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Modo: Corpus Pro

OBJECIÓN DE DOCUMENTOS. ES VÁLIDA LA FORMULADA ANTES DEL TÉRMINO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 340 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 5400/96. · Registro digital (IUS): 4204
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PRODUCTOS CIENTÍFICOS, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Abril de 1997, , Pág. 165.

AMPARO DIRECTO 5400/96. PRODUCTOS CIENTÍFICOS, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

QUINTO.- Son inatendibles los anteriores motivos de inconformidad.

Es infundado el primero.

Los puntos resolutivos segundo y cuarto de la sentencia de primera instancia, son del siguiente tenor:

"SEGUNDO.- En consecuencia se condena a Productos Científicos, S.A. a pagar a Quimisintesa Productos Químicos, LTDA, o a quien sus derechos legalmente represente, dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que la presente sea legalmente ejecutable, la cantidad de doscientos ochenta y dos mil setecientos USD dólares 00/100 Cy (sic), por concepto de suerte principal y saldo del adeudo que la demandada tiene con la actora, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo dentro del término concedido se procederá conforme a derecho."

"CUARTO.- Y en términos de lo dispuesto en los numerales 8o. y 9o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, la cantidad a la que ha sido condenada la demandada, así como los intereses legales que en su caso resulten podrán ser cubiertos en moneda nacional al tipo de cambio que rija al momento del pago."

Como se observa, es correcta la consideración de la Sala responsable en el sentido de que ningún agravio le causa a la peticionaria el que se estableciera que la suerte principal y los intereses puede cubrirlos en moneda nacional al tipo de cambio que rija al momento del pago, porque tiene la opción de satisfacer o no el pago en esa forma, según lo señalado en el resolutivo cuarto, ya que el verbo "poder" utilizado en futuro del indicativo en la expresión "podrán", implica un estado de posibilidad o facultad pero no una exigencia u obligación, ya que para esto último se hubiera empleado la palabra "deberá", de ahí que contrariamente a lo afirmado por la quejosa, no es una obligación imperativa que las prestaciones reclamadas deban cubrirse necesariamente en moneda nacional, pues no fue así como lo condenó el juzgador, sino que constituye una de las formas en que puede satisfacer el pago, según su elección.

Por otra parte, el establecer que las prestaciones reclamadas pueden satisfacerse en moneda nacional, en ningún momento significa que se introdujo una prestación ajena a la litis, porque lo que se reclamó fue el pago de la suerte principal e intereses respectivos, conceptos de los que se ocupó la controversia y que fueron objeto de la condena, tal y como se advierte de los puntos resolutivos antes transcritos.

En el segundo concepto de violación, la quejosa alega las siguientes cuestiones:

a) La Sala hizo una indebida valoración de pruebas, porque las documentales que ofreció la parte actora se objetaron oportunamente, expresándose en forma concreta en qué se hizo consistir dicha objeción.

b) Las pruebas documentales exhibidas por la actora, lo único que demuestran es que existía una relación comercial entre las partes, pero no puede sostenerse que con las mismas se haya demostrado que la actora entregó la mercancía.

c) Con la confesión a cargo de la demandada no se acredita la entrega de la mercancía, sino únicamente la existencia de las relaciones comerciales, porque las posiciones se contestaron en forma categórica, y negando las mismas.

d) Es equivocada la apreciación de la Sala en el sentido de que al guardar silencio respecto de los hechos cuatro, cinco y seis, quedó demostrada la entrega de la mercancía, porque dichos hechos se negaron categóricamente y además no le eran propios.

Lo alegado en el inciso a) es fundado, pero inoperante para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal.

Es pertinente precisar que de acuerdo a la posición que asumieron las partes en el juicio natural, no hay controversia respecto a que ambas celebraron una operación de compraventa mercantil, actuando la actora Quimisintesa Productos Químicos, LTDA, en calidad de vendedora y la demandada Productos Científicos, S.A. de C.V., como compradora.

En cambio, el punto de debate consiste en dilucidar si la actora hizo entrega material de los productos objeto de la operación mercantil.

Para demostrar el hecho controvertido, la actora ofreció, entre otras pruebas, los siguientes documentos:

a) Ocho pedidos elaborados por la quejosa, números 2732, 2733, 2735, 2743, 2744, 2746, 2749 y 2750.

b) Siete facturas expedidas por la actora Quimisintesa Productos Químicos, LTDA, números 1238/93, 1239/93, 1253/93, 1262/93, 1272/93, 1284/93 y 1293/93, y su traducción al idioma castellano.

c) Copia simple fotostática de siete conocimientos de embarque, expedidos por la línea aérea Varig, números 042-5357-4754, 042-5357-4765, 042-5469-4146, 042-5469-4172, 042-5469-4500, 042-5469-4312 y 042-5469-4430.

La quejosa, al contestar la demanda, objetó los anteriores documentos en los siguientes términos: "... desde ahora objeto todos y cada uno de los documentos presentados por la parte actora en cuanto a su contenido, autenticidad y valor probatorio." (fojas 46-48).

En auto de seis de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, el Juez tuvo por contestada la demanda y por hecha la objeción planteada; además, abrió el periodo probatorio (foja 56).

Ahora bien, conforme al artículo 340 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria al de Comercio, en términos del artículo 1054 de este último ordenamiento legal, las partes sólo podrán objetar los documentos dentro de los tres días siguientes a la apertura del término de prueba, tratándose de los presentados hasta entonces.

En tales condiciones, contrariamente a lo estimado por la Sala responsable, los anteriores documentos sí fueron objetados oportunamente por la quejosa, pues al momento en que se abrió el periodo probatorio, la peticionaria ya había ejercido tal derecho, tan lo fue, que el Juez tuvo por formulada esa objeción, y contra esta determinación no se inconformó la parte actora.

Este tribunal ha interpretado el artículo mencionado, sustentando la tesis publicada en la página 287, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, febrero de 1993, derivada de los juicios de amparo directo 2196/92, 3204/94, 3344/95 y 3984/96, aprobados, el primero en sesión de 11 de junio de 1992, el segundo el 27 de octubre de 1994, el tercero el 13 de julio de 1995 y el cuarto el 15 de agosto de 1996, promovidos por Rodolfo Duarte Zamora, Sucesión de Raquel Alatorre Chico, Carlos Moncada Peralta y Dioselina Pineda Sánchez, respectivamente, la cual establece: "- La disposición contenida en el artículo 340 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, por medio de la cual se vincula a las partes para formular sus objeciones a los documentos dentro de los tres días siguientes a la apertura del término probatorio, tratándose de los presentados hasta entonces, únicamente tiene el propósito de fijar la preclusión del derecho de las partes a objetar los documentos presentados en juicio, es decir, precisar el límite del tiempo en que se puede ejercer tal prerrogativa, después de transcurrido el cual queda extinguido, mas no el de impedir que tal derecho se ejerza con antelación, respecto de los documentos presentados antes de abrirse el juicio a prueba, como es el caso de los exhibidos con la demanda y la contestación; pues tal actuación forma parte de la defensa de las pretensiones de los litigantes, y sólo puede considerarse limitada cuando está dispuesto claramente en la ley, o se advierte de manera indudable de su interpretación jurídica o de los principios rectores del procedimiento.".

Por otro lado, también es incorrecta la consideración de la Sala en el sentido de que no fueron debidamente objetados los referidos documentos por no haberse expresado en qué se hacía consistir la objeción.

Es de señalar, en primer lugar, que la objeción planteada por la quejosa no puede surtir sus efectos en contra de los pedidos indicados con el inciso a), pues la peticionaria reconoció expresamente tales documentos al contestar la demanda, concretamente al contestar el hecho primero, de manera que dichos pedidos surten plenos efectos probatorios en términos de los artículos 1241 y 1245 del Código de Comercio.

En segundo lugar, la objeción planteada con relación a los documentos restantes, sí surte sus efectos jurídicos, como se verá a continuación:

Conforme al Diccionario de la Real Academia Española (Madrid 1992), la primera acepción de "objetar" es: oponer reparo a una opinión o designio; proponer una opinión contraria a lo que se ha dicho o intentado.

La objeción prevista en el artículo 1296 del Código de Comercio, se relaciona con la actitud que toma la parte contra la cual se presenta un documento privado, para evitar que se produzca el reconocimiento tácito a que el propio precepto se refiere. Dicha disposición no exige palabras sacramentales para la objeción, por lo que basta que a través de la expresión que produzca el objetante, quede evidenciada su voluntad de no reconocer el contenido, la autenticidad, las firmas o las fechas que aparecen en el documento privado y que, por tanto, se ponga de manifiesto que la persona contra quien se presenta, no está dispuesta a someterse o a pasar por él.

Sirve de apoyo a lo anterior, en forma análoga, la tesis de jurisprudencia número 24, establecida por este tribunal, que aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 31, julio de 1990, páginas 47 y 48, cuyo texto es: "DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECIONES QUE IMPIDEN SU PERFECCIONAMIENTO EN EL JUICIO.- La correcta interpretación de las normas jurídicas que se refieren al medio de prueba consistente en los documentos privados, conduce al conocimiento de que las únicas objeciones que pueden impedir su perfeccionamiento mediante la formación de la presunción de su reconocimiento tácito, y así que surta los efectos a que alude el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, son precisamente las que denotan la voluntad del objetante para no reconocer el contenido, la autenticidad, las firmas o las fechas que se consignan en tales instrumentos, y por tanto, que la persona contra quien se presentan o producen no está dispuesta a someterse a pasar por ellos, mas no las que, a pesar de admitir contenido, autenticidad, firmas y fechas, se encaminan a demostrar circunstancias diferentes, tales como, por ejemplo, que las obligaciones o derechos que ahí constan han sido modificados o se han extinguido por virtud de algún otro acto o hecho jurídico, o que los documentos carecen del alcance probatorio que les pretende dar quien se quiere beneficiar con ellos, pues en estos últimos casos en realidad existe el tácito reconocimiento de los actos consignados en los instrumentos, en cuanto a su contenido, suscripción y circunstancias de tiempo y forma, que es el elemento con el que la ley permite el perfeccionamiento de la prueba, y sólo se niega que tengan los efectos o consecuencias que les atribuyen los que quieren aprovecharlos, sin que tal negativa prive de efectos al susodicho reconocimiento.".

En el caso, los términos en que la quejosa hizo valer la objeción, ponen de manifiesto que no estaba dispuesta a someterse a los documentos ofrecidos por la actora, pues externó su voluntad por escrito, en el sentido de oponerse a su contenido y autenticidad, de manera que esa objeción es de las que impiden el perfeccionamiento de los documentos de referencia, en términos del criterio antes invocado, provocando con ello que no sean susceptibles de hacer prueba plena, sino que su grado de demostración queda solamente en la categoría de indicio.

Sin embargo, la anterior circunstancia es insuficiente para conceder la protección de la Justicia Federal como se dijo con anterioridad, pues el hecho controvertido quedó acreditado mediante una presunción humana que se forma con el conjunto de indicios resultantes de los demás medios de prueba, sumados a la conducta procesal de la demandada, como correctamente se estimó en primera instancia, y se sostuvo en segunda.

El Código de Comercio previene la prueba presuncional conforme a los siguientes artículos:

"Artículo 1277. Presunción es la consecuencia que la ley o el Juez deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido; la primera se llama legal y la segunda humana."

"Artículo 1278. Hay presunción legal:

"I. Cuando la ley la establece expresamente.

"II. Cuando la consecuencia nace inmediata y directamente de la ley."

"Artículo 1279. Hay presunción humana cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél."

Los indicios que se derivan de los documentos objetados requieren la existencia de uno o varios hechos conocidos para demostrar, de manera racional, la existencia de otro hecho desconocido, pero que se deduzca de los anteriores a través de una conclusión muy natural.

Se cita en apoyo de lo expuesto, la tesis de jurisprudencia número 391, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 263, que dice: "PRESUNCIONES.- Esta prueba, considerada según la doctrina como prueba artificial, se establece por medio de las consecuencias que sucesivamente se deduzcan de los hechos, por medio de los indicios, hechos que deben estar en relación tan íntima con otros, que de los unos, se llegue a los otros por medio de una conclusión muy natural; por lo que es necesaria la existencia de dos hechos, uno comprobado y el otro no manifiesto aún, y que se trate de demostrar, raciocinando del hecho conocido al desconocido.".

Se ha dicho que de acuerdo con las posiciones que asumieron las partes en el juicio, se tiene como hecho conocido y comprobado que las mismas celebraron una compraventa mercantil, fungiendo la demandada como compradora, y la actora como vendedora, respecto de diversos productos químicos; ahora bien, la entrega de esos productos, se infiere de lo siguiente:

La quejosa, al formular la contestación de la demanda (fojas 46 a 48), aceptó expresamente los hechos consistentes en que a través de sus pedidos 2732, 2733, 2735, 2743, 2744, 2746, 2749 y 2750, solicitó a la actora la compra de diversos productos; que en esos pedidos se estableció el precio de la mercancía en dólares, el cual sería cubierto sesenta días después de recibir los productos.

En cambio, al desahogar la prueba de confesión ofrecida a su cargo, negó en forma lisa y llana las posiciones tres a la once, esto es, negó conocer a la sociedad actora y negó haber solicitado mercancía mediante los pedidos antes mencionados.

De lo expuesto, es evidente la contradicción en que incurrió la quejosa, en atención a que inicialmente aceptó expresamente la celebración de la operación de compraventa, y después la negó sin justificación alguna.

Contradicción que también se patentiza en el desahogo de su propia confesión, pues mientras en la contestación a la posición tres negó conocer a la sociedad actora, en la respuesta a las posiciones cuatro a la once, aceptó que ha tenido tratos comerciales con ella.

De lo anterior, se advierte la actitud evasiva de la demandada con relación al hecho controvertido, presumiendo con ello que pretende, sin bases legales, no aceptar que se le hizo entrega de la mercancía.

Otro indicio que apoya la anterior convicción consiste en la forma en que negó el hecho cuatro de la demanda, en el que se le atribuye que a favor de los conocimientos de embarque de la empresa Varig, la cual transportó la mercancía desde la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, a la Ciudad de México, se consignó la mercancía al agente aduanal Pedro Montalvo L., quien fue designado por la demandada para recibir los productos que le fueron entregados en el aeropuerto internacional de esta ciudad, por así haberlo solicitado la compradora en los pedidos respectivos.

Al respecto, la quejosa expresó en el escrito de contestación: "El hecho que se contesta no es propio, sin embargo, lo niego para todos los efectos legales a que haya lugar.".

Aquí nuevamente la peticionaria incurre en contradicción, porque si bien pudo no ser un hecho propio el que la mercancía fue transportada por la empresa Varig, sí lo es respecto a que en los pedidos que elaboró, designó al agente aduanal Pedro Montalvo L. para recibir la mercancía en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues como se indicó con anterioridad, la quejosa aceptó expresamente haber formulado los pedidos números 2732, 2733, 2735, 2743, 2744, 2746, 2749 y 2750, en los cuales aparece que se designó al referido agente aduanal para recibir la mercancía solicitada a la actora en el aeropuerto mencionado, sin embargo, sin justificación alguna negó lo anterior.

Por tanto, si la peticionaria se limitó a negar el hecho anterior, aduciendo no serle propio, cuando se hace patente lo contrario, nuevamente revela su conducta evasiva del hecho que se le atribuye.

Otro indicio que favorece la pretensión de la actora, y que se enlaza con las contradicciones antes apuntadas, deriva del testimonio singular a cargo del agente aduanal Rafael Montalvo Sánchez Mejorada, sustituto de Pedro Montalvo Leycegui, quien manifestó que muchas veces ha intervenido en la importación de productos químicos solicitados por Productos Científicos, S.A. de C.V.; que cuando efectúa el despacho de la mercancía en representación de esa sociedad, la misma es entregada en las instalaciones de aquélla; y que en su archivo conserva los documentos sobre la recepción de mercancía entregada a la demandada (foja 128 vuelta).

Por su parte, en el desahogo de la confesión a cargo de la quejosa, se le formuló la posición decimatercera, que es del tenor siguiente: "Que su representada recibió el total de la mercancía consignada en los siete pedidos anteriormente descritos.".

La quejosa respondió a lo anterior "no".

La posición decimacuarta es del tenor siguiente: "Que su representada recibió las facturas 1238/93, 1239/93, 1253/93, 1262/93, 1284/93 y 1293/93, por Quimisintesa Productos Químicos, LTDA.".

La quejosa respondió "no".

La actitud que asume la peticionaria es confusa, dado que no formula ninguna aclaración o adición a su negativa, lo cual era necesario por la forma en que la actora desarrolló los hechos en su demanda, especialmente con relación a la manera en que dice se llevó a cabo la entrega de la mercancía, de manera que al negar los hechos lisa y llanamente no cumple con desvirtuarlos totalmente.

En tales condiciones, si el conjunto de los indicios antes mencionados no se destruyen o modifican unos por otros, y en cambio se enlazan entre sí, se llega a la conclusión de que la actora sí entregó la mercancía adquirida por la peticionaria, porque este hecho no deja de considerarse como consecuencia del hecho probado, máxime que de las constancias no existe ningún elemento que demuestre lo contrario, de ahí que es correcta la valoración conjunta de los medios de prueba para tener por demostrado el punto controvertido.

Es infundada la alegación señalada en el inciso b), porque, como se dijo con anterioridad, el hecho controvertido quedó acreditado mediante una presunción humana formada por el conjunto de indicios resultantes de los diversos medios de prueba, sumados a la conducta procesal de la demandada, y no exclusivamente mediante los documentos ofrecidos por la actora.

Conforme a lo anterior, son infundadas las manifestaciones indicadas en los incisos c) y d), pues la quejosa insiste en que conforme a la valoración individual de la prueba de confesión a su cargo, así como de la contestación que formuló respecto de los hechos cuatro, cinco y seis de la demanda, no se demuestra la entrega de la mercancía; sin embargo, se ha dicho que ese hecho quedó demostrado con base en el conjunto de indicios resultantes de los medios de prueba desahogados en el juicio natural, sin que haya elementos que demuestren lo contrario, sumado a la conducta procesal de la peticionaria, de modo que aunque cada prueba en particular no prueba el hecho, sí lo hacen en conjunto.

Consecuentemente, al no ser fundados los conceptos de violación ni encontrarse en ellos posibles deficiencias que pudieran generar la concesión del amparo mediante la suplencia de la queja, debe negarse la protección federal.

Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 158 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Productos Científicos, S.A. de C.V., contra el acto de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, consistente en la sentencia definitiva dictada el catorce de junio de mil novecientos noventa y seis, en el toca 1729/96.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos a la autoridad que los remitió y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, integrado por los Magistrados Álvaro Ovalle Álvarez y Gilda Rincón Orta, con el licenciado Carlos Arteaga Álvarez, secretario de este tribunal, en funciones de Magistrado por autorización del Consejo de la Judicatura Federal, hasta en tanto se designe al que debe sustituir al Magistrado Leonel Castillo González.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4204-70dba44c/objecion-de-documentos-es-valida-la-formulada-antes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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