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Modo: Corpus Pro

INCONSTITUCIONALIDAD DE PRECEPTO LEGAL. PARA RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO ES NECESARIO QUE SE APLIQUE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA IMPUGNADA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 5617/99. · Registro digital (IUS): 6537
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: BAYER DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Julio de 2000, , Pág. 689.

AMPARO DIRECTO 5617/99. BAYER DE MEXICO, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Del estudio de las constancias del juicio de origen y la resolución que por la vía constitucional se combate, se advierte que es fundado uno de los conceptos de violación que hace valer la quejosa, el cual es suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, por las razones que se vierten a continuación:

La quejosa aduce en el primero de los conceptos de violación que la sentencia reclamada le causa agravio, porque reconoce la validez de la resolución por la que se reconoció la legalidad de una determinación mediante la cual se le impuso un crédito fiscal por concepto de pago de derechos por el uso y aprovechamiento de aguas nacionales, con apoyo en los artículos 226, 227 y 230 de la Ley Federal de Derechos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, disposiciones que son contrarias a las garantías de equidad y proporcionalidad tributarias, consignadas en al fracción IV del artículo 31 constitucional.

Es inoperante el argumento sintetizado, en virtud de que si bien es cierto que la determinación impugnada en el juicio fiscal se apoya en las disposiciones cuya constitucionalidad se cuestiona, de la lectura integral de la sentencia combatida en la vía constitucional, se advierte que dichos numerales no fueron aplicados en perjuicio de la inconforme, es decir, no fueron utilizados por la Sala Fiscal para fundar el fallo, consecuentemente no puede existir un gravamen jurídico que lesione un derecho legalmente constituido en su favor, para que proceda el análisis constitucional de los preceptos invocados, con motivo de la resolución que constituye el acto reclamado.

Tiene aplicación al respecto el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado en la tesis aislada consultable en la página 755, Tomo VII, abril de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes:

"-Si bien es cierto que el último párrafo del artículo 158 de la Ley de Amparo permite reclamar en concepto de violación la inconstitucionalidad de un precepto legal al combatir una sentencia definitiva en un juicio de amparo directo, este derecho que se da a los particulares tiene como condición, para que pueda ejercitarse, que se actualice la norma a través de un acto de aplicación en la sentencia que se combate, ya que sólo así puede existir gravamen jurídico que lesione un derecho legalmente constituido al particular, por lo que el concepto de violación debe declararse ineficaz cuando no se actualizó el supuesto, es decir, no prospera el concepto porque no se aplicó la norma en la sentencia."

Resulta infundado lo aducido por la impetrante de amparo en su tercer concepto de violación, en relación a que la sentencia reclamada no está debidamente fundada y motivada porque la Sala responsable omitió estudiar uno de los conceptos de anulación que hizo valer en relación con la extinción por caducidad de las facultades de la autoridad para imponerle el crédito fiscal.

En efecto, contrariamente a lo señalado por la quejosa, de la lectura integral de la demanda que dio lugar al juicio de origen, no se advierte que la parte actora haya hecho valer entre sus conceptos de nulidad algún argumento relativo a la caducidad de las facultades de la autoridad para imponerle el crédito fiscal y la multa, además de que la tesis de jurisprudencia transcrita en la foja veintiocho de la demanda se refiere a que la autoridad no puede imponer multas por omisión en el pago de impuestos, cuando se encuentre pendiente de resolución algún recurso administrativo sobre esa cuestión, no a la caducidad como medio para liberarse de obligaciones fiscales; consecuentemente la Sala Fiscal no estaba obligada a pronunciarse al respecto.

Por las razones apuntadas no resultan aplicables las tesis de jurisprudencia que transcribe la inconforme para apoyar el concepto de violación aludido.

En cambio, asiste razón a la impetrante de amparo en el segundo de sus conceptos de discrepancia, al aducir que la resolución reclamada es ilegal en virtud de que confirma una determinación que le impuso una multa por incumplimiento a sus obligaciones fiscales, con apoyo en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio de mil novecientos ochenta y nueve, el cual al señalar un porcentaje invariable establece una multa fija, sin permitir a la autoridad sancionadora su individualización atendiendo a las circunstancias que en cada caso se presenten, como son la gravedad de la infracción, la reincidencia y la capacidad económica del infractor, en contravención a los artículos 22, primer párrafo y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales se prohíben las multas excesivas y se consigna el principio de equidad y proporcionalidad tributaria, respectivamente.

En efecto, la Sala responsable en la sentencia definitiva del juicio natural reconoció la validez de la determinación de fecha nueve de julio de mil novecientos noventa y ocho, por la cual la Administración Central de Operación de Fiscalización de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria determinó un crédito fiscal a cargo de Bayer de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, por concepto de pago de derechos por el uso y aprovechamiento de aguas nacionales durante mil novecientos ochenta y cinco, recargos y multas, esta última sanción con fundamento en el artículo 76, fracción II del Código Fiscal de la Federación, vigente en mil novecientos ochenta y nueve, por infringir lo dispuesto en el artículo 230 de la Ley Federal de Derechos, al omitir presentar las declaraciones trimestrales y anual en el ejercicio fiscal aludido, lo que originó la omisión en el pago de derechos sobre aguas.

Los artículos 22, primer párrafo, y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen respectivamente:

"Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y transcendentales."

"Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: ... IV. Contribuir al gasto público, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."

Por su parte el artículo 76 del Código Fiscal de la Federación vigente en mil novecientos ochenta y nueve, disponía:

"Artículo 76. Cuando la comisión de una o varias infracciones origine la omisión total o parcial en el pago de contribuciones incluyendo las retenidas o recaudadas, excepto tratándose de contribuciones al comercio exterior, y sea descubierta por las autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus facultades, se aplicarán las siguientes multas:

"I. El 50% de las contribuciones omitidas, actualizadas, cuando el infractor las pague junto con su accesorio antes de la notificación de la resolución que determine el monto de la contribución que omitió; y,

"II. El 150% de las contribuciones omitidas."

En reiteradas ocasiones se ha sostenido el criterio de que una multa es excesiva cuando la sanción pecuniaria impuesta al infractor, para reprimir y prevenir infracciones tributarias, sale de los límites de lo ordinario y razonable o cuando el monto de la sanción está en desproporción con las posibilidades económicas del multado, en relación a la gravedad del ilícito fiscal. Consecuentemente el carácter excesivo de una multa se establece en función de las características individuales de cada contribuyente sancionado.

Para que una multa fiscal se imponga de conformidad con las normas constitucionales transcritas, se requiere que la disposición de la legislación secundaria que la establezca, confiera a la autoridad que debe imponerla facultades para tomar en cuenta elementos como la gravedad o levedad de la infracción, los perjuicios ocasionados a la colectividad, la conveniencia de destruir prácticas evasoras y la capacidad económica del sancionado. Pues sólo de esa forma resultaría razonable y justa la multa impuesta al infractor, porque esos elementos permiten graduar la sanción pecuniaria en cada caso particular.

Congruente con lo anterior, cuando la ley establece multas en porcentajes fijos, como sucede en el caso de la fracción II del artículo 76 del Código Fiscal Federal, publicado el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve en el Diario Oficial de la Federación, se omite tomar en cuenta los elementos que sirven para determinar cuándo una sanción pecuniaria es excesiva, en razón de que de la lectura de la disposición cuya inconstitucionalidad se cuestiona, se advierte que el legislador no confirió a la autoridad fiscal atribuciones para individualizarla en vista de la gravedad de la infracción, la necesidad de prevenir la actividad evasora y la capacidad económica del contribuyente, porque el monto de la sanción únicamente se determina atendiendo a la oportunidad en el pago de las contribuciones omitidas, razón por la cual encuadra dentro del concepto de multa excesiva.

Se estima que el propósito de las infracciones fiscales es principalmente prevenir y reprimir la evasión tributaria, consecuentemente resulta indispensable que atiendan a la gravedad de la infracción, a la actitud del infractor, a su capacidad económica y a la conveniencia de evitar prácticas evasoras en las cargas tributarias, circunstancias que no es posible tomar en consideración cuando la multa se establece en porcentaje fijo.

En las anotadas condiciones, se concluye que una multa es excesiva y por ende inconstitucional cuando se establece en porcentaje fijo, porque en su imposición no se pueden tomar en cuenta los elementos señalados, como sucede en el caso a estudio, en donde no es posible establecer si la autoridad que la impuso atendió a la gravedad de la infracción, a la conducta del infractor y su capacidad económica, como elementos variables en cada caso que permiten la individualización de la sanción pecuniaria.

Congruente con lo anterior, si como quedó establecido, el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación en el cual se funda la multa impuesta por la infracción al artículo 130 de la Ley Federal de Derechos, por no haber presentado la contribuyente las declaraciones trimestrales y la anual sobre el uso y aprovechamiento de aguas nacionales, contempla una sanción fija por establecer su base en porcentaje determinado en función de la oportunidad en el pago de las contribuciones omitidas, en criterio de este Tribunal Colegiado la disposición aludida es inconstitucional.

Consecuentemente, procede conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia de Unión, para el efecto de que la Sala responsable declare la nulidad de la determinación combatida en el juicio de origen, en la parte en la que se aplicó en perjuicio de la inconforme lo dispuesto en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación vigente en mil novecientos ochenta y nueve.

Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Bayer de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el acto y la autoridad que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a la Sala de origen y en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que integran los CC. Magistrados, presidente F. Javier Mijangos Navarro, David Delgadillo Guerrero, así como el licenciado José Morales Contreras, secretario en funciones de Magistrado, autorizado para ese efecto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante acuerdo de doce de abril de dos mil, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Fue ponente el tercero de los señores Magistrados antes mencionados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6537-c2543bf1/inconstitucionalidad-de-precepto-legal-para-reclamarse-en-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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