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Modo: Corpus Pro

PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL, EXCEPCIÓN DE. EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO SU ESTUDIO ES PREFERENTE AL DE LAS VIOLACIONES PROCESALES ADUCIDAS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 7539/2000. · Registro digital (IUS): 6630
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Septiembre de 2000, , Pág. 648.

AMPARO DIRECTO 7539/2000. FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Los conceptos de violación son en sus distintas partes inoperantes, infundados, fundados, pero inoperantes, y finalmente fundados y suficientes para fincar en ellos la concesión del amparo solicitado, sin necesidad de abordar los restantes.

Ante todo, es oportuno señalar que este tribunal ha estimado, que previo a las violaciones procesales alegadas, deben estudiarse los conceptos de violación tendientes a poner de manifiesto la falta de estudio de la excepción de prescripción hecha valer, pues dicha excepción tiende a destruir la acción intentada.

Tiene aplicación el criterio jurisprudencial número 7/99, que por quinta ocasión sustenta este Noveno Tribunal, visible en la página mil cincuenta y siete, del Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve, que es del tenor literal siguiente: "-La excepción de prescripción por naturaleza es de carácter perentorio, ya que tiende a destruir la acción intentada; en esas circunstancias, si en los conceptos de violación formulados al promover la demanda de garantías en contra del laudo pronunciado por una Junta de Conciliación y Arbitraje, se combate la falta de estudio de la aludida excepción y al mismo tiempo se aducen violaciones procesales, es inconcuso que en el juicio de amparo se debe examinar en primer término, el concepto de violación referente a la excepción de mérito, y sólo en el caso de que se llegue a concluir que éste es inoperante, debe abordarse el estudio de las violaciones a las leyes del procedimiento que se invoquen.".

Al respecto, dice el quejoso que la Junta dictó un laudo incongruente, porque omitió estudiar la prescripción opuesta en el apartado V, del capítulo de excepciones y defensas de su escrito de contestación a la demanda; que se encuentran extintas las prestaciones que se originaron con un año anterior a la fecha de presentación de la demanda; que al invocarse el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, y debido al transcurso del término de un año, a partir de que cualquier obligación laboral es exigible, es evidente que no pueden prosperar las acciones intentadas.

Son inoperantes en una parte, y fundadas, pero inoperantes en otra más, las resumidas alegaciones.

Lo infundado radica en que el actual agraviado en el natural, no opuso la excepción de prescripción en contra de la totalidad de las acciones intentadas, ya que sobre el particular hizo valer lo siguiente: "... excepciones y defensas ... V. La de prescripción, que se hace valer en términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, que se hace valer (sic) del hecho de que el actor presenta su escrito de demanda el 28 de septiembre de 1995, tal y como consta en el reloj fechador de esta oficialía de partes y las vacaciones le han sido vencidas ya que se le cubrieron en mayo de 1994, en consecuencia dejó transcurrir a su más entero perjuicio el término prescriptivo de un año del precepto citado ..." (foja 23); de donde se observa que dirigió la excepción de prescripción, sólo en contra de las vacaciones reclamadas.

Bajo esa tesitura, si el inconforme únicamente hizo valer la excepción de prescripción en contra de la acción de pago de vacaciones de mil novecientos noventa y cuatro, es inconcuso que la responsable se encontraba imposibilitada para abordar el medio extintivo en comentario, en cuanto de la totalidad de los reclamos enderezados por el actor, como ahora pretende el organismo ferrocarrilero.

Sin que baste para tener por opuesta la excepción de mérito en contra de la totalidad de las acciones reclamadas, el que el organismo demandado en su contestación, haya invocado el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, pues para que ello sucediera era menester que la patronal en la controversia de origen, precisara las acciones respecto de las cuales hacía valer dicho medio extintivo, esto es, los hechos fundatorios de su excepción; máxime si se toma en cuenta que la prescripción no debe estudiarse oficiosamente por las Juntas.

Al tema que nos ocupa, son aplicables las jurisprudencias que a continuación se transcriben:

La jurisprudencia número ciento noventa y uno, visible en la página ciento veintiséis del Tomo V, Materia del Trabajo, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, que es del tenor literal siguiente: "EXCEPCIONES, PRECISIÓN DE LOS HECHOS EN QUE SE FUNDAN LAS.-Los demandados en los juicios laborales, al contestar las reclamaciones que les formulen sus trabajadores, están obligados a precisar los hechos en que funden sus excepciones, a fin de que tales trabajadores puedan preparar su defensa y aportar las pruebas consiguientes para destruir los aludidos hechos; de no procederse en los términos indicados, aun cuando en el curso del procedimiento lleguen a comprobarse hechos que motiven excepciones imprecisas, no cabe fundar un laudo absolutorio basado en dichas pruebas, en virtud de que por no haber quedado debidamente fijada la litis, el laudo sería violatorio de garantías individuales.".

La que aparece publicada con el número trescientos sesenta, del tomo y Apéndice consultado, que a la letra dice: "PRESCRIPCIÓN, NO ESTÁ PERMITIDO EL ESTUDIO OFICIOSO DE LA.-La prescripción no debe estudiarse oficiosamente por las Juntas, sino que debe ser opuesta expresamente por el demandado o por el actor, en sus respectivos casos, para que sea tomada en consideración, ya que el laudo deberá concretarse a estudiar los extremos de la litis planteada.".

Por otro lado, es verdad que la autoridad del trabajo, omitió efectuar el estudio de la excepción de prescripción opuesta en el numeral V, del capítulo de excepciones y defensas del escrito de contestación a la demanda; lo que hace fundado en ese aspecto el motivo de inconformidad.

Sin embargo, lo alegado resulta inoperante, atento a las siguientes consideraciones.

En efecto, el amparista pretendió hacer procedente la excepción de prescripción bajo la consideración de que en mayo de mil novecientos noventa y cuatro, le fueron pagadas al accionante las vacaciones reclamadas, y que por ello para el veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, en que el operario presentó su demanda laboral, había transcurrido el término de un año, a que se contrae el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo; empero, se debe decir al titular del amparo que la prescripción debe estar referida al hecho generador de la acción, en el caso, el pago de las vacaciones reclamadas del año de mil novecientos noventa y cuatro (entendiéndose que se demanda el pago por todo el año), no así al hecho en que se fundó la misma, esto es, que la acción está prescrita porque de mayo de mil novecientos noventa y cuatro a septiembre de mil novecientos noventa y cinco, transcurrió más de un año; pues únicamente prescriben las acciones no así las excepciones.

Luego, de llegar a demostrarse que se cubrieron al actor las vacaciones demandadas, con eso se tendría por destruida la acción, mas no hay por qué considerar que ésta esté prescrita.

Similar criterio sostuvo este Noveno Tribunal, al resolver en sesión de fecha dos de febrero del dos mil, el juicio de amparo número DT. 1179/2000, promovido por Ferrocarriles Nacionales de México.

Confirma lo anterior, la jurisprudencia número treinta y tres, Novena Época, de este Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página número cuatrocientos sesenta y nueve, del Tomo VIII, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, que a la letra dice: "PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL. PARA SU PROCEDENCIA, DEBE ESTAR REFERIDA AL HECHO GENERADOR DE LA ACCIÓN.-La excepción de prescripción en materia de trabajo debe estar referida al hecho generador de la acción y no al en que se fundó la excepción, pues únicamente prescriben las propias acciones y no así las excepciones.".

De igual manera, es aplicable la jurisprudencia número ciento setenta, que aparece publicada en la página ciento catorce y siguiente, del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, que textualmente señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.-Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado.".

Así las cosas, se procede al examen de las violaciones procesales que en opinión del promovente del amparo, se cometieron en su contra en el juicio natural.

Manifiesta el peticionario de garantías que la resolutora al ordenar que se llevara a cabo la presentación del perito calígrafo y grafoscópico del actor, en el domicilio de la demandada en la Ciudad de México, omitió dar respuesta a la solicitud contenida en el escrito de doce de junio de mil novecientos noventa y ocho (presentada el quince del mismo mes y año), en el sentido de que el citado especialista debía acudir a la ciudad de Veracruz, Veracruz, porque en ese lugar se encuentran los documentos exhibidos durante el desahogo de la inspección del apartado IV, de su escrito de pruebas; que indebidamente se abstuvo de decretar la deserción de la pericial, a pesar de que dejó de comparecer el experto designado por el trabajador.

Las alegaciones hechas valer son infundadas.

Así es, contrario a lo argüido, la responsable sí dio respuesta a la solicitud contenida en el escrito presentado por el ahora agraviado, el quince de junio de mil novecientos noventa y ocho.

Por otro lado, en la especie no había razón para que la Junta decretara la deserción de la prueba pericial aportada por el trabajador.

A fin de estudiar las aserciones precedentes, es conveniente reseñar los siguientes antecedentes:

El entonces actor, aquí tercero perjudicado, reclamó de Ferrocarriles Nacionales de México, las siguientes prestaciones: fondo de ahorro, aguinaldo, vacaciones, prima dominical, todas ellas de mil novecientos noventa y cuatro, así como el pago de los cincuenta y dos domingos anteriores a la fecha de la presentación de la demanda, y el reconocimiento de la antigüedad desde el treinta de octubre de mil novecientos sesenta y cinco.

Por su parte, el demandado negó acción y derecho del actor, porque se le cubrió el pago del fondo de ahorro, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional; y para acreditar su dicho, en el natural propuso la inspección del apartado IV, de su escrito de pruebas.

Con fecha dos de agosto de mil novecientos noventa y seis, se llevó a cabo la diligencia de inspección, en la cual la patronal exhibió "... Los recibos de pago al carbón con una firma de los meses de mayo, noviembre y diciembre del año de mil novecientos noventa y cuatro ..." (foja 51), con base en los cuales el actuario dio fe de que en dichos documentos aparecen las cantidades que según la demandada cubrió al actor por las prestaciones reclamadas.

En esa misma ocasión, la parte actora objetó en cuanto autenticidad de contenido y firma los documentos materia de la inspección, y ofreció la prueba pericial grafoscópica.

Asimismo, el veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete, la autoridad laboral dictó un primer laudo en el cual determinó que Ferrocarriles Nacionales de México con la inspección que allegó a juicio, acreditó la excepción de pago que hizo valer.

Dicho pronunciamiento fue impugnado por José Fausto García Vázquez, y por Ferrocarriles Nacionales de México, a través de los juicios de amparo números DT. 1839/98 y 1849/98, respectivamente, resueltos por este Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el día veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y ocho, en el sentido de conceder al primero el amparo solicitado para el efecto de que: "... la autoridad responsable deje insubsistente el laudo combatido y ordene reponer el procedimiento a fin de proveer respecto a la admisión y desahogo de la pericial ofrecida por el actor en la diligencia de fecha dos de agosto de mil novecientos noventa y seis; sin óbice de que realice sus demás funciones jurisdiccionales"; y en consecuencia, sobreseyó en el segundo.

En cumplimiento a la sentencia protectora, la Junta del conocimiento, el día veinte de marzo de mil novecientos noventa y ocho, dictó un acuerdo en el cual en lo conducente expresó: "... se deja insubsistente el laudo combatido y se repone el procedimiento dejando insubsistente el laudo de referencia (sic), y se señalan las doce horas del día treinta de marzo de mil novecientos noventa y ocho, para que el perito asociado del C. Actuario se constituya en el domicilio en donde se encuentran los documentos objetados por la parte actora de los meses de mayo, noviembre y diciembre de 1994, a efecto de que sean revisados por el perito designado por la parte actora en la materia de grafoscopía, apercibido (sic) la demandada que en caso de no mostrar los documentos de los meses de mayo, noviembre y diciembre no se le dará valor probatorio alguno a la inspección IV ofrecida por su parte, en razón de que las objeciones realizadas por la parte actora fueron en base a la inspección ofrecida por la demandada FF.CC. Nacionales de México, se señalan las diez horas del día veintiuno de abril de mil novecientos noventa y ocho, para que tenga verificativo el desahogo de la prueba pericial ofrecida por la parte actora en la materia de grafoscopía, en donde el perito aceptará, protestará y rendirá su respectivo dictamen ..." (fojas 117 y siguiente).

Debido a que el proveído que antecede no fue notificado oportunamente a las partes, la responsable señaló nuevamente las "... doce horas del día veintitrés de junio de mil novecientos noventa ocho, para que el perito asociado del C. Actuario se constituya en el domicilio en donde se encuentran los documentos objetados por la parte actora de los meses de mayo, noviembre y diciembre de 1994, a efecto de que sean revisados por el perito designado por la actora en materia de grafoscopía, apercibida la demandada que en caso de no mostrar los documentos de los meses antes mencionados no se le da valor probatorio alguno a la inspección IV ofrecida por su parte en razón de que las objeciones realizadas a la parte actora fueron en base a la inspección ofrecida por la demandada FF.CC. Nacionales de México. Se señalan las nueve horas del día ocho de julio de mil novecientos noventa y ocho, para que tenga verificativo el desahogo de la prueba pericial ofrecida por la parte actora en la materia de grafoscopía en donde el perito aceptará, protestará y rendirá su respectivo dictamen, quedando en el entendido que dicha prueba se desahogará en términos que establece el art. 824 y 825 de la Ley Federal del Trabajo ..." (foja 125).

Mediante ocurso presentado el quince de junio de mil novecientos noventa y ocho, Ferrocarriles Nacionales de México, alegó: "... Que por medio del presente escrito, y en virtud de la privatización de estos Ferrocarriles Nacionales de México, y con motivo de la descentralización de los mismos, mi representada hace del conocimiento de esa H. Junta que los documentos del actor de este juicio, los cuales fueron exhibidos en la diligencia de fecha 02 de agosto de 1996, por razones administrativas y contables, se remitieron al Ferrocarril del Suroeste, a la Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, Estación de Ferrocarriles, ubicada en calle Montesinos s/n., Col. Centro, C.P. 91700, Veracruz, Veracruz, región a la que pertenece la División Jalapa, en la cual prestaba sus servicios el actor, como lo reconoce en el hecho 2 de su demanda y que controla el Ferrocarril del Sureste. Por lo que los documentos del C. García Vázquez José Fausto, ya no se encuentran en el lugar indicado originalmente para el desahogo de la diligencia. Razón por la cual, pido de la Junta a fin de que se esté en posibilidades de dictar un laudo en atención a lo dispuesto por los artículos 841 y 842 de la ley de la materia, se señale día y hora al perito del actor para que se constituya en el domicilio arriba citado y se le pongan a la vista los documentos motivo de la diligencia de inspección de la demandada, y objetados por la parte actora, debiendo de apercibirlo que de no presentarse el día y hora señalado se le decretará la deserción de su prueba pericial ..." (foja 135).

A su vez, el actuario razonó lo que sigue: "... En la Ciudad de México, Distrito Federal siendo las doce horas del día veintitrés de junio de mil novecientos noventa y ocho el C. Actuario hace constar que no es posible llevar a cabo la presentación del perito designado por la parte actora, toda vez que dicho perito no se presentó en el local de esta H. Junta, como fue ordenado en acuerdo de fecha veintiuno de abril de mil novecientos noventa y ocho, con lo que se da cuenta a esta H. Junta para todos los efectos legales a que haya lugar.-Doy fe." (foja 134).

En la audiencia ordenada para el desahogo de la pericial caligráfica, grafoscópica, de fecha ocho de julio de mil novecientos noventa y ocho, el apoderado de Ferrocarriles Nacionales de México, solicitó "... se le haga efectivo el apercibimiento en virtud de que como puede observarse de la razón del actuario de fecha 23 de junio del año en curso, no se presentó el perito designado por el actor a pesar de estar debidamente notificado tal y como lo establece el acuerdo de fecha 21 de abril de 1998 ..." (foja 138).

Al respecto, la resolutora dijo: "Se tienen por hechas las manifestaciones que realizan las partes al igual que la razón actuarial de fecha 23 de junio pasado y toda vez que no existe decretado apercibimiento alguno no ha lugar de acordar lo solicitado y en atención al estado que guardan los autos, de nueva cuenta se señalan las doce horas del día siete de agosto del año en curso, para que el perito de la actora asociado del C. Actuario se constituya en el domicilio donde se encuentran los documentos objetados por la actora, de los meses de mayo, noviembre y diciembre de 1994, a efecto de que sean revisados por el perito designado de la actora es decir, los CC. Efrén Games (sic) Orozco, Mario Espinoza Esquivel y Miriam Rosado Rivero, que designó la actora en su promoción con sello de recepción por esta Junta del 1o. de abril pasado, en materia de grafoscopía, quedando subsistentes los apercibimientos decretados con anterioridad, señalándose las diez treinta horas del día treinta y uno de agosto del año en curso, para que tenga verificativo el desahogo de la pericial ofrecida por la actora en materia de grafoscopía, apercibiéndoles también en términos del art. 824 y 825 de la ley de la materia, vista la promoción que suscriben los CC. Lics. Marco Antonio Chávez Martínez y/o Rosa María Hernández Navarro, representantes legal (sic) de FNM, de fecha 12 de junio pasado, en atención a su contenido no ha lugar a acordar de conformidad a lo solicitado respecto al domicilio que indica debiendo presentarse los peritos de la actora con el actuario, conjunta o separadamente, en las instalaciones de FNM, donde se desahogó la inspección marcada con el numeral IV ofrecida por la actora (sic) ..." (lo subrayado es propio) (fojas 138 y vuelta); de donde se colige que la responsable sí contestó la petición contenida en el escrito de fecha doce de junio de mil novecientos noventa y ocho, y lo cual no combate el amparista; deficiencia que no es factible suplir en los amparos promovidos por la patronal.

Puntualizado lo anterior, debe decirse que en términos de la fracción II del artículo 824 de la Ley Federal del Trabajo, si el perito designado por el trabajador no comparece a rendir su dictamen, la Junta tiene la obligación de nombrarle otro especialista.

En consecuencia, dicho dispositivo no faculta a la autoridad para declarar la deserción de la prueba con motivo de la incomparecencia del experto del trabajador a la audiencia respectiva y, por ende, no rendir dictamen, puesto que de conformidad con lo establecido en la fracción II del numeral y ordenamiento legal ya citado, lo procedente es que la Junta le nombre perito, independientemente de que la parte trabajadora previamente lo hubiese designado.

Sirve de apoyo en lo conducente, el criterio 1/98, Novena Época, que por tercera ocasión sostiene este tribunal, visible en la página quinientos treinta y uno, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, que enseguida se transcribe: "PRUEBA PERICIAL. VIOLACIÓN DE PROCEDIMIENTO. SE ACTUALIZA CUANDO LA JUNTA DECLARA SU DESERCIÓN POR NO COMPARECER EL PERITO DEL TRABAJADOR A RENDIR SU DICTAMEN EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA.-El artículo 824 de la Ley Federal del Trabajo establece los casos en que la Junta nombrará a los peritos que corresponden al trabajador, ya sea porque éste no lo hizo o porque designándolo no comparece a la audiencia respectiva a rendir su dictamen o porque lo solicite el empleado por no estar en posibilidad de cubrirle honorarios. Por tanto, dicho dispositivo no faculta a la autoridad a declarar la deserción de la prueba ante la incomparecencia del perito del trabajador a la audiencia respectiva y, por ende, no rendir dictamen, puesto que de conformidad con lo establecido en la fracción II del numeral y ordenamiento legal ya citado, lo procedente es que la Junta le nombre perito, independientemente de que la parte trabajadora previamente lo hubiese designado; de ahí que la determinación de la Junta de Conciliación y Arbitraje de declarar desierta la pericial, por los motivos ya expuestos, constituye una violación de procedimiento, al tenor del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo.".

Bajo ese contexto, si la autoridad laboral debe nombrar los peritos que correspondan al trabajador, ya sea porque éste no lo hizo o porque designándolo no comparece a la audiencia respectiva a rendir su dictamen, debe estimarse, por mayoría de razón, que también está obligada a proceder en el sentido anotado, cuando el especialista correspondiente deja de acudir a la audiencia en que se le deben mostrar los documentos necesarios para que esté en aptitud de rendir su dictamen, y no decretar la deserción de la prueba, como pretende el agraviado.

En otra parte, aduce el quejoso que la resolutora no estuvo en lo acertado al determinar que no se le daría valor probatorio al desahogo de la inspección del apartado IV, de su escrito de pruebas; que el acta de fecha siete de agosto de mil novecientos noventa y ocho (en que supuestamente se solicitó al organismo demandado la muestra de los documentos de la inspección para que el perito del trabajador emitiera su dictamen), se practicó por un fedatario adscrito a una Junta diversa de la responsable, y quien además, no precisó el domicilio en que se constituyó, y si se cercioró de que era el lugar correcto; que el fedatario establece que se encuentra habilitado por el "Lic. Galicia", supuesto secretario de Acuerdos, sin que indique el nombre completo de dicha persona, ni el precepto legal o del reglamento interior de la Junta, por virtud del cual se habilitó al funcionario en cuestión; que en la referida acta tampoco se señala si se trata de la Junta Dos de la Federal o de la Local, ni el motivo por el que no se desahogó la diligencia por el actuario adscrito a la responsable; que en la razón en comentario no se dice a quién deben pertenecer los documentos solicitados, y la parte que ofreció la prueba; además, no se identificó a la C. Verónica Pilar Lucio Olvera, ni se precisó de qué gerencia es empleada; que por lo anterior, no existe certeza en cuanto al requerimiento de los documentos base de la inspección, y que la patronal se haya negado a ponerlos a la vista del especialista correspondiente.

Son esencialmente fundadas, las anteriores argumentaciones.

Para una mejor ilustración de lo que se dice, es menester relatar lo que sigue:

Así es, a fojas ciento treinta y nueve de los autos, aparece la siguiente razón actuarial:

"Junta Federal de Conciliación y Arbitraje

"Junta Especial Número Dos

"Expediente No. 1478/95

"Actora: García Vázquez José Fausto

"Vs

"Ferrocarriles Nacionales de México

"En la Ciudad de México, D.F., siendo las doce horas del día siete de agosto de mil novecientos noventa y ocho, el suscrito actuario Benjamín Franklin Linder, adscrito a la Junta Federal Número Uno de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje (sic), pero habilitado por el Lic. Galicia, secretario de Acuerdos de la Junta Número Dos, quien en compañía del perito de la parte actora, Sr. Efrén Gámez Orozco, quien se identifica con credencial de elector No. de folio 07929379 expedida por el Instituto Federal Electoral, y quien solicita se exhiban los documentos consistentes en los recibos de pago al carbón con una firma de los meses de mayo, noviembre y diciembre del año de 1994, y asimismo se exhiban los recibos de pago que abarcan los incisos A), B), C), D), E), F), G), H), I), J) y L), en que aparecen los meses del año, las claves, el número de recibo y las cantidades por las que fueron pagados dichos conceptos, a fojas cuarenta y cinco, y cuarenta y seis de autos, y por lo que hace al inciso k), la solicitud de empleo P-10; dichos documentos se requieren en este acto (a) la C.Verónica Pilar Lucio Olvera, quien dice ser empleada de la gerencia, quien dice que no puede exhibir documento alguno con motivo de la promoción que obra en autos de fecha 15 de junio de 1998, según sello fechador de la oficialía de partes. En virtud de lo expresado por la C. Verónica Pilar Lucio Olvera, el suscrito da cuenta a la referida Junta Número Dos, que dichos documentos no me fueron exhibidos, y por lo tanto el perito mencionado no pudo dar razón de su dicho." (foja 139).

Al respecto, la responsable con fecha treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y ocho, expresó: "... visto el estado de los autos y en especial la razón del C. Actuario de fecha 7 de agosto de 1998, de la que se desprende que no fueron exhibidos los documentos de los recibos de pago que fueron objetados por la parte actora, por tal motivo a FF.CC. Nacionales de México, se le hacen efectivos los apercibimientos decretados en audiencia de fecha 21 de abril de 1998, en el sentido de que al no haberse exhibido los recibos objetados por la parte actora no se le da valor probatorio alguno a la inspección IV, ofrecida por la demandada ..." (foja 148).

Establecido lo anterior, debe decirse que en la referida diligencia, no era menester que el actuario requiriera la identificación y comprobación del carácter de la persona con quien entendió la diligencia, y quien dijo ser "empleada", como pretende el organismo demandado, en primer lugar, porque la Junta no le dio orden alguna en ese sentido; en segundo término, porque aquél carece de facultades para reconocer o no la personalidad de quienes intervengan en alguna diligencia.

Por otro lado, si en la parte superior del acta de referencia se señala "Junta Federal de Conciliación y Arbitraje" (foja 139), es inconcuso que la Junta Especial Número Dos a que se refiere el fedatario, es precisamente de la Federal de Conciliación y Arbitraje.

En contraste, asiste la razón al amparista al expresar que la diligencia de fecha siete de agosto de mil novecientos noventa y ocho, no se recibió conforme a derecho, por los demás motivos que aduce, según se ve a continuación.

Ciertamente, del contenido de la razón actuarial correspondiente, se observa que el citado fedatario en ningún momento indicó el lugar en el que se constituyó, y lo que era menester para que existiera certidumbre en cuanto a que sí acudió al domicilio en que precisamente se encuentran los documentos que debían requerirse al demandado; omisión que debe considerarse como una violación a las leyes del procedimiento y que se afectaron las defensas de los quejosos, en términos de lo dispuesto por el numeral 159, fracción III, de la Ley de Amparo.

Por otro lado, aun cuando en la razón actuarial se establece que: "... el suscrito actuario Benjamín Franklin Linder, adscrito a la Junta Federal Número Uno de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje (sic), pero habilitado por el Lic. Galicia, secretario de Acuerdos de la Junta Especial Número Dos" (foja 139), también lo es que de autos no se aprecia la existencia de un acuerdo previo a la diligencia, debidamente fundado y motivado que justifique la habilitación de un actuario adscrito a una autoridad diversa de la responsable, para que practicara la diligencia respectiva; además, en la precitada razón actuarial tampoco se precisa el nombre completo del secretario de acuerdos que habilitó al funcionario correspondiente.

Además, el actuario que llevó a cabo la diligencia en cuestión, se abstuvo de expresar a quién corresponden los recibos de pago que requirió.

Luego, es inconcuso que la diligencia en comento dejó de recibirse conforme a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6630-df2d3233/prescripcion-en-materia-laboral-excepcion-de-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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