vez que en la primera de ellas, el secretario asentó haber notificado al procesado por cédula el auto de la fecha en cita, sin que en autos exista constancia o copia de la mencionada cédula de notificación; y por otra parte, en las certificaciones que obran a fojas ciento once de autos, realizadas también por el referido secretario, se hizo constar que ante la imposibilidad de notificar personalmente el multicitado proveído al inculpado en el domicilio que señaló, procedió a notificar el día veintiséis del mismo mes y año por medio de los estrados. Concluyendo el Juez Federal que esa contradicción era suficiente para conceder la protección constitucional.
A mayor abundamiento, el Juez de Distrito argumentó que el procesado se obligó a residir en determinado domicilio que proporcionó en su declaración preparatoria y el Juez responsable omitió tomarlo en consideración para notificarle personalmente el auto de fecha veinticinco de febrero del año próximo pasado, no obstante la trascendencia jurídica de la inasistencia del quejoso a la diligencia de careos procesales.
En sus agravios, en esencia la autoridad recurrente aduce lo siguiente:
1. El veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y nueve, el Ministro notificador buscó el domicilio que se proporcionó en la declaración preparatoria para recibir notificaciones de carácter personal, a fin de notificar el auto de la fecha en cita; sin embargo, dicho domicilio no existe según averiguó el propio notificador, por lo que el secretario del juzgado constató con certificación, que la notificación fue por los estrados.
2. El Juez Cuarto de Distrito señaló que existe incongruencia en las certificaciones, pues afirma que el procesado se obligó a residir en un lugar fuera de la ciudad del juicio, donde debió haberse hecho la notificación. Determinación que no posee sustento legal.
3. Es incorrecto lo expresado en el fallo, en el sentido de que se deba notificar al procesado en un domicilio fuera de donde tiene lugar el juicio, y el fundamento se encuentra en el artículo 100 del Código de Procedimientos Penales, el cual establece que las personas que intervengan en el proceso, en la primer diligencia tendrán que designar domicilio para recibir notificaciones, en el lugar; por tanto, al haberse hecho así por el sujeto a proceso, y constatarse que el domicilio no existe, el mismo precepto antes referido ordena que debe hacerse por estrados, como se hizo; luego entonces, dice el impugnante, sus actos fueron apegados a lo dispuesto por el artículo 100 del Código de Procedimientos Penales, al notificar al sindicado por estrados, pues el domicilio que proporcionó en su declaración preparatoria no existe, y no existiendo soporte legal para notificar al enjuiciado en un lugar fuera de donde se localiza el tribunal del juicio.
Como se advierte de lo anterior, la autoridad inconforme no controvierte la primera de las consideraciones manifestadas en el fallo revisado, y que sirvieron para conceder la protección constitucional solicitada, esto es, aquella consistente en que existe incongruencia entre las diversas certificaciones asentadas en fecha veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por el secretario de Acuerdos del juzgado responsable, toda vez que se afirma haber notificado al procesado por cédula el auto de la fecha en cita; sin embargo, no obra en autos constancia de esa notificación, y que además en las certificaciones que obran a fojas ciento once de autos, realizadas también por el referido secretario, se hizo constar que ante la imposibilidad de notificar personalmente el multicitado proveído al inculpado en el domicilio que señaló, se hizo por estrados el día veintiséis siguiente.
Tales razones en que el Juez Federal, en forma preponderante, sustenta su determinación, no son controvertidas por el impugnante, como se advierte de sus agravios, incluso cambia el planteamiento realizado por el Juez de Distrito, quien, como ya se vio, la incongruencia de la que deriva la ilegalidad del acto reclamado, la hace consistir en que se afirme haber notificado por cédula al procesado, sin que aparezca dicha cédula, así como haber asentado que al no haberse notificado el propio auto que se asevera se notificó por cédula, se haya notificado por estrados.
Por su parte, el inconforme dice que la incongruencia de las certificaciones establecida en el fallo recurrido se hizo consistir en que el procesado se obligó a residir en un lugar fuera de la ciudad del juicio, donde debió haberse hecho la notificación, con lo cual es evidente que plantea de manera incorrecta, la consideración principal del Juez Federal, y en consecuencia, deja de controvertir lo que realmente adujo dicha autoridad como razón toral para conceder la protección constitucional; pues en ninguno de los otros motivos de disenso toca ese aspecto del fallo combatido, de ahí lo inoperante de los mismos.
En la especie resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 18 y 19, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece:
"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA.-Cuando son varias las consideraciones que sustentan la sentencia impugnada y en los agravios sólo se combaten algunas de ellas, los mismos resultan ineficaces para conducir a su revocación o modificación, tomando en cuenta que, para ese efecto, deben destruirse todos los argumentos del Juez de Distrito."
Por otra parte, en relación al argumento de que antes de que se interpusiera la demanda de garantías ya se había hecho efectiva la fianza y que por lo mismo no hay caución que garantice la libertad del inculpado, debiendo considerarse el acto reclamado como consumado, es infundada tal inconformidad, pues la reaprehensión contra la cual se promovió el juicio constitucional, derivó del hecho de que no se presentó el inculpado a la diligencia de careos ordenada por el Juez de origen, y no porque no haya habido caución para garantizar la libertad provisional de aquél, circunstancia que además fue consecuencia del acto reclamado y que por lo mismo, al dejarse insubsistente dicho acto, por la concesión del amparo, deberá también quedar sin efecto la orden de hacer efectiva la mencionada garantía.
Aunado a ello, no puede tenerse como acto consumado el reclamado en la demanda de amparo, pues dicho acto es la orden de reaprehensión y en el presente caso, no se ha ejecutado la misma; aún más, ni siquiera en ese supuesto podría tenerse como consumado si persistiera la privación de libertad.
Al respecto resulta aplicable, a contrario sensu, la tesis de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XIX, Segunda Parte, página 18, Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, misma que es del rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS DE MODO IRREPARABLE. PENA COMPURGADA.-Si el acusado y quejoso sufrió ya la pena impuesta y por ello se le dio por compurgada poniéndolo en libertad, en el caso se trata de actos consumados de un modo irreparable en el que cesaron los efectos del acto reclamado. En consecuencia, atento lo que dispone la fracción III del citado 74 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el amparo.".
En consecuencia, ante lo infundado e inoperante de los agravios vertidos por la recurrente se impone confirmar la resolución impugnada.
Por lo expuesto y fundado en los artículos 107, fracción VIII, último párrafo de la Constitución General de la República, 83, fracción II y 85, fracción IV, de la Ley de Amparo y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la resolución recurrida.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a ... en contra de los actos y por las autoridades que quedaron precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; anótese en el libro de registro; y con copia de esta resolución vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así por unanimidad de votos lo resolvieron los señores
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6496-ae67bd62/recurso-de-revision-los-jueces-penales-estan-legitimados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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