EXCLUSIÓN DE PROPIEDADES PARTICULARES INCLUIDAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE TERRENOS COMUNALES CONFIRMADOS. CONTRA LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE EMITIDA POR UN TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO PROCEDE EL AMPARO DIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 56/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presentes las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados involucrados en las respectivas ejecutorias.
Las consideraciones expuestas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la ejecutoria que dictó al resolver el amparo directo 168/99, en lo conducente, son las siguientes:
"Visto lo de cuenta, se resuelve: Rafael Gamboa Soto, promovió demanda de amparo directo, contra el acto del Tribunal Unitario Agrario Distrito 15, consistente en la resolución emitida el veintitrés de abril de mil novecientos noventa y ocho, en los autos del juicio agrario número 378/98, relativo a una solicitud de exclusión de superficie en terrenos confirmados y titulados a una comunidad indígena. Este Tribunal Colegiado carece de competencia legal para conocer de este asunto. De las actuaciones del expediente agrario, de donde emanan los actos reclamados, se advierte que Rafael Gamboa Soto, ostentándose como propietario de la superficie que integra el predio 'Mesa de la Bolsa', Municipio de la Yesca, Nayarit, solicitó la exclusión de esa superficie que quedó enclavada dentro de las 240-447-04 hectáreas de los terrenos confirmados y titulados a favor de la comunidad indígena de San Sebastián Tepenohuaxtal, Municipio de Mezquitic, Jalisco, mediante resolución presidencial de quince de julio de mil novecientos cincuenta y tres, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de septiembre siguiente. El trámite administrativo de la solicitud de exclusión de predios propiedad o posesión de individuos ajenos a la comunidad o a comuneros, una vez emitido el fallo agrario definitivo (antes presidencial), que confirmó y tituló esos predios a favor de la comunidad, en cuanto a su procedencia, procedimiento y resolución quedó sujeto a lo dispuesto por los artículos decimosexto, decimoséptimo, en relación con los artículos noveno y decimotercero, y artículos 1o. y 2o. transitorios del Reglamento para la Tramitación de los Expedientes de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales, expedido por el presidente de la República el seis de enero de mil novecientos cincuenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero del mismo año, que respectivamente disponen: 'Artículo decimosexto. Los propietarios o poseedores de pequeñas propiedades incluidas dentro del perímetro de terrenos comunales confirmados, tendrán derecho a pedir el reconocimiento de sus propiedades siempre que las resoluciones confirmatorias respectivas contengan alguno de los puntos resolutivos que enseguida se consignan: I. Las pequeñas propiedades particulares que pudieran encontrarse enclavadas dentro de los terrenos comunales que se confirman, quedarán excluidas de esta titulación si reúnen los requisitos establecidos por los artículos 66 y 306 del Código Agrario vigente, a cuyo efecto se dejan a salvo los derechos de esos poseedores. II. Todas las superficies de propiedad particular que quedaran incluidas dentro del perímetro de los terrenos que se confirman, no serán materia de confirmación en el presente caso.-El procedimiento que deberá seguirse para el reconocimiento de tales derechos particulares será el que señalan los artículos 9o. y 13 de este reglamento, es decir, la investigación de la delegación agraria, la revisión de la Dirección de Tierras y Aguas y la opinión del Cuerpo Consultivo Agrario. Al otorgarse un reconocimiento deberá consignarse en el plano de ejecución correspondiente la anotación de la pequeña propiedad particular reconocida conforme al dictamen del «Cuerpo Consultivo Agrario».'.-'Artículo decimoséptimo. Si dentro de los terrenos considerados como pertenecientes a la comunidad se encuentran propiedades particulares, bien sea de comuneros o de personas no reconocidas como tales, con extensiones mayores de cincuenta hectáreas, se tramitará la correspondiente restitución si así lo solicitan los interesados.'.-'Artículo noveno. La identificación de los terrenos cuya confirmación se solicita se llevará a cabo por el representante del Departamento Agrario, acompañado de los representantes comunales del poblado, del de la autoridad municipal, así como de alguna otra persona que juzgue conveniente invitar a la diligencia por el conocimiento que tenga de la región, procediendo a hacer la localización de los linderos de acuerdo con los títulos y planos que se presenten o, a falta de éstos, conforme al señalamiento que de los mismos hagan los representantes de la comunidad, debiendo en todo caso invitarse a la práctica de esta diligencia, con la debida anticipación, a todos los colindantes que señalen los representantes de la comunidad, las autoridades municipales o cualquier vecino y levantándose acta en la que se anotará, con toda claridad, los incidentes que se presenten, lo que manifiesten los colindantes y los títulos de propiedad que se invoquen.'.-'Artículo decimotercero. Cuando se hayan realizado todas las diligencias, informaciones y trabajos indispensables para definir el censo de quienes integran la comunidad, así como los trabajos topográficos para fijar la cuantía y localización de las tierras, la delegación enviará, con su parecer, el expediente a la Dirección de Tierras y Aguas del Departamento Agrario, la que con su estudio y opinión lo turnará al Cuerpo Consultivo Agrario para que dictamine tanto sobre la procedencia de la confirmación como sobre los problemas relacionados con la fijación del censo definitivo de quienes integran o componen la comunidad titular de los derechos.'.-'Transitorios: Artículo 1o. No surtirán efectos en perjuicio de las comunidades las segregaciones o reconocimientos de derechos de propiedad sobre predios enclavados dentro de los terrenos comunales y atribuidos a comuneros o a particulares no reconocidos como tales, cuando no se apoyen en un dictamen expreso y concreto del Cuerpo Consultivo Agrario, dictado después de haberse seguido el procedimiento indispensable para identificar, medir y localizar el predio de que se trate y comprobar la conformidad de los comuneros sobre la procedencia del reconocimiento.'.-'Artículo 2o. El Departamento Agrario queda facultado para revisar, a petición de parte interesada, los reconocimientos que se hubieren hecho sin la aprobación del Cuerpo Consultivo Agrario, respecto a propiedades enclavadas dentro de los terrenos comunales confirmados.'. La sentencia combatida, en su resolutivo segundo, decidió: 'Por ende, es improcedente excluir de la comunidad indígena Pueblito de San Pablo, Municipio de San Sebastián del Oeste, Estado de Jalisco, el predio denominado «La Vuelta del Cerro» con una superficie total de 4,005-00-00 hectáreas, que se localizan dentro de los terrenos comunales del citado poblado, con base en los razonamientos establecidos en el considerando tercero de la presente resolución.'. Por ello, las actuaciones del expediente agrario, consistentes en la remisión del expediente administrativo a los tribunales agrarios, la solicitud de exclusión, la resolución presidencial y la sentencia reclamada, así como las manifestaciones que se desprenden de la demanda de amparo, y sobre todo, las disposiciones legales enunciadas, evidencian claramente que la materia a que se contrajo el 'juicio agrario', se refiere a un trámite administrativo accesorio al principal de reconocimiento y titulación de bienes comunales, en que se decidió sobre la procedencia de la solicitud de exclusión de una propiedad particular, enclavada dentro de los terrenos confirmados y titulados a favor de una comunidad agraria. Luego, la resolución reclamada, que puso fin a ese procedimiento administrativo agrario, no decidió un conflicto de linderos o de carácter restitutorio en un juicio contradictorio, en que se hubiera establecido que a la comunidad aludida, le asistía mejor derecho que al solicitante Francisco Quintanilla Medina, para usufructuar el predio materia de la exclusión de una propiedad enclavada en terrenos confirmados y titulados a favor de la comunidad, que por ser accesorio a la acción de confirmación y titulación de bienes comunales, se refiere a una jurisdicción voluntaria. Se trata de un procedimiento tramitado en vía de jurisdicción voluntaria porque la comunidad agraria de referencia, no fue señalada como parte demandada en el trámite de 'juicio agrario', no fue emplazada con la solicitud de exclusión, sino que únicamente se ordenó notificarle la radicación del expediente administrativo ante el tribunal agrario responsable, en acuerdo de catorce de agosto de mil novecientos noventa y siete (foja 112 del expediente agrario). Por lo mismo, la resolución reclamada no fue dictada en un juicio contradictorio por un tribunal, en funciones de órgano jurisdiccional, sino que intervino como un órgano administrativo, en sustitución legal y competencial del Cuerpo Consultivo Agrario, o bien, del secretario de la Reforma Agraria, autoridades administrativas a las cuales correspondía decidir, mediante dictamen correspondiente, o bien, de la revisión de este dictamen, lo concerniente a la solicitud de exclusión, en términos de los transcritos artículos decimosexto y 2o. transitorio del reglamento aludido. Dicha intervención del Tribunal Unitario Agrario responsable, con las atribuciones administrativas de aquellas autoridades agrarias, operó a raíz de las reformas al artículo 27 constitucional, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, así como de la creación de la nueva Ley Agraria y de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en relación inmediata con el artículo 18, fracción X, y cuarto transitorio, de este último cuerpo de leyes. En esas condiciones, si el fallo reclamado decidió un procedimiento administrativo accesorio al de confirmación y titulación de bienes comunales, por ende, la naturaleza de los actos reclamados en este amparo, emanados de un procedimiento agrario de jurisdicción voluntaria, en términos de la fracción III del numeral 114 de la Ley de Amparo, deben impugnarse en amparo indirecto, habida cuenta que el procedimiento administrativo agrario tramitado en esa vía, se aparta del concepto de juicio, en que se dirime una acción por vía de contradicción, en que la resolución que recae es constitutiva del derecho en debate, a favor de una de las partes. Sobre la naturaleza de los actos emanados de un procedimiento tramitado en vía de jurisdicción voluntaria, y de su impugnación en amparo indirecto, son ilustrativas la jurisprudencia número 196, así como la tesis de ejecutoria de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que respectivamente aparecen publicadas en la página ciento cuarenta y uno del Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice 1917-1995, y en las páginas sesenta y seis a sesenta y siete, del tomo Segunda Sala, Precedentes que no han integrado jurisprudencia 1969-1985, ambos del Semanario Judicial de la Federación, que disponen: 'BIENES COMUNALES. RECONOCIMIENTO Y TITULACIÓN. RESOLUCIONES PRESIDENCIALES DE ESE CARÁCTER. NO SON CONSTITUTIVAS SINO DECLARATIVAS DE LOS DERECHOS CUYA EXISTENCIA RECONOCEN.-En los términos del artículo 306 del Código Agrario, esta Segunda Sala ha sostenido el criterio de que el procedimiento incoado para reconocer y titular los derechos sobre bienes comunales, cuando no haya conflictos de linderos, constituye una vía de simple jurisdicción voluntaria en la que las autoridades deben constatar o comprobar que el poblado comunal promovente tiene la posesión de las tierras, por lo que las resoluciones que en estos casos se emitan, no tienen el carácter jurídico de constitutivas, sino de declarativas de los derechos del poblado cuya existencia reconocen.' y 'BIENES COMUNALES, CONFIRMACIÓN Y TITULACIÓN DE. CUANDO EXISTEN PROPIEDADES PARTICULARES. PROCEDIMIENTO PREVIO AL AMPARO.-Si los quejosos reclamaron la inexacta e indebida ejecución de la resolución presidencial que reconoce y titula a favor de un poblado una superficie de terreno, alegando que en dicho reconocimiento no se incluyen propiedades particulares y que de la prueba pericial rendida en autos se concluye que sus propiedades sí están comprendidas en el plano proyecto, ello no es obstáculo para que antes de promover el juicio de garantías, deban ocurrir, en los términos del artículo decimosexto del Reglamento para la Tramitación de los Expedientes de Confirmación y Titulación de Bienes Comunales, ante el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización dentro de un plazo de cinco años a partir de la fecha de ejecución de la resolución presidencial para que mediante el procedimiento que establecen los artículos noveno y decimotercero del citado ordenamiento, obtengan la exclusión de sus propiedades de las confirmadas al poblado, siempre que cuenten con títulos debidamente legalizados o se encuentren dentro de lo dispuesto por el artículo 66 del Código Agrario. El juicio de garantías únicamente será procedente en contra de la resolución que dicte el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, siempre y cuando dicha resolución sea desfavorable a los ahora quejosos, y no antes, pues de lo contrario el Poder Judicial Federal invadiría la esfera del Poder Ejecutivo, sustituyéndose a las autoridades administrativas, para dictar una resolución que únicamente a ésta compete emitir.'. Consiguientemente, debe declararse que este Tribunal Colegiado carece de competencia legal para conocer del presente juicio, y declinar tal competencia a favor del Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, en turno, para que se aboque a su conocimiento. Sobre el punto, atiéndense las tesis de jurisprudencia y de ejecutoria números 1053 y 1061, publicadas en las páginas mil seiscientas ochenta y seis y mil seiscientas noventa y tres, respectivamente, del tomo Salas y Tesis Comunes del Apéndice 1917-1988, que dicen: 'JUICIO.-La Suprema Corte tiene establecido, en diversas ejecutorias, que por juicio, para los efectos del amparo, debe entenderse el procedimiento contencioso desde que se inicia en cualquiera forma, hasta que queda ejecutada la sentencia definitiva.', y 'JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. AMPARO EN CASO DE.-Las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria, son actos fuera de juicio y contra ellas cabe el amparo.'. Esta última se cita como tesis de ejecutoria porque así lo informó la Coordinación de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la obra 'Resguardo de genealogía, comentarios y precedentes', específicamente en el apartado de tesis en materia civil no publicadas y comentarios de la comisión en materia civil, de diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, en que textualmente se dijo: 'El tercer precedente consta solamente de tres votos, no obstante que conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de mil novecientos veintiocho, debía tener cuatro, razón por la que no puede hablarse de jurisprudencia, al no reunir la votación requerida en uno de los precedentes.', por lo que no se reiteró su publicación en el Apéndice 1917-1995.-Se tiene como domicilio para recibir notificaciones, el que se indica en la demanda de amparo y como sus autorizados a las personas que en la misma se mencionan, en los amplios términos del artículo 27 de la Ley de Amparo.-Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio número 666, que suscribe el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 15, mediante el cual rinde informe justificado."
CUARTO.-El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la ejecutoria que dictó al fallar el amparo directo número 90/99 expuso las consideraciones que son del tenor siguiente:
"PRIMERO.-Este Tribunal Colegiado es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo directo, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracciones V y VI, de la Constitución Federal de la República; 44, 46, párrafo primero y 158 de la Ley de Amparo; 37, fracción I, inciso b), 38 y quinto transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el Acuerdo 16/98 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que se reclama una sentencia dictada por un Tribunal Unitario Agrario con sede en este Tercer Circuito.-SEGUNDO.-La sentencia reclamada es cierta según el informe del Magistrado responsable, que se corrobora con el expediente del que emana, que se recibió con el citado informe.-TERCERO.-La sentencia reclamada, en lo conducente dice: 'Considerando: PRIMERO.-Este tribunal es competente para conocer del presente asunto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción XIX, de la Constitución Federal de la República y tercero transitorio del decreto que lo reforma y adiciona, 1o. y 163 de la Ley Agraria, 1o., 2o., fracción II y 18, fracciones VI y XIV de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, y con base en el acuerdo que establece el distrito para la impartición de la justicia agraria.-SEGUNDO.-En el presente juicio, la litis se constriñe a determinar si procede la exclusión planteada por Rosario González viuda de González, respecto del predio rústico denominado «Rancho del Chacuaco», con superficie de 300-00-00 has. Mismo que afirma se encuentra enclavado dentro de los terrenos confirmados y titulados a la comunidad de Pueblito de San Pablo, Municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco.-TERCERO.-Con las pruebas aportadas por la promovente se llega a la convicción de que no prueba debidamente los hechos de su acción, para demostrar la titularidad del predio del que solicitó la exclusión, ya que su solicitud la funda en un contrato privado de compraventa, que no cuenta con inscripción ante el Registro Público de la Propiedad, ya que no presenta constancias de ello, y además para determinar la legalidad de los títulos de propiedad, deben contemplarse las siguientes hipótesis: a) Que los terrenos amparados por los títulos nunca formaron parte de los terrenos comunales, lo cual requiere comprobarse con prueba plena que desvirtúe la presunción derivada del plano definitivo que especifica el área confirmada como terrenos comunales al poblado «Pueblito de San Pablo»; y, b) Que el solicitante de la exclusión acredite con la cadena de títulos respectivos, que su actual propiedad se deriva y es consecuencia de los repartimientos hechos con apego a la ley de veinticinco de junio de mil ochocientos cincuenta y seis, Ley de Desamortización de Bienes de Manos Muertas y su reglamento, expedida por el entonces presidente de la República, Don Ignacio Comonfort, cuya aplicación motivó la individualización de la propiedad comunal, atendiendo también a lo establecido por la fracción VIII del artículo 27 constitucional, a saber.-«VIII. Se declaran nulas: a) Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, gobernadores de los Estados o cualquiera otra autoridad local en contravención a lo dispuesto en la ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones relativas. b) Todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, hechas por las Secretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el 1o. de diciembre de 1876 hasta la fecha con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de común repartimiento o cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, y núcleos de población. c) Todas las diligencias de apeo y deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicados durante el periodo de tiempo a que se refiere la fracción anterior, por compañías, Jueces u otras autoridades de los Estados o de la Federación, con los cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de común repartimiento, o de cualquier otra clase, pertenecientes a núcleos de población.-Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, únicamente las tierras que hubieren sido tituladas en los repartimientos hechos con apego a la ley de 25 de junio de 1856 y poseídas en nombre propio a título de dominio por más de diez años cuando su superficie no exceda de cincuenta hectáreas.».-De lo anterior se advierte que Rosario González viuda de González, no tiene título debidamente requisitado como se estableció, ya que de tenerlo estaríamos hablando de las formalidades establecidas en la citada Ley de Desamortización de Bienes de Manos Muertas y su reglamento; además de que no demuestra que dicho contrato cuente con inscripción en el Registro Público de la Propiedad, y debe decirse que los documentos privados, no surten efectos contra terceros ni originan derecho alguno a favor de la promovente, porque sólo producen efectos entre los signantes de los mismos, advirtiéndose con ello que no reúnen los requisitos establecidos en el artículo 252 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, ya que de tenerlos, estaríamos hablando de documentos públicos, entendiéndose por éstos, según lo señala el numeral 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria, aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia a un funcionario público revestido de fe pública y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, así mismo el citado numeral señala que la calidad de tales documentos públicos se demuestra por la existencia regular sobre los mismos, de sellos, firmas u otros signos que, en su caso, prevengan las leyes, y en el caso estamos ante un documento carente de las formalidades exigidas en el arábigo anterior; por otra parte, el artículo 3007 del supletorio Código Civil Federal, señala que los documentos que conforme a ese código sean registrables y no se registren, no producirán efectos en perjuicio de terceros, ya que esta oficina pública es la encargada de dar a conocer cuál es la situación jurídica de los bienes inmuebles que se inscriben en ella, atendiendo a los principios de publicidad conforme al cual el público tiene acceso a las inscripciones y se entera de su contenido, y de inscripción por el que los derechos nacidos extrarregistralmente adquieren oponibilidad frente a terceros, de ahí que esta autoridad estima que dicho título no reúne los requisitos para declarar la procedencia de la exclusión, en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria.-Por lo que ve a la posesión siguiendo con el análisis del artículo 66 del Código Agrario de 1942 y su correlativo artículo 252 de la Ley Federal de Reforma Agraria que establece: «Artículo 252. Quienes en nombre propio y a título de dominio prueben debidamente ser poseedores, de modo continuo, pacífico y público, de tierras y aguas en cantidad no mayor del límite fijado para la propiedad inafectable, y las tengan en explotación, tendrán los mismos derechos y obligaciones que los propietarios que acrediten su propiedad con títulos legalmente requisitados, siempre que la posesión sea, cuando menos cinco años anterior a la fecha de publicación de la solicitud o del acuerdo que inicie un procedimiento agrario, y no se trate de bienes ejidales o de núcleos que de hecho o por derecho guarden el estado comunal ...». El mismo determina los requisitos para la procedencia aplicables a las exclusiones a que se refiere el presente juicio, señalando de manera preponderante la posesión por más de cinco años, anteriores a la publicación de la solicitud o acuerdo que inicie el procedimiento agrario; y en el caso tanto el título, el fierro de herrar, la constancia de inscripción en el catastro municipal y el recibo de pago del impuesto predial, no son suficientes para demostrar la posesión atento a lo dispuesto en las tesis jurisprudenciales que se citan a continuación: «AGRARIO. POSESIÓN PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 66 DEL CÓDIGO AGRARIO. TÍTULOS DE PROPIEDAD NO BASTAN PARA DEMOSTRARLA.-La escritura de adquisición no es prueba suficiente para acreditar la posesión a que se refiere el artículo 66 del Código Agrario y tener los mismos derechos que los propietarios inafectables, ya que con la indicada escritura de adquisición el quejoso demuestra únicamente su derecho de propiedad y, para efectos del derecho civil, en forma presuntiva, la posesión del inmueble.» (se citan precedentes).-«AGRARIO. POSESIÓN EN MATERIA AGRARIA; LAS CONSTANCIAS DE FIERRO DE HERRAR NO SON APTAS PARA DEMOSTRAR LA TEMPORALIDAD DE LA.-Las constancias de fierro de herrar no demuestran el requisito de la temporalidad en la posesión, pues éstas van encaminadas a justificar la explotación de los predios controvertidos.».-«POSESIÓN. NO SE JUSTIFICA CON LAS BOLETAS DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL.-Las boletas de pago del impuesto predial, sólo acreditan un pago que se hizo por la cantidad que en los documentos se indica, pero dichos documentos no podrán tomarse como prueba que justifique la posesión del inmueble.» (se cita precedente).-Por otro lado y tomando en cuenta que el multicitado precepto señala que la posesión deberá ser cuando menos cinco años anteriores a la fecha de la publicación de la solicitud o del acuerdo que inicie un procedimiento agrario, como señala la tesis que se transcribe posteriormente, es el caso que la solicitud de la comunidad en comento fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 11 de junio de 1966, y la promovente no demuestra que haya tenido la posesión cinco años anteriores a la solicitud del grupo comunero, de ahí la improcedencia de la exclusión planteada.-«AGRARIO. POSESIÓN CIVIL Y POSESIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 66 DEL CÓDIGO AGRARIO. DIFERENCIAS.-El Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, aplicable en toda la República en materia federal, previene en su artículo 790 que ‹es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, salvo lo dispuesto en el artículo 793. Posee un derecho el que goza de él›, y el artículo 791 preceptúa que ‹cuando en virtud de un acto jurídico el propietario entrega a otro una cosa, concediéndole el derecho de retenerla temporalmente en su poder en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario, u otro título análogo, los dos son poseedores de la cosa. El que la posee a título de propietario tiene una posesión originaria; el otro, una posesión derivada.›. Del contenido de ambos preceptos legales se advierte, obviamente, que el titular del derecho de propiedad acredita también, como regla general, la posesión originaria de la cosa, pero no así la de carácter material, ya que ésta puede ser ejercida, legalmente o simplemente de hecho, por otra persona. Ahora bien, estas hipótesis normativas reguladas por el derecho común, resultan diferentes de las señaladas por el derecho agrario, ya que el artículo 66 del código de la materia configura y exige una posesión calificada consistente en que la posesión sea de modo continuo, pacífico y público sobre tierras o aguas que no excedan del límite fijado para la propiedad inafectable y que tal posesión sea ejercida, cuando menos, por un término de cinco años anterior a la fecha de publicación de la solicitud o del acuerdo que inicie el procedimiento agrario. Además, cabe señalar que esta Segunda Sala ha sostenido criterio en el sentido de que una correcta interpretación del artículo 66 del Código Agrario conduce a entender que la posesión a que el mismo se refiere, es precisamente de carácter personal de aquel que la hizo valer con la pretensión de que se le equipare con los propietarios titulares de certificados de inafectabilidad; siendo, por tanto, inadmisible que el tiempo de posesión del quejoso se sume al de sus causantes, pues la causahabiencia en materia agraria es distinta de la de carácter civil, ya que, de otra manera, se desvirtuaría el requisito de temporalidad de la posesión que especifica el mencionado precepto legal. Lo anterior lleva a la conclusión de que para que los poseedores de predios rústicos tengan los mismos derechos que los propietarios inafectables, la intención del legislador fue exigir una posesión especialmente caracterizada que impone al quejoso el requisito de probar no sólo que posea a nombre propio y a título de dueño, sino también demostrar que dicha posesión es continua, pacífica y pública, cuando menos por un término de cinco años anteriores a la fecha de publicación de la solicitud o del acuerdo que inicia el procedimiento agrario y, además, que el predio se encuentra en explotación, conforme lo ordena, asimismo, el artículo 27 fracción XIV de la Constitución Federal.» (se citan precedentes).-A mayor abundamiento la opinión de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la opinión de la Dirección General de Tenencia de la Tierra y el dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario, fueron en sentido negativo por no haberse satisfecho en la especie lo dispuesto en el artículo 86 del Código Agrario de 1942, correlativo al numeral 252 de la Ley Federal de la Reforma Agraria; y aun cuando la opinión de la Delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria lo fue en sentido positivo, las razones aludidas en dicha determinación se basan en los títulos que amparan la posesión de la superficie a excluir, esto es, otorga valor a los títulos de propiedad, pero como se anotó en el presente libelo, por las razones expuestas, dichos documentos no son suficientes para demostrar la propiedad requerida en materia de exc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6556-670d85bf/exclusion-de-propiedades-particulares-incluidas-dentro-del-perimetro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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